La mayoría de la gente en EE.UU. considera que la política de bloqueo ha fracasado, incluso para los que no simpatizan con Cuba
En el discurso de los gobernantes, los políticos y los denominados “tanques pensantes” de Estados Unidos sobre Cuba, son habituales las referencias a las decisiones que no puede tomar el presidente de ese país porque son “asuntos que dependen del Congreso”. Evitan, cada vez más, explicar que el Legislativo aprobó en marzo de 1996 la conocida Ley Helms-Burton (LHB) con el fin de arreciar el estrangulamiento económico y el aislamiento político de Cuba, así como la creación de una legión internacional para acabar con el gobierno de Fidel Castro en un breve plazo.
Esto se asume como un hecho natural –como el río Amazonas o las cataratas del Niágara- instalado en el sentido común, que no se puede cambiar si no es por inspiración del más allá, por algo que está por encima de los seres humanos, y depende de lo divino y lo diabólico que pueda haber en la extrema derecha de los congresistas norteamericanos y sus instrumentos miamenses.
Hay un desconocimiento generalizado sobre este asunto; mucha gente habla de ella e incluso divulga criterios sin haberla leído, guiada por las referencias de los medios de prensa, que tampoco la explican y detallan.
El texto de la LHB es sumamente enrevesado, como si se hubiera redactado con la intención de desestimular su lectura y complicar su estudio, para que nadie la lea, sobre todo los norteamericanos.
Es cierto que le causa muchos daños a Cuba, pero también agrede a los aliados y amigos de EE.UU, y a sus propios ciudadanos y empresarios. Nos detendremos en estos últimos; después habrá oportunidad de ampliar sobre los demás.
El daño a EE.UU.
El engendro jurídico codifica el bloqueo y regula jurídicamente la realización de las relaciones exteriores y la diplomacia de EE.UU. hacia Cuba, que hasta ese momento eran funciones del presidente y el poder ejecutivo, que pueden hacerlo con el resto del mundo, como han hecho desde la independencia, en 1776, pero 220 años después le quitaron esa potestad con Cuba, al convertirla en coto privado de la minoría derechista más cavernaria entre los políticos de Estados Unidos y del segmento más batistiano y odioso de la mafia de origen cubano de Miami.
Codificar el bloqueo significa que se convierten en ley todas las medidas de presión económica adoptadas por el ejecutivo en relación con Cuba, de manera que el presidente ya no pueda cambiarlas, ni aun cuando considere que no son efectivas, o han fracasado, o los intereses del país reclamen otra cosa.
En una situación como la de hoy, cuando el presidente Obama trata de normalizar las relaciones y que cada país tenga su embajada en la capital del otro, no sólo tiene que excluir a Cuba de la lista de países terroristas, que lo pudiera resolver de un plumazo. Por mandato de la LHB, su decisión tiene que someterse a la aprobación del Congreso.
Esa ley norteamericana le exige al Presidente certificar ante el poder legislativo que el gobierno cubano fue elegido de acuerdo con los patrones norteamericanos y excluyó a dos ciudadanos cubanos, Fidel y Raúl Castro Ruz, del derecho a gobernar y hacer política; disolvió sus servicios de Seguridad del Estado y la red de organizaciones comunitarias agrupadas en los Comités de Defensa de la Revolución; restableció el libre mercado neoliberal, restituyó las propiedades confiscadas el 1º de enero de 1959 a los malversadores y funcionarios corruptos de la dictadura de Bastista -aunque no eran ciudadanos norteamericanos y muchos fallecieron sin llegar a serlo- y autoriza el libre funcionamiento de los corresponsales de Radio y TV Martí, emisoras del gobierno norteamericano específicamente concebidas para derribar al gobierno cubano, entre otras exigencias.
En este marco, la Helms-Burton ratifica que “en la sección 515.204 del título 31 del Código de Reglamentos Federales se prohíbe la entrada de mercancías a los Estados Unidos y su comercio fuera de los Estados Unidos si esas mercancías: 1) son de origen cubano; 2) están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde ese país o por su conducto; si se confeccionan o derivan en su totalidad o en parte de cualquier producto que se cultive, elabore o fabrique en Cuba”.
De esto no escapa ni el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito cuatro años antes, el 17 de diciembre de 1992, cuando le impone a sus socios que “ningún producto ni artículo producido con materiales cubanos se importe a los Estados Unidos desde México o Canadá y que ningún producto estadounidense se exporte a Cuba a través de esos países”. En lo que a Cuba atañe, ni el comercio es tan libre, ni los socios son tan socios.
Llegan a proclamar que “la protección de los intereses de seguridad esenciales de los Estados Unidos exige garantías” de que el azúcar cubano no se importe, se almacene o se consuma en el “territorio aduanero” de EE.UU.
Sus empresarios no pueden adquirir níquel cubano para su industria, ni sus ciudadanos pueden acceder a medicinas y productos biotecnológicos cubanos de última generación para el tratamiento de enfermedades como la hepatitis B, el pié diabético o el cáncer, ni a la vacuna antimeningocócica, ni a eficientes programas masivos de oftalmología, porque Cuba, a pesar del bloqueo, ya no es un simple productor de azúcar, tabaco y ron.
Los ciudadanos estadounidenses tampoco pueden disfrutar del sol, la playa, la naturaleza y la recreación sana en un país de altos índices de seguridad ciudadana.
Las empresas norteamericanas no pueden venderle nada a Cuba, salvo lo que se les autorice y en condiciones comerciales muy adversas a la isla caribeña, que debe pagar en efectivo y por adelantado, sin crédito alguno, antes de que las mercancías salgan de EE.UU., y solo se pueden enviar en buques norteamericanos, que regresan vacíos, porque los empresarios no pueden comprar nada en Cuba. Es un comercio en una sola dirección.
La sección 105 prohíbe expresamente realizar “inversiones en la red nacional de telecomunicaciones de Cuba a persona alguna de EE.UU.”, lo cual “incluye las contribuciones (incluso por donación) de fondos o de cualquier cosa de valor a esa red o para ella, así como la concesión de préstamos a esa red o para ella”. O sea, las empresas estadounidenses del sector de las modernas tecnologías que quieran hacer negocios a gran escala con Cuba, que pudieran serles muy cómodos y remunerativos, no pueden hacerlo, a menos que opten por violar las leyes isleñas y hacer negocios ilícitos a pequeña escala y muchos riesgos con personas no facultadas.
De facto, en este campo y en cualquier otro de la economía cubana pueden participar las empresas que cualquier país del mundo, incluso las más neoliberales, menos las norteamericanas, por decisión del Congreso de EE.UU.
Para estar seguros del cumplimiento del castigo contra Cuba, el texto imperial dispone en la sección 108 que el presidente de EE.UU. vigile y obtenga información sobre las relaciones económicas y comerciales de todo tipo que tengan los países extranjeros con Cuba y presente los resultados en un informe anual al Congreso. Con ese fin, la sección 115 legitima el espionaje para obtener esas informaciones. Todos los países tienen servicios de inteligencia, pero lo manejan con mucha discreción; ninguno lo proclama de manera tan arrogante, amenazante y grosera.
También se regula el contenido del referido informe. Entre otros aspectos, debe incluir la ayuda humanitaria que reciba Cuba y quién la aporta, “identificación de los socios comerciales”, la descripción del comercio, las “empresas mixtas establecidas o en estudio, de nacionales y firmas comerciales de otros países…la ubicación de las instalaciones y una descripción de las condiciones del acuerdo de constitución…y los nombres de quienes las integran”. Por supuesto, se prohíbe que las producciones de esas empresas entren en EE.UU.
Amigos que han vivido más intensamente la violencia que ha caracterizado el conflicto desatado por EE.UU. y la contrarrevolución de Miami contra Cuba, al conversar sobre estos aspectos recuerdan las numerosas acciones terroristas llevadas a cabo contra sedes diplomáticas y oficinas comerciales, agencias de viajes, medios de prensa, barcos mercantes y aviones comerciales de países que realizaban negocios con Cuba. El período entre 1968 y 1976 fue prolífico.
Estamos hablando de países como México, España, Reino Unido, Japón, Canadá, Panamá, Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otros.
Esa legislación prohíbe el cumplimiento de la I Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece la libertad de movimientos de sus ciudadanos, los cuales no pueden viajar libremente a Cuba.
George W. Bush y su equipo, inspirados en esta ley, definieron cuáles eran las relaciones de familia de los emigrados cubanos y llegaron a prohibir los viajes y las remesas familiares, así como traer al regreso suvenires comprados en Cuba.
Obama los restableció en abril de 2009. Dos años más tarde exactamente autorizó “ciertos viajes” de sus ciudadanos bajo determinados requisitos: tienen que solicitar una licencia al gobierno de EE.UU., algo así como pedir permiso; jurar que van a cumplir la ley, no van hacer turismo ni recreación alguna, y comprometerse a conservar los documentos que así lo prueben durante 5 años, período en el cual pueden ser objeto de una demanda y están obligados a demostrar que son inocentes, porque pueden correr el riesgo de ser sancionados a pagar una multa de hasta 50 mil dólares y se les puede decomisar “cualesquiera propiedades, fondos, títulos, documentos u otros artículos o cualquier información” que se haya utilizado en lo que los gurús del odio consideren una violación de la Ley Helms-Burton.
El odio a Cuba voló en pedazos el principio jurídico de que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por el solo hecho de haber viajado a la isla, los “USA citizens” son sospechosos de haber violado algo y tienen que demostrar que son inocentes.
Algunas de esas licencias exigen presentar el plan de lo que van a hacer en la isla rebelde y, en los 14 días siguientes al regreso, hacer un informe de lo que hicieron en Cuba, con quiénes hablaron y otros detalles. De hecho, tratan de convertir a sus ciudadanos en testaferros de una política subversiva contra el país que van a visitar. Hay que preguntarse quiénes van a recibir ese informe y qué uso le van a dar a los datos que ahí reciben sobre los cubanos que se mencionen.
A partir de los cambios en la política hacia Cuba anunciados por el presidente Barack Obama el 17 de diciembre del pasado año, el 15 de enero se simplificaron las tramitaciones para solicitar las licencias, que ahora son más expeditas, pero siguen vigentes los mismos requisitos. Incluso, ahora los ciudadanos norteamericanos están autorizados para gastar dinero en Cuba según sus deseos y regresar a su país con mercancías cubanas hasta por un valor de 400 dólares, en lo que se incluye un límite de hasta 100 para bebidas y tabacos.
A pesar de su ropaje legal, la norma no deja de ser aberrante, incluso para los propios funcionarios norteamericanos encargados de cumplirla, que fueron condenados al ridículo y al fracaso en el momento mismo en que fue aprobada.
Los representantes diplomáticos de Washington en el mundo, de acuerdo con ese lío de regulaciones, debían convencer a los aliados en la ONU, la OEA, Europa y las Américas para que se sumaran a su política de sanciones contra Cuba, hacerles renunciar a sus intereses propios de negocios para trabajar en beneficio de los intereses del imperio.
Los países que fueron del desaparecido campo socialista del este europeo y los que nacieron a la independencia después del desmoronamiento de la URSS, Rusia incluida, debían suspender las relaciones económicas y solidarias que había sostenido durante 30 años con Cuba, bajo la amenaza de ser castigados.
¡Cosas de locos vanidosos! Lograron algo de “posición común” con el español Aznar (con “z”, aunque puede ser con “s”). Muchos empresarios extranjeros, incluso españoles, tan neoliberales como los norteamericanos, confiesan en privado que Cuba es el único país del mundo donde pueden operar en los marcos de una competencia racional, porque no están los norteamericanos, trabajan intensamente para hallarse bien posicionados cuando estos lleguen.
En la ONU debían lograr un acuerdo de intervención “humanitaria” de fuerzas militares en Cuba, como por esa época habían hecho en Haití, que entonces sufría una situación de extrema ingobernabilidad, no ajena a los intereses de algunas grandes potencias. En la OEA debían crear un “fondo” para financiar la ejecución de las acciones de interés de EE.UU. en Cuba.
El decreto imperial ordena que las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo de Garantía de las Inversiones Multilaterales y el Banco Interamericano de Desarrollo, no pueden otorgarle créditos a la isla caribeña ni pueden aceptarla como miembro.
Tendría que ocurrir una rebelión de todos los demás miembros de esas instituciones, pero ¿cuál de ellos osaría desobedecer a quien más aporta capital, tanto para los fines de cualquiera de esas instituciones como para el funcionamiento de las mismas y los altos salarios de su personal, incluyendo las regalías para quienes más se subordinen? ¡Hay que cuidar el empleo, sobre todo en época de crisis!
Es muy sospechoso eso de apelar a la comunidad internacional para derrocar a la Revolución. Es como si el más poderoso de los imperios que jamás ha existido sobre la Tierra no pudiera hacerlo por sí solo.
Con el tiempo, fieles a sus intereses, los gobernantes europeos optaron por volver a negociar con Cuba; los latinoamericanos y caribeños eliminaron la exclusión de Cuba en la OEA, lo cual estaba expresamente dispuesto en la LHB, crearon la CELAC e impusieron la participación de los gobernantes isleños en la Cumbre de las Américas, foro especialmente construido por EE.UU. para aislar a Cuba.
En Nueva York, la Asamblea General de la ONU ha aprobado, durante 22 años consecutivos, una resolución contra el bloqueo por una mayoría que ha llegado a ser virtualmente absoluta. La Ley Helms Burton ha aislado a los norteamericanos en el principal escenario multilateral del planeta.
Lo que enseña la historia
Desde el más cerrado pensamiento pragmático, todo lo anterior se hubiera justificado si hubiera alcanzado sus objetivos de derrocar la Revolución liderada por Fidel Castro, si Cuba se hubiera rendido y no hubiera podido resistir. Pero no fue así.
Ahora sirve para aislar y ridiculizar al imperio ante el mundo y que los pichones del batistato puedan humillar a los políticos estadounidenses empeñados en servir a los intereses del sistema, a sus empresarios que quieran ganar más y a sus ciudadanos que quieran un disfrute más pleno de sus derechos constitucionales y de sus días de descanso.
La Ley se inspira en la idea planteada por el señor Lester D.Mallory, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos en abril de 1961, según la cual “… el único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la Revolución es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba. Negarle dinero y suministros a Cuba para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Esto se escribió un año antes del fracaso de la invasión norteamericana por Bahía de Cochinos, en la que utilizaron militares y torturadores de la derrotada dictadura de Fulgencio Batista, jóvenes de la aristocracia criolla, esbirros de los grupos gangsteriles que operaban en La Habana hasta 1959 y otras personas que no concebían su país fuera de la dominación del Tío Sam. Era una tropa asalariada cuyos componentes aspiraban a reapropiarse de las riquezas nacionales como botín de guerra para su uso privado. Por malabares lingüísticos del neoliberalismo, hoy esos mercenarios reciben el calificativo de “contratistas”.
Todo hace pensar que existe una complicidad de los consorcios mediáticos privados, los cubanólogos y los institutos académicos, que simplifican el alcance de esta Ley a un “endurecimiento del embargo”, o un “asunto del Congreso”, o una “reliquia de la guerra fría”, y al “error” de “propiciarle a Castro la posibilidad de justificar el fracaso económico de su socialismo”.
Con la retórica de “no hacerle llegar dinero al castrismo”, se encubre el verdadero propósito de impedir el funcionamiento eficiente de la economía en el socialismo cubano, hacerle daño a las personas, hacerles creer que su escasez y sus graves limitaciones de consumo personal son por causa de la Revolución.
A decir verdad, en el mundo que nos ha tocado en los últimos 25 años, ¿qué economía en el planeta, no importa el país, puede funcionar sin hacer negocios con la economía norteamericana, el principal mercado de cualquier cosa que se quiera comprar o vender? ¿Qué país vecino de EE.UU. puede vivir sin vincularse con la economía más poderosa que jamás ha existido? ¿Cuál de ellos pudiera ser antagónico con los intereses que les imponga el imperio?
Habría que preguntarle a Canadá y México, a España y el Reino Unido, que están más lejos, cuánto durarían los gobiernos en esos países si se les ocurriera enfrentarse a los intereses de EE.UU.
A pesar de todo eso, en Cuba no ha habido hambrunas ni pandemias, nadie ha quedado abandonado a su suerte, no se han cerrado servicios de salud ni de educación. La pequeña nación caribeña ha sido capaz de extender una ayuda muy valiosa a países con muchos problemas sociales acumulados, algunos con muchas más riquezas naturales y económicas, que no sufren un bloqueo ni la hostilidad de EE.UU., e incluso supera a unos cuántos países del Norte en índices de salud, educación y medallas olímpicas.
El sistema económico, social y político creado por los cubanos, basado en un elevado concepto de justicia social, ha demostrado que es posible resistir con dignidad, con éxito, un bloqueo por más de medio siglo y su agudización en los últimos 25 años, a pesar de sus efectos acumulativos que impactan en las carencias del consumo individual y familiar de las personas, los insumos para la economía y la desorganización en la gestión administrativa.
La mayoría de la gente en EE.UU. considera que la política de bloqueo ha fracasado, incluso para los que no simpatizan con Cuba. Obama lo dijo durante su campaña electoral para la presidencia en el 2008, lo repitió el año pasado en Miami y lo reiteró el pasado17 de diciembre. Personalidades políticas muy conservadoras, como el fallecido senador republicano Richard Lugar, y otros neoconservadores muy agresivos, como John Negroponte, no sólo lo han dicho, sino también han demandado cambiarla. Hay sectores de la contrarrevolución tradicional en Miami que también lo plantean y hacen cabildeo.
The New York Times, un diario emblemático del sistema, lo ha planteado con firmeza. Ha ido más allá que sus iguales, que se limitan a decir que “Obama reconoce que la política de los EEUU hacia Cuba había fracasado”.
Lo curioso es que todo queda en que “no se puede hacer nada, porque depende del Congreso”, en los marcos de un aberrante pragmatismo imperial, carente de toda ética. Nadie comenta sobre la violación de los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU, sobre el respeto a la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Eso no importa.
No obstante, tratan de repetir la historia
Contra Venezuela se repite los mismos objetivos y la misma retórica que utilizan la LHB, la extrema derecha norteamericana, los contrarrevolucionarios cubanos y venezolanos de Miami y los consorcios privados de la prensa.
Se utilizan las mismas matrices de opinión utilizadas contra Cuba: “intimidación y represión” de la oposición, “emergencia nacional”, “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los EEUU”, “violación de los derechos humanos”, “tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de los EEUU”, “exigir la excarcelación de los opositores”.
Es lo que proclaman la “orden presidencial” y las “sanciones del Capitolio” contra Venezuela. También lo pregonan Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki, del Departamento de Estado, y su embajador ante la OEA: “No consiste en promover disturbios en Venezuela o socavar su gobierno”, sino de un “procedimiento estándar” para “persuadir al gobierno de Venezuela a cambiar su política”.
Ben Rhodes, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Ricardo Zúñiga, asesor de Obama para Asuntos Latinoamericanos, han declarado a la prensa que la mencionada orden ejecutiva no es una amenaza para Venezuela, ni ese país representa una amenaza para EE.UU.
Según agencias cablegráficas occidentales, tradicionalmente conocidas por su complicidad con los gobernantes y los círculos de poder estadounidenses, Rhodes aclaró que “el uso del término ‘amenaza’ forma parte del lenguaje establecido para formular el tipo de órdenes ejecutivas como la emitida por Obama en marzo con sanciones” contra Venezuela. O sea, es un “lenguaje establecido” de oficio para atemorizar.
De acuerdo con el mismo despacho noticioso, Zuñiga reconoció que el texto “creó cierta confusión entre los socios”. Pienso que América Latina y el Caribe deben agradecer su franqueza cuando aclara, aunque sea de manera indirecta, que los gobernantes estadounidenses no tienen amigos ni aliados, sino “socios”. También actualiza lo dicho por un político norteamericano hace años: que EEUU no tenía amigos ni aliados, sino intereses.
El señor Daniel Fried, que en el Departamento de Estado se encarga de coordinar la Política de Sanciones, algo así como director de prisiones o jefe de los verdugos de la diplomacia norteamericana, expresó en España que los castigos impuestos por Washington contra otros países son una “herramienta política”, que en este caso constituyen “una expresión de solidaridad con los venezolanos”. Mister Freid, en honor a su apellido, quedó con el cerebro frito en Madrid.
Otros comentaristas de prensa sostienen que la reacción de los gobernantes latinoamericanos contra las sanciones norteamericanas a Venezuela son por oportunismo o cobardía, bien por los “lazos comerciales” que tienen con ese país o por miedo a “ser vistos como mandaderos de Washington, especialmente si en casa enfrentan protestas o la caída de índices de popularidad”. Se asombran del repudio que han suscitado unas simples “sanciones contra funcionarios venezolanos”.
Ideólogos que trabajan en los “tanques pensantes” de EE.UU. han llegado a decir que el “tropiezo diplomático” que enfrenta la administración de Obama en esta VII Cumbre de las Américas se debe a que “se equivocó totalmente en el mensaje y la comunicación… no en el hecho de imponer sanciones, sino en la forma y el lenguaje que impuso…”.
El derecho internacional califica esos hechos como injerencia en los asuntos internos de otros Estado, violación de la soberanía nacional de otro país e irrespeto a la autodeterminación de los pueblos.
Evidentemente, no entienden los cambios que se han producido en América Latina y el Caribe. Hay “gobiernos izquierdistas”, porque fueron elegidos por la sociedad civil de esos países, a pesar de las contradicciones que caracterizan a la sociedad divididas en clases. Después de la dura experiencia neoliberal de los años noventa y sus cantos de sirenas imperiales, los sectores populares empezaron a luchar por sus intereses y convertirlos en intereses nacionales frente a los de las aristocracias y los consorcios extranjeros.
Estamos en un momento en el cual las clases adineradas y explotadoras son incapaces de enfrentar por sí mismas a los movimientos populares de la sociedad y necesitan el financiamiento y la dirección de Washington. ¡Eso es lo que enfrentan en Panamá!
¡Ojalá que la injerencia extranjera no se traduzca en golpes de Estado, terrorismo, fraudes electorales, ríos de sangre y bloqueo económico, como le impusieron a los cubanos!
Algunos pueden pensar que alguien está asesorando mal al presidente Obama o lo están presionando a marchar por el camino equivocado, que conduce al ridículo que trata de evitar para sacar a su país del aislamiento y el rechazo en que se encuentra y no se haga mayor.
Otros pueden pensar que no importa la buena fe de los presidentes y los políticos estadounidenses, porque lo determinante es la naturaleza imperial, dominante, agresiva y expoliadora del sistema que rige los destinos de los EEUU, que ahora se proclama como gendarme único, universal y absoluto del planeta.
A manera de moraleja: la fuerza, la violencia, el odio, la venganza, el miedo, la mentira, la agresión, la arrogancia y la prepotencia en el concierto internacional no garantizan tener autoridad, prestigio, amigos y aliados seguros. También pueden tener el efecto que la flatulencia con fetidez crea en público.
Texto tomado de la publicación: http://www.bohemia.cu
