Textos prestados

Por Néstor Kohan

¿Cuáles son los «beneficiados» de los dólares de la CIA en Honduras, Centroamérica y toda América Latina? Entre las fundaciones y ONG’s (vinculadas con la inteligencia estadounidense de la CIA y otras agencias de espionaje menos renombradas del mismo país), que desde hace varias décadas ofrecen becas, viajes de estudio, “pasantías académicas”, abundante financiamiento para blogs, páginas de internet, publicación de libros, folletos y cuadernos de trabajo, proyectos de investigación, “laboratorios de ideas”, exposiciones de arte y otros mecanismos clásicos de cooptación político-ideológica de las juventudes estudiantiles y el campo intelectual se encuentran las estadounidenses:

Ford Foundation (Fundación Ford, creada en 1936 por el gran admirador de Hitler, Henry Ford, autor del libro El judío Internacional], perteneciente a la empresa del mismo nombre, directamente caracterizada por Ángel Rama, Roberto Fernández Retamar, Fernando Martínez Heredia, Gregorio Selser y Daniel Hopen como una “tapadera de la CIA”)

Open Society Foundation ([Fundación Sociedad Abierta], perteneciente al magnate de las finanzas George Soros, discípulo del marxista converso y cofundador del neoliberalismo Karl Popper)

USAID (United States Agency for International Development [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional]); la NED (National Endowment for Democracy [Fundación Nacional para la Democracia])

Carnagie Foundation [Fundación Carnagie]; la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales); la Rockefeller Foundation [Fundación Rockefeller, impulsada desde 1913]

John Simon Guggenheim Memorial Foundation [Fundación Memorial John Simon Guggenheim, fundada en 1937, que otorga las becas homónimas].

Programa Fulbright patrocinado por el Bureau of Educational and Cultural Affairs [Oficina de Asuntos educativos y culturales] del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Estas son las más célebres. Hay muchas otras.

Tomado de: Revista Política y Poder

Amor a la ciudad

15 noviembre, 2021 admin

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Vista aérea de La Habana

Por Graziella Pogolotti

Desde el mar observé por primera vez la ciudad que habría de hacerse mía. Era noche cerrada. El barco permanecía al pairo, en espera de la mañana, para entrar al puerto. Frente a nosotros, el arco luminoso del malecón parecía abrir los brazos en señal de acogida. Al desembarcar permanecí aturdida entre la estridencia de una polifonía de voces y el calor sofocante de un veraniego mes de noviembre.

La presencia tonificante del salitre empezó a entrarme por los poros. Poco a poco, paso a paso, fui conquistando la ciudad. A medida que iba creciendo, la mirada se extendía hacia horizontes más vastos. El comienzo de todo fue un barrio de La Habana Vieja. Mi callejuela tenía apenas tres cuadras, desde el entonces Palacio Presidencial, símbolo del poder político, hasta lo que en esa época seguían llamando «relleno», los parques alineados junto al canal de entrada al puerto. En ese ámbito pequeño inicié el aprendizaje de la realidad y la historia del país.

En el barrio convivían modestos oficinistas y dependientes del comercio, el abogado reducido a la condición de viajante de farmacia, la maestra jubilada con magra pensión, digna e impecable con su sempiterno vestido negro, así como aquellas otras graduadas normalistas que nunca consiguieron ubicación laboral. Algunos de mis coetáneos abandonaron la escuela y sus aspiraciones de deportistas para hacerse cargo del oficio heredado de sus padres.

Mañanera y puntual, de enérgico andar, Conchita Fernández era entonces secretaria de Fernando Ortiz. Lo sería luego de Eduardo Chibás y de Fidel. Completaban el panorama mis vecinas de la planta baja. Una de ellas ejercía la prostitución por cuenta propia y se convertiría más tarde en delatora al servicio de los esbirros de Batista. A través de la intensa actividad de la otra, sargenta política, descubrí los manejos de la maquinaria de los partidos tradicionales. Sin recato alguno, con la puerta siempre abierta, ella recibía a los peticionarios, apremiados por la urgente necesidad de cama en un hospital. En años de elecciones, el movimiento acrecentaba su ritmo con el trasiego constante de la compra y venta de votos.

Transcurría la Segunda Guerra Mundial. Herederos de una economía de plantación, a cambio del azúcar crudo, lo importábamos todo. Algunos antiguos palacios españoles, hoy restaurados, entonces almacenaban mercancías en los alrededores de los muelles y despedían la pestilencia causada por las cebollas y las papas en proceso de descomposición. El transporte marítimo priorizó, en convoyes destinados a evitar ataques submarinos, la entrega de recursos que demandaba una Europa involucrada en el conflicto bélico. Como consecuencia de ello, sufrimos la escasez de suministros. La ORPA, oficina encargada de regular la distribución de productos estratégicos, racionó la venta de gasolina, por lo cual algunos apelaron al llamado «carburante nacional» que utilizaba un significativo componente de alcohol. Escasearon los productos de aseo, la leche y la carne, tal y como lo describe Virgilio Piñera en un capítulo de acento costumbrista en La carne de René.

Durante la guerra, Estados Unidos instaló una base militar en las cercanías de La Habana. Tenía un club para oficiales en la esquina de Cuba y Peña Pobre. Los fines de semana, al anochecer, los vecinos cerraban prudentemente puertas y ventanas para evitar las vejaciones de quienes salían borrachos del Sloppy Joe’s, en espera de que la policía militar, con empleo de golpes y puntapiés, se ocupara de los más violentos.

Sin embargo, a pesar de nuestro modesto vivir, dependiente del «fiado» bodeguero, garrapateado con negrísimo carbón en las hojas de mugrientas libretas, estábamos en la periferia de La Habana profunda, que se extendía desde la zona portuaria hacia extensos territorios de la urbe. Allí se desahogaba la marinería al cabo de largas jornadas de abstinencia. Más allá, en las calles de La Habana, los ajustes de cuenta entre grupos en pugna se producían a tiro limpio.

Al entrar en la Universidad mis horizontes se ensancharon. Desde la altura de la simbólica escalinata, la ciudad se extendía a mis pies, bañada en el espléndido colorido del crepúsculo. Aprendí en las aulas. Crecí en el debate de ideas que animaba la vida estudiantil, portadora de la memoria viva de una historia de combate, en diálogo con los acontecimientos que sacudían la América Latina.

En la pequeña Guatemala, una revolución popular había intentado una tímida reforma agraria. El imperio se abalanzó con violencia extrema sobre el país inerme. Vivimos de cerca esa trágica experiencia. Habíamos conocido a algunos de aquellos jóvenes optimistas y confiados en un futuro mejor. Algunos cayeron, víctimas de la represión. Como ellos, también nosotros aspirábamos a construir un país, a forjar un proyecto de plena soberanía.

Los estudios de arte me enseñaron a descifrar los códigos de un universo edificado a lo largo de los siglos, memoria tangible atemperada al clima y al régimen de las brisas. Descubría las claves de un conjunto singular, hecho de las casas y de la gente que las habita, de su gestualidad, su vocerío y su comunicación afable. El amor a la ciudad creció cuando mis actos cobraron sentido en la dimensión más alta de un destino compartido con las grandes mayorías, en tanto partícipe, en mi tarea cotidiana, del empeño por refundar un país. Siento como propias sus lacerantes cicatrices.

El aniversario de su nacimiento convoca al recuento y a la reflexión serena, al análisis crítico, a la superación de nuestras deficiencias y al rescate de nuestros mejores valores. Ante las amenazas agigantadas del imperio, es hora de la marcha unida en favor de la independencia conquistada y en el propósito de seguir haciendo un país cada vez más justo.

Tomado de: Juventud Rebelde

Nuestro negacionismo climático de cada día

15 noviembre, 2021 admin

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Foto Eco-nnect

Por Aram Aharonian

Cada año, cuando llega el verano en estos confines del hemisferio sur, no entendemos qué debemos hacer en nuestras ciudades, para afrontar las altas temperaturas para no “morirnos de calor”, mientras releemos y analizamos las resoluciones de la Cumbre Climática de Glasgow, más conocida como Cop26. La alternativa es que uno pueda abandonar la ciudad hacia sierras, bosques y costa, creando filas interminables de automóviles y autobuses que contribuyen con sus emisiones a agudizar el problema.

Otros se atrincheran en sus casas de las cada vez más calientes ciudades, con sus aires acondicionados expulsando el calor de sus casas y subiendo la temperatura del ambiente urbano… y las facturas de los privatizados servicios de electricidad. Y todo es peor en tiempos de pandemia. Mientras, nos hablan de la inminencia de una suerte de apocalipsis climático, injustamente selectivo con los más vulnerables. Negacionismo climático | Havladdorías | DW | 11.10.2018

O, mejor dicho, en tiempos de pandemias: la de la covid-19, la del neoliberalismo, la del negacionismo, pese a que el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC) cerró la puerta de la especulación estadística al señalar que es “inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la superficie”.

“A principios de la década de 1920 la gente hablaba sobre el enfriamiento global… creían que la Tierra se estaba enfriando. Ahora, es el calentamiento global […] un problema que no creo que exista de ninguna manera”, señalaba Donald Trump, el anterior (e inolvidable) presidente de Estados Unidos, quien retiró a su país del Acuerdo de París e impulsó una agenda de desarrollo enfrentada con los objetivos climáticos trazados apenas un año antes en Francia.

Su ejemplo y línea argumental los copió Jair Bolsonaro en su campaña presidencial, cuando amenazó con retirar a Brasil del Acuerdo de París. “Quiero saber alguna resolución para que Europa comience a ser reforestada. ¿Alguna decisión? ¿O sólo están perturbando a Brasil? Es un juego comercial, no sé cómo la gente no puede entender que es un juego comercial”, declaraba refiriéndose al cambio climático. Sus políticas han favorecido y acelerado el proceso de deforestación de la Amazonia con el fin de expandir sin límite la frontera agrícola.

No se trata de denunciar el negacionismo. Nos hemos cansado de denunciología y lamentos, la otra cara de carecer de ideas, de argumentos. Los éxitos electorales de Trump y Bolsonaro en las dos principales economías de América ilustran la magnitud y el impacto que alcanzan las diversas formas de negacionismo en la actualidad. Asimismo, podría entenderse como un reflejo de nuestras propias posturas negacionistas, nos guste o no admitirlo.

Naomi Klein, activista altermundista canadiense, señala que el negacionismo del cambio climático está lejos de ser patrimonio de militantes como Trump, ya que existen muchas otras formas de negacionismo.

“Muchos de nosotros participamos en este tipo de negacionismo; miramos por una fracción de segundo y luego miramos hacia otro lado. […] O miramos, pero nos contamos historias reconfortantes sobre cómo los humanos son inteligentes y crearán un milagro tecnológico que capturará el carbono de los cielos. […] O miramos, pero tratamos de ser hiperracionales al respecto: dólar por dólar, es más eficiente enfocarse en el desarrollo económico que en el cambio climático, ya que la riqueza es la mejor protección. […]”, señala.

“O miramos, pero nos convencemos de que estamos demasiado ocupados para preocuparnos por algo tan distante y abstracto. […] .. Y al principio puede parecer que estamos mirando, porque muchos de esos cambios en el estilo de vida son, de hecho, parte de la solución, pero todavía tenemos un ojo cerrado. […] O tal vez realmente miramos, pero luego, inevitablemente, parecemos olvidar. Somos parte de una extraña amnesia intermitente por razones perfectamente racionales”, añade Klein.

Quizá sea cierto que negamos porque tememos que afrontar la realidad de esta crisis lo cambie todo. El negacionismo del cambio climático es una expresión de nuestra propia incapacidad de resolver la tensión entre nuestros deseos ilimitados y los recursos limitados que tiene el planeta, señala Emilio Deagosto, químico uruguayo y magíster en Energías Renovables por la Universidad de Newcastle. Negacionismo del cambio climático en Europa es equiparable al de EE UU

Y, entonces, alimentamos las expectativas de crecimiento ilimitado depositadas en el desarrollo tecnológico, el excesivo foco en la riqueza como medida de prosperidad y el confort exagerado de nuestras sociedades modernas.

Hace medio siglo, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts liderado por Donella Meadows, advirtió en Los límites al crecimiento que “si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años”.

A Meadows le pegaron por todos lados, sobre todo los economistas liberales que señalaban que el crecimiento podía sostenerse sin tensiones con base en el desarrollo tecnológico. Medio siglo después se validan sus proyecciones que facilitaron la construcción de un entendimiento sólido sobre los impactos del desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos.

Unos años antes el biólogo estadounidense Garret Hardin dio a conocer en 1968 su ensayo La tragedia de los comunes, donde argumentaba que los incentivos económicos que operan en pos de maximizar beneficios individuales a partir de la explotación de bienes comunes funcionan en detrimento de la sostenibilidad de estos bienes y, en consecuencia, del beneficio común.

En contraposición, cuatro años después la politóloga estadounidense Elinor Ostrom publicó El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva, obra que le valdría el premio Nobel de economía en 2009. Postulaba que cuando los usuarios utilizan recursos naturales en forma conjunta, con el tiempo se establecen reglas sobre cómo estos deben ser cuidados y utilizados de una manera que sea económica y ecológicamente sostenible.

Hoy, la evidencia de carácter ambiental vuelca la balanza hacia los postulados de Hardin. Pero las emisiones de gases de efecto invernadero son producto de tres variables: el número de habitantes del planeta, la riqueza per cápita y la intensidad de emisiones, definida como la cantidad de gases de efecto invernadero emitida por cada unidad de riqueza producida en el mundo (CO2-eq/PIB).

Las discusiones sobre el control poblacional implican valoraciones morales y éticas. El Banco Mundial estima una población global a 2050 de 9.675 millones de personas, con un aumento de 25% respecto de la población actual. Para graficarlo mejor, la población mundial se habrá duplicado desde el momento en que Diego Maradona levantó la copa del mundo en el estadio Azteca en 1986.

Es sobre la intensidad de emisiones como variables de ajuste en la carrera por mitigar el cambio climático que versan casi la totalidad de las propuestas que se han discutido y desarrollado en las últimas décadas. Se habló de desarrollo tecnológico, de energías renovables, de hidrógeno verde, de movilidad eléctrica, de captura de carbono, de financiamiento climático, de bonos verdes, de impuestos al carbono. Se habló y habló.

Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero continúan en ascenso, tras un paréntesis por la pandemia en 2020, pero la brecha para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es aún muy grande y el mundo se encamina hacia un escenario en el que el aumento de la temperatura media global en la superficie excede el objetivo de los 2 °C respecto de valores preindustriales y que es el umbral de seguridad.

Hasta hoy, casi 30 años después de que fuera adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Nueva York, el foco en la cooperación internacional y las soluciones tecnológicas ha demostrado ser largamente insuficiente para revertir la tendencia creciente de emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando fue adoptada esta Convención (1992), la humanidad emitía 22 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera por año. Cinco años después, cuando se firmó el Protocolo de Kioto, este valor ascendía a 24 gigatoneladas y al momento de alcanzar el Acuerdo de París, en 2015, las emisiones anuales del principal gas de efecto invernadero se ubicaban en 35 gigatoneladas.

Entonces, mientras comenzamos a transpirar en el verano austral, cabe preguntarse si no es momento de aceptar la miopía negacionista y poner el foco también sobre la tercera variable: la forma en la que entendemos y medimos la prosperidad. Eso que llamamos modelo de desarrollo.

Quizá el año próximo salgamos de la pandemia de la covid19, aunque la Organización Mundial de la salud habla del 2023. ¿Y cuándo podremos librarnos de las pandemias del neoliberalismo y el negacionismo?

Aram Aharonian. Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Tomado de: Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico

El Estado racista y policial chileno contra el pueblo mapuche

15 noviembre, 2021 admin

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Por Jorge Molina Araneda

“El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada” Jorge Luchsinger, Revista Qué Pasa (2005)

El primer escudo de Chile fue creado en reemplazo del emblema Real Español vigente en la época y dado a conocer por el gobierno del presidente de la Junta Provisional, José Miguel Carrera, el 30 de septiembre de 1812, durante una celebración en la plaza de Armas de Santiago en conmemoración de la Primera Junta Nacional. El nuevo escudo, expuesto en un lienzo colgado en la portada principal de la Casa de Moneda, incorporado además al centro de la bandera tricolor chilena, tenía como figuras principales a una pareja de mapuches.

Existe una misiva de Bernardo O’Higgins, como Director Supremo de Chile con fecha 13 de marzo de 1819, en la cual califica y reconoce a los mapuches y pueblos australes como independientes: “Araucanos, cuncos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne”.

El Estado chileno suscribió un tratado con el pueblo mapuche en el año 1825 que se denominó Tapihue, donde reconocía la jurisdicción y soberanía mapuche del río Biobío al sur, el que fue violado a partir de la llamada “pacificación de la Araucanía” que consistió en una invasión y masacre bélica al territorio autónomo y su población en el sur, conculcando una serie de derechos humanos que persisten hasta el día de hoy con fases racistas, colonialistas, genocidas y de despojo.

El breve periodo de respeto y reconocimiento del primer periodo de independencia de la República de Chile cambia abruptamente, señalándose como uno de los motivos el intervencionismo y financiamiento del imperio británico a través de varios agentes en Chile y Argentina, desde donde se impulsan las denominadas campañas militares “pacificación de la Araucanía” que encabezó Cornelio Saavedra en Chile, y la “conquista del desierto” en Argentina.

Se ha señalado que los tratados como el de Tapihue habrían sido abolidos por la aplicación de la Ley del 4 de diciembre de 1866, con el traspasado de las tierras mapuches antiguas al Fisco. Sin embargo, es importante señalar que autores mapuches como el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, han sostenido que dicha interpretación no tiene fundamentos, ya que el Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Biobío. Más aún, la legislación reconocía los derechos de propiedad mapuche sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado.

“La afirmación de que el Estado chileno declaró fiscales las tierras en el territorio indígena al sur del Biobío, por medio de la Ley de 4 de diciembre de 1866, constituye un axioma de interpretación ampliamente aceptado (…) Tal enfoque permite, además, realizar una explicación simple y ordenada del proceso de constitución de la propiedad rural en esa región: la propiedad se origina en actos estatales sujetos a una legalidad, tales como remates de tierras fiscales, concesiones, colonización, entrega de títulos de merced a indígenas”.

El historiador agrega en otro punto: “Sin embargo, tal afirmación no tiene fundamentos. El Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Biobío. Más aun, la legislación reconocía los derechos de propiedad de los indígenas sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado”.

Para Toledo Llancaqueo, una vez ocupado el territorio, tal legislación sobre tierras no se respetó, no se reconocieron las posesiones indígenas en su integridad, y los agentes estatales dispusieron de las tierras como si fuesen fiscales, en actos nulos de acuerdo a la propia legislación chilena.

En el lado de Ngulumapu que se conoce hoy como centro sur de Chile, buena parte de los territorios usurpados fueron destinados a los denominados graneros, con la introducción masiva a partir de 1884 de colonos europeos y la interconexión del ferrocarril, cuyo objetivo principal era proveer de trigo y cebada a la población que participaba en la explotación del salitre en el norte, parte de los botines de la Guerra del Pacífico.

Para generar este escenario de invasión y masacres en territorio mapuche, prevaleció la opinión transversal de diversos actores de influencia del aparato estatal para gatillar un genocidio a nombre de: progresos, soberanías, civilidad y evangelios. A modo de ejemplo, en el año 1859, el Diario El Mercurio de Valparaíso, publicaba: “Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización (….) raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur”.

En 1868, Benjamín Vicuña Mackenna señaló: “El indio, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje” (Primer discurso sobre la pacificación de la Araucanía).

Un informe del investigador Hernan Curiñir Lincoqueo (2016), historiador de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, da cuenta de un contexto general, cultural e histórico, que involucra situaciones relacionadas a las acciones bélicas y coloniales del Estado chileno, entre ellas, que en la denominada Pacificación de la Araucanía desde 1860 a 1881 habrían sido asesinados entre 50 mil a 70 mil mapuches.

Las tierras mapuches que quedan en el presente, además, están en grave riesgo a causa de los impactos de la industria forestal, agroindustrial, hidroeléctrica, acuícola, entre otras, que han venido generando diversos nuevos estragos a la vida de las comunidades y la devastación de numerosos territorios.

La invasión chilena sentó las bases de muchos de los problemas que continúan hasta nuestros días. El Estado chileno se hizo con el 90% del territorio mapuche y estas tierras fueron dadas a colonos chilenos y extranjeros para fomentar la explotación agropecuaria. La suerte de la población mapuche fue trágica. Se forzó a las comunidades a radicarse en reducciones, es decir, espacios territoriales muy limitados y con las peores tierras, afectando severamente su modo de vida. Este contexto provocó el empobrecimiento de una población que vivía previamente en situación de relativa abundancia.

La cuestión mapuche cambió en loa década de 1960 con la Reforma Agraria. El indigenismo surgido a principios de siglo permitió la creación de decenas de organizaciones mapuches que convergieron en 1968 en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no había un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este contexto, comenzaron la toma de terrenos como un modo de encontrar una estrategia de recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos.

La política indígena implementada por la Unidad Popular se diferenció por lo menos en cuatro aspectos de la perspectiva asimilacionista adoptada desde que fuera dictada la primera ley de división de 1927: reconocer la existencia en el territorio nacional de grupos culturalmente diferenciados, hacer del asunto indígena un problema nacional, reconocer la deuda histórica que tenía el Estado para con los indígenas y sacar a la luz el tema de la participación autóctona.

La dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que aprobó como única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto indígena.

La Concertación de Partidos por la Democracia, liderada por el entonces candidato presidencial, Patricio Aylwin, promovió la suscripción de un acuerdo con los representantes de las diversas organizaciones indígenas, que es conocido como el Acuerdo de Nueva Imperial. En él, Aylwin prometió hacer efectivo durante su gobierno el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a propender a su desarrollo e integración pero respetando su cultura.

Las organizaciones indígenas, por su parte, se comprometieron a apoyar el futuro gobierno de la Concertación y a canalizar sus legítimas demandas a través de los mecanismos de participación creados por el gobierno. Con este acuerdo se pretendía dar por superada la política de división de las comunidades y de asimilación de la población indígena a la sociedad impuesta por la dictadura militar.

Sin embargo, algunos sectores políticos e indígenas consideraron que con la firma del Acta de Nueva Imperial el movimiento autóctono se oficializaba, por lo que rechazaron esta estrategia. Entre las organizaciones contrarias al acuerdo estaba el Consejo de Todas las Tierras, creado en 1990 y que se originó en Ad Mapu debido a diferencias políticas entre sus principales dirigentes. El Consejo se marginó del proceso de suscripción del Acuerdo de Nueva Imperial, «retomando la propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche«.

Por otra parte, por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco se relocalizaron comunidades mapuches por medio de permuta de tierras, en contra de la voluntad de algunas familias. Además, se inundaron cementerios y sitios ancestrales sagrados para la religión mapuche. A inicios de la década de 1990, la empresa chilena Endesa, subsidiaria de la empresa española del mismo nombre, pretendía iniciar un gran proyecto para abastecer el suministro eléctrico del país. El potencial hidroeléctrico de la cuenca del Río Biobío ya había sido estudiado en la década de 1960 por la misma entidad cuando esta era pública. El 22 de mayo de 1990, el Ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, primera etapa de un gran plan cuyo objetivo era erigir seis centrales en el Biobío.

Inmediatamente sabida la resolución gubernamental sobre Pangue, surgió una fuerte oposición al proyecto, ya que alteraba las formas de vida de siete comunidades pehuenches que vivían en el área de inundación, sumado a que la cuenca del río sufriría un severo daño medioambiental. El conflicto llegó a los tribunales de justicia donde finalmente, en 1993, la Corte Suprema acogió la apelación interpuesta por la empresa Pangue S.A. permitiendo la construcción de la central.

Ralco sería un conflicto muy difícil de enfrentar. A pesar del fuerte apoyo que tuvo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hubo una férrea oposición de ecologistas -nacionales y extranjeros- y, sobre todo, del pueblo indígena.

En 1993 se aprobó la Ley 19.253 de Desarrollo Indígena. La situación creada por esta ley, que había operado con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta 1997, sufrió una crisis cuando Endesa comenzó a construir una segunda central en la zona del Alto Biobío con el nombre de Ralco. De esta manera autoritaria se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche.

Nicolasa Quintremán, una de las habitantes de la comunidad afectada, encabezó el movimiento popular que desde 1995 trató de impedir la realización del proyecto. Organizó protestas masivas en ciudades como Santiago, Concepción y Los Ángeles. Además, fue una de las representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acudió a explicar la amenaza hacia las tierras pehuenches. El 10 de diciembre de 2002, la CIDH recibió una petición presentada por abogados representantes de la Universidad Arcis, el Center for International Environmental Law (CIEL) y de cinco pehuenches directamente afectadas (entre ellas, las hermanas Quintremán), donde se alegaba la violación por parte del Estado de Chile de varios derechos protegidos descritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, se solicitaron medidas cautelares para evitar que sus tierras fueran inundadas. En ese entonces las obras ya tenían un 70% de avance.

En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales en predios que habían sido previamente otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que durante la dictadura pasaron a manos de algunos grupos económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche, el temor de los agricultores que poseen predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la protesta social mapuche hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).

El informe fue criticado por contener declaraciones de más de 15 agricultores afectados y solo de un representante mapuche. Además, las grandes plantaciones de pino y eucaliptos son incompatibles con las poblaciones humanas. El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Las comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y, por el contrario, reciben perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio.

Homicidios en período democrático

-Jorge Suarez Marihuan (2001): hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Bío Bío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2001 en la ribera del río Queuco, luego de permanecer desaparecido por 6 días. La comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos, que habrían actuado en complicidad con la policía uniformada.

– Alex Lemun Saavedra (2002): fue asesinado durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco. El mayor Marco Aurelio Treuer utilizó una escopeta Winchester calibre 12.

-José Huenante Huenante (2005): durante la madrugada del 3 de septiembre de 2005, de 16 años, fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5.ª Comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena Avenida Vicuña Mackenna. Desde entonces se desconoce su paradero.

-Juan Collihuin Catril (2006): durante un allanamiento ocurrido en 2006 en el sector de Bollilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonko Juan Collihuin Catril por el sargento Luis Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles, no contaban con orden judicial y ocurrió de madrugada.

-Matías Catrileo Quezada (2008): durante la noche del 3 de enero de 2008, un grupo de 30 comuneros mapuche ingresaron al fundo Santa Margarita, de la comuna de Vilcún, que está a nombre de Jorge Luchsinger y es reclamada por la comunidad Lleupeco Vilcún. Al percatarse de la fuerte dotación policial del sector, el grupo comenzó a quemar fardos de pasto. Según el audio entregado por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) los comuneros sólo estaban atacando con piedras. Es ahí cuando se escucha la orden, “métele un balazo”. El cabo Walter Ramírez acusa recibo y dispara su subametralladora UZI. Una bala entra por la espalda en el pulmón de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO. Muere minutos después.

-Johnny Cariqueo Yáñez (2008): murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros del GOPE y de la Comisaría 26º de Pudahuel, minutos después que fuera inaugurada en esa comuna la plaza 29 de marzo, dedicada a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia.

-Jaime Mendoza Collío (2009): resultó asesinado durante la ocupación del fundo San Sebastián por parte de su comunidad. El autor de los disparos, el cabo Patricio Jara Muñoz, alegó legítima defensa, presentando su casco y chaleco antibalas con numerosos impactos de balines. Un informe de la Policía de Investigaciones confirmó que dichos impactos habían sido hechos de manera posterior.

-Camilo Catrillanca (2018): nieto del lonko de la comunidad Ignacio Queipul Millanao del Lof Temucuicui, Juan Catrillanca. Falleció por un disparo en la cabeza percutado por funcionarios del Comando Jungla instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras regresaba a su hogar en tractor.

-Jordan Liempi Machacan e Iván Porma (2021): en el Cesfam de Tirúa se confirmó el fallecimiento de estas dos personas, víctimas de armas de fuego. El hecho que les causó la muerte se produjo en Huentelolén, Cañete, Región del Biobío. Las primeras versiones extraoficiales indicaron que los asesinados serían los anteriormente individualizados. Según familiares y amigos, ambos participaban en una caravana de grupos mapuches cuando recibieron disparos de personal policial y militar.

Criminalización del movimiento indigenista mapuche

Diversas organizaciones han denunciado que existiría una criminalización de su lucha social. Las demandas de los indigenistas están ligadas a lo que denominan como recuperación de los territorios de los que afirman ser herederos ancestrales. Las personas que han sido juzgadas y condenadas mediante la ley antiterrorista creada durante la dictadura militar -que endurece las penas correspondientes a delitos comunes, cuando se configura el tipo de terrorismo- son consideradas presos políticos.

Se han denunciado también otros hechos, como ataques a menores de edad en las comunidades mapuches; así, el 30 de octubre de 2007, Patricio Queipul Millanao, de 13 años, resultó herido en el tórax por al menos seis municiones disparadas por carabineros con sus escopetas antimotines. Este hecho se suma al de Daniela Ñancupil, de la misma edad, baleada en extrañas circunstancias por policías en enero de 2001, y que luego, en el 2002, fue secuestrada e interrogada por sujetos de civil, quienes la vendaron y la amenazaron para que desistiera de sus acciones legales.

La Operación Huracán (2017), condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que se habría descubierto mediante pericias técnicas que Carabineros habría manipulado pruebas, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.

Así, se puso al descubierto los montajes con que los servicios de inteligencia criminalizan la causa mapuche. Raúl Castro Antipán, reclutado como informante de carabineros cuando era un joven estudiante activista vinculado con algunos grupos pro causa mapuche, fue infiltrado para, en sus palabras, desarticular la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Entre 2009 y 2011 una treintena de comuneros estuvieron detenidos por su testimonio como delator compensado por la Ley Antiterrorista. Castró llevó a la cárcel a 14 personas, que finalmente fueron absueltas por los tribunales de justicia.

Reacción de organizaciones no gubernamentales

El Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, denunció supuestas prácticas criminalizadoras contra el movimiento indigenista en sus observaciones al informe de Chile en marzo de 2007. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la ley antiterrorista.

Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las «tierras antiguas» continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que Chile debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas.

También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia, y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.

A modo de ejemplo, se estima que en el centro sur de Chile hay tres millones de hectáreas de especies exóticas de pinos y eucaliptus, donde cerca dos millones son concentrados por dos grupos económicos: Matte, con CMPC-Forestal Mininco y más de 750.000 hectáreas; y Angelini, con Celco-Forestal Arauco, con más de 1.200.000 hectáreas. Se estima que el Pueblo Mapuche, incluyendo las tierras que han sido entregadas vía subsidio, no superaría las 650.000 hectáreas para una población que se estima en un millón quinientas mil personas.

Uno de los tantos descendientes de los colonos europeos que han usufructuado del territorio mapuche usurpado por el Estado, es Jorge Luchsinger, quien, en una entrevista publicada en la Revista Qué Pasa N° 1784, del 18 de junio de 2005 señalaba: «El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada”. Dos páginas más adelante, el periodista le inquiere: “Pero usted tuvo trabajadores mapuche que le sirvieron por más de 30 años ¿No confía en ellos?”, a lo que Luchsinger responde: “Yo confío mientras los veo, pero creo que ellos dicen lo que a mí me gustaría escuchar y hacen lo que ellos quieren. El mapuche es ladino, torcido, desleal y abusador”; en definitiva, un claro discurso de odio, intolerancia y racismo.

El racismo ha sido transversal en diversos sectores. En el año 1989, el dictador Augusto Pinochet Ugarte en entrevista realizada por revista Análisis, Nº 30, señalaba: ”¿Qué cree usted, que nosotros somos un país de indios?”.

Y en el año 1990, el expresidente Ricardo Lagos Escobar señaló en el Diario Austral: “Afortunadamente este es un país racialmente homogéneo”.

Tomado de: América Latina en movimiento

Pinochet y los nazis: de Hitler a Piñera

15 noviembre, 2021 admin

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Por Sebastián Alvarado Fuentes

Una forma de acercarnos y ordenar al caos de las múltiples historias personales o familiares que, en su conexión a gran escala, conforman el devenir histórico de una sociedad, es estableciendo patrones, regularidades o tendencias, para desde esa base extraer conclusiones o caracterizaciones. Bajo esta lógica, es que podemos, pensando en cómo un grupo de familias que se refugiaron en nuestro país después de luchar en la Segunda Guerra Mundial (en el bando de Hitler), pudo afectar el desarrollo de nuestra vida nacional, revisar si estas, al tener un mismo origen, también tuvieron o tienen eventualmente otras similitudes, relativas a su visión de mundo o imaginario social. Y quizá esto, además, nos permita entender de dónde proviene y cuál es realmente el discurso de uno de sus herederos actuales, el que ahora apuesta, apoyado por algunas encuestas poco confiables y cuentas falsas en internet, por tomar el control de nuestro país: José Kast.

Partamos, entonces, por establecer un patrón (de cómo personas de un origen similar terminan, de una manera u otra, estando siempre cerca, encontrándose en los mismos lugares y conectándose para apoyar un mismo proyecto de sociedad).

El juez Karl Werner Paulmann y su familia ingresaron a Latinoamérica en la década de los cuarenta con la ayuda de la Cruz Roja, escapando de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Se instalaron primero en Argentina y dos años después en Chile, y tanto sus hijos como él generaron relaciones y se volvieron parte relevante de la vida nacional. De hecho, dos de sus hijos, Horst Paulmann Kemna y Jürgen Paulmann Kemnan, lograron, gracias a un presidente adicto a las concesiones y un grupo de diputados, entre los que se cuenta José Kast, la nacionalidad por gracia. Cabe destacar que cuando se expuso la sacrificada y ejemplar vida de estos inmigrantes emprendedores en el Congreso, se hizo énfasis en que el patriarca escapaba de su patria por haber sido solo un simple soldado de la Wehrmarcht. Sin embargo, esta versión del pobre soldadito inocente no era muy real que digamos.

Una investigación de “El Mostrador”, publicada el 22 de febrero del 2012, determinó, con documentación oficial, que esta persona horrenda era, en realidad, un ferviente militante nacionalsocialista y miembro de las Waffen-SS, el cual fue investigado judicialmente por su rol en múltiples asesinatos y por utilizar su cargo para esconder ejecuciones masivas de judíos durante el régimen nazi (investigación de la cual se salvó por haber muerto antes de su conclusión). Su familia ocultó a consciencia esta información.

Al menos uno de sus ilustres hijos, Horst Paulmann, quizá por influencia paterna, mantuvo el gusto por relacionarse con nacionalsocialistas. Winfried Hempel, abogado nacido en Colonia Dignidad, el 13 de julio 2016, a través de Radio Cooperativa, testimonió que no solo era normal ver a Horst paseándose con Paul Schäfer, sino que lo ayudaba a realizar campañas en pos de hacer un lavado de imagen de la colonia.

Paul Schäfer, miembro de las Juventudes Hitlerianas y enfermero de la Wehrmarcht (otro inocente soldado…), fue el fundador y líder de Colonia Dignidad, asentamiento alemán formado al inicio de los sesenta con la aquiescencia del presidente Jorge Alessandri (que años después se convertiría en colaborador de la dictadura de Pinochet como miembro del Consejo de Estado).

En ese lugar, donde Schäfer durante el régimen militar abusó sexualmente de niños, traficó armas y torturó y asesinó socialistas y comunistas, Jaime Guzmán impartió clases a los civiles que se convertirían en los principales cuadros del partido que nace como la expresión política del pinochetismo, la Unión Demócrata Independiente (UDI): Andrés Chadwick (primo de Sebastián Piñera) y Pablo Longueira, entre otros.

Al terminar la dictadura y asumir Patricio Aylwin como presidente, por las presiones a raíz de las distintas denuncias de los crímenes que se cometían en el enclave alemán, se les suspendió la personalidad jurídica. Sin embargo, Colonia Dignidad para seguir operando registró otra: Organización Comunitaria de Desarrollo Social Perquilauquén. El miembro N°279 de esta nueva máscara de las operaciones del monstruo Paul fue el ex-UDI y férreo defensor de Pinochet, Ignacio Urrutia Bonilla. Según informó el 09 de Julio del 2005 el medio La Nación, Efraín Vedder Venhoff (el que de niño que fue raptado por los colonos), declaró que Urrutia era muy cercano a Schäffer.

Ignacio Urrutia hoy es militante del Partido Republicano (liderado por Kast), en el cual ocupa el cargo de Vicepresidente.

Entre los amigos de Colonia Dignidad (revelados por fichas que mandaba a hacer de sus visitantes el mismo Schäfer), se encuentra también Rodolfo Stange (UDI), General Director de Carabineros de la dictadura de Pinochet, investigado por el asesinato de Cecilia Magni y Raúl Pellegrin. Tanto José Kast como Ignacio Urrutia han declarado públicamente su admiración por Stange.

Rodolfo Stange, ex miembro de la Junta Militar de Pinochet fue acusado de incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia en el asesinato de tres profesionales comunistas, conocido por el «caso Degollados».

También es, por así decirlo, curioso que uno de los militares que aparecieron en las fichas fue Andrés Magaña Bau, procesado por el asesinato de campesinos en Paine.

Erik Von Baer, abuelo de la senadora Ena von Baer (UDI), fue un militante nacionalsocialista y miembro de las SS, que ingresó a Chile escapando de los Aliados, tras esconderse en Bélgica y alegar en el Consulado de Chile en Amberes, para conseguir un salvoconducto del gobierno anticomunista de González Videla, que solo era un inocente soldado de la Wehrmarcht que huía de la persecución soviética. Según una publicación del medio El Ciudadano (a cargo de Juan Pablo Moreno y Arturo Alejandro Muñoz), a partir de las revelaciones que dejó un proceso judicial por injurias graves, la verdad era muy distinta: Erik von Baer podía ser procesado en Europa por su participación, como miembro de las SS, en un laboratorio anexo al campo de concentración Auschwitz, y, más encima, también su esposa estaba siendo procesada por los Tribunales de Nuremberg (por agredir a prisioneros de guerra).

El hijo de este otro soldadito inocente de la Wehrmarcht, Heinrich Von Baer, terminó convirtiéndose en rector de la Universidad de la Frontera por designación de la dictadura de Pinochet; y su nieta, Ena von Baer, es tristemente célebre por ser parte de los políticos financiados ilegalmente por las empresas (caso SOQUIMICH), y por ahora último mentir, con un descaro pocas veces antes visto, sobre las propuestas que se han discutido en la Convención Constituyente.

Ena von Baer hace unos pocos días hizo oficial su apoyo a la candidatura de José Kast.

Julio Alberto von Appen Oestman, militante nacionalsocialista y espía y saboteador del régimen de Hitler, ingresó al país en 1937, pero solo se confirmó quién era realmente en 1945, al ser detenido e interrogado por detectives del Departamento 50. «Fui y soy militante activo del partido nazi. No lo niego, así como Ud. tampoco tendría razón para ocultar su filiación política.», llegó a declarar al diario La Hora el 8 de abril de ese año.

Julio von Appen fue, al descubrirse su identidad, expulsado de Chile. Sin embargo, volvió en 1952, como la cabeza de Ultramar Agencia Marítima y con una fortuna y contactos que nunca se supo bien cómo consiguió (se piensa que se pudo convertir en colaborador del FBI o que pudo aprovechar una red de protección económica creada para que nacionalsocialistas lograran establecerse fuera de Europa). Ultramar le permitió consolidar un verdadero imperio en nuestro país, el que, posterior a su muerte en 1971, fue asumido por sus hijos, Sven y Wolf. Ambos, quizá por haber asumido parte de las creencias de su padre, se convirtieron en admiradores de la dictadura y colaboradores de la derecha. Prueba de eso son las múltiples donaciones que le han hecho a la Fundación Pinochet y al CEP (el think tank liberal que nace para defender las reformas económicas del régimen). O también las declaraciones amenazantes que hizo Sven el 2013, en las cuales aseguraba que si Michelle Bachelet no manejaba bien la economía (lo que podemos traducir: en favor de ellos), buscarían imponer un nuevo Pinochet. O también las donaciones que hicieron a las campañas de algunos políticos, como la del empresario presidente imputado Sebastián Piñera.

Si bien hoy Sven está muerto, Wolf y sus descendientes al parecer mantienen la costumbre: en estas últimas elecciones la familia von Appen donó 33 millones a 25 candidatos, 23 de Vamos por Chile, uno de la Democracia Cristiana y uno del Partido Ecologista Verde. Entre los beneficiados, está, con la suma de un millón, Rojo Edwards, uno de los rostros más visibles del Partido Republicano y director del Think Tank Ideas Republicanas; con 2 millones, Harry Jürgensen, el que, tras haber dejado RN, competirá en las próximas parlamentarias a través de un cupo del Partido Republicano; con un millón, Pollyana Rivera, constituyente elegida por cupo UDI pero que el mismo José Kast ha identificado como militante republicana; y con 2 millones, Jorge Arancibia Reyes (militante UDI, que en los ochenta fue edecán naval de Pinochet).

Los Von Appen dueños de Ultraport, parte del holding Ultramar, que se ha caracterizado por perseguir el sindicalismo. Es una de las familias más ricas del país.

Walter Rauff, espía, miembro de las Waffen-SS, jefe de la Gestapo y responsable de genocidio (creador de las cámaras de gas móviles), ingresa a Latinoamérica con papeles otorgados por la Cruz Roja al terminar la década de los cuarenta, y se termina estableciendo en Chile en 1958 (en donde lo esperaban sus hijos, los que, gracias a un favor que le concedió el que en ese momento era agregado militar en Quito, Augusto Pinochet Ugarte –sí, el mismo‒, se encontraban estudiando en el país). Franz Baar, víctima de torturas y experimentación forzada en Colonia Dignidad, declaró al periodista Carlos Basso (cuya investigación se puede encontrar parcialmente en El Mostrador, en una publicación del 4 de septiembre del 2015), que Rauff no solo era visitante asiduo de Colonia Dignidad, sino que realizaba cursos de combate en el lugar. Lo cual es reforzado tanto por un informe que realizó la CIA el 13 de abril de 1976, como por otro realizado el 8 de julio de 1977, en donde se planteaba que había criminales de guerra alemanes asesorando al régimen y en específico a la DINA (Walter Rauff y Enrique Pschold Reschenback), que solía visitar la colonia para buscar armas y realizar cursos.

Walter Rauff, fue miembro de las despiadadas SS, organización responsable del asesinato genocida de alrededor de seis millones de personas. Después de huir cobardemente para evitar juicios en Núremberg, vivió en la comuna de Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, Chile, donde administró una empresa manufacturera de centolla en los años 60. Se le responsabiliza por la muerte de medio millón de personas en Auschwitz.

En 1947, Semión Nikolayevich Krasnov, militar anticomunista cosaco y Mayor General de la Wermarcht, fue ahorcado junto a su padre (militar zarista y también aliado del nacionalsocialismo) por el ejército soviético, acusado de colaboración con las fuerzas de Hitler. Sin embargo, su esposa y su hijo, de nacionalidad austriaca, Miguel Krassnoff Martchenko, lograrían escapar a Sudamérica para terminar refugiándose en Chile. El hijo de este inocente soldado de la Wermacht se convertiría con los años en Brigadier del Ejército de Chile y miembro, además, de la policía secreta de Pinochet, DINA, organismo a través del cual ejecutaría las acciones más horrendas de la dictadura, entre las que podemos contar secuestros, ejecuciones (como la del sacerdote Antonio Llidó Mengual), torturas (como la aplicada contra el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar) y vejaciones sexuales. Hoy en día suma condenas por más de 800 años de reclusión (sus crímenes son tantos y en contra de tanta gente, que se necesitaría la extensión de un libro y una frialdad psicológica que no tengo para abordarlos en profundidad).

Es necesario hacer énfasis en el caso de la tortura que sufrió Diana Arón, que, estando embarazada, fue torturada y asesinada por Krassnoff. Hay testimonios que indican que cuando salió de la sala de tortura, con las manos ensangrentadas, gritó: «¡Marxista, y además judía!».

José Kast no solo ha dicho que el dictador Pinochet, de estar vivo, votaría por él, sino también ha declarado conocer al torturador Krassnoff, haber leído su libro y no creer todo lo que se dice de él (en el sentido de los procesos judiciales en su contra). A esto habría que sumar que hace solo unos días, el Secretario General del Partido Republicano, Antonio Barchiesi, en una discusión sobre estas declaraciones, dijo respecto a las acusaciones y resoluciones en contra de Krassnoff que en ocasiones los tribunales se equivocan (relativizando, por lo tanto, su culpabilidad).

Diana Arón, que, estando embarazada, fue torturada y asesinada por Krassnoff. Hay testimonios que indican que cuando salió de la sala de tortura, con las manos ensangrentadas, gritó: «¡Marxista, y además judía!».

Miguel Krassnoff también es identificado en las fichas de Schäfer como amigo de Colonia Dignidad.

Hasta ahora hemos visto como alemanes nacional socialistas, que fueron parte de la Wehrmacht o de las Waffen-SS, lograron ingresar a Chile con métodos similares (simulando ser simples soldados inocentes para conseguir papeles en consulados o con la Cruz Roja), a la vez que, ya refugiados y consiguiendo con el tiempo levantar negocios en nuestro país, no solo se comprometieron (ya sea directamente o después su descendencia) con las acciones y el proyecto de la dictadura, sino que también con los partidos de derecha que emergieron como herederos políticos de la misma. En otras palabras: ellos nunca abandonaron los ideales nacionalsocialistas y vieron en Pinochet a un aliado que compartía parte de sus posturas (nacionalismo, anticomunismo, religiosidad y la utilización del Estado como máquina bélica que debe ayudar a sostener el poder empresarial), cuya figura sus respectivos clanes siguen enalteciendo.

Llama la atención que la mayoría de estos criminales hicieran esfuerzos ingentes por parecer personas respetables ante la sociedad chilena.

Veamos si el caso de la familia de José Kast tiene similitudes con los de los criminales hitlerianos que siguieron operando en Chile. Para esto, me basaré en los antecedentes expuestos en “A la sombra de los cuervos” (2015) del periodista Javier Rebolledo…

Michael Kast, subteniente de la Wehrmacht que participó en la invasión nazi en contra de la URSS (en el mismo año y lugar que Walter Rauff), llega a Chile en la década de los cincuenta (luego de escapar dos veces de los Aliados e intentar ocultar su pasado haciéndose pasar por oficial de la Cruz Roja). Su primera parada fue la residencia de la familia Schepeler, integrada, entre otros, por Enrique Schepeler Pinochet (presidente de la Corte Suprema) y Enrique Schepeler Vásquez (abogado de Rauff).

Misteriosamente, ni Olga Rist ni Joaquín Lavin (los que escribieron obras sobre la vida de este inocente soldado y su familia) mencionan en ningún momento que, antes de participar en el ejército, por su edad debió haber pasado también, al igual que lo hizo Schafer, por el adoctrinamiento de las Juventudes Hitlerianas.

Michael Kast junto a su familia se fue a vivir a Paine y, luego de unos años, logró estabilizar su situación en el país, además de forjar la imagen de un respetable emprendedor católico y anticomunista. Dueño del restaurant Bavaria y productor de cecina, por un tiempo no tuvo motivo para mostrar su verdadero rostro. Sin embargo, cuando comenzó la dictadura, él y todo su clan se comprometieron, igual que todo el resto de los criminales importados desde el Tercer Reich, con el régimen de Pinochet.

El 13 de septiembre de 1973, Pedro León Vargas Barrientos, militante del MIR y ex trabajador del Bavaria (tuvo problemas por querer levantar un sindicato), es detenido por un conjunto de «civiles» armados y trasladado a la subcomisaria de Paine, en la cual es torturado junto a otras personas. Unos días después, Silvia Vargas Barrientos, hermana de Pedro, va a solicitar la ayuda de Michael Kast, a lo que él le responde con frialdad que ella no sabe lo que es una guerra. Pedro pasaría a ser parte de los 70 campesinos y trabajadores torturados y asesinados en esa localidad.

Mientras se torturaba y asesinaba gente en Paine, Olga Rist enviaba comida a los carabineros y pasaba su tiempo libre rezando por su buenaventura. Christian, hijo de Michael y de ella, por otro lado, compartía carne asada y bestibles con policías, militares y civiles, en la misma subcomisaria en la que molían a golpes hasta reventarle los dientes a los detenidos. Al respecto hay testimonios, como el de Alejandro Bustos, que establecen la participación directa de Christian en interrogatorios. También hay otros, como el del policía Osvaldo Domínguez Muller, que establecen que el mismo Michael Kast solía visitar el cuartel mientras se imponía el horror (quizá para aconsejar a los militares sobre cómo debían llevar a cabo la guerra que en su cabeza nunca terminó).

Miguel, el hijo mayor de Olga y Michael, terminó siendo mentor y promotor de los Chicago Boys, ministro de Pinochet y asesor de la DINA. La imposición de la doctrina económica ultraliberal que profesaba en conjunto con sus adeptos (que sostenía, por ejemplo, no entrometerse en los préstamos entre privados), terminaron desencadenando la peor crisis económica en la historia de Chile (la de 1982). Fue conocida su cercanía, como miembro del movimiento Schoenstatt, con Francisco José Cox (sacerdote acusado de pedofilia) y la permanente y declarada admiración casi paternal que sentía por el dictador.

José Kast, también hijo de Olga y Michael, participó como dirigente juvenil en la franja del SÍ, campaña que buscaba la continuación de la dictadura. Seguidor de Jaime Guzmán, fue militante de la UDI, sin embargo, el día de hoy dirige su propia fuerza política: el Partido Republicano.

José Kast ha negado públicamente la participación de su familia en los crímenes de Paine, bajo el argumento que la familia de Pedro Vargas siguió trabajando en el Bavaria y manteniendo buenas relaciones con su familia. Silvia Vargas, en respuesta, publicó una carta al director en El Mostrador el 18 de octubre del 2017. En ella, primero, desmiente la continuación de la relación laboral, pues después del asesinato de Pedro despidieron a su papá y su otro hermano (un gesto muy cristiano). Segundo, también aclara que no mantienen buenas relaciones y que nunca han recibido ayuda alguna para saber qué sucedió con su hermano. Al día de hoy nunca se ha respondido esta carta ni se ha hecho referencia pública a ella por parte del candidato.

José Kast también ha negado que su familia tenga alguna relación con el nazismo, utilizando el argumento de que su padre fue solo otro inocente soldado de la Wehrmacht –sí, la misma excusa–, a pesar de las evidentes similitudes de su historia con la de otros criminales nacionalsocialistas. El problema es que la Wehrmacht, sobre todo en el Frente Oriental (donde peleó el patriarca Michael), fue todo menos inocente: justamente una de las estrategias que aplicaron para pelear contra la URSS fue la de fusilar civiles, quemar aldeas y dejar a las mujeres y los niños sin protección a la intemperie para que murieran de frío. A esto habría que sumar el asesinato de dos millones de prisioneros de guerra o su participación en directamente masacres, como la de Babi Yar. Para profundizar al respecto, les recomiendo consultar el libro El ejército de Hitler (1991) de Omer Bartov, en el que el autor, además de entregar datos sobre los crímenes de estos inocentes soldados del ejército, desmiente la idea de que estos no tuvieran un profundo compromiso ideológico con el hitlerismo. Entre otras cosas, dice:

«[…] el sistema legal de la Wehrmacht se adaptó a la llamada nazi Weltanschauung, con todos sus atributos de darwinismo social, nihilistas, expansionistas, antibolcheviques, y racistas. Y esto se aplicó a los enemigos reales o imaginarios, y a sus propios hombres.»

Y en este punto de nuestro recorrido, podemos detenernos en algo: es probable que el adoctrinamiento que sufrieron desde niños los inocentes soldados a partir del régimen totalitario de Hitler, les haya hecho heredar a sus hijos, al menos en el sentido del capital cultural, algunos aspectos del imaginario o la visión de mundo nazi. Es evidente que no podían sostener ciertas tesis racistas viviendo en Chile (como probablemente sí lo hacían en Alemania), pero el nacionalsocialismo no se reduce al racismo. ¿Cómo podríamos resumir la imagen de mundo que sostenía el nazismo? Si somos breves, podemos establecer sin miedo que ellos se consideraban nacionalistas, en tanto, en su época, la nación implicaba también una cultura y una raza. Sin embargo, en sus ojos su nación se veía amenazada por el globalismo (organismos dirigidos por magnates judíos o tratados internacionales), multiculturalismo (población migrante o no alemana/aria), marxismo (la amenaza constante de una revolución) y reformas que atentaban contra lo que ellos entendían como los valores de la familia y la religión; y es ahí donde la búsqueda de la pureza nacional también estaba, a partir de una tercera vía (ni marxista ni sometida al capital financiero), en la eliminación de estos enemigos (puedo apostar que cualquier lectura del Mein Kampf y/o de los discursos del Fuhrer o Goebbels estará de acuerdo con esta lectura).

¿Cuál es el la visión de José Kast y sus partidarios? Más allá de que su programa presidencial actual propone la persecución de la izquierda, crear una zanja en el desierto para detener migración, salirse del Consejo de DDHH de la ONU y promover el matrimonio y la religión cristiana, esto en verdad es manifestación de algo más complejo. Si uno revisa, por ejemplo, las delirantes columnas publicadas por Camilo Cammás, militante del Partido Republicano y actual candidato a diputado por el mismo, en el portal de la Fundación Cuide Chile (fundada por María Pía Adriazola, esposa de José Antonio), nos encontramos que para ellos el enemigo real es el globalismo (la ONU u organismos internacionales controlados por magnates de origen judío, como Soros o Rothschild), el multiculturalismo (movimientos migratorios promovidos supuestamente desde la izquierda para provocar mestizaje) y el marxismo (que es la ideología que sería utilizada por la conspiración mundial de los magnates para destruir la nación y la cultura occidental de origen europeo). Además, Cammás se refiere directamente a su rol como tercera vía:

«Asimismo, se debe tener claro que el conflicto clásico maniqueo-dualista de derecha v/s izquierda se encuentra hoy virtualmente obsoleto y superado. Nos encontramos frente a un nuevo paradigma, en un escenario en el que existe un nuevo conflicto que debe plantearse y entenderse en cuestión de nacionalismo v/s globalismo y no entre socialismo y el falso capitalismo (metacapitalismo) [entiéndase, el capitalismo de los magnates] que existe hoy.»

José Kast no se quiere alejar de la ONU porque haya países con gobiernos de izquierda participando en ella, sino porque sus delirantes partidarios la entienden como parte de una conspiración para imponer un gobierno mundial.

Y teniendo esto claro, ya no hay mucho espacio para la confusión: la base discursiva es demasiado similar o casi totalmente la misma (solo con algunos matices) que la del nacionalsocialismo histórico (el Fuhrer sigue vivo en sus corazones).

Es esta visión de mundo la que se quiere imponer en las próximas elecciones.

Este recorrido nos permitió ver cómo se cumple un patrón en un conjunto de personas que, luego de haber peleado por Hitler, escaparon a Chile, en donde, ya sea ellos directamente o su descendencia, vieron una oportunidad para continuar su lucha: la dictadura de Pinochet. Al comenzar la transición, sin embargo, decidieron ocultar su rostro un tiempo, hasta el día de hoy, en el que, después de la revuelta social, no pudieron soportar presenciar cómo se dejaba atrás el país que ayudaron a construir con muerte y terror. El país que les otorgó privilegios y desde el cual han logrado resucitar la matriz conceptual por la que lucharon sus patriarcas en Europa.

La lucha hoy debe estar enfocada, por lo tanto, en, además de alimentar los procesos de orientación revolucionaria, detener el avance del fascismo, pues por cada cuota de poder que consigan, más oscuro será el mañana.

La paz de ellos se basa en que se imponga el terror y la muerte sobre nosotros.

Tomado de: El Sudamericano

Quien controle los microchips controlará el mundo

12 noviembre, 2021 admin

Textos prestados

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Por José Álvarez Carrero

Si alguien ha intentado adquirir un vehículo, un Play Station, un Xbox, un televisor o cualquier otro aparato tecnológico en los últimos días, posiblemente haya notado que la escasez de muchos de estos modelos es latente. La respuesta de los vendedores es la misma: “las entregas están demoradas por la crisis de semiconductores”. Esta situación ha llevado a que, por ejemplo, el sector automovilístico haya tenido que paralizar fábricas a lo largo y ancho del planeta o haya disminuido el ritmo de producción despidiendo a miles de trabajadores, afectando a los consumidores, pero, sobre todo, impactando en la economía.

Uno de esos ejemplos fue la planta de Gravatai en Brasil, la más grande de General Motors en América del Sur, la cual paró su producción por casi medio año. Por el lado de los productos electrónicos cotidianos el resultado no ha sido muy distinto: incremento en los precios y dificultad en muchos países de poder adquirir las versiones más recientes. ¿Qué tiene que ver esta escasez con la llamada “guerra comercial” entre Estados Unidos y China, con la formación del AUKUS (alianza de Estados Unidos, Australia y Reino Unidos), con el aumento de tensiones entre China y Taiwán, con el discurso de la “economía del conocimiento” de la Unión Europea y con los efectos del cambio climático? Como se verá a lo largo de este artículo, la respuesta es la geopolítica, ya que estos temas están estrechamente relacionados y son interdependientes entre sí.

Así, es sabido que hasta la Primera Guerra Mundial el poderío internacional se lograba gracias al control directo sobre el territorio y durante gran parte del siglo XX por el control indirecto sobre la materia prima estratégica como el petróleo. No obstante, en el siglo XXI el poderío de una potencia depende principalmente del control que se ejerza sobre la tecnología y, en especial, sobre los microchips. Por esa razón, los centros neurálgicos de la geopolítica y las relaciones internacionales se han desplazado desde Medio Oriente, el Cáucaso y el delta del Orinoco hacia el Mar Amarillo, más exactamente Taiwán y la península de Corea.

El microchip no es más que un circuito electrónico integrado de transistores en una lámina diminuta de silicio con propiedades semiconductoras. Tal invento se logró en el año 1958 como parte del desarrollo militar estadounidense para el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y en pocos años llegó a ser, después de la rueda y la escritura, el invento más importante de la historia. Gracias a este invento el desarrollo tecnológico ha crecido de forma exponencial y se ha hecho accesible a millones de seres humanos. Gracias a las ventajas que adquirió Estados Unidos con esta invención logró a la larga ganar la Guerra Fría, no porque los haya empleado para bombardear las bases militares de la Unión Soviética sino porque las ventajas tecnológicas que logró en los siguientes años repercutieron directamente en ventajas económicas y políticas que, sumado a factores internos, terminaron por implosionar a la patria de Lenin. Hoy los microchips son omnipresentes en la vida diaria. Se calcula que, cada año, por cada ser humano que hay en el planeta se fabrican 128 chips. Un automóvil en promedio requiere más de 3500 chips, y desde neveras, lavadoras, celulares, computadores, hasta equipos médicos, tecnología militar y fabricación de aviones o misiles los emplean para que puedan ser operativos.

La importancia del microchip no solo deriva de la omnipresencia en prácticamente todas las facetas de nuestras vidas, sino, sobre todo, en el monopolio que existe en el mundo para su fabricación. Aunque hasta hace unos años muchos países los diseñaban y fabricaban, a medida que pasa el tiempo el mercado cada vez se concentra en un número menor de compañías capaces de diseñarlos o fabricarlos.

Hace un cuarto de siglo, 24 empresas podrían diseñar y fabricar los chips que para la época eran los más avanzados. Hoy, solo hay tres con capacidad de fabricar aquellos que no son obsoletos: Intel de Estados Unidos, Samsung de Corea del Sur y TSMC de Taiwán. El monopolio es aún más evidente si se tiene en cuenta que la fabricación de chips de menos de 7 nanómetros, es decir, los más desarrollados, son producidos en un 92% por la empresa taiwanesa. Claro está, dicha compañía se dedica principalmente a la fabricación, sin perjuicio de que, en lo relacionado al diseño, aún sea Intel quien ocupa el primer lugar. Debido al cambio climático, durante el primer semestre de 2021 bastó una fuerte sequía en Taiwán para que la isla se viera obligada a racionalizar agua, lo que trajo como consecuencia una crisis mundial, debido a que el agua es empleada en grandes cantidades en la fabricación de chips. Con la sequía paró el abastecimiento a las fábricas y como resultado, se rebosó una copa que por factores geopolíticos se venía llenando, produciendo todos los problemas de escasez ya mencionados.

Cabe señalar que la sequía en Taiwán fue tan solo una gota en un jarro en el que confluyen muchos factores geopolíticos. La escasez de chips era algo que se veía venir desde hace varios años. Detrás de esta se esconde una verdadera lucha entre superpotencias. Para entenderlo hay dos fechas claves: 1964 y 1984. En la primera, el científico estadounidense Gordon Moore, por entonces un alto ejecutivo de INTEL, formula una hipótesis según la cual “el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrado se duplicaría cada año”. En pocas palabras, el desarrollo tecnológico llevaría a que éstos fuesen cada vez más pequeños y con ello dejarían obsoletos a los fabricados con anterioridad. La siguiente fecha, 1984, es clave dado que en dicho año la holandesa Philips forma una empresa de la que poco se habla pero que hoy juega un papel importante en el juego geopolítico que originó la actual crisis: Advanced Semiconductor Materials Lithography,mejor conocida como ASML.

ASML es importante debido a que se enfoca en investigar el uso de la luz ultravioleta en la fabricación de máquinas que hacen microchips, marcando una diferencia con otras compañías similares de la época que también lo hicieron, pero con el tiempo desistieron. La empresa holandesa, en cambio, se mantuvo en esa línea. Con el tiempo, solo otras dos empresas continuaron fabricando maquinas capaces a su vez de fabricar microchips: Canon y Nikon, estas últimas de Japón. No obstante, por la llamada hipótesis de Moore, al tener cada vez más transistores cada chip o ser éste cada vez más pequeño, la tecnología empleada por Canon y Nikon no es la mejor, por lo cual, quien hoy quiera fabricar un chip deberá pagarle miles de millones de dólares a la holandesa ASML para que le venda las máquinas de litografía que sirvan a ese propósito.

Esto fue precisamente lo que quiso hacer el gobierno de Pekín a partir del año 2015 como parte del plan “Hecho en China 2025”: invertir miles de millones de dólares para hacerse a las máquinas que le permitiesen autonomía en la fabricación de chips y así dejar de depender de Taiwán, su provincia rebelde y enemigo político tradicional con quien, a pesar de la rivalidad histórica, mantiene estrechas relaciones comerciales. Cuando eso ocurrió, el gobierno de Donald Trump de inmediato inició la ola de sanciones comerciales que son por todos conocidas. De esas, quizá las que más afectaron al gigante asiático fue la orden ejecutiva que le prohibió a ASML venderle a China los equipos de litografía necesarios para la producción de chips. Dicha prohibición se hizo bajo amenazas de dejar de suministrar insumos necesarios que emplea ASML, como el uso de láser y otros dispositivos, los cuales usan tecnología norteamericana.

Tales órdenes ejecutivas de Washington a corto plazo han afectado a China quien continúa dependiendo de la taiwanesa TSMC. Aunque desde 2011 Taiwan tiene una planta en territorio chino, lo allí fabricado va algunas generaciones detrás de los productos que se hacen en territorio insular, con la diferencia que éstos en gran media son vendidos a las compañías norteamericanas. Igualmente, TSMC tiene restricciones para venderle sus chips a China si hay sospecha de que puedan ser usados en el sector de defensa o en empresas que nada tienen que ver con dicho campo, pero que Estados Unidos acusa de trabajar para éste. Con esta excusa son sancionadas las compañías chinas que pueden hacerles sombra a las norteamericanas, como es el caso de Huawei, que empezó a desbancar a Apple en el mercado de tecnologías.

A pesar de esto, seguramente a largo plazo, muy seguramente quien logre salir victoriosa sea China, ya que tales restricciones, más que un factor disuasorio, han sido un incentivo para que redoble sus esfuerzos investigativos para lograr la suficiencia en la tan complicada cadena de producción de chips. Sin embargo, esto tardará varios años en lograrse.

La respuesta de China a las sanciones de Estados Unidos se ha dado en varios frentes. En lo inmediato, trató de adquirir todos aquellos modelos posibles frente a los cuales no había sanciones. Para ello, un equivalente al PIB de Colombia fue dedicado en el 2020 por Pekín para importar aquellos chips que no estaban comprendidos en la lista de sanciones. Como resultado, esa sobreacumulación ha sido uno de los principales factores para que actualmente haya escasez. Por otra parte, como estrategia a mediano plazo, China trata de ejercer presión política y militar sobre Taiwán para recordarle a Estados Unidos que las fábricas están en su territorio, un territorio rebelde, pero al fin y al cabo propio. Sus acciones se enfocan en mostrar que, si las sanciones continúan o se amplían, podría tomar dicha isla por la fuerza y así privar a Occidente de acceder a las fábricas de chips. En cuanto a estrategia a largo plazo, China no escatima esfuerzos en invertir en investigación y desarrollos tecnológicos. Busca ser autosuficiente en la cadena de producción de microchips.

En cuanto a Estados Unidos, aparte de las amenazas y las sanciones, a nivel interno también decidió volver a sus viejas estrategias proteccionistas e inyectarle miles de millones de dólares al sector tecnología, en un asunto que ha sido catalogado como “seguridad nacional”. Al respecto, ese supuesto discurso de la no intervención del Estado en la economía que tanto se exige a los países subdesarrollados, fue dejado de lado. Del dinero que todos los estadounidenses pagan en impuestos, se le dará a la privada INTEL una cifra no menor a 50.000 millones de dólares. Con ello se busca que esta empresa construya una serie de plantas en Nuevo México para la fabricación de los chips. Este sector había sido dejado de lado ya que tales procesos implican el uso de materiales altamente tóxicos, por lo que se había optado por dislocar la producción hacia territorio taiwanés.

Nada nuevo, es lo mismo que se hace en otros renglones tecnológicos como la fabricación de ordenadores o teléfonos celulares, donde Apple contrata con Foxconn para que los haga de acuerdo con las especificaciones que se le dan, sin importar que esa misma empresa sea quien también hace los productos de Huawei.

Por otra parte, los norteamericanos saben que la construcción de plantas en territorio nacional tardará varios años y mientras tanto, temen que una recuperación de Taiwán por parte de China por la vía militar los deje sin quien les fabrique los insumos vitales para sus empresas tecnológicas y, sobre todo, para su sector de defensa. Por ello, trata por todos los medios de poner presión política a China para disuadirla de esa opción. Como se explicó en artículos anteriores, esto guarda relación directa tanto con la retirada de tropas de Afganistán como con la formación de la alianza llamada AKUS, con Reino Unido y Australia. Finalmente, los norteamericanos saben que quizá llevaron las sanciones a su máximo límite, y si avanzan más pueden ahondar la crisis, no solo por el hecho de que China sea el “taller del mundo” sino porque también es el primer productor mundial de arenas de silicio, la materia prima esencial con la cual se fabrican los microchips.

En cuanto a la Unión Europea, si bien ellos tienen a ASML -la única que puede fabricar las máquinas con capacidad para fabricar chips de última tecnología- las recientes prohibiciones de Estados Unidos de hacer multimillonarios negocios con los chinos les recuerdan que dicha tecnología en gran medida es “prestada”. En el año 2000, durante la Cumbre de Lisboa uno de los objetivos que se fijaron fue el de la Economía del Conocimiento y dentro de los cinco objetivos para 2020 estaba el de Investigación y Conocimiento. Para nadie es un secreto que el rezago tecnológico de Europa es cada día mayor. Hoy producen un 10% de chips, frente a un 12% de Estados Unidos y un 20% de Taiwán que tiene el monopolio casi absoluto en la fabricación de los más avanzados. La actual escasez llevó a que Bruselas anunciara a mediados de septiembre que presentará una ley (entiéndase, una directiva o un reglamento) para fomentar la producción de semiconductores en territorio comunitario, de manera que ese 10% pase a ser un 20% en 2030. Para ello, países como Italia han anunciado que invertirá cuatro mil millones de euros en la construcción de una planta fabricadora de microchips, en tanto que Alemania tiene planes similares.

Mientras el juego geopolítico continúa, la crisis de microchips sigue extendiéndose y agudizándose. El juego de poder entre las grandes potencias seguirá afectando el día a día de los ciudadanos de a pie.

Tomado de: El Viejo Topo

El agujero negro de la pederastía católica europea

12 noviembre, 2021 admin

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Por Isabella Arria

Las macroinvestigaciones sobre pederastia en la Iglesia católica en el mundo muestran miles de víctimas y pocos condenados. Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Alemania y ahora Francia han ido destapando la magnitud de unos crímenes sepultados por décadas de silencio.

La falta de voluntad para dar con la verdad resulta vergonzosa y perpetúa una herida que ha destrozado las vidas de quienes la padecieron y configuran, a pesar de la posición oficial del Vaticano y del papa Francisco, en un verdadero agujero negro para el catolicismo.

A principios de octubre se conoció un informe sin precedentes en Francia, en el cual se demostró el abuso sexual de 216.000 niños por parte de más de 3.300 sacerdotes y religiosos, cifra que se eleva hasta 330.000 si se cuentan los cometidos por personas laicas que colaboraban con sus instituciones. Pese a preservar el secreto de confesión, la Iglesia católica francesa ha actuado de forma enérgica para abordar el dramático agujero negro de la pederastia en su seno.

Por contraste, hace más insostenible todavía la actitud de otras jerarquías eclesiásticas, como la española, que se resisten a reconocer su responsabilidad directa en los daños causados. Por propia iniciativa, la Conferencia Episcopal francesa encargó una investigación a una comisión independiente que ha podido trabajar sin cortapisas.

El Estado francés puso en su sitio en octubre último a la Iglesia católica luego que el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, señalara que el secreto de confesión prevalece sobre las leyes de la República. El ministro del Interior Gérald Darmanin le recordó que “no hay ninguna ley superior” a las leyes del país y que todo religioso que sepa de un “crimen” contra un menor de 15 años debe denunciarlo ante la justicia y no escudarse en el secreto de confesión.

Los obispos franceses, reunidos en la ciudad de Lourdes, decidieron «reconocer la responsabilidad institucional de la Iglesia» en los miles de abusos sexuales a niños y adolescentes y su «dimensión sistémica». En octubre, una comisión independiente estimó en un informe que unos 216.000 menores fueron víctimas de abusos por sacerdotes y religiosos en Francia entre 1950 y 2020, cifra que sube a 330.000 si se cuentan a los trabajadores de instituciones religiosas.

Desde que en 2002 el diario The Boston Globe destapó el primer gran escándalo de pederastia en la Iglesia de Estados Unidos, se han sucedido las revelaciones y las investigaciones. En algunos casos, como Francia o Alemania, han sido las propias conferencias episcopales las que han iniciado las investigaciones. En Bélgica ha sido iniciativa del Parlamento, y en otros, como Australia o Irlanda, de sus gobiernos.

España es, junto a Italia y Portugal, el país donde mayor resistencia muestra la Iglesia a esclarecer la verdad. Tampoco el Estado ha hecho nada hasta ahora para que se investigue de forma más rápida y segura. La actitud de la Conferencia Episcopal española ha sido siempre tan negacionista como obstruccionista. No solo perpetúa así la vejación sufrida por las víctimas, sino que también desobedece l mandato del papa

Las instrucciones del papa Francisco han sido de colaboración y transparencia fueron muy precisas y ha señalado su vergüenza por “la larga incapacidad de la Iglesia” para afrontar esta cuestión. Al permitir y en muchos casos encubrir los abusos, la Iglesia católica traiciona la confianza de las familias que han puesto una parte de la vida de sus hijos en sus manos, y también ha traicionado la confianza del Estado, que le ha concedido –incluso- el privilegio de intervenir en su educación.

Negociación

Según la prensa española, la Compañía de Jesús y los maristas exigen a las víctimas de abusos de la Iglesia firmar un pacto de confidencialidad para negociar compensaciones, algo prohibido por el Papa en 2019 en su documento Vox estis lux mundi, destinado a reforzar la lucha contra la pederastia en el clero y acabar con el secretismo.

Alfonso Caparrós, de 76 años, víctima de los abusos de un jesuita en el colegio San Estanislao de Kostka de Málaga en los años cincuenta, se reunió en junio de 2020 con el provincial de España de la orden. “Conté mi caso por desahogo, no por esperar dinero, ni sabía que eso se podía. Tras escucharme, me dijo: ‘¿Cuánto crees que te corresponde?’. Le dije que habían perdido mi alma, porque me hice ateo, y que tasara él lo que vale un alma perdida como la mía”, relata Caparrós a El País.

Entró entonces en un proceso de indemnización que define como impersonal, frío y humillante, a través de un despacho de abogados, y en el que, para empezar a negociar, se le exigía la firma de un acuerdo de confidencialidad.

Los maristas, en Cataluña, también impusieron la misma condición en 2020, en la primera indemnización colectiva emprendida por una orden católica en España. Caparrós descubrió que los jesuitas manejan un tarifario sobre los abusos “en función de su gravedad”: hasta 5.000 euros, leve; hasta 10.000, media; hasta 15.000 alta. Ahora, dice, sabe cuánto vale su alma: “Mi violación vale solo 7.500 euros”. Los recibió el pasado mes de junio en su cuenta bancaria.

En un claro desprecio a la verdad, a través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, la Iglesia católica ibérica descartó investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, una postura inquietante en un país en el que un millón y medio de niños estudian en escuelas de dicha confesión.

Es también un desprecio al reconocimiento que el Papa ha hecho de los errores de la Iglesia en el manejo de las denuncias de abuso, llamando a terminar con la negligencia frente a estos actos, y con los profundos procesos impulsados en otros países para conocer la verdad, erradicar esta lacra y reparar el daño a las víctimas.

La nula disposición de la cúpula clerical hispánica para esclarecer y subsanar los delitos sexuales perpetrados por sus integrantes no puede desvincularse del enorme poder económico e influencia política de que goza. En España la Iglesia católica se encuentra subvencionada por el Estado, tanto de manera directa como indirecta.

Según Europa Laica, el pago de salarios y costos sociales de las 19 mil personas que imparten esta religión en los centros educativos (quienes son designadas por los obispados, pero pagadas por el Estado) asciende a 600 millones de euros anuales; pero si se suman todas las subvenciones y exenciones fiscales, el aporte estatal asciende a 11 mil millones de euros al año, más de uno por ciento del producto interno bruto.

Más allá de lo financiero, su ascendiente entre la clase política es de tal envergadura, que el gobierno del presidente socialdemócrata Pedro Sánchez ha sido el primero en prescindir de biblias y crucifijos en su toma de posesión.

Mientras en Estados Unidos muchas diócesis han tenido que declararse en bancarrota por las indemnizaciones pagadas a los sobrevivientes de los abusos, en España apenas reconocen 220 episodios de este tipo de 2001 a la fecha.

La persistencia de estos subsidios pueden leerse como ejemplos de la impronta fascista que sigue viva en sectores de la institucionalidad y la ciudadanía españolas, como bien demuestran los índices de votación de formaciones velada o abiertamente franquistas, entre las que se cuentan el Partido Popular o Vox, señala el diario mexicano La Jornada.

Isabella Arria es periodista chilena residente en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Tomado de: Resumen Latinoamericano

Impacto económico de la guerra en Venezuela

12 noviembre, 2021 admin

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Por Pasqualina Curcio @pasquicurcio

Hemos actualizado el monto de la pérdida económica en Venezuela consecuencia de la guerra imperial. Asciende a 258.095 millones de dólares entre 2016 y hasta el 2020. Para nosotros los venezolanos, eso equivale a 60 años de importación de alimentos y medicamentos, o a 2 veces el pago de la deuda externa, o a 1 año y 9 meses de producción nacional. Son 51.000 millones de dólares de pérdidas anuales en promedio. Ha sido una guerra criminal, despiadada, inhumana.

Los 258.095 millones de dólares corresponden a lo que hemos dejado de producir estos 5 años (233.182 millones de dólares) más el dinero que nos tienen retenido y bloqueado en el sistema financiero internacional incluyendo los activos de Citgo y el oro que está en Inglaterra (24.913 millones de dólares).

El imperialismo nos ha sabido golpear, y lo ha hecho de manera precisa, ha apuntado al corazón de cualquier economía, las exportaciones y la moneda. Es la combinación perfecta de dos armas para asfixiar a los pueblos. Ellos lo saben, no por casualidad son parte esencial de sus históricos manuales de guerra no convencional.

De los 233.182 millones de dólares que hemos dejado de producir, 58.842 millones han sido consecuencia directa de la caída de las exportaciones que, en nuestro país son histórica y principalmente (95%) petroleras. Comenzaron manipulando los precios del petróleo que, por primera vez en la historia cayeron durante 4 años consecutivos, pasaron de 103,46 US$/barril en 2012 a 34,02 US$/barril en 2016. A partir de 2017 comenzaron a recuperarse los precios de los hidrocarburos, pero recordemos que fue ese año cuando Donald

Trump oficializó el bloqueo contra Pdvsa y emitió la Orden Ejecutiva 13.808 contra la industria petrolera, lo cual ha implicado no solo la dificultad para colocar nuestro petróleo en los mercados internacionales, sino también y sobre todo para importar la materia prima y la tecnología afectando directamente los niveles de producción que han caído 76% desde el 2017, pasando de 2.372.000 a 568.000 barriles diarios (Opep).

En Venezuela, como en cualquier país del mundo, las exportaciones impactan directamente sobre los niveles de producción, y no nos referimos exclusivamente a la caída de la producción petrolera que corresponde solo al 15% del PIB, sino al resto de la producción nacional debido a que, al disminuir las exportaciones disminuye el ingreso de divisas al país y, por lo tanto, la posibilidad de importar insumos, materias primas, repuestos y tecnología para la producción no petrolera. Entre 2016 y 2020 hemos dejado de exportar US$ 98.526 millones como consecuencia del bloqueo a Pdvsa que, aunado a la mala gestión y a la corrupción dentro de la industria, ha implicado US$ 58.842 millones menos de producción nacional entre 2016 y 2020.

Los otros US$ 174.339 millones que hemos dejado de producir entre 2016 y 2020 están explicados por el ataque al bolívar, el arma más poderosa en cualquier guerra económica la cual develamos en 2016 cuando publicamos el libro “La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela”. Arma que fue posteriormente, en 2019, confesada por el senador estadounidense, Richard Black.

Recordamos cómo actúa esta arma letal y cuál es la secuencia en el ataque:

1) El imperialismo manipula el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar a través de los medios de comunicación, portales web y redes sociales, induciendo la depreciación de nuestra moneda. Desde el 2013 hasta hoy han atacado 5.178.365.937.759% nuestro bolívar: en 2013 dábamos 8,69 BsF/US$ y hoy debemos dar 450.000.000.000 BsF/US$ (equivalente a 4,5 BsD/US$). El ataque ha sido sin duda criminal. No hay manera de explicar con teorías económicas dicha “depreciación”, los números no dan, la explicación es política, y más que política, de guerra, ha sido una vil manipulación por la vía de la alteración de la escala monetaria.

2) El mayor tipo de cambio, aunque sea ficticio, sirve de referencia a los industriales y comerciantes para fijar el precio en bolívares de las mercancías induciendo una inflación de 671.045.856.034% entre enero de 2013 y octubre de 2021 (BCV).

3) Como el salario mínimo legal solo ha aumentado 16.867.469.780% durante el mismo período, el poder adquisitivo de la clase obrera, que somos el 95% de la población ocupada se ha pulverizado 99%, al punto que, mientras la canasta básica tiene un precio de 1.727 BsD, el salario mínimo sigue en 7 BsD. Esta situación ha implicado una caída de la cantidad de bienes y servicios demandados. Según el BCV entre 2014 y 2018 el consumo de los hogares cayó 50%. Muy probablemente la caída ha sido mayor a la fecha de hoy. Por ello la importancia de que los salarios aumenten en la misma proporción que los precios de los bienes y servicios de manera de evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y la necesidad entonces de la indexación para neutralizar el efecto del ataque al bolívar.

4) Debido a que el presupuesto de gasto público para la salud, educación, transporte, servicios básicos, etc, se aprueba en bolívares y no se ajusta cada vez que aumentan los precios, se genera una insuficiencia presupuestaria que incide en el desempeño y la calidad de los servicios que presta la administración pública, haciendo que dicho costo, de paso, recaiga sobre los hogares venezolanos. El gasto público en 2013 representaba el 33% del PIB, hoy no llega al 3%, lo que también ha implicado una caída de las cantidades demandadas por parte de la administración pública, que según el BCV ha sido del 30% entre 2013 y 2018, seguramente mayor hasta la fecha de hoy. Aquí la necesidad de indexar el presupuesto de gasto de la administración pública.

5) Tanto la caída de las cantidades demandadas de bienes por parte de los hogares como por parte del gobierno (según el BCV ha sido de 62% entre 2013 y 2018) ha obligado a los oferentes, dueños de las empresas, a reducir los niveles de producción porque no tienen quién les compre su mercancía, es por ello que se ha dejado de producir US$ 174.339 millones entre 2016 y 2020, consecuencia, por una parte, del ataque al bolívar que ha inducido la inflación y por la otra, del no ajuste proporcional del salario y del gasto público.

El problema central no son los US$ 233.182 millones de dólares que no se han producido como consecuencia de la guerra, sino lo que ese monto significa para cada mujer, hombre, niño y anciano venezolanos en su día a día, en su buen vivir que es lo que, en definitiva, le interesa afectar al imperialismo.

El problema central es que, a pesar de que estamos produciendo menos y que la torta a repartir es menor, ésta se está distribuyendo de manera cada vez más desigual entre trabajadores y burgueses debido, justamente, a que mientras los precios aumentan el salario nominal y el gasto público se ha mantenido congelado. Según el BCV en 2014 la burguesía se apropiaba del 31% del PIB y los trabajadores del 36%, mientras que en 2017 los porcentajes fueron 50% y 18% respectivamente. Desigualdad que es la causa determinante de la pobreza. Más allá de los números, esa es la afectación que verdaderamente importa y preocupa.

Tomado de: América Latina en movimiento

Cuidado con la Policía

9 noviembre, 2021 admin

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Foto Catalunya Plural

Por Joaquín Urías

La policía es un invento moderno. Durante la mayor parte de la historia ha existido el ejército y diversos tipos de cuerpos armados al servicio de los poderosos, pero no la policía.

Sólo tras la revolución francesa, entrado ya el siglo XIX se empieza a plantear en algunos países europeos la necesidad de un cuerpo estatal armado encargado de vigilar y asegurar el cumplimiento de la ley.

La policía nace, pues, a la vez que el derecho moderno. Y no es casualidad. La unificación del poder público en el Estado y la consolidación de un parlamento civil que aprueba leyes y de una administración pública compleja exigen una fuerza armada diferente del ejército, capaz de investigar delitos y asegurar el cumplimiento cotidiano de todas esas normas. Nace el brazo armado de la ley.

Efectivamente, las fuerzas policiales son la manifestación más clara del monopolio estatal de la fuerza legítima. En nuestro sistema, queda abolido el recurso a la fuerza bruta como modo de resolución de disputas entre particulares y sólo el Estado, para asegurar el cumplimiento de las normas democráticas, puede recurrir a la violencia.

En los sistemas democráticos contemporáneos basados en el respeto a los derechos humanos como fundamento del orden social, la principal tarea de la policía ha de ser, necesariamente, la garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, se trata de una aspiración casi siempre frustrada.

La experiencia demuestra que quien ejerce la fuerza en nombre del Estado tiende a abusar de ella. La historia de la policía es también la de las dificultades del poder civil para controlarla y conseguir que la violencia se use tan solo como última solución, siempre de manera proporcionada y exclusivamente para asegurar el cumplimiento de las normas democráticas.

Las dictaduras lo tienen más fácil: le dan a estos cuerpos represivos poderes casi ilimitados que sirven para amedrentar a la población. La policía de la dictadura sirve para asustar al pueblo e impedir que piense o actúe por sí mismo. El problema surge cuando, como sucedió en España, se quiere pasar de una dictadura a una democracia.

La transición española supuso el mantenimiento incólume de todo el aparato estatal franquista, incluidos jueces, profesores y, por supuesto, policías.

Los primeros gobiernos democráticos tuvieron grandes problemas para hacerse con el control real de las fuerzas de seguridad. Durante años la policía nacional siguió controlada por el grupito de José Saiz, Conesa y Antonio González-Pacheco, conocido como ‘Billy el Niño’, es decir la cúpula de la brigada social creada para reprimir delitos políticos. Por su parte, la Guardia Civil protagonizó el único golpe de Estado de la democracia.

Ya ha pasado tiempo de aquello pero nuestra policía –como la judicatura– nunca ha logrado desprenderse del todo de los tics franquistas. Basta mirar a cualquier manifestación de Jusapol, el sindicato mayoritario en la nacional, para descubrir una estética y unas reivindicaciones neofascistas que asustan a cualquiera.

Se ha avanzado mucho en democratizar la policía, pero quizás no se ha alcanzado aún el objetivo deseable: invertir totalmente el principio sobre el que basaba la policía franquista. No se trata ya de mantener a la población asustada y desarticulada, sino de asegurar que sea la sociedad la que decide y el poder el que obedece. La policía democrática ha de proteger el ejercicio de los derechos políticos desde el más escrupuloso respeto a las personas y su libertad.

Los datos desmienten esta realidad. La sección española del Comité de Prevención de la Tortura, situada en el Defensor del Pueblo recogió en su último informe anual 68 denuncias por torturas o malos tratos contra funcionarios policiales. Son muchas más. La coordinadora por la prevención de la tortura, entidad independiente, sube la cifra a 224, afectando a un total de 1.104 personas.

La principal causa de la pervivencia de los abusos policiales está en la falta de control democrático sobre las fuerzas de seguridad. Una de las principales funciones del poder judicial es controlar y evitar los excesos del poder. En España los jueces no son reacios a controlar al poder político pero fallan estrepitosamente a la hora de poner freno a los abusos de las policías.

La connivencia entre jueces y policías es una vergonzosa anomalía española. Al espectáculo continuo de magistrados condecorados por los mismos cuerpos a los que deben controlar se suma a veces el de jueces vistiendo pulseritas de la guardia civil y pin de la policía, incluso cuando juzgan asuntos en los que están involucrados estos funcionarios.

El asunto es tan grave que empieza a trascender nuestras fronteras. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hasta en diez ocasiones a nuestros jueces por negarse a investigar denuncias fundadas de tortura. No es que no condenen, es que rechazan abrir una investigación. Hay también una condena por hacer la vista gorda ante la injustificada violencia policial a la hora se disolver manifestaciones.

La falta de imparcialidad de los jueces españoles respecto a la policía llega al punto de que numerosos juristas –y hasta algún magistrado– hablan de una (inexistente legalmente) presunción de veracidad de la policía. En la práctica resulta casi imposible oponerse a la palabra de un agente policial, salvo que haya pruebas flagrantes.

E incluso así, se nos acumulan los casos mediáticos de abusos policiales en los que la judicatura se ha negado a controlar a las fuerzas de seguridad.

Los guardias civiles que dispararon a inmigrantes que estaban en el agua en Tarajal y que causaron la muerte de 15 personas fueron absueltos. De los veinte casos en los que alguna persona ha perdido un ojo por mal uso de las balas de goma, sólo en uno hubo condena, pero nunca del autor de los disparos.

Recientemente, está el caso de los policías que, en Linares, dispararon con postas a la multitud que protestaba por la paliza que dos de ellos habían propinado a un ciudadano inocente. Resultaron absueltos. Los policías que entraron sin orden judicial en una casa donde había una fiesta no van a ser juzgados porque dice un juez que solo obedecían órdenes. Otro tribunal decidió no investigar las palizas que denunció una señora detenida por protestar en una manifestación de Vox en Granada…

Mientras las redes sociales se llenan de vídeos de malos tratos policiales, los datos no perdonan. En estos momentos, según el Defensor del Pueblo, sólo hay nueve funcionarios policiales en toda España cumpliendo condena por torturas o malos tratos.

La impunidad policial es tan evidente que da miedo. El poder judicial se niega a juzgar o a castigar incluso los casos más flagrantes de abusos y dificultan así que nuestra policía llegue a ser nunca auténticamente democrática.

Más aún, la judicatura refuerza la impunidad policial dándole credibilidad a todo lo que diga un agente y regalándoles con ello el terrible poder de meter en la cárcel a quien quiera. El escandaloso caso del diputado condenado por la vaga declaración de un policía de que le había dado una patada es un salto cualitativo. El Tribunal Supremo, en primera instancia, ha considerado tan creíble esa afirmación difusa y no corroborada por ningún dato (ni siquiera los médicos apreciaron la más mínima contusión) como para vencer la presunción de inocencia.

El mensaje es claro: si un policía te mira, quítate de su camino porque puede impunemente propasarse contigo o acusarte de un delito inventado. Y los jueces lo van a proteger.

La policía, descontrolada, da mucho miedo y está cada vez más lejos de alcanzar los objetivos democráticos. La culpa es de un poder político acobardado ante los cuerpos armados y el riesgo de que parezca que es poco duro ante la delincuencia. Pero también de un poder judicial escasamente democrático y vendido a los poderes fácticos anteriores a la transición. La impunidad policial es el fin del Estado de derecho, pero a nuestros magistrados eso no parece preocuparles.

Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional.

Tomado de: Nodo 50

Activistas españoles denuncian torturas y prácticas policiales abusivas en España y en la UE. Fuente RT en español

La derecha europea y el fascismo libertario

9 noviembre, 2021 admin

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Por Marcos Roitman Rosenmann

El conglomerado trasnacional, donde se agrupa el complejo industrial, militar y digital no conoce diferencias políticas, cuando se trata de acrecentar su poder. Hoy, parte de sus intereses se enquistan en el “fascismo libertario”. Su auge se reviste de un discurso nacionalista, homofóbico, racista, xenófobo y antiislamista. Bien es cierto, no todos comparten el ideario al cien por ciento. La Liga Norte, de Matteo Salvini en Italia o el Frente Nacional, rebautizado Reagrupamiento Nacional, encabezado por Marine Le Pen en Francia, marcan distancias con el ilegalizado Amanecer Dorado en Grecia o sus homónimos de la ex Europa del Este. Sin embargo, su presencia ha dejado de ser marginal. Hoy representan un porcentaje elevado de votantes. Se han constituido en imprescindibles para formar gobiernos y están presentes en ayuntamientos, el Congreso y comunidades autónomas. El ideario neofascista se recompone bajo un discurso “libertario”. Entre los nuevos nombres podemos citar a Éric Zemmour en Francia o Giorgia Meloni en Italia. La derecha se escora hacia posiciones totalitarias afincadas en un individualismo exacerbado. Su objetivo, poner las libertades individuales en la cima de sus reivindicaciones.

Sin embargo, tampoco hace falta crear nuevas organizaciones, el “fascismo libertario” anida en la derecha conservadora y los partidos liberales. Sus puntos de unión, hacen que se difumine por completo la diferencia entre derecha y “fascismo libertario”. Para comprobarlo, tomemos el ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. Entre sus frases para no olvidar su reivindicación libertaria podemos citar: “ni estados de alarma, ni confinamientos. Hay que aprender a convivir con el virus”; “si apretáis demasiado a los restaurantes y bares, al final el contagio se va a las casas. Los ciudadanos al no poder fumar, al no entender las normas, acaban yéndose a las viviendas”; “es un delito, en Cataluña, con el clima que tenéis, tenerlo todo cerrado, tener a la gente en sus casas”; “libertad o comunismo”.

El “fascismo libertario” no requiere ser mayoritario, ni siquiera convertirse en un partido a la vieja usanza hitleriana o fascista, su función es otra, inclinar la balanza y ser la llave para que las fuerzas conservadoras gobiernen sin contrapeso, prestando su apoyo a gobiernos en minoría. Los casos más llamativos: Estonia, Finlandia, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, Rumania, Moldavia o Lituania. En España, Vox ha facilitado la gobernanza al Partido Popular en dos comunidades autónomas: Madrid y Andalucía. El llamado cordón sanitario es un eufemismo. Sólo en Alemania se mantiene y las razones son obvias.

En 2021, año de pandemia, 15 partidos neofascistas de 14 países firmaron un pacto en el cual subrayan su preocupación por el retroceso en la defensa de los valores familiares, la identidad nacional, la adopción de leyes LGTV y lo más destacado, el recorte de las libertades individuales bajo el decálogo sanitario del Covid-19. Entre sus firmantes Viktor Orban, Santiago Abascal, Giorgia Meloni, de la fascista Hermanos de Italia, Mateo Salvini, el polaco Jaroslav Kaczynski o Marine Le Penn. Su fuerza radica en un llamado espurio a proteger los derechos políticos supuestamente vulnerados tras la aplicación de los protocolos Covid. El ejemplo más destacado, el asalto, el pasado 9 de octubre, a la sede central de la Confederación General Italiana del Trabajo, protestando por exigir el certificado de vacunación para todas las actividades públicas.

Así, el “fascismo libertario” potencia, crea o se enquista en movimientos negacionistas, antivacunas, anticubrebocas, contra el pasaporte Covid, el 5G, provida, antiaborto, antifeministas, etcétera. Es decir, todo aquello que se considera, atenta y compete al individuo y no al Estado. La libertad se torna un campo de batalla de la cual emerge un discurso que cala en el imaginario colectivo, más allá de la distinción de clases. Las consignas son simples: ¡A mí no me dicen qué debo o no debo hacer! ¡Soy libre de ir a cualquier sitio! ¡No necesito que nadie controle mi vida! ¡Mis derechos no pueden ser pisoteados en nombre del Estado! ¡Con mi libertad no se negocia! ¡Los inmigrantes me quitan el trabajo! En este ambiente, se convocan manifestaciones y organizan actos donde se manifiesta el deseo de vivir sin ataduras. Los llamados botellones, concentraciones de cientos y miles de personas para beber en parques públicos, plazas o playas, bajo el lema: ¡Viva la libertad! se generalizan los fines de semana. Y las protestas de negacionistas en Italia, Francia, España, Gran Bretaña o Alemania aumentan bajo el mismo enunciado.

Un discurso, simple, pero contundente. El “fascismo libertario” se expande y eleva a la cima de las apetencias de satisfacción personal, al margen del bien común y el interés general. El nacimiento y auge del “fascismo libertario” en momentos de crisis pandémica y de un capitalismo que se retuerce para reinventarse en su forma digital, encuentra sus argumentos en el campo de las emociones, los sentimientos y el miedo. La mezcla explosiva de estos factores indica el peligro que nos acecha. Luchar contra el “fascismo libertario” se antoja unir fuerzas para combatir el capitalismo y sus máscaras.

Tomado de: La Jornada

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