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Rostros de los más ricos de Chile

Por Jorge Molina Araneda

Es posible sostener que la historia de la élite se encuentra directamente asociada a la historia política del país, por lo menos hasta mediados del siglo XX. Dado que la producción chilena era básicamente agraria, el primer símbolo distintivo y excluyente en la sociedad se configuró en torno a la posesión de grandes extensiones de tierra. Poseer un latifundio era sinónimo de poder, en vista de que suponía que el dueño lideraba un ámbito de la producción de alimentos, dominaba a un número importante de inquilinos y, junto con ello, controlaba una parte del territorio nacional.

La figuración política de los miembros de este grupo privilegiado se produce solo cuando deciden organizarse formalmente para oponerse a las fracciones realistas y luchar por la independencia del país. Asumiendo de ahí en adelante las responsabilidades asociadas a su liderazgo, rápidamente adoptaron los mecanismos de dominación sumando el desempeño de cargos políticos: presidentes, ministros, parlamentarios, etc. Tanto el dinero como el poder fueron monopolizados por unos pocos en detrimento de los muchos; estos últimos al carecer de capital económico y de una instrucción educacional mayor, no tenían posibilidades de disputar estos recursos.

Considerando que en este período la mayoría de los chilenos se encontraba subordinado a la autoridad de un patrón, resulta factible suponer que la ejecución de estas prácticas obedeció a una estrategia planificada y orientada a fijar el control social en una minoría ilustrada.

Probablemente la calidad moral de la élite no hubiese sido tan respetada sino hubiera sido por su férreo apego a la religión católica y la rigurosa adopción de su doctrina. El matrimonio pasa a ser una de las responsabilidades centrales de las mujeres de esta cofradía, al ser el mecanismo de exclusión que se encuentra bajo su dominio. Si los hombres determinan quienes califican económica y políticamente para vincularse con ellos, las mujeres imponen sus criterios de selección para extender las redes familiares y así, velar por la pureza y distinción del clan. Utilizando la terminología de Bourdieu, es posible afirmar que el género masculino se encuentra encargado de la reproducción del capital económico, mientras que el femenino, procura transformarlo en capital cultural y social para sus hijos, mediante el reconocimiento y la valoración de los símbolos distintivos del mayor estatus y prestigio social.

En 1938 la elección del primer presidente radical marcó el inicio de la decadencia política de la élite, al posicionar la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales como eje central de su gobierno. Así, los esfuerzos de este “selecto grupo” por contrarrestar la efervescencia popular fueron insuficientes y no pudieron contra la Reforma Agraria, que esperaba redistribuir las tierras productivas del país. La irrupción social fue de tal envergadura que tampoco pudo evitar la toma de sus principales empresas, ni el que una fracción de la Iglesia Católica se volviera en su contra. Al sentirse injustamente atacada, la élite se retiró de la vida pública y decidió dedicarse plenamente a sus actividades e intereses privados. Siendo la formación espiritual y académica de sus hijos una de sus principales preocupaciones, se afilió a congregaciones católicas más conservadoras como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo para confiarles la tutela de su descendencia.

La concentración de los hijos de la élite en establecimientos educacionales dirigidos por estos movimientos ha significado el desplazamiento de un conjunto de colegios que tradicionalmente habían formado a los líderes políticos y económicos de Chile. Actualmente ningún integrante de la élite corporativa, menor de cuarenta años ha estudiado en el Instituto Nacional, ni ha matriculado a sus hijos en este liceo de excelencia. Los nuevos colegios de la élite han ganado cada vez más credibilidad y prestigio social, en vista de que, “entre los líderes egresados de los colegios ‘Ivy league’ chilenos, cinco de cada diez líderes provienen de colegios de iglesia o pertenecientes a movimientos religiosos para el caso de los mayores de 60 años, cifra que aumentó a siete de cada diez para los de entre 40 y 60 años, para disminuir levemente a 6,2 de cada diez en los menores de 40” (Revista Capital).

Los nuevos colegios en los que se educan sus hijos no solo son funcionales a las expectativas formativas de sus padres, sino que además se constituyen como espacios de socialización que permiten incrementar y desplegar el capital social de este grupo. Así, la familiaridad que provee este entorno facilita la socialización temprana de los niños en las lógicas de pensamiento y los modos de conducta propios de la élite, a su vez que refuerza las redes sociales que posteriormente pueden llegar a traducirse en una contratación o un matrimonio. Desde este punto de vista, no habría porqué suponer que la composición de este segmento social y sus mecanismos de distinción han variado de forma sustantiva en el tiempo.

El supuesto bajo perfil que cultiva la élite en la actualidad no se debe a una pérdida de su capacidad de dominio, sino más bien a un nuevo modo de resguardar sus intereses y su integridad moral. Su invisibilización ha sido favorable al despliegue de sus prácticas excluyentes que, al no ser denunciadas, los libran de las críticas y de la sobreexposición que generan y que tanto daño le hicieron en el pasado, al cuestionar su ejercicio del poder, imponiéndose ahora más bien por la concentración del capital, la manipulación mediática y los conocimientos expertos.

Por otra parte, Chile suma 120 años de desigualdad extrema y es uno de los países con más diferencias socioeconómicas de América Latina, alertó un prestigioso informe difundido por la Escuela de Economía de París este martes 7 de diciembre. El estudio, encabezado por el World Inequality Lab -dependiente de la institución académica-, señaló que la mitad de la población con menos recursos acumula una riqueza aproximada al 0 por ciento del total, mientras que el 1 por ciento más rico posee casi la mitad de ella (49,6 por ciento). De hecho, la riqueza acumulada del 50 por ciento menos rico es negativa, del -0,6 por ciento, por la cantidad de población endeudada en este sector, agregó el centro de investigación.

«El país es uno de los más desiguales en América Latina con niveles comparables a la desigualdad de Brasil«, apuntó el documento, coordinado por varios economistas emblemáticos entre los que destacan Thomas Piketty y Gabriel Zucman.

En cuanto a los ingresos, la mitad de la población más pobre acumula el 10 por ciento, mientras que el decil más rico aglutina un 60 por ciento y el 1 por ciento más pudiente acumula el 26,5 por ciento de las entradas. El ingreso laboral femenino es el 38 por ciento del total, lo que implica un «significativo descenso» de la desigualdad en los últimos 30 años y se acerca a otros países vecinos como Argentina (37 por ciento) o Brasil (38 por ciento). Sin embargo, el 10 por ciento superior (grupos millonarios) gana casi 30 veces más que el resto de la población, lo que equivale a una cifra de 82,9 millones de pesos.

La desigualdad en Chile ha sido extrema en los últimos 120 años, incluso después del fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), lo que provocó (en 2019) una ola de protestas sociales, señaló el estudio. Chile es, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de los países más desiguales de la región -solo por detrás de Costa Rica-. La mitad de la población con menos recursos acumula una riqueza aproximada al 0 por ciento del total, mientras que el 1 por ciento más rico posee casi la mitad de ella.

Pierre Bourdieu en su Los estudiantes y la cultura (1964), masivamente conocido como Los Herederos, señaló, entre otras cosas, que la educación francesa produce y reproduce el privilegio, por lo tanto, la meritocracia es solo una ilusión. En diciembre de 2016, Seth Zimmerman, economista de Yale y profesor de la facultad de negocios de la Universidad de Chicago, publicó en el National Bureau of Economic Research una investigación en que queda al desnudo el mito de la meritocracia en nuestro país.

El estudio muestra que en Chile, asistir a una universidad de élite aumenta las probabilidades de una persona de ascender a puestos de alta dirección en las grandes empresas e ingresar al grupo del 0.1% más rico, pero solo teniendo como prerrequisitos el haber asistido a uno de los ocho colegios privados más exclusivos antes de la universidad.

En otras palabras, una educación de élite sólo sirve para amplificar unos orígenes de élite. El estudio reconoce que las personas procedentes de entornos desfavorecidos se benefician al recibir una buena educación, pero por regla general en Chile no ascienden tan alto como sus homólogos privilegiados.

Para mayor abundamiento, ingresar a Derecho, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil en la Universidad de Chile o en la Pontificia Universidad Católica (PUC) mejora notablemente las posibilidades de llegar a la élite empresarial y económica. Esa probabilidad se incrementa aún más si estas personas fueron estudiantes del St. George, The Grange School, El Verbo Divino, Colegio Manquehue, Tabancura, San Ignacio y el Craighouse.

Asimismo, el estudio revela que los ingresos promedio de los egresados de esas tres carreras de la PUC y la Universidad de Chile son de aproximadamente US$ 79.000 al año. De acuerdo al diario La Tercera (2018): “Con el 0,3% de los alumnos totales del sistema, los egresados del Instituto Nacional coparon el 10% de los programas universitarios de élite, pero luego obtuvieron sólo el 7% de las posiciones de liderazgo (gerencias y directorios) en las principales empresas chilenas. Los egresados de colegios privados de élite representaron el 0,5% del total de estudiantes y se llevaron el 19% de los cupos universitarios de excelencia. La gran diferencia vino después: ellos acapararon ¡el 53%! de los 3.759 altos puestos directivos considerados”.

Amén a lo anterior, un estudio del sociólogo de la Universidad Católica Sebastián Madrid, de 2016, expuso las prácticas que son habituales al interior de los colegios de élite. Para eso entrevistó a exestudiantes de 18 colegios de élite ubicados en cuatro comunas del sector oriente de Santiago. Aunque son muy homogéneos en cuanto al nivel socioeconómico de sus alumnos, el estudio identifica tres tipos de colegios de élite en Chile: los fundados por congregaciones católicas tradicionales (Jesuitas, Padres Franceses y Holy Cross); los influidos por los nuevos movimientos católicos (Legionarios de Cristo, Opus Dei y Schoenstatt) y los fundados por inmigrantes, siendo los más influyentes los anglosajones.

“Deliberadamente seleccionan a ‘iguales’ y se establecen redes de contacto activas basadas en amistad y parentesco“, afirma el estudio, que califica este hecho como una “endogamia particular”. Los principales cedazos son los altos aranceles que cobran, que pueden llegar hasta US$20 mil por estudiante al año (con matrícula, cuota de incorporación y mensualidad). La cifra supera el ingreso per cápita de Chile y es casi cinco veces el salario mínimo de un año. Ninguno entrega becas. Además, casi todos (90%) seleccionan también por habilidades cognitivas, a través de pruebas. Según el estudio, ésta sería “una forma de asegurarse a los estudiantes más fáciles de educar“. Sin embargo, advierte que, pese a que figuran en los rankings nacionales, en las pruebas internacionales como PISA obtienen resultados mucho más bajos que alumnos de similares condiciones de la OCDE, y en Latinoamérica solo superan a los estudiantes de la élite peruana.

Al estar en contacto principalmente con personas iguales, estos estudiantes tendrían un “aislamiento” del resto de la sociedad, una especia de burbuja, y para la mayoría “la universidad es el momento en que la sociedad emerge frente a ellos“.

Ortega y Gasset siempre creyó que la sociedad se fundaba en un proyecto colectivo a futuro; ergo, qué clase de inclusión y sociedad democrática pretendemos construir, si a la luz de lo ya expuesto continuaremos viviendo en una sociedad segregada, en que algunas de las principales herramientas de socialización, como son los colegios y algunas universidades top, pertenecen de forma casi exclusiva a la élite endogámica de este país.

El concepto de “fórmula política” esgrimido por Gaetano Mosca en su trabajo sobre las elites en el poder, permite comprender cómo sus mecanismos de dominio penetran en los espacios más íntimos de las personas, logrando convencerlas de que sus líderes están en lo cierto y que, por ende, son merecedores de todos sus privilegios. Los argumentos que suelen generar este efecto en la población tienden a aferrarse a ideologías y a hitos históricos que exaltan los valores y la integridad moral de los miembros de la minoría. De ello se desprende que algunas corrientes religiosas sean funcionales a los intereses de la élite, en la medida que permiten justificar las desigualdades, a partir de la convicción de que la vida terrenal es un pasaje acotado de sus vidas, siendo la vida espiritual el espacio en el que se revierten las desigualdades y se extienden los privilegios.

Así, es muy probable que las cúpulas elitarias no solo estén compuestas por líderes políticos y económicos, sino que también se materialicen en figuras eclesiásticas. De acuerdo a Mosca, “en las sociedades donde las creencias religiosas tienen mucha fuerza y los ministros del culto forman una clase especial, se constituye casi siempre una aristocracia sacerdotal, que obtiene una parte más o menos grande de la riqueza y del poder político. Los sacerdotes, además de cumplir con los oficios religiosos, poseían también conocimientos jurídicos y científicos y representaron a la clase intelectualmente más elevada”. En consecuencia, es posible sostener que dogmas como el cristianismo se posicionan como mecanismos idóneos para promover la legitimación de la élite.

Esta apreciación es compartida por Charles Wright Mills al sostener que, “las personas que gozan de ventajas se resisten a creer que ellas son por casualidad personas que gozan de ventajas, y se inclinan a definirse a sí mismas como personas naturalmente dignas de lo que poseen, y a considerarse como una élite natural, y, en realidad, a imaginarse sus riquezas y privilegios como ampliaciones naturales de sus personalidades selectas. En este sentido, la idea de la élite como compuesta de hombres y mujeres que tienen un carácter moral más exquisito constituye una ideología de élite en cuanto estrato gobernante privilegiado, y ello es así ya sea esa ideología obra de la élite misma o de otros”.

Los argumentos presentados por ambos autores permiten comprender el protagonismo social de la élite como el resultado de dos procesos simultáneos; por un lado, su autoconvencimiento de constituir un grupo virtuoso, y por el otro, el refuerzo popular de esta creencia, a través de la convicción de que sus miembros son los únicos capaces de asumir las responsabilidades de gobierno. Si tradicionalmente estos procesos se expresaron mediante la creencia en la investidura divina de los soberanos y de los nobles, actualmente tienden a materializarse en los tecnócratas moralmente intachables.

Considerando que en Chile la educación de mejor calidad se encuentra en manos de instituciones privadas y que no existe un establecimiento de educación superior gratuita, es posible sostener que esta reorientación valórica ha contribuido a reforzar las diferencias sociales entre la élite y el resto de la población. De esta manera, el poder de la élite tiende a reproducirse circularmente porque si la mayor posesión de capital económico permite acceder a la mejor formación académica y ésta, a su vez, es premiada con los puestos de trabajo de mayores responsabilidades e ingresos, no es de extrañar que sus cuotas de poder se mantengan o que incluso, hayan aumentado en el último tiempo.

Los niveles de endogamia y las estrechas relaciones familiares entre los dueños y los altos ejecutivos de las mayores empresas, bancos y corporaciones agrarias del país, parecen probar este supuesto, en la medida que, el valor de los apellidos y la familiaridad siguen siendo criterios relevantes al momento de realizar una contratación o ampliar las redes de poder y parentesco.

Junto con ello, la persistencia de una moral extremadamente católica y un modo de vida rigurosamente conservador, permiten sostener que los modos de distinción de la élite criolla, siguen operando conforme a la lógica del período colonial. El autoconvencimiento de los miembros de este “selecto” grupo respecto de su superioridad moral es el principal argumento para fundamentar sus privilegios. Distinguirse en términos morales tiene implicancias que superan las meras consideraciones valóricas, ya que equivale a un medio que justifica las desigualdades materiales en la sociedad. Ser “moralmente mejor”, otorga el derecho a acceder a la mejor educación y a las mejores ocupaciones, junto con posibilitar las mayores recompensas económicas y todos los beneficios asociados a este estilo de vida.

Ahora bien, la aceptación generalizada de estas diferencias se basa en la legitimidad social con la que cuenta la élite por sus facultades de dominio que, a su vez, son movilizadas para reforzar las diferencias sociales y en consecuencia, distinguir entre semejantes e inferiores, y que estos últimos acríticamente acepten esta aberración como fidedigna.

Tomado de: América Latina en movimiento

La violencia patriarcal como crimen de guerra

1 enero, 2022 admin

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Foto: El Espectador

Por Diana Carolina Alfonso

A principios de la década del ochenta, empezaban a desgastarse gran parte de las puestas dictatoriales que se diseminaron por todo el continente tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. En ese contexto, en 1981 se llevó adelante el Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (EFALC) en Bogotá. El Plan Cóndor, financiado y articulado por el Departamento de Estado norteamericano, había aplastado las salidas revolucionarias por medio de un inusitado ejercicio del terrorismo de estado, coordinado continentalmente. En ese tramo de nuestra historia reciente fueron creadas nuevas formas de guerra y sujeción poblacional. La bandera anticomunista, como fachada de la ideología neocolonial de los Estados Unidos, dio paso a un patriarcado de guerra adiestrado casi uniformemente en la Escuela de las Américas. Por sus aulas han pasado por lo menos 83.000 varones militares latinoamericanos.

El primer EFALC definió conmemorar la lucha de tres mujeres dominicanas asesinadas por una de esas dictaduras conducidas desde los Estados Unidos. Hablamos de las hermanas Mirabal, militantes del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, y del siniestro Rafael Leónidas Trujillo, más conocido como “El Chivo”. Fue así como se estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordemos que un año antes, en 1980, Colombia suscribió a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En lo tocante a los derechos de las mujeres y disidencias, el campo normativo latinoamericano aún se encontraba yermo, aunque el ambiente político, económico y militar, evidenciaba un agravamiento de las condiciones de las mujeres, infancias y disidencias que sobrevivían -y sobreviven- en las periferias de la región. El auge de la concentración agraria en lo que se ha denominado la “Revolución Verde”, no puede entenderse sino es a través de la escritura de la violencia sobre los cuerpos de las campesinas. La reprimarización de nuestras economías es la consecuencia de un proyecto imperialista específico, en el que el patriarcado de guerra ha jugado un papel primordial.

En el marco de la “Revolución Verde” que coincide con el Plan Cóndor, la violencia sexual hacia las infancias y cuerpos feminizados, tomó un cáliz abrumadoramente capitalista. Como en el caso de las hermanas Mirabal, la violencia política de ese patriarcado militarista fue tan sólo una cara del proyecto neocolonial en expansión. De hecho, para la fecha en que se desarrolló el EFALC en Bogotá, ya se había puesto en marcha el Estatuto de Seguridad de Turbay, sin cuya normativa nos sería imposible historizar el advenimiento del paramilitarismo contemporáneo colombiano. Sobre aquella trayectoria mercenaria, se insertaron las estructuras paraestatales que harían de la violencia sexual una fuente de pedagogía de masas, un botín de guerra, y una práctica social genocida tendiente a la rearticulación de las economías locales.

Apropiación y descartabilidad

Según el último informe de Human Right Watch, cerca de 8.5 millones de familias colombianas sufren el desplazamiento forzado. Eso, sin sumar los casi 8 millones más que viven fuera del país. Estamos hablando de alrededor de 17 millones de colombianes que viven en la trashumancia. Las causas estructurales de esa expulsión deben buscarse en la compulsión apropiativa del modelo hacendatario y oligárquico de nuestra república.

La ley de reforma agraria de 1961 propuso un amplio proceso de redistribución agraria con mecanismos como la titulación de tierras baldías a las familias colonizadoras. Hasta 1986 sólo 11,2 por ciento de los adjudicatarios eran mujeres. Recién con la ley de pseudo reforma agraria de 1988 se reconoció el derecho de la mujer a la tierra. En otras palabras, para la época en que se desarrolló el EFALC, el 90% de la titulación de las tierras colonizadas se encontraba en manos de varones campesinos. Si a la masculinización de la propiedad de la tierra sumamos el paramilitarismo contemporáneo, tendremos un panorama más preciso sobre las brechas de género fomentadas por el patriarcado de guerra, solamente en el entorno rural, quizás el más afectado.

En últimas, el desplazamiento forzado, la concentración agraria y el ejercicio masculino de la violencia, se sintetizan en una fórmula en la que ya no solamente se usan los cuerpos como escenarios de apropiación, sino como elementos de descartabilidad. De ahí la radicalización de las tácticas de tortura sobre los cuerpos feminizados. Por este motivo, las violencias contra las mujeres, infancias y disidencias, en los marcos de guerra que vivimos, deben asumirse como crímenes de guerra, nunca más como “crímenes pasionales”.

Normativas, ¿para qué?

Pese a su propia tragedia humanitaria, el Estado colombiano es un fiel firmante de cuanta normativa humanitaria internacional. En nuestro país existen varias leyes que apelan al resarcimiento de las desigualdades históricas entre géneros. La Ley 1257 de 2008 “dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres”, y la promulgación de la Ley 1761 de 2015 o –Ley Rosa Elvira Cely– tipifica el feminicidio como un delito autónomo y dicta otras disposiciones. En medio de los Diálogos de Paz, se constituyó la Ley 1719, que “garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial cuando se da con ocasión del conflicto armado”.

No obstante la normativa, es evidente que el Estado no presta ninguna garantía para su aplicabilidad.

El caso de la periodista Jineth Bedoya, en el que se responsabiliza a agentes del Estado por persecución, tortura y violación, dejó en evidencia la falta de pericia institucional, la complicidad y el talante revictimizador de los garantes del orden. Según la misma Corte IDH, en la que se llevaron adelante las audiencias del proceso, los protocolos y ordenamientos jurídicos expuestos por la representante de la Fiscalía, María Ospina, no son operativos ni conducentes.

La cohabitación entre el Estado y las estructuras militares y económicas al margen de la ley se expresa en la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones estatales. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 27.000 mujeres y personas LGBT+ víctimas de violencia sexual. Empero, la Corte Constitucional reconoció, en el 2015, que la impunidad en el sistema de justicia ronda el 98 por ciento. Además de la desconfianza, el subregistro devela el efecto de la revictimización.

Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que la Ley de Justicia y Paz, o Ley 975, para la desmovilización del paramilitarismo durante el gobierno Uribe, no brindó herramientas para la reparación integral de las víctimas. Por el contrario, la metodología de las salas penales puso en primera escena el relato de los victimarios.

En estas condiciones la salida sólo puede ser colectiva y feminista. Es decir, hermanada y activa.

Tomado de: América Latina en movimiento

Leonard Peltier: El preso político con más años de encarcelamiento en Estados Unidos

25 noviembre, 2021 admin

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Leonard Peltier, preso político con más años de encarcelamiento en los Estados Unidos

Por Jennifer Bendery

El FBI puso al activista nativo americano tras las rejas hace 44 años basándose en mentiras, amenazas y sin pruebas de que cometió un delito. ¿Por qué sigue ahí?

Leonard Peltier ha estado en prisión durante 44 años por un crimen que dice que no cometió. Su juicio estuvo mal conducido y plagado de faltas y errores que nunca se sostendrían hoy en un tribunal de los propios Estados Unidos. Los fiscales ocultaron pruebas claves. El FBI amenazó y obligó a los testigos a mentir. Un miembro del jurado admitió que estaba en contra de la raza de Peltier en el segundo día del juicio, pero se le permitió quedarse de todos modos.

Nunca hubo pruebas de que asesinara a dos agentes del FBI durante ese tiroteo de 1975 en la reserva Pine Ridge en Dakota del Sur. Pero el FBI necesitaba a alguien que asumiera la responsabilidad. La agencia acababa de perder a dos agentes y los coacusados de Peltier fueron absueltos en base a la defensa propia. Esto sucedía cuando el FBI alimentaba las tensiones en la reserva como parte de una campaña encubierta para reprimir las actividades del Movimiento Indígena Estadounidense, o AIM, un grupo de activistas de base centrado en llamar la atención sobre las violaciones de los derechos de los tratados federales, la discriminación y la brutalidad policial dirigidos contra los nativos americanos.

Peltier, miembro de AIM, estuvo allí ese día. Por lo tanto, basado completamente en el testimonio de personas que habían sido amenazadas e intimidadas por el FBI, y que operaba dentro de un sistema de justicia penal de la década de 1970 inclinado a favor del gobierno de los EE. UU. y en contra de los activistas de los derechos indígenas como Peltier, la Oficina del Fiscal de EE. UU. lo acusó con éxito de asesinato.

Según todas las apariencias, el FBI quiere que Peltier muera en prisión mientras cumple dos cadenas perpetuas.

Pero Peltier todavía está vivo, ahora tiene 77 años y está enfermo en una penitenciaría de Florida. Es quizás el prisionero político más antiguo de Estados Unidos, un vestigio de una era de justicia diferente. Aquí, en 2021, su historia todavía mueve a cientos de miles de personas a firmar peticiones en apoyo de su liberación. Una asombrosa mezcla de líderes de derechos humanos ha instado a su liberación a lo largo de los años, incluidos el Papa Francisco, el Dalai Lama, la Madre Teresa, Nelson Mandela y Coretta Scott King. Artistas destacados como Willie Nelson, Bonnie Raitt, Jackson Browne y Rage Against The Machine han realizado conciertos en su nombre. Los líderes tribales electos y el Congreso Nacional de Indios Americanos han aprobado resoluciones en las que instan al indulto.

Y ahora, con Joe Biden en la Casa Blanca, sus partidarios sienten una renovada esperanza de que Peltier pueda, por fin, tener la oportunidad de vivir sus últimos años como hombre libre.

Biden ha demostrado su voluntad de abordar las injusticias pasadas contra los nativos americanos. Ha convertido en una prioridad examinar la desagradable historia de los internados indios del gobierno de los Estados Unidos, proteger los sitios sagrados indígenas y los recursos culturales, y abordar la crisis de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Canceló el oleoducto Keystone XL, una gran victoria para las tribus nativas americanas y los ambientalistas.

También eligió a Deb Haaland para dirigir el Departamento del Interior, convirtiéndola en la primera indígena secretaria del gabinete de gobierno de la nación. Haaland abogó por la liberación de Peltier de la prisión en su papel anterior como congresista estadounidense.

Para los seguidores de Peltier como James Reynolds, todos estos son motivos de esperanza. Reynolds fue el fiscal de los Estados Unidos que ayudó a poner a Peltier en prisión en la década de 1970. En una carta extraordinaria de julio a Biden que no se ha hecho pública hasta ahora, Reynolds dice que se ha dado cuenta a lo largo de los años de lo injusto que fue el juicio de Peltier, y que haría justicia dejarlo irse a casa.

“Escribo hoy desde una posición poco común para un ex fiscal: suplicarle que conmute la sentencia de un hombre a quien ayudé a poner tras las rejas”, escribió. “Con el tiempo, y el beneficio de la retrospectiva, me he dado cuenta de que el enjuiciamiento y el encarcelamiento continuo del Sr. Peltier fue y es injusto. No pudimos probar que el Sr. Peltier cometió personalmente ningún delito en la Reserva Pine Ridge».

Reynolds le ruega a Biden que conceda el indulto a Peltier como un paso hacia la curación de «la relación rota» entre los nativos americanos y el gobierno de Estados Unidos.

«Le insto a trazar un camino diferente en la historia de la relación del gobierno con sus pueblos nativos a través de una muestra de misericordia en lugar de una indiferencia continua», dijo. «Le insto a que dé un paso hacia la curación de una herida en la que yo participé».

Aquí hay una copia de la carta de Reynolds:

Los miembros del Congreso también esperan que Biden libere a Peltier. El mes pasado, el representante Raul Grijalva (D-Ariz.) encabezó a otros 10 demócratas de la Cámara de Representantes en una carta al presidente y al fiscal general Merrick Garland instando a una liberación acelerada de Peltier. Señalan que Peltier tiene serios problemas de salud con diabetes y un aneurisma aórtico abdominal.

«Dado el impacto sin precedentes de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, así como las condiciones de salud y la edad subyacentes del Sr. Peltier, solicitamos que se tomen medidas inmediatas para liberarlo de la custodia federal», se lee en su carta. «Señor. Peltier aún no ha recibido un juicio justo que esté libre de violaciones constitucionales. Ha cumplido más de 43 años en el sistema penitenciario federal, algunos de los cuales han estado en confinamiento solitario. El apoyo a la solicitud de clemencia del Sr. Peltier es a la vez generalizado y firme».

Grijalva le dijo al HuffPost que Peltier ha sido castigado por mantener su inocencia. Tenía la oportunidad de ser liberado en 2009 cuando estaba en libertad condicional, pero le habría obligado a admitir que asesinó a los dos agentes del FBI.

No lo haría. Se le negó la libertad condicional.

“Cualquier castigo que se suponía que se le iba a imponer a Leonard ya se ha cumplido. Está hecho”, dijo el congresista de Arizona. “El hecho de que se haya aferrado a su inocencia no debería ser una razón para negar esto. Ha sido constante sobre su posición desde el principio, desde que fue arrestado hasta encarcelado hasta el día de hoy».

Los hechos pueden estar del lado de Peltier. Biden puede ser el presidente más receptivo hasta ahora en pedir que se ponga fin al encarcelamiento de Peltier. Pero todavía existe este problema persistente con su caso: nadie en los escalones superiores del gobierno de los Estados Unidos parece querer hablar de ello.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre si Biden consideraría el indulto para Peltier.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.

El FBI se negó a comentar.

La pregunta más obvia sigue siendo la más simple: ¿por qué Leonard Peltier sigue en prisión?

“Esa es la pregunta de los $ 64,000”, dijo Kevin Sharp, quien es el abogado pro bono de Peltier. «Es por eso que me duele la cabeza tratando de resolver esto».

Sharp no supo quién era Peltier hasta hace unos años. Un ex juez de la corte de distrito de los EE. UU. Él es un ex Juez de una corte de distrito designado por el presidente Barack Obama, había estado en el cargo durante seis años cuando renunció en 2017 por su disgusto con las leyes de sentencia obligatoria que lo obligaban a encarcelar a personas que de otra manera no habría encarcelado en absoluto. Se dio la vuelta y se convirtió en el abogado de una de las personas que acababa de encarcelar.

En un giro inesperado de los acontecimientos, se conectó con Kim Kardashian West y consiguió una reunión con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval, donde presionaron a Trump para que concediera el indulto a dos personas en cuyos casos se habían involucrado. Ambas personas por las que abogaba fueron liberados, y no pasó mucho tiempo antes de que la historia fuera noticia nacional de modo que el teléfono de Sharp no paraba de sonar con personas que pedían ayuda con casos de clemencia.

Una de las personas que se acercó fue la ex esposa de Willie Nelson, Connie Wilson, una simpatizante de Peltier desde hace mucho tiempo. Le envió a Sharp un paquete de materiales sobre el caso de Peltier, un paquete que era tan grande que Sharp se sentó y comenzó a revisarlo por curiosidad. Ocho horas más tarde, después de estudiar detenidamente las transcripciones del juicio, los recortes de periódicos y las opiniones del caso, Sharp dijo que estaba «anonadado» por todos los problemas con el caso de Peltier.

“Esto está tan plagado de acciones y conductas impropias y decisiones judiciales rotundas que nunca sucederían hoy”, dijo Sharp. “Retenían pruebas balísticas que demostraban que no era el arma de Leonard. Como mínimo, se habría necesitado tener otro juicio… Ni siquiera habrían obtenido una acusación formal porque no tenían pruebas, a excepción de tres niños presionados para decir que lo vieron. Se retractaron de toda esa evidencia. Y dijeron que estaban amenazados».

También había un elemento más oscuro en el caso. Entre los documentos que recibió Sharp se encontraba un memorando interno del FBI, obtenido a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, que ordenaba a los fiscales estadounidenses que pusieran todos sus recursos en condenar a Peltier. Todos sus coacusados fueron absueltos. El FBI necesitaba a alguien para ir a prisión. Peltier era la única persona que quedaba para ensañarse.

Otro memorando del FBI expuso la estrategia más amplia de la oficina para reprimir AIM, que es lo que llevó al tiroteo en primer lugar. El plan de la agencia era «acosar, arrestar y acusar continuamente» a los miembros de AIM para mantenerlos atados en la corte, dijo Sharp, para que «no puedan protestar por su propio trato».

Los miembros de AIM que operan desde la reserva Pine Ridge estaban apoyando a los miembros de las tribus locales para exigir al gobierno de los EE. UU. que les devolvieran sus tierras y el FBI quería que se detuvieran sus reclamos, incluso si eso significaba incitar a la violencia. El FBI estaba ayudando al presidente de la tribu, que era corrupto y trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos para sus propios fines, a llevar a cabo actos de violencia contra los miembros de AIM.

«Parte de lo que está sucediendo es una política de exterminio», dijo Sharp. “Estamos tomando su tierra, sus minerales. Vamos a deshacernos de ti por completo… Eso es lo que lo inició. Eso es lo que estaba ejecutando la contrainteligencia».

El caso de Peltier también estaba sucediendo pocos años después del reinado de J. Edgar Hoover en el FBI, una era marcada por sus secretos abusos de poder y tácticas destinadas a acosar a activistas políticos en un esfuerzo por acumular archivos secretos sobre líderes políticos.

Al conectar todos estos puntos, Sharp dijo que tenía que aceptar el caso de Peltier.

“Estoy leyendo todo esto como un juez federal que dice: ‘Dios mío, todo esto está probado’”, dijo. “Vuelvo con Connie Nelson y le digo: ‘Sí, te ayudaré. Lo haré pro bono. … Esto es demasiado importante. Ya no se trata de un indio. Se trata de la Constitución».

Entonces, ¿por qué, nuevamente, Peltier sigue en prisión, a pesar de todas las pruebas condenatorias que se alinean a favor de su condena injusta?

«Política», dijo Sharp. “Para obtener el indulto, es necesario que el FBI participe. Tienen un conflicto inherente. Tiene que conseguir que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos participe. Mintieron para meterlo en la cárcel. Tienen un conflicto inherente. No van a decir ‘Ups, lo siento».

«Es este vestigio del FBI», agregó.

Sharp presentó la petición de indulto de Peltier ante el gobierno de Biden en julio.

No ha recibido ninguna respuesta.

HuffPost habló con varias personas que han desempeñado un papel combatiendo o preservando del encarcelamiento de Peltier a lo largo de los años: abogados internacionales de derechos humanos, funcionarios de alto nivel de la administración Obama, aliados de Peltier desde hace mucho tiempo, y todos señalaron la misma razón para que permanezca en prisión: resistencia del FBI.

Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional EE. UU., dijo que él y sus colegas quedaron «completamente sorprendidos» cuando Obama se negó a conceder el indulto a Peltier al final de su presidencia. Amnistía Internacional Estados Unidos dedicó toda una campaña a la liberación de Peltier y creía que Obama cumpliría.

«Realmente creo que es el peso que tienen el FBI y el Departamento de Justicia lo que impide que los presidentes otorguen el indulto», dijo Mazzola, sugiriendo que el caso de Peltier genera banderas rojas y alertas especiales. «No solo porque fue condenado por matar a 2 agentes del FBI, sino que todos estos problemas en el juicio se reducen a problemas del FBI y los fiscales estadounidenses que estuvieron involucrados en su caso».

«Es una parodia de la justicia», agregó.

Yendo más atrás, algunos de los partidarios de Peltier dicen que el presidente Bill Clinton parecía dispuesto a conceder el indulto a Peltier hasta que el FBI señaló que le causaría problemas.

«Nos dijeron en ese momento que los Clinton estaban agonizando, que la noche antes de dejar el cargo, estaba agonizando por el caso Peltier», dijo Jack Magee, un viejo amigo de Peltier y organizador del Comité Internacional de Defensa Leonard Peltier, un eje de comunicación entre Peltier y el público, los líderes políticos y tribales y los medios de comunicación. «A la mañana siguiente, el nombre de Leonard desapareció [de la lista de indultos]».

Días antes, el liderazgo del FBI había señalado en silencio la aprobación de casi 500 empleados activos y retirados del FBI que se reunían frente a la Casa Blanca para protestar por la posible liberación de Peltier por parte de Clinton. Eso, en sí mismo, fue una ruptura impresionante con la disciplina.

«Creo que Bill Clinton quería liberar a Leonard», dijo Magee. “Pero [el FBI] tenía elementos que podían usar contra él. Tenía la opción de, ‘Ve y vive una buena vida, obtén un cuarto de millón de dólares por un buen discurso, o haz esto y te lastimaremos, te haremos la vida miserable’ «.

Sharp estaba presionando fuertemente a Trump para que liberara a Peltier en sus últimos días en la Casa Blanca. Incluso tenía colegas hablando por teléfono con Jared Kushner e Ivanka Trump una mañana, y dijo que estaba «buscando cualquier cosa para apalancar» para defender su caso a favor de Peltier. Pero dejó de recibir llamadas al mediodía.

Y al igual que sus predecesores en la Casa Blanca, Trump finalmente se desentendió del asunto.

La resistencia del FBI a liberar a Peltier no parece haber cambiado mucho en cuatro décadas, pero la cultura y las actitudes a su alrededor sí lo han hecho.

El asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter han forzado conversaciones sobre los problemas fundamentales de la nación con el racismo y la aplicación de la ley. En una época de profunda polarización política en el Congreso, la reforma de la justicia penal cuenta con un fuerte apoyo de ambas partes. El presidente de los Estados Unidos está dando pasos históricos importantes para rectificar las injusticias pasadas contra los nativos americanos y ha realizado importantes contrataciones de indígenas dentro de su administración.

En todo caso, el activismo de Peltier de hace décadas ha cerrado el círculo.

“Absolutamente”, dijo Grijalva. “Por lo que se estaba luchando, para definir la historia en términos indígenas, no solo en términos de los blancos, esa era la batalla. Y eso continúa».

Pero todavía hay un hombre en la cárcel que no debería estar allí. Y dada su mala salud, la última oportunidad de Peltier a la libertad casi con certeza recae en Biden.

«Está fuera de las apelaciones», dijo Mazzola de Amnistía Internacional. «No tiene oportunidades reales».

HuffPost solicitó una entrevista con Peltier, ya sea por teléfono o en persona en su prisión. Pero Sharp dijo que es la Oficina Federal de Prisiones tiene que darle permiso a Peltier para hablar con los reporteros, y ello es «casi imposible» lograrlo.

Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones no respondió de inmediato a la solicitud de HuffPost de una entrevista.

Reynolds, el ex fiscal federal, dijo que sigue pensando en cómo Peltier fue acusado de asesinato por estar presente durante una escena violenta en la que murieron personas, las mismas circunstancias para cientos de partidarios de Trump durante el ataque al Capitolio el 6 de enero, excepto que todos simplemente se fueron después a casa.

No puede deshacerse de la injusticia de todo esto. Y el racismo que hay debajo.

«¿Por qué no todos los alborotadores del 6 de enero están acusados de asesinato? Estaban todos ahí. La gente fue asesinada. ¿Cuál es la diferencia?» preguntó. «Leonard al menos tenía un argumento más legítimo que presentar, que estaba protestando por la conducta del gobierno y su trato a los indios».

Reynolds dijo que no ha hablado con Peltier desde que ayudó a ponerlo en prisión hace tantos años. Cuando se le preguntó qué le diría ahora, si pudiera decir algo, se quedó callado. «Lo siento», dijo finalmente Reynolds. «Lamento no poder convencer a nadie más de que deberías poder ir a casa y morir».

Jennifer Bendery es reportera política senior del HuffPost. Ha cubierto el Congreso y la Casa Blanca para el HuffPost desde abril de 2011.

Tomado de: América Latina en movimiento

Ese oro que sangra en vez de brillar

23 noviembre, 2021 admin

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Extracción de oro en la Amazonía peruana causa la pérdida de 4.437 hectáreas de bosque por año

Por Sergio Ferrari

Cada año se extraen 3.300 toneladas de oro a nivel mundial. El 49% del mismo se utiliza para fabricar relojes y joyas, un 29% como inversión, 15% lo compran los bancos centrales y el 7% restante se destina para dispositivos técnicos.

Su precio explota. La segunda semana de noviembre alcanzó el récord de los últimos seis meses. Los últimos días su precio oscilaba en los 1.875 dólares estadounidenses por onza.

Entre el 50% y el 70% del total global se refina en Suiza. De las siete mayores procesadoras a escala internacional, cuatro residen en ese país alpino, no sólo el segundo importador mundial, sino también el mayor exportador de este metal precioso, aunque no cuente ni con un solo yacimiento dentro de sus fronteras.

Es síntesis, la mayor parte del oro que circula por el mundo, pasa por Suiza. Llega sin refinarse y parte con deslumbrante “pureza”. Un negocio que le representa entre 70.000 y 90.000 millones de francos anuales (1 franco = 1,09 dólares estadounidense). Si bien se extrae oro al menos en 90 países, prácticamente la mitad de todas las importaciones del metal procesado y refinado en Suiza provienen de Gran Bretaña, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong. Paradójicamente, ninguna de esas naciones cuenta con extracción nacional. Por otra parte, una cantidad significativa llega de países productores cuyas economías dependen, en gran medida, de su exportación, como Burkina Faso, Ghana, Mali y Perú, entre otros.

Según un informe oficial de la Oficina Federal de Aduanas de Suiza, en 2017 este país importó 2.404 toneladas métricas de oro, con un valor aproximado de 70.000 millones de francos suizos. Ese mismo año exportó oro por un valor de 67.000 millones de francos suizos. Es otras palabras, en 2017 el tráfico de oro representó el nada despreciable 24% de las exportaciones y el 31% de las importaciones helvéticas. Para contextualizar estas cifras, en ese mismo periodo, la industria relojera helvética exportó por 20.000 millones de francos, lo que equivaldría a unos 24 millones de relojes.

Las ventajas fiscales también influyen en la importación del metal precioso, debido a que en este país no se aplican impuestos al oro adquirido como inversión ni a las monedas de oro importadas ni al oro procesado. Las aleaciones con otros metales también pueden declararse como oro y, en consecuencia, eximirse de impuestos. Tal es el caso de la plata, que, aunque sólo contiene un 2% del metal precioso, puede importarse libre de tasas.

Sangra la tierra

Aunque todas estas cifras son públicas, el informe The Impact of Gold, (El Impacto del Oro) que publicó la segunda semana de noviembre la organización WWF Suiza (World Wide Fund for Nature – Fondo Mundial para la Naturaleza) les da nueva relevancia.

El camino del oro desde la mina hasta nuestro país —sostiene dicho informe— “es especialmente problemático. Suele ser opaco y difícil de rastrear porque los intermediarios mezclan ese mineral proveniente de diferentes fuentes”. Sin trazabilidad —concluye el informe— “no se puede descartar que el metal utilizado fue producido en condiciones sociales y ecológicas inaceptables”. https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-11/2021_11_WWF_The%20Impact%20of%20Gold.pdf

La publicación de WWF Suiza sistematiza conceptos y constataciones.

El oro se extrae a menudo en condiciones sociales y ecológicas deplorables, con consecuencias nefastas para el medio ambiente y las poblaciones locales.

Abrir nuevas minas y construir las infraestructuras necesarias requiere grandes superficies. Ahí donde se descubren vetas se talan enormes extensiones de bosque, muchas veces de forma ilegal. Sólo en Brasil, su extracción supone la destrucción anual de una superficie natural del tamaño de 14.000 campos de fútbol.

Por otra parte, su extracción requiere casi sistemáticamente productos químicos altamente tóxicos, como el mercurio y el cianuro. Estas sustancias se expanden en el aire, el suelo y el agua. En consecuencia, la biodiversidad se resiente, así como la salud de la población local. Entre otras enfermedades, dichos venenos pueden causar ceguera, daños cerebrales, tumores y malformaciones fetales.

La recuperación del oro tiene, además, un impacto directo en la calidad y la disponibilidad del agua en las regiones afectadas. Finalmente, son evidentes los efectos nocivos sobre el clima, debido al alto consumo de energía ya que la producción de un kilo de oro genera unas 12 toneladas de emisiones de CO2.

La organización ambientalista WWF Suiza subraya que, junto con el enorme impacto medioambiental, la extracción suele asociarse con condiciones laborales deplorables, esclavitud, tráfico de personas, trabajo infantil y prostitución forzada. Muchas veces los pueblos indígenas o las comunidades autóctonas son expulsados de sus tierras, ahora convertidas en yacimientos a cielo abierto.

La dramática Amazonia peruana

Hacia mediados del 2019, Perú exportaba unas 60 toneladas de oro producido ilegalmente en su suelo, gran parte del cual iba directamente a las refinerías suizas. La región de Madre de Dios (con Puerto Maldonado como capital), en la Amazonia peruana, es históricamente uno de los principales centros de extracción aurífera del país sudamericano.

Un reciente reportaje de la agencia española de noticias EFE señala que “desde el aire, el paisaje es desolador: allí donde antes hubo bosque amazónico, ahora rebosan cráteres de fango, árboles talados y arenales yermos tapizados en mercurio y morralla. Un páramo depredado por la *fiebre del oro* aluvial, que a ras de suelo creó un infierno clandestino y sin ley en la selva peruana. Se trata de La Pampa —entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica—, un territorio dentro del escudo protector de la reserva nacional de Tambopata que durante años ha sido el epicentro de la minería ilegal en la región peruana de Madre de Dios, y en donde este suculento negocio, más rentable que la cocaína, arrebató en las últimas décadas 25.000 hectáreas de una de las selvas con más biodiversidad del planeta”.

Dicho reportaje, elaborado in situ, señala que “hoy a pesar de los esfuerzos millonarios destinados a echar a los mineros ilegales de la zona, el flagelo sigue en brasas, el desastre ambiental intacto, y la trata de personas, el sicariato y la explotación laboral y sexual continúan proliferando como efectos colaterales de esta tragedia. Allí se extiende una suerte de poblado sin nombre, en donde hoy viven unas 40.000 personas dedicadas a actividades vinculadas a la minería ilegal. En esta ciudad improvisada escasean los lujos, pero sobran hoteles, restaurantes, bares y, sobre todo, prostitución, al más puro estilo del ‘salón’ de las películas de vaqueros”.

En Madre Dios se produce el 70% del oro artesanal de Perú, que es el primer productor de oro de Latinoamérica y el 5to a nivel mundial. En Madre de Dios, el 70% de la economía tiene que ver con la minería, pero solo el 10% es legal.

A comienzos del 2019, el Gobierno peruano puso en marcha la Operación Mercurio en la región de La Pampa, un mega operativo para tratar de erradicar las actividades no legales. Según la publicación digital peruana Actualidad Ambiental, si bien se ha logrado reducir la minería ilegal en un 98%, existe evidencia de que la misma ha migrado a áreas circundantes.

A pesar de más de 700 operativos policiales en menos de dos años y de la expulsión de 25.000 mineros ilegales, un informe de Monitoreo de Deforestación en la Amazonía indica que, tras el inicio de la Operación Mercurio, 1.100 nuevas hectáreas quedaron deforestadas debido a la actividad aurífera, y se constató la aparición de seis nuevos puntos de extracción no autorizada: Pariamanu, La Pampa (en dos zonas ubicadas al norte de dicha región), Camanti, Chaspa (Puno) y Apaylon. En síntesis, toda política represiva de estas actividades cuando no van acompañadas de propuestas productivas y de reinserción laboral parece estar condenadas al fracaso.

Autocrítica helvética

El Consejo Federal suizo (poder ejecutivo colegiado) “es consciente de que existe el riesgo de que se importe en Suiza oro extraído ilegalmente, con las posibles violaciones de los derechos humanos que esto representa”.

Así lo afirman las autoridades federales en el informe “Comercio de oro producido en violación de derechos humanos”, presentado ante el parlamento a fines de 2019, como respuesta a una interpelación que cuatro años antes presentó el senador nacional ecologista Luc Recordon.

El Gobierno le encargó a un grupo independiente que realizara un análisis del sector del oro en Suiza, sus principales actores y los posibles riesgos y desafíos. Como parte de este proceso, el grupo se puso en contacto con representantes del sector privado y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) activas en derechos humanos, medio ambiente y cooperación al desarrollo.

El informe acepta como probable que las actividades de las empresas en toda la actividad aurífera tengan repercusiones negativas en una amplia gama de derechos humanos, como: maltrato de los trabajadores y violaciones de la legislación laboral, en particular en lo que se refiere a condiciones de trabajo seguras y saludables y a una remuneración que proporcione una vida digna. También reconoce posibles violaciones del modo de vida tradicional de los pueblos indígenas, su autodeterminación y sus tierras. Así como impactos negativos en las comunidades locales: reasentamiento y desplazamiento forzado, violación de los derechos de propiedad, de la libertad de asociación y de opinión y expresión.

El informe habla de los eventuales daños al medio ambiente y no excluye la posibilidad que las empresas auríferas cometan violaciones contra el estado de derecho. Finalmente, el Gobierno recomienda asegurar mayor transparencia en todas las actividades relacionadas con el oro que llega a Suiza. Recomienda, además, estimular a las asociaciones involucradas en la industria y el comercio del metal (por ejemplo, la Asociación Suiza de Fabricantes y Comerciantes de Metales Preciosos y la Swiss Better Gold) a que mejoren la manera como operan y a entablar un diálogo con las ONG interesadas en los desafíos pendientes en este sensible sector de la economía helvética.

Entre las recomendaciones de su informe de noviembre, WWF reclama leyes que obliguen a las empresas con sede en Suiza que compran y procesan oro a cumplir normas sociales y ecológicas mínimas y hacer público su comportamiento. Y llama a los consumidores a que asuman actitudes más responsables al adquirir productos que contienen oro. Ciertos sellos de calidad existentes como FairTrade y FairMined contribuyen a promover una extracción más responsable y transparente y a minimizar la potencial destrucción futura del medio ambiente.

500 años después, las carabelas repletas de metales preciosos provenientes del Nuevo Mundo se ven reemplazadas por buques o aviones de carga que llegan a destinos europeos. Se les agregan otros, provenientes de África y de Asia. Una gran parte del oro importado por Viejo Mundo desemboca en las sofisticadas refinerías de Suiza, principal plataforma giratoria del comercio mundial. Casi todo legal, aunque no siempre justo y, por eso mismo, tampoco ético.

Tomado de: América Latina en movimiento

Masacre que no se filtra, no existe

19 noviembre, 2021 admin

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Alepo, Siria. Foto: Natalia Sancha (España)

Por Jorge Majfud

“Si las guerras pueden comenzar con mentiras, la paz bien puede comenzar con la verdad”. Julian Assange.

El 8 de marzo de 2019, los analistas de un comando militar estadounidense localizado en la millonaria península de Catar, se encontraban observando una calle de un pueblo pobre en Siria a través de imágenes de alta definición captadas por un dron inteligente. En la conversación que quedó grabada, los analistas reconocieron que la multitud estaba compuesta mayormente por niños y mujeres. A un costado, un hombre portaba un arma, pero todo parecía desarrollarse de forma tranquila. Hasta que una bomba de 220 kilogramos fue arrojada desde un poderoso F-15E, justo sobre la multitud. Doce minutos más tarde, cuando los sobrevivientes de la primera bomba comenzaban a correr o a arrastrarse, el mismo avión arrojó dos bombas más, esta vez de una tonelada de explosivos cada una y a un costo de un millón de dólares por explosión.

A 1870 kilómetros, en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del ejército estadounidense en la base de Al Udeid en Catar, los oficiales observaron la masacre en vivo. Alguien en la sala preguntó, sorprendido, de dónde había partido la orden.

Al día siguiente, los observadores civiles que llegaron al área encontraron casi un centenar de cuerpos destrozados de niños y mujeres. La organización de derechos humanos Raqqa Is Being Slaughtered publicó algunas fotos de los cuerpos, pero las imágenes satelitales sólo mostraron que donde cuatro días atrás había un barrio modesto sobre el río Eufrates y en un área bajo el control de la “coalición democrática”, ahora no quedaba nada. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de estados Unidos se negó a explicar el misterio.

Luego se supo que la orden del bombardeo había procedido de un grupo especial llamado “Task Force 9”, el cual solía operar en Siria sin esperar confirmaciones del comando. El abogado de la Fuerza Aérea, teniente coronel Dean W. Korsak, informó que muy probablemente se había tratado de un “crimen de guerra”. Al no encontrar eco entre sus colegas, el coronel Korsak filtró la información secreta y las medidas de encubrimiento de los hechos a un comité del Senado estadounidense, reconociendo que, al hacerlo, se estaba “poniendo en un serio riesgo de represalia militar”. Según Korsak, sus superiores se negaron a cualquier investigación. “La investigación sobre los bombardeos había muerto antes de iniciarse”, escribió. “Mi supervisor se negó a discutir el asunto conmigo”.

Cuando el New York Times realizó una investigación sobre los hechos y la envió al comando de la Fuerza Aérea, éste confirmó los hechos pero se justificó afirmando que habían sido ataques necesarios. El gobierno del presidente Trump se refirió a la guerra aérea contra el Estado Islámico en Siria como la campaña de bombardeo más precisa y humana de la historia.

El 13 de noviembre el New York Times publicó su extensa investigación sobre el bombardeo de Baghuz. De la misma forma que esta masacre no fue reportada ni alcanzó la indignación de la gran prensa mundial, así también será olvidada como fueron olvidadas otras masacres de las fuerzas de la libertad y la civilización en países lejanos.

El mismo diario recordó que el ejército admitió la matanza de diez civiles inocentes (siete de ellos niños) el 10 de agosto en Kabul, Afganistán, pero este tipo de reconocimiento público es algo inusual. Más a menudo, las muertes de civiles no se cuentan incluso en informes clasificados. Casi mil ataques alcanzaron objetivos en Siria e Irak solo en 2019, utilizando 4.729 bombas. Sin embargo, el recuento oficial de civiles muertos por parte del ejército durante todo el año es de solo 22. En cinco años, se reportaron 35.000 ataques pero, por ejemplo, los bombardeos del 18 de marzo que costaron la vida a casi un centenar de inocentes no aparecen por ninguna parte.

En estos ataques, varias ciudades sirias, incluida la capital regional, Raqqa, quedaron reducidas escombros. Las organizaciones de derechos humanos informaron que la coalición causó miles de muertes de civiles durante la guerra, pero en los informes oficiales y en la prensa influyente del mundo no se encuentran, salvo excepciones como el de este informe del NYT. Mucho menos en los informes militares que evalúan e investigan sus propias acciones.

Según el NYT del 13 de noviembre, la CIA informó que las acciones se realizaban con pleno conocimiento de que los bombardeos podrían matar personas, descubrimiento que podría hacerlos merecedores del próximo Premio Nobel de Física.

En Baghuz se libró una de las últimas batallas contra el dominio territorial de ISIS, otro grupo surgido del caos promovido por Washington en Medio Oriente, en este caso, a partir de la invasión a Irak lanzada en 2003 por la santísima trinidad Bush-Blair-Aznar y en base a las ya célebres mentiras que luego vendieron como errores de inteligencia. Guerra que dejó más de un millón de muertos como si nada.

Desde entonces, cada vez que se sabe de alguna matanza de las fuerzas civilizadoras, es por alguna filtración. Basta con recordar otra investigación, la del USA Today que hace dos años reveló los hechos acontecidos en Afganistán el 22 de agosto de 2008. Luego del bombardeo de Azizabad, los oficiales del ejército estadounidense (incluido Oliver North, convicto y perdonado por mentirle al Congreso en el escándalo Irán-Contras) informaron que todo había salido a la perfección, que la aldea los había recibido con aplausos, que se había matado a un líder talibán y que los daños colaterales habían sido mínimos. No se informó que habían los habían recibido a pedradas, que habían muerto decenas de personas, entre ellos 60 niños. Un detalle.

Mientras tanto, Julian Assange continúa secuestrado por cometer el delito de informar sobre crímenes de guerra semejantes. Mientras tanto los semidioses continúan decidiendo desde el cielo quiénes viven y quiénes mueren, ya sea desde drones inteligentes o por su policía ideológica, la CIA. Este mismo mes, la respetable cadena de radio estatal de Estados Unidos, NPR (no puedo decir lo mismo de la mafia de las grandes cadenas privadas), ha reportado que hace un año la CIA debatió entre matar o secuestrar a Julian Assange.

La conveniente, cobarde y recurrente justificación de que estos ataques se tratan de actos de “defensa propia” es una broma de muy mal gusto. No existe ningún acto de defensa propia cuando un país está ocupando otro país y bombardeando inocentes que luego son etiquetados como “efectos colaterales”.

Está de más decir que ninguna investigación culminará nunca con una condena efectiva a los responsables de semejantes atrocidades que nunca conmueve a las almas religiosas. Si así ocurriese, sólo sería cuestión de esperar un perdón presidencial, como cada mes de noviembre, para Acción de Gracias, el presidente estadounidense perdona a un pavo blanco, justo en medio de una masacre de millones de pavos negros.

Nadie sabe y seguramente nadie sabrá nunca los nombres de los responsables de esta masacre. Lo que sí sabemos es que en unos años volverán a su país y lucirán orgullosas medallas en el pecho que sólo ellos saben qué significa. Sabemos, también, que al verlas muchos patriotas les agradecerán “por luchar por nuestra libertad” y les darán las gracias “por su sacrificio protegiendo este país”. Muchos de estos agradecidos patriotas son los mismos que flamean la bandera de la Confederación en sus 4×4, el único grupo que estuvo a punto de destruir la existencia de este país en el siglo XIX para mantener “la sagrada institución de la esclavitud”.

Tradición que nunca murió. Sólo cambió de forma.

Tomado de: América Latina en movimiento

El pensamiento del Libertador: economía y sociedad

17 noviembre, 2021 admin

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Simón Bolívar. (1783 -1830) fue un militar, estratega, estadista y político venezolano conocido en América como El Libertador.

Por Pasqualina Curcio Curcio @pasquicurcio

La mayor confiscación que se haya conocido en la historia de Venezuela la realizó Simón Bolívar durante la Guerra de Independencia. El 3 de septiembre de 1817 promulgó el Decreto sobre Secuestro y Confiscación de Bienes de los españoles y el 10 de octubre del mismo año decretó la Ley de Repartición de Bienes Nacionales de la República. Confiscó tanto los bienes públicos de la Corona Española como los privados de los realistas y los pasó a la República y al pago de los haberes militares. Hasta el oro y la plata que se encontraba en los templos religiosos los dispuso para el ejército patriota.

Las tierras fueron expropiadas y luego distribuidas a la población indígena. El 15 de octubre de 1818, Bolívar promulgó un decreto mediante el cual reconocía los derechos de propiedad sobre las tierras por parte de la población indígena y estableció que se le devolviesen “a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores”.

El pensamiento económico de nuestro Libertador Simón Bolívar ha sido un aspecto poco estudiado de su vida y obra. Su doctrina en esta materia, verdaderamente revolucionaria para su época y aún con plena vigencia, nos la muestra, de manera magistral Luis Britto García en su extraordinario libro titulado “Pensamiento del Libertador. Economía y Sociedad” publicado por el Centro de Estudios Simón Bolívar, el cual reseñamos brevemente en estas líneas.

El libro, de obligatoria lectura, es el resultado de una investigación cuidadosa y de un formidable esfuerzo de recopilación y sistematización de documentos y registros que, aunado a la magia de la pluma de Luis Britto, nos lleva en un asombroso viaje hasta la guerra de independencia para conocer, sentir y vivir, junto con Bolívar, sus ideas, decisiones y acciones en materia económica, pero también sus angustias, preocupaciones, y ocupaciones ante las penurias que padecía el pueblo y su ejército consecuencia de un sistema esclavista bajo la dominación del imperio español que, de paso, tenía el monopolio del comercio y de la migración, así como la propiedad sobre nuestras tierras y minas.

El 24 de octubre de 1829, estando en Quito, Bolívar expropió las minas y estableció, mediante decreto, que todas las minas de cualquier clase pertenecían a la República. Afirma Britto en su libro: “Esta transferencia de las minas de la propiedad de la Corona a la de la República es el inicio de un régimen de propiedad estatal del subsuelo que será común a la mayoría de los países latinoamericanos. El pronunciamiento general que comprende ´las minas de cualquier clase´ se aplicará a la postre a metales que todavía no se explotaban para la época, y en última instancia, a los yacimientos de hidrocarburos.”

Sabía Bolívar que nuestra soberanía pasaba, necesariamente, por contar con una moneda propia y no depender de la moneda impuesta por el imperio. La Constitución Federal para los Estados de Venezuela del 21 de diciembre de 1811, establecía que el Congreso tendría pleno poder y autoridad de acuñar y batir moneda, determinar su valor y el de las extranjeras. Por su parte, la Constitución de 1819, sancionada en Angostura el 15 de agosto de ese año le otorgó atribuciones exclusivas al Congreso para determinar el valor, peso, tipo y nombre de la moneda que será uniforme en toda la República. Resaltamos las palabras valor y uniforme. Entendía Bolívar que es la República la que, de manera soberana debe acuñar su propia y única moneda y determinar su valor, no imperio alguno. Pensamiento revolucionario para la época y sin duda con plena vigencia del cual deberíamos tomar nota.

El reconocimiento de que la República funda la propiedad en el trabajo, repetimos, en el trabajo, es uno de los aspectos más revolucionarios de la doctrina económica del Libertador para aquella época. La Constitución de 1811 establecía en el artículo 155 que “la propiedad es el derecho que cada uno tiene de gozar y disponer de los bienes que ya haya adquirido con su trabajo, e industria”.

Bolívar acabó con el monopolio del comercio y de la migración que se encontraba en manos del imperio español. Adicionalmente, aprobó medidas proteccionistas para limitar la exportación a la Península de los bienes aquí producidos y que eran imprescindibles para la República, o la protección de la industria nacional. Asunto también con plena vigencia. Tomemos nota.

Otra de las grandes preocupaciones y ocupaciones del Libertador fue el pago de la deuda, la cual, por cierto, fue adquirida para la intendencia del ejército patriota, pero a la vez repartida y dilapidada por los especuladores y traidores. En 1828, fomentó el cultivo y cosecha del tabaco de calidad para cancelar con los ingresos provenientes de su venta dicha deuda, proyecto que, en el marco de la traición, fue abortado por el presidente José Antonio Páez quien ordenó subastar en ocho días el primer cargamento de tabaco, remate que favoreció a empresas inglesas, las cuales lo adquirieron a bajo precio y lo revendieron en el extranjero.

Con innumerables anécdotas, Britto nos dibuja en su libro al Bolívar generoso cuando de la repartición de su propio patrimonio se trataba, pero también al Bolívar que rechazaba cualquier gasto por cuenta del erario inherente al rango de los cargos que ocupaba. También nos describe al Bolívar cuya generosidad se volvía dureza cuando se trataba de mantener sanciones contra infractores de la ley en lo que al uso de los bienes de la República se refería. Bolívar se enfrentó y batalló contra la corrupción: el 18 de marzo de 1824, decretó en Perú la pena capital para todo empleado de aduanas, resguardos, capitanías de puerto o cualquier otra función de Hacienda Pública que tomare parte en fraudes contra ella.

Es el caso, que suelen mostrarnos la guerra de independencia con soldados patriotas bien apertrechados, abastecidos y vistiendo hermosos uniformes en los campos de batalla. Poco se menciona acerca de lo que ocurría tras bastidores y la situación de penuria y la necesidad de ahorrar en gastos militares, preocupaciones y ocupaciones también asumidas, hasta el último detalle, por el propio Bolívar, quien mientras diseñaba grandes estrategias para liberarnos del imperio español, se ocupaba hasta del tamaño de los uniformes de sus solados.

En resumen, en el libro, el maestro Luis Britto García nos narra, una a una, las batallas que, en otro campo y día a día debió librar Simón Bolívar: en el campo económico.

En su lucha por nuestra independencia y soberanía, nunca dio concesiones a la oligarquía, ni siquiera en los peores momentos de la guerra, a pesar, de que su pensamiento económico y sus decisiones no solo implicaron, como era de esperarse, reacciones por parte de la Corona y de la oligarquía que veían afectados sus intereses privados, sino también la traición de quienes en algún momento se reconocieron como patriotas. Y es que, escribe Britto: “Bolívar se enfrentó a una regla invariable: toda verdadera revolución versa sobre el problema de la propiedad, y si los revolucionarios no lo resuelven, otra fuerza surgirá agitándolo como bandera”. Vale la pena tomar nota también de esto último.

Tomado de: América Latina en movimiento

El Estado racista y policial chileno contra el pueblo mapuche

15 noviembre, 2021 admin

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Por Jorge Molina Araneda

“El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada” Jorge Luchsinger, Revista Qué Pasa (2005)

El primer escudo de Chile fue creado en reemplazo del emblema Real Español vigente en la época y dado a conocer por el gobierno del presidente de la Junta Provisional, José Miguel Carrera, el 30 de septiembre de 1812, durante una celebración en la plaza de Armas de Santiago en conmemoración de la Primera Junta Nacional. El nuevo escudo, expuesto en un lienzo colgado en la portada principal de la Casa de Moneda, incorporado además al centro de la bandera tricolor chilena, tenía como figuras principales a una pareja de mapuches.

Existe una misiva de Bernardo O’Higgins, como Director Supremo de Chile con fecha 13 de marzo de 1819, en la cual califica y reconoce a los mapuches y pueblos australes como independientes: “Araucanos, cuncos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne”.

El Estado chileno suscribió un tratado con el pueblo mapuche en el año 1825 que se denominó Tapihue, donde reconocía la jurisdicción y soberanía mapuche del río Biobío al sur, el que fue violado a partir de la llamada “pacificación de la Araucanía” que consistió en una invasión y masacre bélica al territorio autónomo y su población en el sur, conculcando una serie de derechos humanos que persisten hasta el día de hoy con fases racistas, colonialistas, genocidas y de despojo.

El breve periodo de respeto y reconocimiento del primer periodo de independencia de la República de Chile cambia abruptamente, señalándose como uno de los motivos el intervencionismo y financiamiento del imperio británico a través de varios agentes en Chile y Argentina, desde donde se impulsan las denominadas campañas militares “pacificación de la Araucanía” que encabezó Cornelio Saavedra en Chile, y la “conquista del desierto” en Argentina.

Se ha señalado que los tratados como el de Tapihue habrían sido abolidos por la aplicación de la Ley del 4 de diciembre de 1866, con el traspasado de las tierras mapuches antiguas al Fisco. Sin embargo, es importante señalar que autores mapuches como el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, han sostenido que dicha interpretación no tiene fundamentos, ya que el Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Biobío. Más aún, la legislación reconocía los derechos de propiedad mapuche sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado.

“La afirmación de que el Estado chileno declaró fiscales las tierras en el territorio indígena al sur del Biobío, por medio de la Ley de 4 de diciembre de 1866, constituye un axioma de interpretación ampliamente aceptado (…) Tal enfoque permite, además, realizar una explicación simple y ordenada del proceso de constitución de la propiedad rural en esa región: la propiedad se origina en actos estatales sujetos a una legalidad, tales como remates de tierras fiscales, concesiones, colonización, entrega de títulos de merced a indígenas”.

El historiador agrega en otro punto: “Sin embargo, tal afirmación no tiene fundamentos. El Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Biobío. Más aun, la legislación reconocía los derechos de propiedad de los indígenas sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado”.

Para Toledo Llancaqueo, una vez ocupado el territorio, tal legislación sobre tierras no se respetó, no se reconocieron las posesiones indígenas en su integridad, y los agentes estatales dispusieron de las tierras como si fuesen fiscales, en actos nulos de acuerdo a la propia legislación chilena.

En el lado de Ngulumapu que se conoce hoy como centro sur de Chile, buena parte de los territorios usurpados fueron destinados a los denominados graneros, con la introducción masiva a partir de 1884 de colonos europeos y la interconexión del ferrocarril, cuyo objetivo principal era proveer de trigo y cebada a la población que participaba en la explotación del salitre en el norte, parte de los botines de la Guerra del Pacífico.

Para generar este escenario de invasión y masacres en territorio mapuche, prevaleció la opinión transversal de diversos actores de influencia del aparato estatal para gatillar un genocidio a nombre de: progresos, soberanías, civilidad y evangelios. A modo de ejemplo, en el año 1859, el Diario El Mercurio de Valparaíso, publicaba: “Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización (….) raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur”.

En 1868, Benjamín Vicuña Mackenna señaló: “El indio, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje” (Primer discurso sobre la pacificación de la Araucanía).

Un informe del investigador Hernan Curiñir Lincoqueo (2016), historiador de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, da cuenta de un contexto general, cultural e histórico, que involucra situaciones relacionadas a las acciones bélicas y coloniales del Estado chileno, entre ellas, que en la denominada Pacificación de la Araucanía desde 1860 a 1881 habrían sido asesinados entre 50 mil a 70 mil mapuches.

Las tierras mapuches que quedan en el presente, además, están en grave riesgo a causa de los impactos de la industria forestal, agroindustrial, hidroeléctrica, acuícola, entre otras, que han venido generando diversos nuevos estragos a la vida de las comunidades y la devastación de numerosos territorios.

La invasión chilena sentó las bases de muchos de los problemas que continúan hasta nuestros días. El Estado chileno se hizo con el 90% del territorio mapuche y estas tierras fueron dadas a colonos chilenos y extranjeros para fomentar la explotación agropecuaria. La suerte de la población mapuche fue trágica. Se forzó a las comunidades a radicarse en reducciones, es decir, espacios territoriales muy limitados y con las peores tierras, afectando severamente su modo de vida. Este contexto provocó el empobrecimiento de una población que vivía previamente en situación de relativa abundancia.

La cuestión mapuche cambió en loa década de 1960 con la Reforma Agraria. El indigenismo surgido a principios de siglo permitió la creación de decenas de organizaciones mapuches que convergieron en 1968 en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no había un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este contexto, comenzaron la toma de terrenos como un modo de encontrar una estrategia de recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos.

La política indígena implementada por la Unidad Popular se diferenció por lo menos en cuatro aspectos de la perspectiva asimilacionista adoptada desde que fuera dictada la primera ley de división de 1927: reconocer la existencia en el territorio nacional de grupos culturalmente diferenciados, hacer del asunto indígena un problema nacional, reconocer la deuda histórica que tenía el Estado para con los indígenas y sacar a la luz el tema de la participación autóctona.

La dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que aprobó como única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto indígena.

La Concertación de Partidos por la Democracia, liderada por el entonces candidato presidencial, Patricio Aylwin, promovió la suscripción de un acuerdo con los representantes de las diversas organizaciones indígenas, que es conocido como el Acuerdo de Nueva Imperial. En él, Aylwin prometió hacer efectivo durante su gobierno el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a propender a su desarrollo e integración pero respetando su cultura.

Las organizaciones indígenas, por su parte, se comprometieron a apoyar el futuro gobierno de la Concertación y a canalizar sus legítimas demandas a través de los mecanismos de participación creados por el gobierno. Con este acuerdo se pretendía dar por superada la política de división de las comunidades y de asimilación de la población indígena a la sociedad impuesta por la dictadura militar.

Sin embargo, algunos sectores políticos e indígenas consideraron que con la firma del Acta de Nueva Imperial el movimiento autóctono se oficializaba, por lo que rechazaron esta estrategia. Entre las organizaciones contrarias al acuerdo estaba el Consejo de Todas las Tierras, creado en 1990 y que se originó en Ad Mapu debido a diferencias políticas entre sus principales dirigentes. El Consejo se marginó del proceso de suscripción del Acuerdo de Nueva Imperial, «retomando la propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche«.

Por otra parte, por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco se relocalizaron comunidades mapuches por medio de permuta de tierras, en contra de la voluntad de algunas familias. Además, se inundaron cementerios y sitios ancestrales sagrados para la religión mapuche. A inicios de la década de 1990, la empresa chilena Endesa, subsidiaria de la empresa española del mismo nombre, pretendía iniciar un gran proyecto para abastecer el suministro eléctrico del país. El potencial hidroeléctrico de la cuenca del Río Biobío ya había sido estudiado en la década de 1960 por la misma entidad cuando esta era pública. El 22 de mayo de 1990, el Ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, primera etapa de un gran plan cuyo objetivo era erigir seis centrales en el Biobío.

Inmediatamente sabida la resolución gubernamental sobre Pangue, surgió una fuerte oposición al proyecto, ya que alteraba las formas de vida de siete comunidades pehuenches que vivían en el área de inundación, sumado a que la cuenca del río sufriría un severo daño medioambiental. El conflicto llegó a los tribunales de justicia donde finalmente, en 1993, la Corte Suprema acogió la apelación interpuesta por la empresa Pangue S.A. permitiendo la construcción de la central.

Ralco sería un conflicto muy difícil de enfrentar. A pesar del fuerte apoyo que tuvo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hubo una férrea oposición de ecologistas -nacionales y extranjeros- y, sobre todo, del pueblo indígena.

En 1993 se aprobó la Ley 19.253 de Desarrollo Indígena. La situación creada por esta ley, que había operado con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta 1997, sufrió una crisis cuando Endesa comenzó a construir una segunda central en la zona del Alto Biobío con el nombre de Ralco. De esta manera autoritaria se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche.

Nicolasa Quintremán, una de las habitantes de la comunidad afectada, encabezó el movimiento popular que desde 1995 trató de impedir la realización del proyecto. Organizó protestas masivas en ciudades como Santiago, Concepción y Los Ángeles. Además, fue una de las representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acudió a explicar la amenaza hacia las tierras pehuenches. El 10 de diciembre de 2002, la CIDH recibió una petición presentada por abogados representantes de la Universidad Arcis, el Center for International Environmental Law (CIEL) y de cinco pehuenches directamente afectadas (entre ellas, las hermanas Quintremán), donde se alegaba la violación por parte del Estado de Chile de varios derechos protegidos descritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, se solicitaron medidas cautelares para evitar que sus tierras fueran inundadas. En ese entonces las obras ya tenían un 70% de avance.

En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales en predios que habían sido previamente otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que durante la dictadura pasaron a manos de algunos grupos económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche, el temor de los agricultores que poseen predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la protesta social mapuche hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).

El informe fue criticado por contener declaraciones de más de 15 agricultores afectados y solo de un representante mapuche. Además, las grandes plantaciones de pino y eucaliptos son incompatibles con las poblaciones humanas. El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Las comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y, por el contrario, reciben perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio.

Homicidios en período democrático

-Jorge Suarez Marihuan (2001): hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Bío Bío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2001 en la ribera del río Queuco, luego de permanecer desaparecido por 6 días. La comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos, que habrían actuado en complicidad con la policía uniformada.

– Alex Lemun Saavedra (2002): fue asesinado durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco. El mayor Marco Aurelio Treuer utilizó una escopeta Winchester calibre 12.

-José Huenante Huenante (2005): durante la madrugada del 3 de septiembre de 2005, de 16 años, fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5.ª Comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena Avenida Vicuña Mackenna. Desde entonces se desconoce su paradero.

-Juan Collihuin Catril (2006): durante un allanamiento ocurrido en 2006 en el sector de Bollilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonko Juan Collihuin Catril por el sargento Luis Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles, no contaban con orden judicial y ocurrió de madrugada.

-Matías Catrileo Quezada (2008): durante la noche del 3 de enero de 2008, un grupo de 30 comuneros mapuche ingresaron al fundo Santa Margarita, de la comuna de Vilcún, que está a nombre de Jorge Luchsinger y es reclamada por la comunidad Lleupeco Vilcún. Al percatarse de la fuerte dotación policial del sector, el grupo comenzó a quemar fardos de pasto. Según el audio entregado por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) los comuneros sólo estaban atacando con piedras. Es ahí cuando se escucha la orden, “métele un balazo”. El cabo Walter Ramírez acusa recibo y dispara su subametralladora UZI. Una bala entra por la espalda en el pulmón de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO. Muere minutos después.

-Johnny Cariqueo Yáñez (2008): murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros del GOPE y de la Comisaría 26º de Pudahuel, minutos después que fuera inaugurada en esa comuna la plaza 29 de marzo, dedicada a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia.

-Jaime Mendoza Collío (2009): resultó asesinado durante la ocupación del fundo San Sebastián por parte de su comunidad. El autor de los disparos, el cabo Patricio Jara Muñoz, alegó legítima defensa, presentando su casco y chaleco antibalas con numerosos impactos de balines. Un informe de la Policía de Investigaciones confirmó que dichos impactos habían sido hechos de manera posterior.

-Camilo Catrillanca (2018): nieto del lonko de la comunidad Ignacio Queipul Millanao del Lof Temucuicui, Juan Catrillanca. Falleció por un disparo en la cabeza percutado por funcionarios del Comando Jungla instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras regresaba a su hogar en tractor.

-Jordan Liempi Machacan e Iván Porma (2021): en el Cesfam de Tirúa se confirmó el fallecimiento de estas dos personas, víctimas de armas de fuego. El hecho que les causó la muerte se produjo en Huentelolén, Cañete, Región del Biobío. Las primeras versiones extraoficiales indicaron que los asesinados serían los anteriormente individualizados. Según familiares y amigos, ambos participaban en una caravana de grupos mapuches cuando recibieron disparos de personal policial y militar.

Criminalización del movimiento indigenista mapuche

Diversas organizaciones han denunciado que existiría una criminalización de su lucha social. Las demandas de los indigenistas están ligadas a lo que denominan como recuperación de los territorios de los que afirman ser herederos ancestrales. Las personas que han sido juzgadas y condenadas mediante la ley antiterrorista creada durante la dictadura militar -que endurece las penas correspondientes a delitos comunes, cuando se configura el tipo de terrorismo- son consideradas presos políticos.

Se han denunciado también otros hechos, como ataques a menores de edad en las comunidades mapuches; así, el 30 de octubre de 2007, Patricio Queipul Millanao, de 13 años, resultó herido en el tórax por al menos seis municiones disparadas por carabineros con sus escopetas antimotines. Este hecho se suma al de Daniela Ñancupil, de la misma edad, baleada en extrañas circunstancias por policías en enero de 2001, y que luego, en el 2002, fue secuestrada e interrogada por sujetos de civil, quienes la vendaron y la amenazaron para que desistiera de sus acciones legales.

La Operación Huracán (2017), condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que se habría descubierto mediante pericias técnicas que Carabineros habría manipulado pruebas, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.

Así, se puso al descubierto los montajes con que los servicios de inteligencia criminalizan la causa mapuche. Raúl Castro Antipán, reclutado como informante de carabineros cuando era un joven estudiante activista vinculado con algunos grupos pro causa mapuche, fue infiltrado para, en sus palabras, desarticular la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Entre 2009 y 2011 una treintena de comuneros estuvieron detenidos por su testimonio como delator compensado por la Ley Antiterrorista. Castró llevó a la cárcel a 14 personas, que finalmente fueron absueltas por los tribunales de justicia.

Reacción de organizaciones no gubernamentales

El Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, denunció supuestas prácticas criminalizadoras contra el movimiento indigenista en sus observaciones al informe de Chile en marzo de 2007. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la ley antiterrorista.

Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las «tierras antiguas» continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que Chile debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas.

También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia, y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.

A modo de ejemplo, se estima que en el centro sur de Chile hay tres millones de hectáreas de especies exóticas de pinos y eucaliptus, donde cerca dos millones son concentrados por dos grupos económicos: Matte, con CMPC-Forestal Mininco y más de 750.000 hectáreas; y Angelini, con Celco-Forestal Arauco, con más de 1.200.000 hectáreas. Se estima que el Pueblo Mapuche, incluyendo las tierras que han sido entregadas vía subsidio, no superaría las 650.000 hectáreas para una población que se estima en un millón quinientas mil personas.

Uno de los tantos descendientes de los colonos europeos que han usufructuado del territorio mapuche usurpado por el Estado, es Jorge Luchsinger, quien, en una entrevista publicada en la Revista Qué Pasa N° 1784, del 18 de junio de 2005 señalaba: «El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada”. Dos páginas más adelante, el periodista le inquiere: “Pero usted tuvo trabajadores mapuche que le sirvieron por más de 30 años ¿No confía en ellos?”, a lo que Luchsinger responde: “Yo confío mientras los veo, pero creo que ellos dicen lo que a mí me gustaría escuchar y hacen lo que ellos quieren. El mapuche es ladino, torcido, desleal y abusador”; en definitiva, un claro discurso de odio, intolerancia y racismo.

El racismo ha sido transversal en diversos sectores. En el año 1989, el dictador Augusto Pinochet Ugarte en entrevista realizada por revista Análisis, Nº 30, señalaba: ”¿Qué cree usted, que nosotros somos un país de indios?”.

Y en el año 1990, el expresidente Ricardo Lagos Escobar señaló en el Diario Austral: “Afortunadamente este es un país racialmente homogéneo”.

Tomado de: América Latina en movimiento

Impacto económico de la guerra en Venezuela

12 noviembre, 2021 admin

Textos prestados

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Por Pasqualina Curcio @pasquicurcio

Hemos actualizado el monto de la pérdida económica en Venezuela consecuencia de la guerra imperial. Asciende a 258.095 millones de dólares entre 2016 y hasta el 2020. Para nosotros los venezolanos, eso equivale a 60 años de importación de alimentos y medicamentos, o a 2 veces el pago de la deuda externa, o a 1 año y 9 meses de producción nacional. Son 51.000 millones de dólares de pérdidas anuales en promedio. Ha sido una guerra criminal, despiadada, inhumana.

Los 258.095 millones de dólares corresponden a lo que hemos dejado de producir estos 5 años (233.182 millones de dólares) más el dinero que nos tienen retenido y bloqueado en el sistema financiero internacional incluyendo los activos de Citgo y el oro que está en Inglaterra (24.913 millones de dólares).

El imperialismo nos ha sabido golpear, y lo ha hecho de manera precisa, ha apuntado al corazón de cualquier economía, las exportaciones y la moneda. Es la combinación perfecta de dos armas para asfixiar a los pueblos. Ellos lo saben, no por casualidad son parte esencial de sus históricos manuales de guerra no convencional.

De los 233.182 millones de dólares que hemos dejado de producir, 58.842 millones han sido consecuencia directa de la caída de las exportaciones que, en nuestro país son histórica y principalmente (95%) petroleras. Comenzaron manipulando los precios del petróleo que, por primera vez en la historia cayeron durante 4 años consecutivos, pasaron de 103,46 US$/barril en 2012 a 34,02 US$/barril en 2016. A partir de 2017 comenzaron a recuperarse los precios de los hidrocarburos, pero recordemos que fue ese año cuando Donald

Trump oficializó el bloqueo contra Pdvsa y emitió la Orden Ejecutiva 13.808 contra la industria petrolera, lo cual ha implicado no solo la dificultad para colocar nuestro petróleo en los mercados internacionales, sino también y sobre todo para importar la materia prima y la tecnología afectando directamente los niveles de producción que han caído 76% desde el 2017, pasando de 2.372.000 a 568.000 barriles diarios (Opep).

En Venezuela, como en cualquier país del mundo, las exportaciones impactan directamente sobre los niveles de producción, y no nos referimos exclusivamente a la caída de la producción petrolera que corresponde solo al 15% del PIB, sino al resto de la producción nacional debido a que, al disminuir las exportaciones disminuye el ingreso de divisas al país y, por lo tanto, la posibilidad de importar insumos, materias primas, repuestos y tecnología para la producción no petrolera. Entre 2016 y 2020 hemos dejado de exportar US$ 98.526 millones como consecuencia del bloqueo a Pdvsa que, aunado a la mala gestión y a la corrupción dentro de la industria, ha implicado US$ 58.842 millones menos de producción nacional entre 2016 y 2020.

Los otros US$ 174.339 millones que hemos dejado de producir entre 2016 y 2020 están explicados por el ataque al bolívar, el arma más poderosa en cualquier guerra económica la cual develamos en 2016 cuando publicamos el libro “La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela”. Arma que fue posteriormente, en 2019, confesada por el senador estadounidense, Richard Black.

Recordamos cómo actúa esta arma letal y cuál es la secuencia en el ataque:

1) El imperialismo manipula el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar a través de los medios de comunicación, portales web y redes sociales, induciendo la depreciación de nuestra moneda. Desde el 2013 hasta hoy han atacado 5.178.365.937.759% nuestro bolívar: en 2013 dábamos 8,69 BsF/US$ y hoy debemos dar 450.000.000.000 BsF/US$ (equivalente a 4,5 BsD/US$). El ataque ha sido sin duda criminal. No hay manera de explicar con teorías económicas dicha “depreciación”, los números no dan, la explicación es política, y más que política, de guerra, ha sido una vil manipulación por la vía de la alteración de la escala monetaria.

2) El mayor tipo de cambio, aunque sea ficticio, sirve de referencia a los industriales y comerciantes para fijar el precio en bolívares de las mercancías induciendo una inflación de 671.045.856.034% entre enero de 2013 y octubre de 2021 (BCV).

3) Como el salario mínimo legal solo ha aumentado 16.867.469.780% durante el mismo período, el poder adquisitivo de la clase obrera, que somos el 95% de la población ocupada se ha pulverizado 99%, al punto que, mientras la canasta básica tiene un precio de 1.727 BsD, el salario mínimo sigue en 7 BsD. Esta situación ha implicado una caída de la cantidad de bienes y servicios demandados. Según el BCV entre 2014 y 2018 el consumo de los hogares cayó 50%. Muy probablemente la caída ha sido mayor a la fecha de hoy. Por ello la importancia de que los salarios aumenten en la misma proporción que los precios de los bienes y servicios de manera de evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y la necesidad entonces de la indexación para neutralizar el efecto del ataque al bolívar.

4) Debido a que el presupuesto de gasto público para la salud, educación, transporte, servicios básicos, etc, se aprueba en bolívares y no se ajusta cada vez que aumentan los precios, se genera una insuficiencia presupuestaria que incide en el desempeño y la calidad de los servicios que presta la administración pública, haciendo que dicho costo, de paso, recaiga sobre los hogares venezolanos. El gasto público en 2013 representaba el 33% del PIB, hoy no llega al 3%, lo que también ha implicado una caída de las cantidades demandadas por parte de la administración pública, que según el BCV ha sido del 30% entre 2013 y 2018, seguramente mayor hasta la fecha de hoy. Aquí la necesidad de indexar el presupuesto de gasto de la administración pública.

5) Tanto la caída de las cantidades demandadas de bienes por parte de los hogares como por parte del gobierno (según el BCV ha sido de 62% entre 2013 y 2018) ha obligado a los oferentes, dueños de las empresas, a reducir los niveles de producción porque no tienen quién les compre su mercancía, es por ello que se ha dejado de producir US$ 174.339 millones entre 2016 y 2020, consecuencia, por una parte, del ataque al bolívar que ha inducido la inflación y por la otra, del no ajuste proporcional del salario y del gasto público.

El problema central no son los US$ 233.182 millones de dólares que no se han producido como consecuencia de la guerra, sino lo que ese monto significa para cada mujer, hombre, niño y anciano venezolanos en su día a día, en su buen vivir que es lo que, en definitiva, le interesa afectar al imperialismo.

El problema central es que, a pesar de que estamos produciendo menos y que la torta a repartir es menor, ésta se está distribuyendo de manera cada vez más desigual entre trabajadores y burgueses debido, justamente, a que mientras los precios aumentan el salario nominal y el gasto público se ha mantenido congelado. Según el BCV en 2014 la burguesía se apropiaba del 31% del PIB y los trabajadores del 36%, mientras que en 2017 los porcentajes fueron 50% y 18% respectivamente. Desigualdad que es la causa determinante de la pobreza. Más allá de los números, esa es la afectación que verdaderamente importa y preocupa.

Tomado de: América Latina en movimiento

El monopolio cultural del neoliberalismo

8 noviembre, 2021 admin

Textos prestados

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Moro (Cuba)

Por Jorge Molina Araneda

“En virtud de la ideología de la industria cultural, el conformismo sustituye a la autonomía y a la conciencia; jamás el orden que surge de esto es confrontado con lo que pretende ser, o con los intereses reales de los hombres”.

La industria cultural, Theodor Adorno y Max Horkheimer

En este momento, cuando el sistema socioeconómico preponderante a nivel global se encuentra irremediable e incuestionablemente exhausto, el mundo político parece carecer de una opción ideológica que ofrezca una alternativa viable que lo reemplace. Los gobiernos de los países que mediante la razón o por la fuerza ofrecieron al mundo las ideas que durante 500 años guiaron el desarrollo sociopolítico y económico se encuentran cuestionados por su propia población.

En la compleja sociedad del siglo XX el acceso a los medios masivos de comunicación se convirtió casi en la única opción para poder ejercer eficazmente la libertad de expresión. Pero ya fuese por las barreras legales o económicas para acceder a tales medios o por la simple competencia en el uso de espacios y tiempos de impresión o transmisión, se fue acotando la diversidad de las opiniones y visiones que tal vez hubiesen evitado que la sociedad aceptara como dogma de fe el pensamiento único que hoy hace crisis. El acotado derecho a la información sirvió para la imposición de las ideas que, impregnadas hasta la médula en la humanidad actual, impiden a la mayoría ver las profundas contradicciones del sistema preponderante y, por lo mismo, evitaron, hasta el surgimiento del Internet, la difusión de nuevas ideas.

A la enorme mayoría aún le cuesta mucho percibir algo distinto a la idea de que nos encontramos ante una crisis de alcances inusitados. Lo que en las pancartas de los indignados se lee, lo que los movilizados identificándose como el 99 por ciento gritan, lo que cada vez más blogs y mensajes por la red claman es que no es una crisis, sino un engaño. El sistema socioeconómico preponderante no ha sido construido para el desarrollo y libertad de la humanidad, es un mecanismo articulado desde la cúpula de un poder omnímodo para extraer toda la riqueza mundial a través del complejo financiero-monetario. Si este ve acotado su dominio, ya sea por los excesos provocados por su propia voracidad o por eventos fortuitos, reacciona succionando todos los recursos de la sociedad. Este complejo financiero global es el que provoca la inflación, que, al igual que los intereses, constituyen el mecanismo intrínseco para la transferencia de riqueza. Cuando el complejo financiero pierde, arrebata a través de los gobiernos los recursos para ser rescatado. Es este el mecanismo esclavizador del capitalismo; el sistema que falsamente se promueve como sinónimo de libertad.

Con el engañoso canto a la libertad individual se ha impuesto un sistema cuya prevalencia depende de que exista escasez. Habiendo escasez, los seres humanos asumen en todo momento comportamientos de lucha, competencia —incluso si esto significa engañar o robar— para obtener el capital que, a través de su acumulación, incrementa a quien lo posee la capacidad de generar aún más escasez.

Rebasando a los gobiernos y sus opositores —todos ellos convenientemente acomodados en partidos políticos— la cosa pública se ha circunscrito alrededor de un solo tema: el capital. La riqueza de las naciones no se mide ya más que en términos del capital. La lucha ideológica, por tanto, se concentra en cómo y qué tanto se ha de hacer caso al capital. Unos, exaltando sus virtudes cuando unos cuantos le poseen y, en el otro extremo, quienes abogan por el dominio colectivo de las mayorías para poseerlo. Bajo esta premisa de que todo es capital, se diluyen todos los demás aspectos de la economía y la vida en sociedad: la dignidad, el trabajo, las fuentes naturales de recursos
—agua, tierra, aire, luz—. Nacidos bajo el cobijo del liberalismo, hay aún quienes en esa barahúnda de inconsistencias afirman que capitalismo equivale a libertad de mercados y protección a la propiedad privada. Ni unos ni la otra existen cuando todo el sistema privilegia a unos cuantos al exaltar el individualismo que provoca escasez y, con ello, la acumulación del capital. ¿Cuál es entonces la opción ideológica que pueda sacar al mundo de estas contradicciones?

Dany-Robert Dufour, filósofo francés, investigador del liberalismo y sus consecuencias cuando se convierte en capitalismo salvaje, ha afirmado que éste se plasma como un nuevo totalitarismo. El término de pleonexía dice, se halla en La República de Platón y quiere decir “siempre tener más”. La Polis, se construyó sobre la prohibición de la pleonexía. Puede decirse entonces que, hasta el siglo XVIII, toda una parte de Occidente funcionó con base en esa prohibición. A partir de la creación del complejo financiero monetario se liberó la avidez mundial, la avidez de los mercados, la avidez de los banqueros. Una avidez sobre la que el propio Alan Greenspan (expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos) ante la Comisión norteamericana, después de la crisis de 2008, dijo: “Pensaba que la avidez de los banqueros era la mejor regulación posible. Me doy cuenta de que eso no funciona más y no sé por qué”. Greenspan confesó de esa manera que lo que guía las cosas es la liberación de la pleonexía, pero por ser un individuo creado y cultivado por el propio sistema, no le resulta posible ver más allá.

Ante la urgente necesidad de encontrar nuevos ámbitos ideológicos, nuevas propuestas de partidos y candidatos que recibirán de manos de sus antecesores, países enteros, sociedades y economías destrozadas, no es posible partir de lo conocido. Lo que conocemos se ha gestado en la lógica de la pleonexía que todo lo domina. Es preciso no caer en la tentación de querer arreglar el mundo —el país— con la óptica de nuestras propias estructuras, con las que fácilmente volvemos a repetir la urgencia de organizar, de instituir, de legalizar como si en esos actos conjuráramos lo que ya no queremos y terminamos apostándole de nuevo a la repetición y a la restauración de aquello que pretendimos cambiar.

Para muchos cientistas políticos, el comunismo era un muro de contención contra el capitalismo, una especie de amenaza constante que obligaba a los Estados capitalistas a buscar el bienestar social de las masas trabajadoras para tratar de evitar potenciales huelgas y alzamientos; con ello cobró más fuerza la idea del Estado del Bienestar.

Actualmente el capitalismo, en su versión más radical denominada neoliberalismo, es hegemónico en la mayor parte del orbe y, como todo poder monopólico, corre el riesgo de sufrir constantes y severos descontroles.

El imperialismo de la razón instrumental, del pensamiento calculador y pragmático, ha debilitado el pensamiento crítico-reflexivo.

El pensamiento único es la versión neoliberal de la economía de mercado que implanta la razón económica del beneficio sobre las motivaciones éticas y políticas; además, enaltece la excelencia del mercado y del capital, que es donde se subordinan los demás aspectos de la vida individual y social.

Algunos filósofos vinculan el pensamiento único con la actitud posmoderna, vale decir, el pensamiento a contracorriente es incapaz de esgrimir valores y razones sustantivos capaces de enfrentarse a las razones del mercado neoliberal.

Luego, el pensamiento único se define por las siguientes características:

–Primacía del poder económico: se atribuye a la economía la toma de decisiones y se considera que los intereses del conjunto de las fuerzas económicas constituirían los reales intereses de la comunidad global. La política está ligada al poder de los medios de comunicación y estos, a su vez, frecuentemente se subordinan al poder económico-financiero mundial. Las corporaciones transnacionales y las instituciones financieras son muy poderosas y adoptan como ideal unos pseudo procedimientos democráticos formales que carecen absolutamente de significado real. Amén la ciudadanía, en términos generales, no se entromete en la “cosa pública” e ignora las directrices que configuran su vida. Sin embargo, si en algún momento, por utópico que parezca, se devolviese el poder económico a su rol de subordinación a los intereses sociales, podría existir alguna posibilidad de alcanzar una sociedad libre y democrática.

–Indiferencia ecológica: el pensamiento único occidental concibe al ser humano como desarraigado de la naturaleza, por lo tanto, se observa a la misma con afán depredador. La economía capitalista de línea dura no evalúa ni reduce los costes ambientales de la salvaje y malintencionada interacción explotadora del hombre hacia la naturaleza.

–Desigualdad económica: el pensamiento único capitalista es indiferente hacia las secuelas negativas y desestabilizadoras que genera en el ámbito social, es decir, los ricos se hacen más ricos, y los pobres más pobres. Ergo, aquella brecha provoca una grave segmentación y polarización sociales.

El pensamiento único se conecta con la llamada razón instrumental, descubierta por los teóricos de la Escuela de Frankfurt, según la cual, y siguiendo a Horkheimer, consiste en una pequeña esfera de la racionalidad humana que ha ayudado a convertir a las personas en amos y señores de la naturaleza, les colma de innumerables medios materiales pero, coetáneamente, les deshumaniza y les domina. El imperialismo de la razón instrumental, del pensamiento calculador y pragmático, ha debilitado el pensamiento crítico-reflexivo, aquél que nos orienta y conduce a instaurar nuestra identidad personal con arraigo en la naturaleza y con pleno sentido de solidaridad social.

Horkheimer y Adorno criticaron a la sociedad de su tiempo, señalando que la razón instrumental puso en marcha la industria cultural, que impone sus modelos alienantes a través de los medios de comunicación.

La industria cultural y sus medios de comunicación están formados por: internet, cine, radio, televisión, revistas, música, publicidad y todas las demás actividades de ocio. Merced a estos medios, los grandes magnates de la economía mundial imponen suavemente un monopolio cultural —hegemonía la llamaría Gramsci— que margina cualquier creación que busque emancipar al individuo y estimule la creatividad no controlada por ellos. Los productos de esta industria están diseñados para que el espectador no disponga de tiempo para pensar, pues lo que se ve, escucha o lee ya ofrece la panacea a cualquier interrogante planteada por una mente adormecida por la pirotecnia mediática. La industria cultural implanta valores, conductas, necesidades y lenguajes uniformes y acríticos para todos.

La única solución posible es contar, en algún momento, con una población sumamente politizada y cuestionadora del sistema mundial vigente, solo así paulatinamente se romperán las cadenas de la tiranía hegemónica del pensamiento único. Recordemos que el mismo Rousseau hace siglos nos advirtió en su Contrato Social que el ser humano nace libre pero en todos lados está encadenado.

En Los guardianes de la libertad, Noam Chomsky y Edward S. Herman develaron el uso operacional de los mecanismos de todo un modelo de propaganda al servicio del interés nacional —de EEUU— y la dominación imperial. Examinaron la estructura de los medios (la riqueza del propietario) y cómo se relacionan con otros sistemas de poder y de autoridad. Por ejemplo, el gobierno (que les da publicidad, fuente principal de ingresos), las corporaciones empresariales, las universidades, etc.

Para Chomsky, la tarea de los medios privados que responden a los intereses de sus propietarios, consiste en crear un público pasivo y obediente, no un participante en la toma de decisiones. Se trata de crear una comunidad atomizada y aislada, de forma que no pueda organizarse y ejercer sus potencialidades para convertirse en una fuerza poderosa e independiente que pueda hacer saltar por los aires todo el tinglado de la concentración del poder. Solo que para que el mecanismo funcione es necesaria, también, la domesticación de los medios; su adoctrinamiento. Es decir, generar una mentalidad de manada. Hacer que los periodistas y columnistas huyan de todo imperativo ético y caigan en las redes de la propaganda o el doble pensar. Es decir, que se crean su propio cuento y lo justifiquen por autocomplacencia, pragmatismo puro, individualismo exacerbado o regodeo nihilista. Y que, disciplinados, escudados en la «razón de Estado» o el «deber patriótico», asuman —por intereses de clase o por conservar su estabilidad laboral— la ideología del patriotismo y conservadurismo reaccionarios. En definitiva, el miedo a manifestar el desacuerdo termina trastocando la prudencia en asimilación, sumisión y cobardía. La meta del modelo socio-económico-cultural es: se debe pensar en una sola dirección, la presentada por el sistema de dominación capitalista. Y si para garantizar el consentimiento es necesario aplicar las herramientas de la guerra psicológica para el control de las masas; como por ejemplo: azuzar el miedo, campañas del terror electorales, fomentar la sumisión y generar un pánico paralizante, los vigilantes del sistema entran en operación bajo el paraguas de lo políticamente correcto, amparados por todo un sistema de dádivas y premios que brindan un poco de confort y poder acomodaticio.

El monopolio cultural que devino de las políticas de una democracia neoliberal no es más que una reencarnación del monopolio cultural fascista, fortalecido a través de lógicas sociales que encontraron la manera de velar las debilidades ideológicas que impidieron el dominio completo de los monopolios culturales que operaban como parte de aquellos fascismos. Horkheimer y Adorno fueron cuidadosos en recordar que el juicio de la élite intelectual de su tiempo, que pintaba a la industria cultural como una barbarie estadounidense resultado del retraso cultural de la conciencia norteamericana, era una ilusión. «Era, más bien, la Europa prefascista la que se había quedado por detrás de la tendencia hacia el monopolio cultural. Pero precisamente gracias a este atraso conservaba el espíritu un resto de autonomía.» Si a principios del siglo pasado las vanguardias obstaculizaron la tendencia hacia la consolidación del monopolio, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial Horkheimer y Adorno percibían como perdida dicha batalla. Sin embargo, el duopolio ideológico que configuró el orden mundial de la posguerra resultó ser también una fuerte resistencia ante el avance del monopolio cultural. No fue hasta la caída del Muro cuando se declaró victorioso un modo de ser sobre el otro, para erigirse como único y permitir con ello el proceso de consolidación del monopolio.

Entre los incontables factores que posibilitaron poner en marcha de nuevo el avance de un monopolio cultural encontramos: la democracia moderna en 1989, y el neoliberalismo como ideología de dicha democracia. Entre estos sucesos existe una relación simbiótica, es decir, la realidad de la democracia moderna, alejada por completo tanto de su conceptualización antigua como ilustrada, no refiere a una forma de gobierno, sino al suplemento que legitima a los Estados oligárquicos contemporáneos (todos los Estados contemporáneos que se dicen democráticos). La retórica que se construye para explicar el porqué de una victoria de Occidente sobre el bloque socialista (y no viceversa) se apoyó de modo rotundo en el despliegue práctico, muy específico, del concepto de «libertad absoluta», donde el triunfo de las democracias sobre los totalitarismos no fue la consecuencia de un Estado que aseguraba la libertad del individuo como libertad para participar en la cosa pública, sino de un Estado que garantizaba la libertad como libertad individual, la cual en la práctica se tradujo en el derecho del individuo a quedar libre de toda intervención del Estado. Si el capitalismo es la lógica económica propia de una democracia moderna, el neoliberalismo encuentra, en el concepto de libertad individual que manejan dichas democracias, correlación y sustento de la lógica no-intervencionista que lo fundamenta. Una libertad definida por Karl Polanyi como «libertad para explotar a los iguales; para obtener ganancias desmesuradas sin prestar un servicio conmensurable a la comunidad; libertad de impedir que las innovaciones tecnológicas sean utilizadas con una finalidad pública, o la libertad para beneficiarse de calamidades públicas tramadas en secreto para obtener una ventaja privada».

El proceso por el cual el neoliberalismo —de la mano del concepto de democracia y libertad— se convierte en la ideología monopólica de las décadas de 1980 y 1990 no es otra cosa que lo que David Harvey, apoyándose en Gramsci, llama una construcción de consentimiento, es decir, la elaboración de un «sentido común» entendido como un «sentido poseído en común» que surge de un consenso mayoritario; en este caso, un consenso sobre la validez de la libertad absoluta individual, construido por necesidad sobre un envilecimiento de la noción de «lo común».

Harvey enfatiza que el sentido común, que dio legitimidad a la implementación de políticas neoliberales, de ninguna manera debe entenderse como un «buen juicio», cuya construcción se logra «a partir de la implicación crítica con las cuestiones de actualidad». Al contrario, en la constitución del sentido común pueden desempeñar una parte las creencias y los miedos, así como los prejuicios y valores culturales y tradicionales, mismos que «pueden ser movilizados para enmascarar otras realidades».

El mantra mental y cultural, que ha sufrido algunas fisuras durante los últimos quince años, dicta lo siguiente:

-El ser humano busca su bienestar personal, es esencialmente racional e individualista y responde a estímulos materiales, especialmente económicos.

-El bienestar social es la suma de los bienestares individuales, siempre que no se perjudiquen los derechos de los demás. La competencia permite aumentar el bienestar personal y, por ende, el social; por lo tanto, es un elemento esencial para el progreso.

-Los mercados operan con eficiencia y rapidez, si no se les colocan trabas y logran una asignación óptima de los recursos actuales y futuros; hay que dejarlos actuar con libertad. Incluso los monopolios naturales no deben ser intervenidos, pues las ganancias excesivas atraen a otros empresarios a actuar. Si existen externalidades, se resuelven por negociaciones individuales, sin que intervenga la autoridad.

-Los mercados de factores productivos deben actuar con el mínimo de trabas estatales. La movilidad de los trabajadores entre las empresas hace innecesaria la existencia de sindicatos por su poder monopólico. Tampoco deben existir interferencias en los mercados financieros. Debe haber apertura al exterior tanto en el comercio de bienes y servicios como en los capitales. La libertad de precios es el mecanismo central para asignar los recursos.

-Los empresarios son actores claves de la sociedad, pues determinan las iniciativas y el emprendimiento, incentivados por las utilidades. Además, generan el ahorro que posibilita el crecimiento económico y el progreso. Por lo tanto, deben trabajar con plena libertad, garantizando los derechos de propiedad. Las prestaciones sociales como la educación, la salud, la vivienda y las pensiones pueden ser entregadas por privados actuando como empresas, aunque las financie el Estado.

-Las funciones del Estado en una sociedad con mercados eficientes y sin externalidades se reducen a aspectos específicos: las tareas tradicionales del liberalismo, como son la defensa nacional, las relaciones exteriores y la administración de justicia. Además, por su naturaleza, se considera que el Estado es ineficiente, pues a diferencia del empresario privado no maximiza utilidades.

Estos son los elementos centrales de la ideología neoliberal que lamentablemente a nivel mundial se convirtieron en dogmas a raíz de la acriticidad y, en definitiva, de no mediar el año 2019 para nuestro país (Chile), continuarían siendo un incuestionable credo hasta para los más desposeídos que toman como normal la subyugación que padecen por parte de los más poderosos.

Tomado de: América Latina en movimiento

La escuela austríaca y la apología del capitalismo

4 noviembre, 2021 admin

Textos prestados

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Por Julio C. Gambina

La escuela austríaca emerge hacia 1871, año del primer intento de gobierno obrero, con la Comuna de París, levantamiento y experiencia derrotada por la violencia de las armas con 30.000 muertos. Hacía pocos años, en 1867, se había publicado el Tomo I de El Capital, en donde se anticipaba que los expropiados (trabajadores o propietarios de su fuerza de trabajo) tenían derecho a expropiar a los expropiadores (capitalistas o propietarios de los medios de producción). El eje de esta monumental obra se concentra en las leyes del valor y del plusvalor, sustentadas desde la abstracción, núcleo central del método en Karl Marx (1818-1883). El pase a consideraciones concretas del funcionamiento del orden capitalista se conocerá con la publicación por Friedrich Engels (1820-1895) de los borradores de Marx del Tomo II, recién en 1885; y del Tomo III en 1994. El razonamiento completo de Marx sobre la dinámica del capitalismo se completa con la difusión de su obra hacia 1894.

El fundador de la escuela austríaca es Karl Menger (1840-1921), junto con William Stanley Jevons (1835-1882) y León Walras (1834-1910), quienes generan una ruptura epistemológica con la escuela clásica inaugurada por Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-1823). Según John Maynard Keynes (1883-1946), es Marx quien denomina «clásica» a la escuela iniciada con la «investigación acerca de la riqueza de las naciones» en 1776, la primera sistematización de los estudios económicos y la formulación originaria de la ley del valor-trabajo. Hacia 1871 no solo está completa la exposición de la ley del valor, sino que por primera vez se sostiene cual es el origen del excedente económico, la plusvalía o plusvalor, fuente de la ganancia y sus formas concretas de manifestación en la renta o el beneficio empresario. Era la fundamentación acabada del socialismo como propuesta alternativa al capitalismo.

Con esos antecedentes tiene lógica la respuesta «austríaca» y el origen de una nueva denominación a la corriente principal de la economía, ya no clásica, sino «neoclásica». Los austríacos retoman la explicación del capitalismo, por eso «neo» y el argumento a derrotar es el socialismo en cabeza de Marx. El capitalismo ya está en su madurez y los estudios científicos, una vez sometidos a la crítica de Marx, mutan en «apología» del orden, de la propiedad privada y del libre cambio. Eso es la escuela neoclásica y la escuela austríaca, que sostendrá esos fundamentos con el tiempo, mediante los principales discípulos, caso de Eugen von Boehm-Bawerk (1851- 1914), cuya obra en polémica con Marx se publica en 1884, sustentando inconsistencias, cuya respuesta estaban en borrador hasta 1885 y 1894, con la publicación de los Tomos II y III de El Capital. Ludwig von Mises, (1881-1973) polemizó con Marx y en contra del socialismo en 1922, ya habiendo sucedido la revolución rusa y la primera experiencia por construir el socialismo vía planificación estatal. Friedrich Hayek (1899-1992), premio Nobel de economía en 1974 (otorgado por el Banco de Suecia) y cuya máxima obra es «Camino de la servidumbre» (1944) se concentra en la crítica a la planificación y en la defensa de la libertad de mercado, de precios y la propiedad privada.

Señala Perry Anderson[2]:

«Comencemos con los orígenes de lo que se puede definir como neoliberalismo en tanto fenómeno distinto del mero liberalismo clásico, del siglo pasado. El neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de Bienestar. Su texto de origen es Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se trata de un ataque apasionado contra cualquier limitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica sino también política. El blanco inmediato de Hayek, en aquel momento, era el Partido Laborista inglés, en las vísperas de la elección general de 1945 en Inglaterra, que este partido finalmente ganaría. El mensaje de Hayek era drástico: «A pesar de sus buenas intenciones, la socialdemocracia moderada inglesa conduce al mismo desastre que el nazismo alemán: a una servidumbre moderna». Tres años después, en 1947, cuando las bases del Estado de Bienestar en la Europa de posguerra efectivamente se constituían, no sólo en Inglaterra sino también en otros países, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña estación de Mont Pélerin, en Suiza. Entre los célebres participantes estaban no solamente adversarios firmes del Estado de Bienestar europeo, sino también enemigos férreos del New Deal norteamericano.

En la selecta asistencia se encontraban, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Allí se fundó la Sociedad de Mont Pélerin, una suerte de franco masonería neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro. Las condiciones para este trabajo no eran del todo favorables, una vez que el capitalismo avanzado estaba entrando en una larga fase de auge sin precedentes su edad de oro, presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas de los ’50 y ’60. Por esta razón, no parecían muy verosímiles las advertencias neoliberales de los peligros que representaba cualquier regulación del mercado por parte del Estado. La polémica contra la regulación social, entre tanto, tuvo una repercusión mayor. Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo «igualitarismo» de este período (ciertamente relativo), promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de todos. Desafiando el consenso oficial de la época ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo en realidad imprescindible en sí mismo, que mucho precisaban las sociedades occidentales. Este mensaje permaneció en teoría por más o menos veinte años.»

Una cita larga pero necesaria, ya que en la escuela austríaca está el origen de las políticas «neoliberales», que varias veces sostuvimos que eran ni nuevas ni liberales. No nuevas porque se inspiran en la antigua tradición austríaca, contra el socialismo y la crítica de la economía política y no son «liberales» porque para funcionar necesitaron del terrorismo de Estado de las genocidas dictaduras del cono sur de América desde 1973. Si en 1947 eran sector en minoría dentro de la profesión económica, hegemonizada por el pensamiento de Keynes, para 1976 con el Nobel a Milton Friedman (1912-2006) se consolida su papel hegemónico como corriente principal sustentada hasta el presente, más allá de matices entre distintas vertientes de la tradición neoclásica.

Con la escuela austriaca se abandona la teoría objetiva del valor, con el eje en el estudio de la producción y la circulación, para sustentar la teoría «subjetiva» del valor, con eje en el consumo y la distribución sobre la base del libre comercio, el individualismo y la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Los austríacos concentran la mirada en valor y precio, desde un enfoque a-histórico en los «bienes», a contramano de la precisión de Marx en las «mercancías» y las formas del valor que desembocan en el «dinero» y por ende en la diferenciación entre valor de uso y de cambio, el doble carácter del trabajo materializado en la mercancía. Se trata de relaciones sociales históricas que no son asumidas desde la escuela neoclásica, claramente apologética del orden capitalista.

Los austríacos remiten a la categoría de «escases», por menos bienes que satisfacen necesidades sociales, por ende, son los bienes que tienen valor para esta corriente, sin considerar el papel del trabajo en el proceso de producción. Eso los lleva a pensar que no se pueden resolver todas las necesidades de la población y naturalizan la situación de escases y la imposibilidad de resolver la cuestión. Piensan en lo que existe, sin considerar la historia ni la posibilidad de producir los bienes necesarios para satisfacer crecientes necesidades históricas de la población.

Desde esa tradición emergen hoy propuestas ultra liberales que disputan el sentido ante la extensión de la crisis. El derrumbe del este europeo y de la URSS, hace tres décadas, extendió la hegemonía ideológica del neoliberalismo y avanzó en un sentido común que niega la posibilidad de construir alternativa a los postulados de la corriente principal y del orden capitalista, cuyos sustentos son como señalamos apologéticos. Está en la sociedad construir nuevos sentidos en contra y más allá del capitalismo.

Tomado de: América Latina en movimiento

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