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El Sr. Jake Sullivan y una gran tradición americana

22 noviembre, 2021 admin
Con Cuba
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Jake Sullivan. Consejero de Seguridad Nacional por la administración del presidente Joe Biden.

Por José Ramón Cabañas @JoseRCabanas

El 7 de noviembre pasado el Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de los Estados Unidos, Jake Sullivan, fue cuestionado en un programa de CNN, en relación con la demora por parte de su jefe para cumplir promesas de la campaña electoral, respecto a las relaciones con Cuba.

La respuesta literal de Sullivan fue que “sobre Cuba, las cosas cambiaron un poco este año. En julio vimos unas protestas sustanciales, las más significativas en mucho tiempo. Y vimos una brutal represión por parte del gobierno que continúa hasta el día de hoy, mientras se sigue dictando sentencia contra algunos de esos manifestantes”.

Estas palabras merecen algunos comentarios. El primero es que el nuevo gobierno no hizo absolutamente nada sobre lo anunciado en la campaña electoral entre enero, en que tomó posesión, y el mes de julio, cuando sucedió lo que él llama “protestas sustanciales”. Biden ni siquiera dejó sin vigor aquellas medidas de Trump que se implantaron violando todas las sacrosantas reglas de consultas interagenciales, que deben hacerse antes de dar un paso en política exterior.

No pudieron “rectificar” siquiera el acto ilegal de Mike Pompeo de reincorporar a Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Un acto que fue cometido con escalamiento, nocturnidad y alevosía.

Lo que sucedió en julio, que Sullivan considera como “significativo”, está directamente relacionado con algo que se llama bloqueo, que es genocida por naturaleza y que, en combinación letal con el desarrollo de la COVID19, hubiera hecho desaparecer del mapa a cualquier nación. Por mucho menos que eso Estados Unidos tuvo un 2020 de convulsiones sociales que estremecieron al país de un extremo a otro y el 6 de enero del 2021 se vivieron extremos en la vida de Washington DC, que aún están por comprenderse en su total magnitud.

El Sr Sullivan utilizó con toda intención (es parte del libreto) el adjetivo de “brutal”, para definir la forma en que las fuerzas del orden y el pueblo en general reaccionaron ante los hechos y trató de dar un sentido irreal de extensión en el tiempo de lo sucedido al decir “hasta el día de hoy”.

Llama la atención que este es el mismo funcionario que ha preparado las agendas del Presidente y el Secretario de Estado en visitas recientes de estos a países de la región latinoamericana que viven en un casi permanente estado de sitio o de excepción, donde hay desaparecidos, tumbas masivas y falsos positivos, donde se asesina a periodistas y líderes sociales, donde es difícil diferenciar los medios que utilizan las fuerzas policiales de los que usa el ejército, donde hay más corrupción que agua potable. Pero allí Sullivan se ha cuidado de recomendar el adjetivo “brutal”.

El Sr Sullivan, quizás sin proponérselo, ha hecho entrada triunfal en la larga lista de fabricantes de argumentos para dar cierto velo de justificación a la política de Estados Unidos contra Cuba. Hay que decir que es una vieja industria con productos notables, pero él ya tiene su lugar en una historia que comenzó 62 años atrás.

Cuando en abril de 1959 Fidel Castro salió de un encuentro personal con el entonces vicepresidente Richard Nixon ya su suerte estaba echada. El líder de la Revolución cubana había viajado a la capital estadounidense, no a buscar enemigos, sino a explicar por qué el pueblo cubano se había movilizado contra la tiranía de Fulgencio Batista. Pero al mandatario de la indiscutida potencia mundial le llamó la atención el fuerte sentido de dignidad del comandante guerrillero y sobre todo…que no le pedía absolutamente nada, ni becas, ni préstamos, ni reconocimiento. Nixon dejó escrito en su informe sobre la conversación que, de alguna manera, debían “deshacerse” de aquel dirigente tercermundista de nuevo tipo.

En realidad las intenciones de eliminar físicamente a Fidel eran anteriores a este encuentro y nunca se debatieron públicamente.

Pero con el surgimiento de un nuevo Estado cubano que predicaba ofrecer salud y educación para todos, que atacaba las diferencias y las manifestaciones racistas y que reestructuraba la pirámide de la propiedad y la distribución de las riquezas, el esquema de dominación panamericano que Estados Unidos había diseñado para el hemisferio occidental sintió un estremecimiento. Ser distinto en esta zona del planeta, salirse del diseño de Washington, era un crimen que tenía serias consecuencias.

Para demonizar a la Revolución cubana Estados Unidos utilizaría todas sus herramientas, tanto fuera para convencer a los propios cubanos de que el nuevo proceso era nocivo, como para crear rechazo entre los estadounidenses y otros gobiernos y pueblos del mundo.

Algún día uno o varios autores redactarán una documento preciso y ordenarán todas los argumentos fabricados por  las agencias federales estadounidenses para justificar acciones de enfrentamiento hacia Cuba, pero no sería un error mencionar entre uno de los primeros de aquellos el de las nacionalizaciones de empresas extranjeras radicadas en Cuba.

Era prácticamente imposible para la Revolución cubana cambiara el estado de cosas existente en el país sin redistribuir la riqueza que se generaba en la Isla, dominada por el latifundio y las transnacionales estadounidenses y de otras potencias. Más aún si desde aquellas empresas se comenzaba a conspirar y a atentar contra los cambios que se ponían en vigor.

El gobierno revolucionario, actuando desde la ley, previó esquemas de compensación para las empresas y países que eran objeto de las nacionalizaciones, que fueron cumplidos escrupulosamente, excepto para el caso de Estados Unidos, país que actuó contra los fondos (cuota azucarera) que generaría los ingresos que permitirían compensar.

La supuesta afectación a Estados Unidos por el proceso de nacionalizaciones en Cuba ha estado desde entonces formando parte del andamiaje de argumentos que se ha utilizado para justificar la política de bloqueo, pero es esencialmente fabricado. Su constante reiteración ha hecho incluso que una apreciable cantidad de cubanos emigrados hayan asumido dicha narrativa para justificar su propia decisión de abandonar el país. Si en el Sur de la Florida residieran efectivamente tantos ex propietarios de tierras y grandes negocios, Cuba sería del tamaño de Australia, o más.

En la medida en que Estados Unidos fue cerrando gradualmente las opciones económicas para Cuba y que esta fue buscando alternativas en otros destinos, entonces comenzaron a aparecer las condenas ideológicas que se cuestionaban el acercamiento a naciones “extracontinentales” como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República Popular China. Estas asociaciones son las que se citan expresamente en la directiva presidencial 3447 de John Kennedy para declarar el bloqueo a Cuba, el mismo que se mantiene en pie hasta hoy, a pesar de que la URSS se extinguió hace 30 años y de que China es el principal socio comercial de los Estados Unidos de América de las últimas dos décadas.

El miedo a la “influencia comunista” sirvió de impulso tanto a la operación Peter Pan, por la que emigraron 14 000 menores no acompañados a Estados Unidos;  hasta el proselitismo político y las acciones armadas de los “alzados” del Escambray y otras zonas montañosas de la Isla que cobraron la vida de más de 600 cubanos en los años 60 del siglo XX.

Después  de la derrota militar en Playa Girón y de la solución negociada de la Crisis de Octubre, la Casa Blanca puso todos sus esfuerzos en aislar a Cuba de los gobiernos de los países latinoamericanos y caribeños. Si bien la mayoría de ellos rompió las relaciones diplomáticas con La Habana, en sentido contrario se multiplicaron los vínculos con fuerzas políticas progresistas de toda la zona con la Revolución. Dirigentes y miembros de base de diversas organizaciones vinieron hasta la Isla para conocer cómo los pobres podrían labrar sus propios destinos en una versión tropical. Cada cual regresó a su lugar de origen con su propia de idea de cómo replicar la experiencia cubana según las características de su nación. A eso la Casa Blanca le llamó en su momento “exportación de la Revolución”, que tenía un matiz de algo ilegal para aquellos que estaban acostumbrados a la “imposición del capitalismo”.

Para los planeadores del Pentágono y la CIA, la Revolución Sandinista, las luchas populares en Guatemala, El Salvador, la victoria del movimiento Nueva Joya en Granada no se explicaban porque la gente se cansaba de ser explotada, o porque aspiraran a un mundo mejor, sino por “la maligna influencia cubana”.

Durante todos los años en que la “presencia militar cubana en África” fue el slogan del Departamento de Estado para tratar de aislar a Cuba, esa misma agencia no tuvo reparos para desarrollar la teoría del “compromiso constructivo” con las autoridades del Apartheid y mantener a Nelson Mandela en la lista de terroristas con acceso prohibido a la “tierra de los libres”. Cuando el líder sudafricano se convirtió para todo el mundo en un faro de libertad, Washington intentó cambiar el libreto e incluso le cuestionó las relaciones con La Habana. Aún le duele a algunos que la paz definitiva para la región del África Sudoccidental se firmó en el corazón de Manhattan con la presencia, entre otros, de los victoriosos representantes cubanos en traje de gala y con todas sus condecoraciones.

Cuando desaparecieron la Unión Soviética y el campo socialista se escuchó un “ahora sí” colectivo en inglés, pues desde Harvard hasta Oxford todos los estudios de prospectiva indicaban que Cuba no se podría mantener por sus propios pies. En lugar de tender puentes, Washington se dispuso (como ahora) a recrudecer el bloqueo, con la aprobación de la llamada Ley Torricelli.

Era obvio que la pérdida del 85% del comercio de exterior y una reducción del 35% en PIB en Cuba tenía que traer consigo alguna consecuencia social, que se expresó entre otras manifestaciones en el aumento del potencial migratorio cubano.

A la altura de 1995, cuando crecía el reconocimiento a Cuba por la heroicidad de resistir y vencer en condiciones únicas, comenzó a circular en el congreso estadounidense el borrador de lo que después se conocería como Ley Helms Burton. Sus patrocinadores encontraban cada vez más dificultades en convencer a otros de que Cuba era un “peligro”. Pero entonces vino la provocación del 24 de febrero de 1996 y el debate se extinguió, la atmosfera se enrareció y el tema cubano volvió a convertirse en tóxico.

A partir de 1998 comenzaron a soplar otros vientos en América Latina con el ascenso al poder de la Revolución Bolivariana, que continuaron con la elección a la presidencia de líderes como Rafael Correa, Nestor Kirchner, Luis Ignacio da Silva, Evo Morales, Daniel Ortega, Pepe Mujica, con la consolidación del CARICOM como ente de integración y finalmente con la extinción del Grupo de Río y creación de la CELAC.

La fábrica de argumentos de Washington tuvo por entonces sus problemitas de calidad en la producción de nuevas razones para aislar a Cuba, al extremo de que en el 2009 la OEA revirtió el acuerdo por el cual suspendía los derechos de la Isla. Es decir el panamericanismo reconocía un error de más de 40 años de antigüedad

La historia más reciente es  más conocida. Pero vale la pena destacar que aún bajo las condiciones de la presidencia de Barack Obama se fabricaron razones para postergar los cambios en la relación con Cuba. Durante cinco años el nombre de un “contratista” de la USAID que vino a la Isla a ayudar a subvertir el orden interno con dinero federal se convirtió en titulares y en un valladar para el acercamiento bilateral, que se desvaneció simplemente cuando se manifestó la voluntad política para avanzar. Y esa sería una de las grandes lecciones del momento: cuando desde lo más alto del poder ejecutivo estadounidense existe la disposición para dar pasos en la política exterior (en un sentido o en otro) los argumentos que hasta entonces se esgrimían para no hacerlo pasan a un segundo plano y la fábrica de excusas cesa su producción.

Con la regresión simbolizada por la marca Trump volvimos al estado de cosas que conocemos mejor. Pero es aún útil escarbar en dos de los más publicados argumentos para atacar a Cuba, antes del aporte de Sullivan.

Coincidiendo justo con la  elección del magnate (más pretensión que realidad) inmobiliario, que tendría la misión de destruir todo lo que tuviera la firma del primer presidente afro descendiente de Estados Unidos, un oficial encubierto de la CIA en La Habana reportó desde su cama unos síntomas de salud que rápidamente saltaron a otros oficiales de similar origen. A las pocas semanas los directivos del Departamento de Estado incorporaron el término “ataques sónicos” a su jerga diaria, hasta que fue “filtrado” a la prensa a mediados del 2017. La narración, sin aporte de ninguna evidencia, tuvo un desarrollo exponencial, causando la envidia de series televisivas como “Juego de Tronos” y desviando la atención de cónclaves que se dedican al estudio riguroso de los OVNIs.

A pesar de todas las contradicciones en la dramaturgia y en el libreto, los síntomas que primero se generaron supuestamente por el uso de sonidos y después por microondas, dieron cuerpo a un política que no solo congeló las acciones y la cooperación en un sin número de áreas en la relación bilateral con Cuba, sino que fueron la base para justificar una buena parte de las 243 medidas de reforzamiento del bloqueo que implantaron desde el Ejecutivo contra Cuba.

Con la misma velocidad que llegó John Bolton a la silla (esperemos que no sea la misma) que ocupa hoy Sullivan, a finales del 2018, apareció otro esqueleto en el baúl de los argumentos contra Cuba. De la noche a la mañana se reportaba la “presencia de 20 mil efectivos militares cubanos en Venezuela”. En momentos en que Bolton y otro personaje venido del más allá (Elliott Abrams) tenían que explicar ante sus jefes y ante el público que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro permanecía en el poder a pesar de las guarimbas, el robo de fondos, los atentados contra su vida y otros planes maquiavélicos, había que echar mano de un patronímico que había sido demonizado durante años ante un público que estaba dispuesto a creer tal “razón”. Los “cubanos estaban detrás de todo lo que se mueve en Caracas”, no importaba la férrea resistencia del pueblo venezolano, ni la capacidad de sus dirigentes.

Pero en honor a la verdad hay que reconocer al equipo de Biden que si bien ha asumido con cierta reserva y sin saber cómo manejar el asunto de “los incidentes de salud (ahora) no identificados”, no se han atrevido a volver sobre la historia de los “20 000 militares cubanos en Venezuela”, mientras conspiran alrededor de la aún posible negociación entre el gobierno y la oposición (organizada o no) venezolana.

Este es un resumen muy aprisa sobre la gran tradición americana a la que se acaba de sumar Sullivan por la puerta ancha. En la época de las etiquetas, los seguidores y los likes, se requiere de mucha menos capacidad intelectual para inventar pretextos y articular campañas, de hecho hay algunos que lo hacen solo con dos pulgares, un grupo de crédulos y contando con buenas relaciones en las directivas de las plataformas digitales.

No obstante, la experiencia prevalece: mientras más pretextos, menos voluntad política… y también viceversa.

Tomado de: Centro de Investigaciones de Política Internacional

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Aproximaciones a la construcción del terrorismo “islámico”: su presencia en África

4 noviembre, 2021 admin
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Iswap, rama de Dáesh en el África occidental. Foto: El Orden Mundial

Por Yoslán Silverio González @yoslansilverio

En las últimas décadas se ha producido un aumento de los hechos relacionados con las acciones de grupos terroristas de las más variadas características. Han sido precisamente aquellas organizaciones con un programa ideológico basado en una interpretación muy estrecha y radical del islam las que más han acaparado la atención de la comunidad internacional. Esto se debe a que sigue predominando un enfoque que relaciona al terrorismo con el islam, el cual resulta funcional a los poderes hegemónicos, puesto que, de esta manera, logran legitimar y hacer avanzar sus intereses geoestratégicos en regiones tan importantes como las del Medio Oriente y el África Subsahariana.

En particular, la zona medio-oriental ha sido la que más ha experimentado la mediatización, manipulación e instrumentalización por parte de las potencias occidentales, del terrorismo con fines políticos. En esta reconfiguración del escenario político, los grupos terroristas son utilizados de las más diversas maneras, incluso apoyando a unos contra otros. Por lo tanto, se han convertido en un tema de amplia polémica y discusión en los foros internacionales y en un factor de mediación en las relaciones entre los Estados.

Uno de los fenómenos que ha causado mayores índices de inseguridad y de inestabilidad en la región de África del Norte y el Medio Oriente ha sido la emergencia de las concepciones fundamentalistas islámicas. En su auge estuvieron implicados varios factores entre los que se encontraron la ofensiva político-militar de occidente sobre la región, el fortalecimiento de Israel como aliado de Estados Unidos y las sucesivas derrotas árabes frente a los sionistas, el agotamiento de los proyectos nacionalistas árabes y la crisis económica como resultado de la aplicación de los programas de ajustes estructurales en casi todos estos países.

La falta de respuesta ante la agudización de los problemas económicos y sociales, traducidos en la incapacidad de los gobiernos seculares en brindar una solución, provocó el auge de las posturas más conservadoras dentro del islam, que planteaban la necesidad de “rescatar” los “auténticos” valores islámicos, iniciándose un proceso de reislamización que trascendió a las sociedades árabes. Un momento crucial fue el triunfo de la Revolución Islámica de Irán, en 1979, que a pesar de haberse producido fuera del mundo árabe y sunita, impactó profundamente sobre el resto de la región. Otro centro importante de emanación de estas ideas fue Arabia Saudita, cuyo poder económico derivado del petróleo le permitió impulsar y financiar – con los llamados petrodólares – su modelo conservador del wahabismo, que también penetró en países del África Subsahariana.

La dispersión de dichas concepciones no fue homogénea. Comenzaron a surgir diferentes tendencias políticas: unas más moderadas que planteaban llegar al poder mediante los procesos eleccionarios para luego iniciar reformas religiosas dentro de las sociedades y otras más radicales que demandaban la eliminación de los gobiernos seculares. En la medida en que no les permitió participar en el juego electoral de la democracia multipartidista en boga por esos años, las tendencias más conservadoras se fueron radicalizando, aumentado sus niveles de violencia.

La presencia militar de los soviéticos en Afganistán, a partir de 1979, significó una etapa de ruptura, porque este fue el contexto en el cual los Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) comenzaron a instrumentalizar a los llamados muyahidines que representarían las tendencias más radicales dentro del islam. Este grupo armado sería posteriormente la base del régimen talibán y el núcleo formador de Al Qaeda bajo la égida de Osama Bin Laden. Luego de concluido el capítulo afgano, muchos de estos “yihadistas” regresaron a sus lugares de origen, como por ejemplo a Argelia, y trataron de impulsar su “lucha” armada que comenzó a tomar matices terroristas por los métodos violentos que aplicaban contra las poblaciones, consideradas éstas como takfir o infieles.

De esta manera, se fueron fortaleciendo por toda la región diferentes concepciones dentro de las corrientes islámicas más radicales, que por sus altos niveles de violencia indiscriminada contra la población civil musulmana se comenzaron a catalogar como terroristas. Estos grupos se fueron transformando y escindiéndose con la aparición de nuevos líderes. Así comenzó a percibirse desde occidente la “amenaza islámica” y a construirse el concepto de “terrorismo islámico”. Este término fue creado de forma intencional y empezó a ser manipulado por las potencias occidentales para desestabilizar gobiernos no proclives o no subordinados a las políticas e intereses de Washington, sus aliados europeos y regionales. Este fenómeno del “terrorismo de base islámica radical” va más allá del concepto musulmán de la yihad islámica – auténtico método de lucha interna y de concientización religiosa para enfrentarse al agresor externo como por ejemplo la yihad palestina. También ese tipo de terrorismo “islámico” en la práctica no representan el islam, simplemente lo viola de manera constante.

Fue así que, a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, los Estados Unidos y sus aliados justificarían las guerras impuestas primero a Afganistán (2001) y luego contra Iraq (en 2003, donde utilizaron como pretexto la supuesta existencia de las armas químicas) o la intervención en otros países para la consecución de sus intereses geoestratégicos en una subregión suministradora por excelencia de hidrocarburos y ubicada geográficamente en una de las principales rutas comerciales marítimas. Esto además estaba relacionado con el propósito de frenar la expansión China en el mundo, así como continuar presionando sobre las tradicionales áreas de influencia de Rusia en el Medio Oriente.

En el caso de los países subsaharianos estos grupos terroristas son percibidos como una amenaza externa, exportados hacia sus regiones, por promulgar concepciones religiosas que no tienen nada que ver con las prácticas musulmanas sincréticas y moderadas que profesan los diferentes pueblos africanos islámicos. Contrario a lo que se quiere presentar, el terrorismo no es un método utilizado únicamente por estos “musulmanes radicales”, ni el islam es una religión proclive a la violencia indiscriminada. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que islamismo no es igual a terrorismo como divulga la propaganda occidental. Todos los terroristas nos son islamistas y todos los islamistas (1) no son tampoco terroristas.

Debido a la fuerte manipulación a la que están sometidos, todo movimiento político-militar que surja en la región, es clasificado casi de manera automática, como terrorista. En este sentido, se trata de deslegitimar a organizaciones con un carácter nacionalista o islamista conservador que no respondan a los intereses de potencias extrarregionales o regionales y que a veces se presentan como organizaciones contestatarias a los gobiernos locales.

Cruzadas mediáticas, inclusiones en listas acusatorias y acciones bélicas dirigidas a perseguir bajo el señalamiento de “terroristas” se utilizan sistemáticamente contra varias organizaciones islámicas enemigas de EE.UU, entre las que se destacan, Hezbollá (2), Hamas (3), Al Fatah (4) y la Hermandad Musulmana (5), caracterizadas por sus luchas populares y sociales de enfrentamiento al terrorismo de Estado aplicado por el régimen sionista de Israel contra los palestinos. Por estas razones, es necesario dejar establecido que los grupos Al Fatah, Hamas, Hermandad Musulmana y Hezbollah, no son organizaciones terroristas teniendo en cuenta sus características, programas y evolución histórica.

El profesor Dr. Reinaldo Sánchez Porro plantea que “en las luchas políticas antirepresivas hay una diferencia entre los actos y las operaciones subversivas contra la estructura toda de un poder y el recurso a la violencia indiscriminada. Es condenable todo acto criminal que ponga en peligro o lleve a la muerte a personas inocentes ajenas al conflicto en cuestión, como modo conscientemente admitido de presión sobre las autoridades gubernamentales (…) esto es terrorismo y no admite justificación de ningún tipo”(6) . Estas palabras ofrecen claridad en la diferenciación entre lo que es terrorismo y lo que es lucha contra la dominación.

Sin embargo, a nivel de la comunidad internacional no existe tal claridad, debido al prisma con el cual se analice el fenómeno. De esta situación se deriva la complejidad de establecer una definición sobre terrorismo, por la falta de consenso y dependiendo de quién sea el que lo esté valorando. Dicha problemática también ha servido para aumentar el grado de conflictividad en las relaciones internacionales y al mismo tiempo la militarización de las mismas, debido al incremento de los presupuestos militares para “enfrentar” las acciones de grupos hostiles a los intereses de los países capitalistas desarrollados y sus aliados regionales.

Por estas razones, se han adoptado diferentes iniciativas institucionales en el marco de la ONU. Una de ellas fue la creación del Comité contra el Terrorismo, basándose en lo dispuesto en las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de Seguridad. Su objetivo era fortalecer las capacidades de los Estados miembros para combatir las actividades terroristas dentro de sus fronteras y en todas las regiones. El Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva tenían la responsabilidad de vigilar la aplicación de dichas resoluciones del Consejo de Seguridad (7). Posteriormente, el Secretario General de la ONU estableció, en 2005, el Equipo Especial para la Lucha contra el Terrorismo y, el 8 de septiembre de 2006, la Asamblea General aprobó la Estrategia Mundial contra el Terrorismo. Se trataba de la primera vez en que los Estados acordaban un marco global para enfrentar este flagelo.

Bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales se han elaborado y aprobado 16 instrumentos jurídicos universales, a saber, 11 convenios, 4 protocolos y una enmienda. La mayoría de estos instrumentos (8) están en vigor y constituyen el marco jurídico para la adopción de medidas multilaterales antiterroristas, así como la tipificación como delito de actos de terrorismo específicos, entre los que figuran el desvío de aviones, la toma de rehenes, los atentados cometidos con bombas y su financiación (9).

En este contexto, las potencias occidentales comenzaron a catalogar a determinados países como “patrocinadores” del terrorismo para justificar acciones de presión internacional e intervenir en los asuntos internos de aquellos gobiernos que no tuviesen la capacidad de hacer frente a dichos grupos y lograr así determinados objetivos, como los cambios de gobierno, por ejemplo, en Iraq, Afganistán y Libia. De igual forma, elaboraron listas de organizaciones clasificadas por ellos como terroristas, dando origen a un fuerte debate entre académicos y políticos en torno a cómo definir qué es terrorismo.

Para la profesora cubana Elsie Plain Rad Cliff el terrorismo es la aplicación de la violencia indiscriminada que puede extenderse a la totalidad de la población y toma en la mayoría de los casos a los civiles como blanco de sus ataques. Sus acciones son imprevisibles debido a la sorpresa con que siempre actúan, lo que contribuye a infundir el terror; produce un sufrimiento innecesario al golpear las áreas más vulnerables de la sociedad; emplea rehenes y escudos humanos para lograr lo que se proponen. Entre los métodos más utilizados están el empleo de la violencia física indiscriminada contra civiles, mediante la tortura, el secuestro, la ejecución extrajudicial o la desaparición. En el orden táctico pueden adoptar un esquema basado en la realización de atentados con explosivos u otros medios incendiarios para la destrucción de bienes privados y públicos. Un terrorista es un individuo que actúa contra civiles usando métodos ilegales para conseguir un fin político (10). Todo lo anterior ha complicado evidentemente el cumplimiento de las 19 convenciones contra el terrorismo y las resoluciones del Consejo de Seguridad, con la excepción de las resoluciones 1269 (1999) y 1566 (2004) donde se indica que, sea cual sea su motivación, ningún acto de terrorismo es justificable.

Por su parte, la Unión Africana y sus organismos subregionales no se quedaron rezagados, más bien, fueron pioneros en la implementación de los mecanismos legales para el combate al terrorismo. A un año de los atentados a las embajadas de EE.UU en Nairobi (Kenya) y Dar el Salaam (Tanzania) en África Oriental, en 1998, la entonces Organización para la Unidad Africana (OUA), había adoptado, en su 35 Cumbre, celebrada en Argel, en julio de 1999, la Convención sobre la Prevención y el Combate al Terrorismo. Este documento fue un hito, por ser el primer instrumento legislativo confeccionado para su enfrentamiento.

Los siguientes pasos que evidenciaban el compromiso africano en la lucha contra el terrorismo se expresaron en la Cumbre de Dakar (Senegal) en octubre de 2001, en la cual se adoptó la Declaración de Dakar contra el terrorismo. En 2002, la recién creada UA había adoptado el Plan de Acción sobre la Prevención y Combate contra el Terrorismo, en una Cumbre Intergubernamental de alto nivel desarrollada en Argelia en septiembre de ese año. A la Convención de 1999, le siguió el Protocolo de la OUA para la prevención y el combate al terrorismo, adoptada en 2004 (11). Todos constituyen el marco legal en el cual actúan los diferentes mecanismos de seguridad en el continente, entre ellos el Consejo de Paz y Seguridad de la propia UA.

Con la implementación del Consejo de Paz y Seguridad de la UA (12), como órgano rector de los temas sobre los conflictos, se fortaleció el aparato institucional en la lucha contra el terrorismo. Un paso importante fue la creación del African Centre for the Study and Research on Terrorism (ACSRT) (13) cuya oficina central está en Argel. Este centro es una consulta obligada para el tema en el caso africano. También entre los centros de investigación africanos que da seguimiento a los temas relacionados con el terrorismo en el continente, se encuentra el Institute of Security Studies (ISS) cuya oficina central radica en Pretoria, Sudáfrica y tiene oficinas regionales en Nairobi, Kenia; Addis Abeba, Etiopia; y en Dakar, Senegal (14).

Luego de haber expuesto el contexto internacional en el cual se comenzó a debatir en torno al terrorismo, los diferentes criterios que existen al respecto, la manipulación a la que es sometido por parte de los países imperialistas y habiendo hecho la distinción entre terrorismo y fundamentalismo islámico, así como entre terrorismo y movimientos de liberación nacional, se impone la adopción de un criterio sobre cómo se entenderá el terrorismo en este trabajo. Para tales efectos se decidió subscribir el concepto defendido por la OUA/UA en la citada Convención sobre la Prevención y el Combate al Terrorismo de 1999, cuyos aportes principales fueron en primer lugar, una definición amplia del terrorismo sin el calificativo de islámico y, en segundo lugar, la diferenciación entre actos terroristas y las acciones desarrolladas por grupos de personas en su lucha por la autodeterminación (15).

Aquí se estableció como terrorismo: “cualquier acto que (…) pueda hacer peligrar la vida o la integridad física y causar heridas serias o la muerte, de cualquier persona o grupo de personas. Se define también como cualquier acto que pueda dañar la propiedad privada o pública, los recursos naturales, el patrimonio cultural y que tengan premeditadamente la intensión de intimidar, sembrar el miedo, presionar a un gobierno y afectar los servicios públicos” (16).

Una definición exacta que caracteriza el accionar de los grupos que operan en África, es la ofrecida por el profesor español Fernando Reinares en su concepto sobre el terrorismo de carácter transnacional. Reinares plantea que el terrorismo transnacional: “es aquel que de una u otra manera atraviesa fronteras estatales, básicamente porque quienes lo ejecutan mantienen estructuras organizativas o desarrollan actividades violentas en más de un país, incluyendo por lo común territorios sobre los cuales no tienen jurisdicción alguna las autoridades (…) Esto significa que los actos de violencia involucran a más de un país y con frecuencia a individuos de dos o más nacionalidades, tanto en lo que se refiere a los terroristas como a sus víctimas.” (17)

Para el caso de los países africanos al sur del Sahara, este fenómeno comenzó de manera más visible en las últimas dos décadas. Las regiones del Cuerno africano y del Sahel, que incluye territorios del África Occidental y Central, han pasado a ser áreas de atención y ejes centrales de la llamada lucha contra el terrorismo en el continente. Una división por subregiones no siempre se corresponde con la lógica de funcionamiento de estos grupos puesto que debido a su carácter transnacional pueden operar indistintamente en una u otra área. En este caso estaría por ejemplo el grupo Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) cuya base central radica en Argelia, pero sus áreas de operaciones principales se encuentran diseminadas por toda la línea del Sahara-Sahel. El accionar de dichas organizaciones se ha concentrado contra las instituciones gubernamentales del área, contra las poblaciones locales y los intereses foráneos, fundamentalmente europeos: actividades de sabotaje a las propiedades de empresas transnacionales y secuestros de turistas europeos.

En el caso de África las organizaciones más fuertes han sido Al-Shabaab (en el Cuerno Africano (particularmente en Somalia y activo desde 2006); Al-Qaeda del Magreb Islámico y sus grupos afiliados (AQMI, activo desde 2007) y Boko Haram (norte de Nigeria y zona en torno al Lago Chad, activo desde el 2009). También existen otros grupos que se han reconfigurando como el Movimiento para la Unicidad de la Yihad en el África Occidental (MUYAO desde 2012) en el Sahel occidental y otros vinculados al Estado Islámico, como una de las escisiones producidas dentro del propio Boko Haram. También existen más de una decena de otros grupos y células terroristas operando por estas zonas, muchas de las cuales no tienen siquiera una filiación oficial clara.

Para analizar estos grupos se debe tener en cuenta el contexto socioeconómico y político en el cual surgieron y se desarrollaron, su capacidad de “liderazgo”, su estrategia de lucha o programa, sus métodos y tácticas terroristas. De igual forma, habría que incluir las formas de financiamiento de ellos, tanto sus fuentes internas como externas, sus acciones militares o de otro tipo, el apoyo que reciben de determinados sectores sociales (nivel de aceptación popular) y el nivel de relaciones con otros grupos. No se pueden dejar fuera de cualquier estudio de este tipo, las consecuencias económicas y sociales de sus acciones, su repercusión en el orden político interno y regional.

En el auge de estos grupos no se puedo soslayar las implicaciones de las políticas y las acciones desarrolladas por un conjunto de actores regionales e internacionales en su relación con el grupo en cuestión. En este sentido, destacan las posturas asumidas por los Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y la ONU, así como otros gobiernos nacionales y regionales afectados directamente por el terrorismo. Las posturas de estos actores no han contribuido a su eliminación, puesto que sigue primado el enfoque miliar para el abordaje de este problema. De igual manera, las posturas asumidas por los organismos subregionales africanos como: la Unión Africana (UA), la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), el Grupo del G5 del Sahel (G5S) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) han sido poco efectivos en lidiar con la expansión que han tenido en los últimos años.

El desarrollo de los grupos terroristas en el África Subsahariana ha sido un fenómeno de reciente data y solo se ha extendido en la zona Sahelo-sahariana y en el África Oriental. En estas regiones han resultado ser los países más afectados: Mali, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, Somalia y Kenia. En el resto de los países de estas áreas los ataques han sido mucho más esporádicos, como los ocurridos en Burkina Faso, en Costa de Marfil y en Uganda, aunque en Burkina Faso se ha producido un crecimiento vertiginoso del terrorismo en las zonas rurales del norte del país. Sus operaciones en el África Subsahariana son cada vez más transnacionalizadas y existe una marcada preocupación en la región por los niveles de intercambio que puedan existir entre algunas de estas organizaciones, sobre todo en su vínculo con las redes de traficantes. Ha habido una tendencia hacia una mayor interconexión entre dichos grupos. Una situación parecida ha experimentado el África Oriental con las acciones de la organización somalí Al Shabaab vinculada a Al Qaeda.

El factor de la pobreza extrema relacionado con las hambrunas, así como los desplazamientos forzados de grupos poblacionales han servido como elementos propiciadores de la expansión de las labores de reclutamiento por parte de estos grupos, que legitiman su discurso con la promesa de mejoras bajo un gobierno “realmente islámico”. Los problemas de inseguridad interna y desestabilización política se han convertido en una amenaza para los Estados sahelianos afectados.

De lo anterior se deriva el aumento de la presencia de actores internacionales como los Estados Unidos y la Unión Europea, específicamente de Francia. En el caso de Estados Unidos su implicación en la lucha contra el terrorismo se ha centrado en aumentar la cooperación desde el punto de vista militar con los ejércitos locales, evidenciado en las maniobras y entrenamientos realizados. Mientras, Francia ha recibido fuertes críticas por su rol en la supuesta “lucha contra el terrorismo” en el Sahel, que desde el lanzamiento de la Operación Barkhane, no han tendido resultados reales, lo que les ha planteado posible retirada de sus efectivos del Sahel, tema este que no va a ocurrir, por los intereses galos en esa región. De esta forma, el escenario saheliano ha pasado a estar en el centro de atención de las potencias occidentales que buscan a través del enfrentamiento al terrorismo, siempre en aquellos lugares donde se vean afectados sus intereses, hacer consolidar su presencia o aumentarla donde esta no sea suficiente y peor aún, lograr su legitimación en el área.

Este proceso ha sido determinante en el nuevo contexto de las relaciones internacionales marcado por las contradicciones entre Estados Unidos y Rusia en el marco de la guerra en Siria, donde los grupos terroristas fueron instrumentalizados por parte de Washington para desestabilizar a ese país. En el caso del África Subsahariana este fenómeno no ha supuesto contradicciones entre las principales potencias, más bien ha evidenciado la forma en la que se manipulan y utilizan estos grupos en la región de Medio Oriente, mientras que en el África Subsahariana se pretende “luchar” contra la misma problemática.

Un aspecto característico de estos grupos es su carácter transnacional e híbrido, puesto que no solo se concentran en lograr sus “reivindicaciones” políticas, religiosas y sociales sino también se vinculan con las amplias redes del tráfico transfronterizo, logrando incluso llegar a controlar algunas de éstas. En la mayoría de los casos se ha producido una disminución del apoyo social del cual disfrutaban dentro de algunos sectores de las poblaciones locales. Los ejemplos más evidentes se pueden constatar en Boko Haram y Al Shabaab. Este retroceso en la “legitimidad” de estos grupos se ha debido al rechazo social por la violencia desatada y el empeoramiento de la adversa situación económica.

La respuesta de los gobiernos más afectados ha sido positiva en cuanto al enfrentamiento a los grupos – al menos en el discurso político – pero carecen de los medios militares para lograr una solución a la problemática. Esto los ha llevado a aumentar los vínculos con las potencias occidentales en cuanto al suministro financiero y logístico para hacer frente a las acciones militares de carácter terrorista. Los niveles de inseguridad a lo interno de todos estos países siguen siendo altos a pesar de que se han logrado reducir las áreas de operaciones militares de dichos grupos y el número de sus efectivos. Desafortunadamente, sigue privando el enfoque militar – auspiciado por las potencias occidentales – como la única solución a este flagelo. Los programas socio-económicos implementados para lograr frenar el proceso de radicalización de las poblaciones más vulnerables no han sido suficientes ni efectivos.

La lucha contra el terrorismo sigue estando en la agenda de las organizaciones subregionales africanas que ha posibilitado mayores niveles de coordinación entre los diferentes gobiernos en aras de establecer un frente común contra la proliferación de estos grupos. El ejemplo más significativo ha sido el despliegue militar multinacional de la CEDEAO, primero contra los grupos terroristas en el norte de Mali y luego contra Boko Haram en torno al Lago Chad. Prácticamente no existe una oposición a la presencia militar extranjera – tanto francesa como estadounidense – en el área, ni contra su política de “asistencia” militar, debido a que no existe otra estrategia para combatirlos que no sea la militar.

A pesar de que los grupos terroristas hayan retrocedido tendencialmente – reducción del número y efectividad de sus ataques, así como de las áreas bajo su control directo – las condiciones económicas y sociales que potencian el desarrollo de este fenómeno, persisten. Esto significa que su impronta se mantendrá. Aunque algunos se hayan fragmentado o desplazado por diferentes territorios, haciéndose más fuerte en uno u otro lugar, su presencia sigue siendo un reto para la seguridad y la estabilidad de los países subsaharianos inmediatos a las áreas donde estos grupos han operado. En particular, la zona del Sahel sigue siendo la más afectada por el terrorismo sin que se vislumbre una mejoría en la situación de seguridad de la región.

Este artículo forma parte de la introducción del libro titulado Principales tendencias del terrorismo en África, en proceso de edición final.

Referencias bibliográficas

(1) Es necesario que el concepto de islamista no se confunda con el de islámico puesto que islámico o musulmán es toda persona que siga las revelaciones de Mahoma producidas en el siglo VII, mientras que los islamistas: son aquellos musulmanes que quieren establecer un Estado islámico regido por la Sharía en su pretendida versión inicial, deseando que los principios establecidos en el Corán y la Sunna sean cumplidos cabalmente por todos los practicantes de la fe. “A través de la reafirmación cultural y religiosa islámica proponen un modelo político y social basado en los principios del islam original (…). Estos grupos deslegitiman a los poderes establecidos culpándolos del fracaso económico, social y político de sus regímenes a causa de su alejamiento del modelo islámico”. Ver: Gema Martín Muñoz, Begoña Valle Simón y Ma. Ángeles López. El islam y el mundo árabe. Ediciones Mundo Árabe e Islam, Madrid, 1996, pp. 339 – 340.

(2) Hezbollá es una organización política, religiosa, social, militar y patriótica chiita, que se opone al Estado de Israel. Fue creada en el seno de la comunidad chiita libanesa. Tuvo un desarrollo acelerado tras la invasión del territorio libanés por Israel en 1982. En julio de 2006, Israel volvió a invadir la parte sur del país, ocasión en la que Hezbollá lo derrotó y tuvieron que retirarse.

(3) Organización palestina creada en 1987 que se define como Movimiento de Resistencia Islámica (rama palestina de la Hermandad Musulmana). Su principal objetivo es la recuperación de los territorios ocupados por el Estado de Israel y el establecimiento de una nación liberada en los espacios históricos originales, incluidos la Franja de Gaza y Cisjordania con la capital en Jerusalén. Desde el 2006 mantiene el control en la Franja de Gaza luego de haber ganado las elecciones a su rival Al Fatah.

(4) Es el principal movimiento político militar que integra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fue el primer grupo organizado de resistencia palestina creado en la clandestinidad por Yasser Arafat en octubre de 1959. Actualmente la OLP es una organización política encabezada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas.

(5) La organización político-religiosa de los Hermanos Musulmanes (HHMM) fue creada en Egipto en 1928 por Hasan Al-Banna. Con su programa islámico conservador se opuso al gobierno de Nasser y estuvieron proscriptos en el país sin que pudieran presentarse en las elecciones como partido político. A raíz de la caída de Mubarak en 2011, su candidato – Mohammed Mursi – ganó las elecciones presidenciales. Su ascenso al poder siguió generando tensiones hacia el interior de la sociedad egipcia que culminaron con un golpe de Estado dirigido por el general Al Sisi. Aunque la organización islamista está considerada como no partidaria de la violencia, comenzó a ser perseguida por este gobierno bajo la acusación de terrorista.

(6) Reinaldo Sánchez Porro. “Prologo”. En: Edna Iturralde. Cuando callaron las armas. Edición Gente Nueva, La Habana, julio de 2012, p. 9 – 10.

(7) Consejo de Seguridad. Comité contra el Terrorismo. Disponible en: http://www.un.org/es/sc/ctc/

(8) Estos instrumentos se complementan con las siguientes resoluciones de la Asamblea General: (A/RES/49/60, A/RES/51/210 y A/RES/60/288) y del Consejo de Seguridad: S/RES/1267 (1999), S/RES/1373 (2001), S/RES/1540 (2004), S/RES/1566 (2004) y S/RES/1624 (2005). Ver: Acciones de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Disponible en: http://www.un.org/spanish/terrorism/strategy-implementation.shtml

(9) En virtud del régimen de sanciones contra Al Qaeda y los talibanes, el Consejo de Seguridad exigía que todos los Estados impusieran sanciones a las personas y las entidades incluidas en la lista de colaboradores de Al Qaeda y los talibanes, dondequiera que se encontrasen. En abril de 2007, el Consejo de Seguridad había incluido en esa lista a 362 personas y 125 entidades. Debido a las sanciones adoptadas, 34 Estados habían congelado los activos financieros de quienes figuraban en la lista por una suma de más de 90 millones de dólares estadounidenses. Ver: Ídem.

(10) Elsie Plain Rad Cliff. “El terrorismo internacional y sus diversas interpretaciones. Una aproximación al tema desde un enfoque tercermundista”. En: Thalia Fung. El mundo contemporáneo en crisis. Editorial Félix Varela, La Habana, 2011, p. 101 – 115.

(11) Protocol of the OAU Convention on the prevention and combating terrorism. Adopted by the Third Ordinary Session of the Assembly of the African Union, Addis Ababa, 8 de julio de 2004, p. 2. Disponible en: https://au.int/sites/default/treaties/treaty_protocol_oau_convention_prevention_combating_of_terrorism_e.pdf

(12) Consejo de Paz y Seguridad de la UA. Disponible en: http://www.peaceau.org/en

(13) African Centre for the Study and Research on Terrorism. Disponible en: http://www.caert.org.dz/

(14) Institute of Security Studies. Disponible en: https://www.issafrica.org/topics/counter-terrorism

(15) En este caso estarían los saharauis, a quienes Marruecos acusa de estar vinculados con las redes de AQMI y al Frente Polisario como una organización terrorista para deslegitimar su lucha por la independencia del Sahara Occidental.

(16) OAU Convention on the prevention and combating terrorism. Cumbre de Argel, julio de 1999, p. 3 y 4. Disponible en: https://au.int/sites/treies/treaty_oau_convention_on_prevention_and_combating_of_terrorism.pdf

(17) Fernando Reinares. “El terrorismo internacional”. En: Panorama Estratégico 2004-2005. Ministerio de Defensa, junio de 2005. Instituto de Estudios Estratégicos Real Instituto El Cano, p. 48.

Tomado de: Centro de Investigaciones de Política Internacional

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Breve crónica sobre la injerencia

7 septiembre, 2021 admin
Textos prestados
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Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Por Orietta E. Hernández Bermúdez @orietta82

El pasado mes de noviembre de 2020, el candidato del Movimiento al Socialismo Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-ISP), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales en Bolivia1, poniendo punto final al oscuro período de facto encabezado por Jeanine Añez2.Desde ese momento, el nuevo gobierno ha concentrado sus esfuerzos en resolver las crisis sanitaria, política y económica que heredó de la administración anterior.

Durante este proceso, ha tenido que superar los numerosos obstáculos y sabotajes de la oposición boliviana, que se ha apoyado en organizaciones internacionales y regionales. En este caso, destaca la injerencia en los asuntos internos de Bolivia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su secretario general Luis Almagro.

Un breve examen de los hechos del pasado reciente, nos van a permitir comprender este inaceptable comportamiento que lacera la soberanía del país sudamericano. Las elecciones presidenciales del 2019 en Bolivia tuvieron lugar en un ambiente de tensión causado por los cabildos convocados por los Comités Cívicos de las ciudades de Santa Cruz y La Paz. En estas concentraciones líderes de la oposición llamaron abiertamente a desconocer los resultados de las elecciones. Ellos, junto a los medios de comunicación y las redes sociales implantaron de esa manera la narrativa sobre el fraude que supuestamente iba a cometer el Movimiento al Socialismo.

El 20 de octubre de 2019, se realizaron los comicios generales. En horas de la noche, se detuvo por problemas técnicos el sistema de conteo rápido, cuando se habían escrutado el 83,76 % de los votos3. Esta situación, fue aprovechada por Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana que precipitadamente, sin esperar la llegada de los resultados del conteo de los votos del área rural, que obviamente favorecería al MAS, anunció una segunda vuelta electoral que ocasionó enfrentamientos entre simpatizantes de estas fuerzas políticas. Este fue el inicio de una escalada de violencia que devino en la quema de Tribunales Electorales Departamentales y propiedades privadas de diputados y gobernadores del MAS en varias ciudades del país.

En este contexto, el gobierno del Estado Plurinacional solicitó a la OEA, realizar una auditoría para definir los resultados de las elecciones, que dieron la victoria a Evo morales Ayma 4 y que no fueron aceptadas por las fuerzas de oposición que continuaron convulsionando el país exigiendo una segunda vuelta.

La OEA, en respuesta a ese pedido envió una comisión para auditar el proceso y rompió sorpresivamente los términos pactados tal y como declara Diego Pari, el entonces canciller de Bolivia:” El elemento fundamental del incumplimiento del acuerdo es justamente uno de los elementos centrales del golpe de estado. Primero Luis Almagro incumple absolutamente todos los puntos del acuerdo que se había establecido para la realización de la auditoria. Un elemento evidente del incumplimiento: los plazos. El jefe de gabinete de Luis Almagro nos llamó el día 7 de noviembre para decirnos que no estaban en la capacidad de poder entregar el informe el día 12 de noviembre fecha que habíamos pactado nos dijo que necesitaba uno o dos días más adicionales para poder concluir este informe. Nosotros accedimos ante la imposibilidad que tenía la OEA para poder entregar el informe de auditoría, accedimos a esta ampliación de plazo y acordamos que se debía entregar este informe el día 13 de noviembre del año 2019” 5.

Sin embargo, de manera inconsulta el día 9 de noviembre la OEA publicó un comunicado sugiriendo que se realizaran nuevas elecciones en el país. La cancillería boliviana le pidió explicaciones sobre este hecho y es entonces que salió a la luz en la madrugada del 10 de noviembre, un informe preliminar, que señalaba” serias irregularidades” en el conteo de los votos. Resulta una extraña coincidencia que horas más tarde se produjera el amotinamiento de la policía y la sugerencia de renuncia hecha por el alto mando militar a Evo Morales. Es evidente que la OEA fue una pieza clave en el golpe de estado.

El 12 de noviembre tuvo lugar la autoproclamación de la senadora Jeanine Añez como presidenta del país, amparándose en un “supuesto vacío de poder”, ante la renuncia de las principales autoridades, pero violando deliberadamente la línea de sucesión prevista en la Constitución 6.En ese contexto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente, para analizar los sucesos en Bolivia, el 13 de noviembre de 2019 expresó: “En Bolivia hubo un golpe de estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.

Estos hechos están muy lejos de ser casuales, por el contrario, confirman la complicidad y participación de la OEA y Almagro en el golpe de estado. Por esa razón es importante recordar las polémicas declaraciones del secretario general en su visita a Bolivia en mayo del 2019, cuando aseguró que sería discriminatorio que Morales no pudiera presentarse nuevamente a las elecciones.

Este apoyo repentino a la candidatura del jefe del MAS, desoyendo los reclamos hechos por la oposición boliviana a la Corte Interamericana de Justicia para que declarara ilegal la postulación, constituye un indicio sospechoso que bien podría ser parte de una estrategia para fomentar la confianza en el foro regional. Dicha confianza propició que el Tribunal Supremo Electoral solicitara la participación de la OEA mediante una auditoria para resolver la convulsa situación en Bolivia en el marco de los comicios generales de octubre del 2019.

Lo acontecido en Bolivia fue un golpe de nuevo tipo, multidimensional, cívico, militar y policial, donde al igual que en experiencias anteriores en otros países tomaron parte los medios de comunicación, las redes sociales, la derecha nacional, la iglesia, así como países que enmascararon sus verdaderos intereses a través de organizaciones regionales e internacionales.

La narrativa del fraude electoral impuesta por la derecha boliviana en el año 2019, fue rebatida de forma contundente con la victoria electoral del candidato del MAS, Luis Arce Catacora que se impuso con el 55, 1 % de los votos en octubre de 2020. En adición a ello, medios de prensa e instituciones a nivel internacional como los diarios The Washington Post, el New York Times, El país y la Fundación Carolina, coincidieron en calificar de insuficiente y mal intencionado el informe final de la OEA, que asegura que hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados las elecciones bolivianas del 2019.

Sin embargo, la intromisión de la OEA y su secretario general en los asuntos internos de Bolivia han mantenido un carácter constante y ofensivo. El pasado mes de marzo al producirse la detención de la ex presidenta Añez y dos de sus ex ministros en el marco de la investigación del caso denominado Golpe de estado, Almagro volvió a arremeter contra el gobierno boliviano. Esta vez manifestó su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno» en Bolivia.7

También propuso formar una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo la administración de Añez. Exigió además una reforma al sistema de Justicia boliviano, que se establezca a partir de un gran diálogo en el que intervengan actores políticos, académicos y sociedad civil de la mano de la cooperación internacional.

La cancillería boliviana a través de un comunicado expresó su descontento e hizo un llamado a los estados miembros a defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. En ese mismo documento el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentó “La Carta de la OEA determina claramente el mandato del secretario general que el Sr. Almagro debe cumplir. El Estado Plurinacional de Bolivia defenderá su soberanía, la independencia de sus órganos y no caerá en provocaciones malintencionadas” 8.

Otro acontecimiento más reciente da cuenta de la misma actitud injerencista de Luis Almagro. Como parte de las investigaciones sobre el Caso penal Fraude Electoral, el Ministerio Público boliviano encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España, una investigación en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Las conclusiones de dicho proceso se dieron a conocer en el mes de julio de 2021 y determinaron que hubo algunas deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial. Se señaló además que no existió manipulación de los votos debido a que el sistema informático contó con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado.

Ante estos resultados, la Comisión de Fiscales bolivianos a cargo del proceso penal, determinó que el hecho investigado no constituye delito, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 323.3 del Código de Procedimiento Penal, dando paso al cierre del caso Fraude Electoral.

El rechazo y cuestionamiento de la oposición boliviana a esta determinación fue secundada por la OEA, que en esta ocasión a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia emitió un comunicado el 9 de agosto de 2021. En dicho documento cuestiona los resultados de la investigación de la Universidad de Salamanca e insiste en la veracidad y transparencia de los resultados de la auditoría realizada por la OEA a las elecciones presidenciales bolivianas en octubre del 2019.

En respuesta a este irrespetuoso pronunciamiento el gobierno boliviano solicitó una sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar el 25 de agosto del presente año. En esta reunión la delegación del Estado Plurinacional con el respaldo de argumentos jurídicos, enfatizó que no hubo fraude en los comicios del 2019 y exigió que se respete la independencia y la soberanía del país.

Las palabras del canciller boliviano Rogelio Mayta, dejaron al descubierto el verdadero sentido del comportamiento de Luis Almagro.” Por qué el furibundo ataque de Almagro contra el peritaje y el proceso penal en el que se debate el fraude que acusó, porque ese peritaje pone en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en el 2019”9

Ante la supuesta validez y carácter vinculante de la auditoría de la OEA, reclamada por Almagro, el canciller Mayta explicó que el acuerdo suscrito para la auditoría no establecía la entrega de un informe preliminar, como sucedió en octubre de 2019, o que el informe sustituiría peritajes o sentencias en materia penal y menos la labor de fiscales y jueces bolivianos.

En ese mismo foro el ministro de Justicia de Bolivia, Ivan Lima, enfatizó que Almagro “representa el dolor, la muerte y la humillación de los bolivianos”, al mismo tiempo el canciller recalcó que el secretario general asume “claramente partido en la política interna de Bolivia, en contra del MAS y ahora contra el Gobierno legítimo”. 10

El comportamiento injerencista de Luis Almagro y de la Organización de Estados Americanos, en los asuntos internos de Bolivia, está estrechamente relacionado con los intereses de la potencia que representan. Esta organización, se ha encargado a lo largo de los años de hacer cumplir la política exterior de Estados Unidos, garantizando sus planes hegemónicos en el continente.

Las investigaciones sobre el golpe de Estado al presidente Evo Morales en el 2019, dan cuenta de la complicidad de la OEA, en este hecho. En pleno siglo XXI, lo acontecido en Bolivia, involucra además a otros gobiernos de derecha de la región que aportaron armas para que el gobierno de Añez reprimiera a los partidarios del MAS. Nada más parecido a una versión moderna del Plan Cóndor.

El gobierno de Luis Arce Catacora ha dejado claro que no aceptará la injerencia y la violación de la soberanía y que tomará otras medidas si persisten estas acciones. Ha convocado además a los Estados miembros a analizar el papel de la OEA, que especialmente en los últimos tiempos ha estimulado la discordia y el enfrentamiento en la región en total contradicción con los principios de la carta fundacional de la organización.

El Ministerio de Colonias y su impresentable secretario general Luis Almagro han quedado cuestionados y señalados por Bolivia que ya no es más un estado subordinado y dependiente de poderes externos.

Si este hecho se convertirá en un detonante para que los países del continente exijan la refundación o desaparición de la OEA, aún está por ver. Sin embargo, es una posibilidad que no debe descartarse en medio de los cambios actuales que se necesitan con urgencia para dar paso a un nuevo sistema de relaciones internacionales.

1  Las elecciones generales tuvieron lugar el 23 de octubre de 2020, y  Luis Arce Catacora se impuso con el 55. 11% de los votos

2  El mandato de la ex presidenta de facto Jeanine Añez comenzó con  su autoproclamación el día 12 de noviembre de 2019. Se suponía  que convocara a elecciones en el plazo de 90 días, sin embargo, no  fue así, se mantuvo en el gobierno al mando de una dictadura que  dejó al menos 37 personas asesinadas y centenares de heridos. El 23  de octubre de 2020 , el contundente triunfo del Movimiento al  Socialismo con su candidato Luis Arce Catacora, puso fin a su  mandato inconstitucional.

3  El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia utilizó el sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), para el conteo rápido de los votos de las elecciones generales en octubre de 2019.Es preciso destacar que esos resultados no eran vinculantes, no obstante, su detención por  problemas técnicos en la primera jornada de los comicios fue aprovechada por la oposición al MAS para descalificar la  transparencia del proceso y convulsionar el país.

4  De acuerdo con el artículo 17° de la Ley Orgánica de Elecciones un candidato resulta ganador en las elecciones nacionales siempre que obtenga el 50% más uno de los votos o de lo contrario, al menos el 40 % y 10 puntos de diferencia con el contendiente más cercano. El 25 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció los datos con el 100% de los votos escrutados, otorgando al partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales el 47,08% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana del candidato opositor Carlos Mesa sumó el 36,51%, es decir que el MAS había ganado las elecciones.

5  Entrevista concedida por el ex canciller Diego Pari al programa televisivo Detrás de la Verdad del canal Bolivia TV , el día 1 de abril del 2021.

6  La línea de sucesión está establecida en la Constitución Política de 2009, en el artículo 169, establece que en caso de impedimento o ausencia definitiva el cargo de presidente del Estado puede ser reemplazado por el vicepresidente del Estado para culminar con su  mandato; sin embargo, a falta de este último la sucesión sigue el orden de presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados, en este último caso se debe convocar a nuevas elecciones en el plazo de 90 días. La senadora Jeanine Añez ejercía como segunda Vicepresidenta en la Directiva de la Cámara de Senadores, si bien es cierto que se produjo la renuncia del presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García y la presidenta del Senado Adriana Salvatierra, esta última de manera verbal, el presidente de la cámara de diputados Víctor Borda no renunció, por eso los golpistas incendiaron su domicilio, secuestraron y torturaron a su hermano, e incluso amenazaron con quemarlo vivo en la plaza pública, hasta lograr que renunciara a la presidencia de la Cámara de Diputados. De esta manera la derecha boliviana armó la fraudulenta sucesión constitucional que colocó a Jeanine Añez  en la presidencia.

7  Más  detalles en https://www.dw.com/es/bolivia-rechaza-denuncias-de-oea-y-amenaza-actuar-contra-almagro/a-56894500

8  Comunicado  oficial de la cancillería boliviana, emitido el 17 de marzo de 2021, bajo el título:” Posición ante la respuesta de la  Secretaría General de la OEA” disponible en  https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/comunicado/4258.

9  El video de la sesión extraordinaria puede ser consultado en la página de Facebook del canal televisivo Bolivia TV https://www.facebook.com/watch/live/?v=356903056093634&ref=watch_permalink

10  Diario El Deber: ministros le dicen a la OEA que en Bolivia “no hubo fraude” y rechazan el “intervencionismo” de Almagro disponible en: https://eldeber.com.bo/pais/ministros-le-dicen-a-la-oea-que-en-bolivia-no-hubo-fraude-y-rechazan-el-intervencionismo-de-almagro_244555

Tomado de: Centro de Investigaciones de Política Internacional

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