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¿Alguien vio venir a ómicron? Sí, de hecho, muchos

1 enero, 2022 admin
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Vasileios Papageorgiou (Grecia)

Por Amy Goodman & Denis Moynihan

“Nadie veía venir esto. Nadie en todo el mundo. ¿Quién lo vio venir?”. El presidente Joe Biden utilizó estas palabras para referirse a la irrupción de la variante ómicron del Covid-19 en una entrevista concedida el miércoles a la cadena de noticias ABC. De hecho, mucha gente la vio venir.

Especialistas de la salud y activistas de todo el mundo han estado advirtiendo durante más de un año que mientras gran parte de la población mundial permanezca sin vacunarse, es seguro que variantes más agresivas del virus persistan y se desarrollen.

Mientras comenzamos a transitar el tercer año de la pandemia, ya se cuentan más de 277 millones de casos y 5,4 millones de muertes en todo el mundo. La variante ómicron se está propagando a una velocidad sin precedentes. Incluso las personas completamente vacunadas y con dosis de refuerzo se están contagiando. Aun así, la vacunación sigue siendo la mejor forma de evitar caer gravemente enfermos o morir a causa de la COVID-19. Sin embargo, las vacunas siguen fuera del alcance de gran parte de la población mundial. Muchas de las vacunas y tratamientos efectivos se desarrollaron gracias al dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes, al trabajo de científicos de instituciones de salud pública y a otros recursos públicos. No obstante, las corporaciones farmacéuticas sacan un rédito exorbitante por la venta de estos productos fundamentales para salvar vidas y retienen las fórmulas de las vacunas mientras millones continúan enfermándose y muriendo. La codicia no debería determinar el curso de esta pandemia.

“Ninguna empresa, por muy poderosa que sea, debería poder dictar quién vive y quién muere, o ejercer una influencia tan grande que determine si la economía mundial prospera o se paraliza. Pero Moderna está haciendo precisamente eso”, afirmó Diana Kearney, asesora legal y de defensa de los accionistas de la organización Oxfam America. Kearney hizo estas afirmaciones en un comunicado que acompaña la demanda que presentó Oxfam esta semana ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés. El argumento central de la demanda presentada por Oxfam ante la SEC es una disputa que existe entre Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En julio, Moderna presentó una solicitud de patente para la vacuna contra la Covid-19 que solo menciona a los científicos que trabajan para la empresa, pero los Institutos Nacionales de Salud alegan que tres de sus propios científicos —John Mascola, Barney Graham y Kizzmekia Corbett—, financiados con fondos públicos, desempeñaron un papel clave en el descubrimiento de la vacuna. Si el Gobierno de Estados Unidos logra demostrar que tiene derechos sobre la patente, Moderna perdería cierto control sobre cómo se fabrica y distribuye la vacuna.

Oxfam compró acciones de Moderna y, por lo tanto, tiene derechos de accionista. Como empresa que cotiza en bolsa, Moderna debe presentar documentos exhaustivos a la SEC e informar a sus inversores y a la población sobre las finanzas de la empresa, además de explicar los riesgos a los que se enfrenta. En su demanda, Oxfam alega que Moderna ha estado mintiendo sobre la gravedad del conflicto de patentes que tiene con los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y está ocultando un proceso legal pendiente que podría causar una caída significativa en el precio de sus acciones.

El uso estratégico del derecho bursátil por parte de Oxfam es parte de una estrategia más amplia para lograr la equidad en el acceso a las vacunas. Se trata de la Alianza Vacunas para el Pueblo, una coalición mundial que reclama que el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 sea considerado como un bien común, y que estas sean distribuidas de manera justa a todos, en todas partes y de forma gratuita. Achal Prabhala, coordinador de AccessIBSA, una organización que promueve el acceso a medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica, es uno de los referentes claves de la campaña.

En conversación con Democracy Now!, Prabhala expresó: “A menos que algo cambie drásticamente en el suministro de vacunas, estamos condenados a repetir estos terribles ciclos de olas, contagios e incertidumbre”. Prabhala es coautor de un reciente informe de AccessIBSA y Médicos sin Fronteras, donde se precisa que existen más de 120 fabricantes en Asia, África y América Latina con los requisitos técnicos y los estándares de calidad necesarios para fabricar una vacuna de ARNm.

Al respecto, Prabhala explicó: “Si la tecnología de ARNm que Pfizer, BioNTech y Moderna han desarrollado e implementado… se compartiera con cierto número de estas 120 empresas, podríamos vacunar al mundo en aproximadamente seis meses. No es teórico. De hecho, se basa en un modelo de asociación que empresas como Moderna tienen con fabricantes muy similares, excepto que están ubicados en España en lugar de Bangladesh, Senegal o Túnez”.

Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de las personas en países de altos ingresos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que en los países de bajos ingresos, menos de una décima parte de la población ha recibido una dosis. Todavía hay países, principalmente en África, donde la tasa de vacunación es igual o menor al uno por ciento.

Prabhala afirmó: “[El levantamiento de las restricciones de las patentes] reduce el dominio de Moderna, Pfizer y BioNTech sobre estas vacunas y socava las exorbitantes decenas de miles de millones de dólares de ganancias e ingresos que pueden obtener vendiéndoles las vacunas a los países pobres en los próximos años, una vez que hayan terminado con los países ricos”. Achal ofrece una solución: “El presidente Biden puede llevar a Moderna a la Casa Blanca, sentar a sus ejecutivos a la mesa, decirles que tenemos leyes que pueden obligarlos a hacer lo que les pedimos que hagan, pero que preferimos que simplemente lo hagan, encontrarle la vuelta al acuerdo y luego dar por cerrado el asunto y atribuirse el mérito de vacunar al mundo”.

Vacunar al mundo es la forma de salir de esta pandemia. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Tomado de: Democracy Now

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Del sida al ómicron: el apartheid farmacéutico nos lastima a todos

6 diciembre, 2021 admin
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Imagen tomada de La voz de Galicia

Por Amy Goodman & Denis Moynihan

El 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Sida. En esta fecha, hace cuarenta años, se registraron los síntomas por primera vez y desde entonces más de 36 millones de personas han muerto en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el sida. La tasa de mortalidad se va desacelerando a medida que la distribución de tratamientos farmacológicos eficaces se expande. Sin embargo, la desigualdad que durante mucho tiempo alimentó la epidemia del sida aún existe y trae consecuencias funestas, particularmente para los pueblos del sur de África. La persistencia y los impactos enormemente desiguales de esta epidemia aún vigente sirven como advertencia frente a la incipiente circulación de la nueva variante ómicron del virus de la COVID-19 por el mundo.

Actualmente se sabe poco acerca de esta variante del SARS-CoV-2 identificada recientemente, particularmente con respecto a si se propaga con mayor facilidad o si puede ocasionar síntomas de COVID-19 más graves. Pero lo que sí se conoce se debe en gran medida a la rápida identificación de la variante por parte de científicos de Botsuana y Sudáfrica. En conversación con Democracy Now! Fatima Hassan, fundadora de la organización Health Justice Initiative, elogió a estos científicos: “Creo que se debe valorar el modo en que trabajaron, sin generar un manto de secretismo en torno a esta variante en particular”.

Sin embargo, en lugar de ser reconocidas, las naciones del sur de África están siendo aisladas. Estados Unidos implementó rápidamente una prohibición de viajes que restringe el ingreso de personas de ocho países del sur de África. Brasil, Canadá, la Unión Europea, Irán y el Reino Unido siguieron su ejemplo.

“Se impuso una prohibición de viajes desigual para muchos países del sur de África”, señaló Fatima Hassan. “En realidad, es bastante racista”.

En respuesta a las prohibiciones, el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa expresó: “La aparición de la variante ómicron debería ser un llamado de atención para que el mundo deje de permitir la desigualdad en el acceso a las vacunas. Hasta que no estemos todos vacunados, todos seguiremos estando en riesgo. En lugar de prohibir los viajes, los países ricos del mundo deben apoyar las iniciativas planteadas por los países en vías de desarrollo para obtener y fabricar la cantidad necesaria de dosis para vacunar a su población sin demora”.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó las prohibiciones de viajar como un “apartheid de viajes”, que solo sirve para exacerbar la creciente división mundial ocasionada por el apartheid de las vacunas. En un artículo de opinión publicado recientemente, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el acaparamiento de dosis de vacunas por parte de países ricos, cuyas poblaciones están altamente vacunadas e incluso tienen dosis de refuerzo, como una “locura epidemiológica y moralmente repugnante”.

Sería más fácil vacunar al mundo que intentar vanamente impedir que las variantes de COVID-19 crucen fronteras. Ómicron es un ejemplo de ello; como detalló el periódico The New York Times esta semana, la variante ya estaba presente en Holanda antes de que se anunciara su existencia en África. Pasajeros de aviones procedentes de Sudáfrica llevaron la variante a Europa, donde las variopintas restricciones de viajes, que se contradicen de un país a otro, y los protocolos de cuarentena inadecuados hicieron que funcionarios holandeses obligaran a muchos viajeros potencialmente positivos de ómicron a partir hacia sus destinos finales, lo que aceleró la propagación de la nueva variante.

Las empresas farmacéuticas que se están beneficiando económicamente de la pandemia están ralentizando la vacunación en los países de ingresos medios y pobres. Con las patentes de las vacunas, empresas como Pfizer, BioNTech y Moderna están utilizando los derechos de propiedad intelectual para evitar compartir sus fórmulas secretas de vacunas.

El profesor de periodismo Steven Thrasher ve un paralelo entre el modo en que las grandes farmacéuticas están actuando ahora con la COVID-19 y el modo en que los países del Sur Global, y principalmente del sur de África, han sido y continúan siendo afectados por el sida.

“Hoy en día no hay ninguna razón para que alguien pueda morir de sida. Es un virus que avanza lento y, por lo tanto, desde el momento en que sabemos que alguien se ha contagiado, podemos brindarle todo el apoyo que necesita. Tenemos la capacidad científica para ello. Tenemos los medicamentos para ello. [Si esto no sucede] es simplemente por una cuestión de proteger el capitalismo y las ganancias de las empresas farmacéuticas”, afirmó el profesor Thrasher en conversación con Democracy Now! Y agregó: “Ahora, nuevamente, estamos viendo dinámicas muy similares con la COVID-19. Tenemos las vacunas y tenemos medicamentos que son muy efectivos, y una vez más su distribución en el Sur Global está siendo restringida para proteger las ganancias de las empresas farmacéuticas”.

Hace más de un año, Sudáfrica e India propusieron que la Organización Mundial del Comercio emitiera una exención temporal al acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, conocido en inglés como TRIPS, con el fin de acelerar la vacunación contra la COVID-19 a nivel mundial. En mayo pasado, el presidente Joe Biden fue aplaudido por apoyar tal exención. La semana pasada, Amnistía Internacional, junto con miembros del Congreso de Estados Unidos y muchas organizaciones sindicales, de salud y de la sociedad civil entregaron una petición a la Casa Blanca, firmada por más de tres millones de personas, donde señalan que “seis meses después, en ausencia del liderazgo de Estados Unidos para lograr un acuerdo de exención, la Unión Europea, en nombre de Alemania, junto con Suiza y el Reino Unido han bloqueado el progreso de las negociaciones”.

La gente está por encima del lucro. Ese debe ser el mantra que nos guíe ahora que estamos entrando en el tercer año de la pandemia de COVID-19. Si no se toman medidas urgentes, así como hoy aún seguimos luchando contra el sida, bien podríamos terminar lidiando con la COVID durante cuarenta años más.

Tomado de: Democracy Now

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Estados Unidos: A 400 años de la primera celebración del Día de Acción de Gracias, la resistencia indígena está en ascenso

27 noviembre, 2021 admin
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Foto El País

Por Amy Goodman & Denis Moynihan

Wampanoag, Massachusett, Nipmuc, Mohegan, Pequot, Narragansett, Passamaquoddy, Miꞌkmaq. Estos son solo algunos de los pueblos originarios que conforman lo que actualmente se denomina Nueva Inglaterra, región donde se celebró la primera cena de Acción de Gracias hace 400 años, en el otoño boreal de 1621. El mito de esa comida compartida se ha ido transformando a lo largo de los siglos, hasta convertirse en una representación de la amistad y la cooperación entre los colonos ingleses que se asentaron en la ciudad de Plymouth, en el estado de Massachusetts, y los miembros de la tribu Wampanoag que habían estado allí durante al menos 10.000 años. Si bien ese encuentro fue pacífico, en el mejor de los casos fue una tregua simbólica en el curso del genocidio que los colonos europeos estaban llevando a cabo contra las poblaciones nativas. Mientras las familias estadounidenses se reúnen en todo el país para celebrar el Día de Acción de Gracias de 2021, las comunidades indígenas que han sobrevivido a siglos de violencia, desplazamiento y racismo sistémico continúan en pie de lucha, defendiendo la tierra, el agua y su propia existencia.

Esos primeros 100 colonos, popularmente conocidos como “peregrinos”, llegaron al territorio del pueblo Wampanoag en 1620. Después de atravesar el primer invierno, asolados por las enfermedades y el hambre, el número de esos colonos se redujo a 54. Los indígenas acudieron en su ayuda y les enseñaron a cultivar los productos locales. Llegado el momento de la cosecha, los colonos lograron almacenar suficiente comida para sobrevivir el siguiente invierno y organizaron un banquete para celebrarlo. Mientras tanto, los Wampanoag acababan de sufrir una epidemia que había durado varios años y diezmado a varias poblaciones nativas de la región, por lo que, según creen los historiadores, la tribu buscó una asociación estratégica con los colonos. En ese entonces, el rey Jacobo I de Inglaterra fomentaba el proceso de colonización e incluso afirmaba que la epidemia mortal que había sufrido el pueblo Wampanoag había resultado beneficiosa. En una proclama emitida en 1620, el rey Jacobo calificó a esa epidemia como una “peste maravillosa” que había provocado “la destrucción, la devastación y el despoblamiento de todo ese territorio”.

El historiador Bernard Bailyn, fallecido el año pasado a la edad de 97 años, describió a esa época como “los años bárbaros”, ya que los llamados “peregrinos” cometían masacres y montaban campañas militares cada vez más crueles contra las comunidades nativas para quedarse con sus tierras. Luego del rey Jacobo I, otros líderes se expresaron sobre el genocidio en curso de una manera más diplomática e implementaron iniciativas coloniales como la denominada “Destino Manifiesto” y la Ley de Reorganización Indígena de 1934 que cimentaron el sistema moderno que promueve el empobrecimiento y abandono de las reservas indígenas.

Uno de los reclamos que enumeró la Declaración de Independencia de Estados Unidos contra el rey Jorge III fue su apoyo a los supuestos ataques que “indios salvajes y despiadados” perpetraban contra los colonos. Desde 1777 hasta 1868, Estados Unidos firmó al menos 368 tratados con naciones originarias y no cumplió con ninguno de ellos. Canadá tiene un historial similar en ese sentido. Las comunidades indígenas de ambos países no han dejado de exigir que se respeten esos tratados y la soberanía de los pueblos nativos.

En noviembre de 1969, un grupo de activistas indígenas estadounidenses ocupó la prisión federal de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco, que estaba cerrada y abandonada, y emitió un manifiesto de carácter sarcástico. En esa proclama, los activistas “exigían” que Alcatraz se convirtiera en una reserva, ya que tenía todas las características de una: estaba aislada; no contaba con sistema de agua corriente ni saneamiento; no había acceso a la atención médica, a la educación ni al empleo; y sus ocupantes serían tratados como prisioneros. La ocupación duró 19 meses, involucró a miles de personas e inspiró a los pueblos indígenas de América del Norte a exigir justicia. Posteriormente, en 1973, un grupo de activistas del recién fundado Movimiento Indígena Estadounidense tomó el control de Wounded Knee, una pequeña localidad situada en la reserva indígena de Pine Ridge, en el estado de Dakota del Sur. La ocupación impulsó la solidaridad internacional por los derechos indígenas.

En 2016, la resistencia indígena llegó a la primera plana de los medios mundiales cuando las tribus Lakota y Dakota establecieron campamentos en la reserva Standing Rock para oponer resistencia a la construcción del oleoducto Dakota Access. Luego de que la empresa propietaria del oleoducto, Energy Transfer Partners, atacara a golpes a los defensores indígenas del agua y azuzara perros contra ellos, el número de ocupantes de los campamentos aumentó de manera drástica a más de 10.000 personas, entre las que se contaban representantes de más de 200 naciones y tribus indígenas. El oleoducto finalmente se construyó, pero había surgido una nueva era de resistencia indígena.

En la actualidad se están construyendo varios oleoductos para transportar el petróleo extraído de las arenas bituminosas del oeste de Canadá, lo que implica el traslado del combustible fósil más contaminante del mundo a través de territorios indígenas y ecosistemas frágiles. La resistencia liderada por indígenas contra el oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge en el norte del estado de Minesota lleva varios años en curso. La líder de la tribu Anishinaabe, Winona LaDuke, ha estado en la primera línea de esa resistencia. LaDuke criticó al presidente Joe Biden por no tomar ninguna medida contra la construcción de la Línea 3 de Enbridge. En una entrevista con Democracy Now!, la activista se refirió a la decisión de Biden de designar a Deb Haaland como Secretaria del Interior, la primera persona indígena en ocupar un cargo en un gabinete presidencial de Estados Unidos.

“Joe, no designes en tu gabinete a personas indígenas solo para quedar bien. Déjalas hacer su trabajo. Este Gobierno colonial necesita el aporte de la comunidad indígena. Es la forma de que las cosas cambien”.

En la provincia canadiense de Columbia Británica, la nación soberana de Wet’suwet’en viene llevando adelante una lucha contra la construcción del gasoducto Coastal GasLink, de la empresa TC Energy, un proyecto que costará miles de millones de dólares. Esta semana, la policía federal canadiense puso fin a un bloqueo de varios meses de duración en el sitio de perforación del gasoducto. La policía irrumpió violentamente, con un hacha y una motosierra, en una de las casillas montadas por los activistas y arrestó a los defensores de la tierra que estaban dentro. Luego, la policía quemó completamente la casilla.

El mito de esa exuberante comida que los colonos y los indígenas compartieron hace 400 años sigue enmascarando y ocultando la miseria que sufren las comunidades indígenas, desde la pobreza, hasta el abuso de sustancias, pasando por la actual epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Pero las comunidades nativas, resilientes y organizadas, se han puesto en pie de lucha y continúan resistiendo. Demos gracias por eso.

Tomado de: Democracy Now!

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Una epidemia dentro de la pandemia: la muerte de afroestadounidenses a manos de la policía

26 octubre, 2021 admin
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Por Amy Goodman & Denis Moynihan

La pandemia de COVID-19 está remitiendo lentamente en Estados Unidos —al menos entre las personas vacunadas—, pero otra epidemia letal continúa fuera de control: la muerte de personas de color a manos de la policía. Una base de datos en línea del periódico The Washington Post informa que 7.216 personas murieron a manos de la policía desde 2015, 914 de ellas en lo que va de 2021. Los afroestadounidenses tienen dos o tres veces más probabilidades que los blancos de morir a manos de efectivos policiales. Mientras tanto, día a día crecen con mayor fuerza los movimientos que exigen que los oficiales de policía violentos rindan cuentas de sus actos. Se han logrado algunos avances al respecto, como lo demuestra el desarrollo de los casos de Ahmaud Arbery, Roger Greene y Elijah McClain. Nada traerá a esas personas de vuelta, pero que los agentes responsables de esas muertes rindan cuentas por sus acciones puede prevenir futuras muertes a manos de la policía.

En su libro “The Condemnation of Blackness” (La condena de la negritud), el historiador y escritor Khalil Gibran Muhammad afirma: “Hay un hilo a lo largo de la Historia que conecta a los linchamientos del pasado con las prácticas policiales de la actualidad”. El “Museo del legado: de la esclavitud al encarcelamiento masivo” ubicado en la ciudad de Montgomery, estado en Alabama, muestra de manera dolorosa y contundente cómo las prácticas de linchamiento fueron fundamentales para aterrorizar a la población afroestadounidense tras la abolición de la esclavitud.

La muerte violenta de Ahmaud Arbery ocurrida el 23 de febrero de 2020, captada en video por uno de los perpetradores acusados, tiene todas las características de esos linchamientos de hace un siglo. Esa soleada tarde de domingo, en los suburbios de la localidad de Brunswick, en el estado de Georgia, Ahmaud se encontraba haciendo ejercicio cuando Gregory McMichael y su hijo Travis lo vieron pasar corriendo e inmediatamente tomaron sus armas y se lanzaron a perseguirlo en su camioneta. Un vecino llamado William “Roddie” Bryan se unió a la persecución en su propia camioneta y filmó el incidente con un teléfono celular.

El padre y el hijo afirman que estaban intentando hacer un “arresto ciudadano” de Ahmaud Arbery, quien se resistió a él con razón. Travis McMichael disparó dos veces su arma y le causó la muerte a Arbery. El mayor de los McMichael es un ex oficial de policía del condado de Glynn que trabajó como investigador en la oficina de la fiscal Jackie Johnson, ex fiscal de distrito del Circuito Judicial de Brunswick. Johnson fue recientemente imputada por haber ordenado a la policía que no arrestara a Travis McMichael y por direccionar el caso hacia un fiscal que ella sabía que iba a actuar de manera benigna con los acusados. Después de que el video filmado con el celular se hiciera público, fue un tercer fiscal quien finalmente presentó los cargos de asesinato contra los McMichael y Bryan. Este lunes comenzó la selección del jurado en el juicio contra los tres hombres acusados por la muerte de Arbery.

El 10 de mayo de 2019, oficiales de una unidad de la policía estatal de Luisiana conocida como “Tropa F”, tristemente célebre por sus prácticas violentas, participaron en una persecución a alta velocidad del automovilista afroestadounidense de 49 años Ronald Greene. Inicialmente los oficiales informaron que Greene había muerto tras estrellarse contra un árbol. Más tarde dijeron que Greene se había enfrascado en una lucha con ellos y que había muerto camino al hospital.

Más de dos años después del incidente, la agencia de noticias Associated Press publicó imágenes impactantes de las cámaras corporales de los policías que muestran una realidad totalmente distinta a la reportada. “Oficial, tengo miedo. ¡Soy tu hermano! ¡Tengo miedo!”, suplica Greene mientras los policías estatales lo golpean brutalmente, le disparan con una pistola eléctrica y lo arrastran por el suelo mientras vociferan amenazas e insultos. Poco después, Greene estaba muerto.

En junio pasado ocurrió un hecho sumamente destacable: el policía estatal afroestadounidense Carl Cavalier acudió a la prensa y dio a conocer notas del agente de policía que investigó la muerte. Ese agente había recomendado que al menos uno de los policías involucrados fuera arrestado, pero luego los oficiales superiores de la policía estatal intervinieron para impedir que haya arrestos. El denunciante, Carl Cavalier, ha sido suspendido y, según algunos informes, ha sido despedido, aunque la policía estatal sostiene que todavía continúa en su cargo. En conversación con un canal de televisión de la ciudad de Baton Rouge, Cavalier afirmó: “En mi opinión, todavía tenemos asesinos en el trabajo”. Fiscales federales están investigando un posible encubrimiento de los hechos, en el que se sospecha que están involucrados altos mandos jerárquicos de dicha fuerza policial.

El 24 de agosto de 2019 el joven Elijah McClain fue arrestado violentamente por la policía en la ciudad de Aurora, estado de Colorado. McClain retornaba caminando a su casa luego de comprar algunas cosas en la tienda de la esquina cuando agentes de policía lo detuvieron de manera violenta. En pocos segundos, lo derribaron y lo inmovilizaron contra el suelo. El joven suplicó: “¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡No puedo respirar! Soy introvertido; soy diferente. No mato ni a una mosca. No como carne. Soy vegetariano”. El equipo de urgencias médicas que acudió al lugar le inyectó una excesiva dosis de ketamina, un poderoso sedante, que le provocó un ataque cardíaco. McClain nunca recuperó el conocimiento y murió pocos días después. Tenía 23 años de edad.

El caso de McClain pasó desapercibido hasta que irrumpieron las protestas que se desataron en los días posteriores al asesinato de George Floyd por parte de agentes de policía en mayo de 2020. Las protestas en reclamo de justicia racial eran cada vez más frecuentes y numerosas en Aurora, un suburbio de la ciudad de Denver. El gobernador de Colorado, Jared Polis, facultó al fiscal general del estado a investigar el caso de McClain y, en septiembre de 2021, tres oficiales de policía y dos paramédicos fueron imputados por homicidio involuntario, homicidio negligente criminal y agresión. Esta semana, la ciudad de Aurora llegó a un acuerdo con la familia McClain, del que no se revelaron detalles.

Estamos experimentando un cambio tectónico en la conciencia pública sobre la violencia generalizada de la policía, en especial la dirigida hacia jóvenes negros. También hay una creciente disposición a llevar a juicio a los policías involucrados en operativos violentos con desenlace fatal. Sin embargo, la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial no pudo ser aprobada en el Senado de Estados Unidos; y esta semana, dos veredictos de la Corte Suprema a favor de la doctrina de la “inmunidad calificada” han dificultado aún más la posibilidad de llevar a los policías a los tribunales. A pesar de la resistencia de estas poderosas instituciones de Estados Unidos, será la ciudadanía comprometida, tanto de personas documentadas como indocumentadas, la que pondrá fin a esta epidemia de muertes a manos de la policía.

Tomado de: Democracy Now!

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“El viaje a las estrellas” del actor William Shatner oculta otras travesías mucho más peligrosas a través del desierto

19 octubre, 2021 admin
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Estadounidenses encuentran y sepultan a los inmigrantes que mueren en el desierto. Foto CNN en Español

Por Amy Goodman & Denis Moynihan

La serie de televisión “Star Trek”, “Viaje a las estrellas”, volvió a la primera plana de las noticias esta semana, ya que William Shatner —el actor que interpretó al capitán Kirk en la clásica serie de los años 60— viajó este miércoles al espacio a la edad de 90 años en un nuevo vuelo de turismo espacial organizado por la empresa Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos. En esta remota región del oeste del estado de Texas, a pocos kilómetros de la llamativa plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales de Bezos, todos los días se llevan a cabo travesías de otro tipo. Se trata del difícil cruce desde México a Estados Unidos que cientos de migrantes hacen a pie a través del desierto de Chihuahua, muchos de ellos huyendo de la violencia, la crisis climática y la pobreza. En el suelo de ese desierto, muy por debajo de la nave espacial que transportaba hacia lo alto a sus privilegiados pasajeros, yacen muchas vidas perdidas. La travesía a pie bajo el sol abrasador, a través de la arena, las rocas y los cactus, se ha vuelto aún más difícil debido al control militarizado de la frontera ejercida por el resquebrajado sistema de inmigración estadounidense.

Miles de migrantes han muerto al intentar el cruce. Armando Alejo Hernández emprendió ese viaje a principios de mayo y no se supo más nada de él. La desaparición de Armando en el desierto se ha abordado anteriormente en esta columna, también haciendo referencia a la estructura espacial de Blue Origin cercana al pueblo de Van Horn, en Texas. En julio, el calor del desierto era abrasador y Jeff Bezos estaba embarcado en una competencia espacial contra-reloj —que muchos apodaron la “carrera espacial de los multimillonarios”— con Richard Benson, el otro multimillonario que se lanzó a las alturas con otros pasajeros a bordo de su propia nave para experimentar unos minutos de ingravidez en el espacio.

Los breves viajes espaciales de estos multimillonarios recibieron atención mundial y fueron ampliamente aclamados. Ojalá la atención mediática que estuvo puesta sobre esa región hubiera hecho que los medios enfocaran sus cámaras hacia esos otros viajes, terrestres y mucho más peligrosos, que hacen los migrantes a través del desierto.

Armando vivió durante una década en Estados Unidos. Tenía trabajo y formó una familia. Sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Sin embargo, nunca obtuvo documentación legal y fue deportado en 2016. Su hijo mayor, Derek, contó a Democracy Now! la génesis del fatídico viaje que emprendió Armando en mayo pasado:

“No tener cerca a mi padre fue difícil para mí, porque crecí y pasé casi toda mi infancia muy cerca de mi papá”, explicó Derek. “Un día estábamos hablando por teléfono y le pregunté si podía regresar (a Estados Unidos) porque simplemente lo quería tener junto a mí. No había podido verlo durante cuatro años”.

Alexis Corona formaba parte del pequeño grupo de migrantes que viajaba hacia el norte con Armando. En conversación con el canal de televisión Telemundo, Corona contó: “Él decía que ya no podía caminar y que iba a buscar la manera para ver si lo podían rescatar. De hecho, él quedó a escasas 8 o 9 millas. Adelante nos agarró migración y nosotros les explicamos cómo estaba, que no podía caminar, que se había quedado con poca agua, con poca comida. Y la reacción de ellos fue: ‘Ah, entonces, si ya se quedó atrás, pues ahí que se quede’”.

Derek aún estaba en comunicación con su padre en ese momento. Armando le había enviado algunos mensajes de voz a su hijo, en los que describía la ropa que llevaba puesta, contaba que no tenía agua y que sentía que no podía continuar. El padre de Derek también había enviado una foto en la que se veía, a lo alto de la cumbre que tenía por delante, una estructura de gran tamaño. La estructura es casi con seguridad la torre del radar que el Gobierno de Estados Unidos tiene instalado en la cima de la montaña Eagle Peak y Armando parece estar ubicado en la ladera sur, en el condado de Hudspeth, no lejos de la ciudad de El Paso.

Entrevistado para el documental “Missing in Brooks County,” (Desaparecidos en el condado de Brooks, en español), el agente de la Patrulla Fronteriza Alex Jara admitió: “Ya no los llamamos personas. Los llamamos ‘cuerpos’. Porque si los denominas ‘personas’, eso comenzará a afectarte”.

En el condado de Brooks se encuentra uno de los puestos de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que operan lejos de la frontera, ya bien dentro de territorio estadounidense. Eso hace que los migrantes que carecen de documentación se alejen de la única carretera principal del condado de Brooks y se adentren en el desierto para evitar ser capturados.

Eddie Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas (STHRC, por sus siglas en inglés), con sede en el condado de Brooks, dijo a Democracy Now!: “La migración se ha intensificado desde el comienzo del Gobierno de Biden. Aquí tengo a familias, provenientes de diversos países, que todavía están buscando a sus seres queridos desaparecidos. El número (de desaparecidos) ha aumentado. En lo que va del año, y solamente en el condado de Brooks, se han recuperado 99 cuerpos y restos esqueléticos”.

Las temperaturas medias en el desierto son más frías en esta época del año, pero viajar sin la ayuda de un guía a través de este árido y desolado territorio sigue siendo peligroso. Seguirá habiendo más muertes evitables. Activistas por los derechos de los inmigrantes están presionando a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos para que incluyan un plan de regularización de la ciudadanía para los residentes indocumentados en el proyecto de ley denominado Reconstruir Mejor. La aprobación de este proyecto de ley está siendo bloqueada por los senadores demócratas conservadores Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona —otro estado fronterizo donde se encuentra el igualmente peligroso desierto de Sonora—.

Está bien mirar hacia el cielo y alcanzar las estrellas, como lo hizo el actor canadiense William Shatner, quien cuenta con los beneficios que brinda poseer el estatus de residencia permanente. Pero la crisis que atravesamos actualmente no se resolverá con viajes al espacio, sino con personas que aúnan esfuerzos aquí en la tierra, con los pies bien firmes en el suelo.

Tomado de: Democracy Now!

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Perdido y encontrado en Guantánamo: ​​Mansoor Adayfi, el detenido 441

6 octubre, 2021 admin
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Por Amy Goodman & Denis Moynihan

La bahía de Guantánamo, ubicada en el extremo sur de Cuba, alberga la tristemente célebre prisión militar estadounidense de Guantánamo, conocida como “Gitmo”, donde 779 hombres han permanecido detenidos, en su gran mayoría sin cargos, y han sido torturados a lo largo de los últimos veinte años. Uno de estos prisioneros, el yemení Mansoor Adayfi —o el “detenido 441”— estuvo encarcelado allí durante 14 años, hasta 2016. Adayfi está actualmente exiliado en Serbia, lugar a donde Estados Unidos lo obligó a asentarse luego de su liberación de Guantánamo a pesar de no tener ninguna conexión con ese país. Adayfi acaba de publicar un libro de memorias, en el que describe el horror que se vive en Guantánamo y cómo él y sus compañeros de prisión mantuvieron la cordura, crearon lazos solidarios y sobrevivieron.

Mansoor Adayfi habló con Democracy Now! desde Belgrado. No dejó de sonreír y de reír durante la conversación que mantuvimos con él, a pesar de haber soportado años de tortura y encarcelamiento arbitrario. Aprendió la mayor parte de su inglés casi fluido de los guardias de Guantánamo. Respecto a la gran diversidad que había entre los prisioneros con los que tuvo que convivir, nos dijo:

“Había alrededor de 50 nacionalidades, 20 idiomas e historias de vida diferentes. Las personas que estaban en Guantánamo eran artistas, cantantes, médicos, enfermeros, buzos, mafiosos, drogadictos, docentes, investigadores, poetas. Esas culturas tan diversas interactuaron unas con otras, se fusionaron y formaron lo que denominamos la ‘cultura de Guantánamo’ y lo que yo llamo ‘el hermoso Guantánamo’”.

Las elocuentes memorias de Mansoor Adayfi publicadas en el libro “Don’t forget us here: lost and found at Guantánamo” (No se olviden de los que estamos aquí. Perdidos y encontrados en Guantánamo) son un testimonio profundamente personal del horror que vivió en la prisión. También constituyen una dura denuncia contra la crueldad de las Fuerzas Armadas estadounidenses y las personas que tenían a su cargo el manejo de la prisión, incluido el general Geoffrey Miller, un implacable defensor de las prácticas de tortura que también estuvo a cargo de la prisión Abu Ghraib en Iraq, así como contra la serie de presidentes y comandantes en Jefe que estuvieron al mando de Estados Unidos desde 2002: George W. Bush, Obama, Trump y ahora Biden.

“Por favor, déjame llevarte de viaje por Guantánamo”, escribe en la introducción del libro Mansoor Adayfi. “Ajústate el cinturón y prepárate. Seré tu guía, pero no te preocupes, no tendrás que usar el overol naranja ni los grilletes ni la capucha. Todas las noches podrás dejar atrás las rejas y las celdas de aislamiento y reincorporarte a tu vida. Pero creo que retornarás junto a mí para ver un lado de Guantánamo que pocas personas han tenido posibilidad de experimentar, donde hay mucho dolor, sí, pero también hay momentos inesperados de belleza y alegría que te dejarán sin aliento. Este es mi Guantánamo”.

Nacido en el seno de una familia numerosa en un área rural de Yemen, Mansoor tuvo un buen desempeño en la escuela y cuando cumplió los 18 años de edad fue enviado a Afganistán para ayudar con un proyecto de investigación. Así nos cuenta lo que le sucedió en ese país:

“Un día, después del 11 de septiembre, fui secuestrado por líderes tribales afganos. Desde los aviones estadounidenses se tiraban panfletos en los que se ofrecían grandes recompensas de dinero en efectivo [por entregar sospechosos]. Me vendieron a la CIA como un general de Al Qaeda, un egipcio de mediana edad, involucrado en los atentados del 11 de septiembre. Me llevaron a un centro clandestino de detención, donde me torturaron durante más de dos meses”.

Mansoor nunca olvidará lo que padeció en ese centro clandestino:

“Nadie sabe cuántas personas murieron realmente allí. No había ninguna limitación en las torturas que podían infringirte. Permanecer colgado del techo de la celda, boca abajo, durante mucho tiempo, incluso con los ojos vendados y desnudo. Permanecer parado, sin descanso. Estábamos las veinticuatro horas del día sometidos a prácticas como la privación del sueño, nos golpeaban, nos sometían a la práctica del ahogamiento simulado”.

Con grilletes y encapuchado, Adayfi fue trasladado en avión desde Afganistán a Guantánamo, en un viaje de 40 horas de duración. Sus captores le colgaron un letrero alrededor del cuello con la leyenda “Golpéenme” y los guardias a bordo obedecieron y lo golpearon durante todo el viaje. En la cárcel de Guantánamo, el maltrato continuó. Con el tiempo, los reclusos se organizaron y comenzaron una huelga de hambre.

“Nuestros cuerpos eran el campo de batalla, porque los estadounidenses nos torturaban, nos maltrataban y nos golpeaban en el cuerpo; y nosotros también castigamos nuestros propios cuerpos con la huelga de hambre, tratando de resistir. Era un viaje lento hacia la muerte”.

Mansoor Adayfi sufrió innumerables golpizas y horrendos interrogatorios a manos de los guardias de la prisión. Aun así sentía compasión por quienes regresaban de la guerra en Irak o Afganistán: “Vi cómo volvían esos guardias, muchos de ellos estaban mentalmente destruidos. Ver a una persona quebrantada es más doloroso que cualquier otra cosa”. Una de las guardias lo conmovió profundamente cuando se rehusó a acatar una orden directa de llevar a Mansoor a un interrogatorio.

“Era una cuestión de vida o muerte, pero tienes que mantener viva la esperanza”, reflexionó Mansoor. “Ese lugar fue diseñado para quitarte toda esperanza”.

Mansoor Adayfi lleva puesta —en una actitud desafiante— una bufanda naranja, a pesar de que un psicólogo de la prisión de Guantánamo y un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja le dijeron que usar el color naranja podría desencadenarle una situación de estrés postraumático.

“En Guantánamo aprendí que nunca te debes quedar callado”, dijo Mansoor Adayfi, el detenido 441, a Democracy Now! “Si guardas silencio, el opresor te oprimirá aún más. Así que nunca me quedaré callado”.

Tomado de: Democracy Now!

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Después de décadas de guerra, el pueblo afgano merece la paz

24 agosto, 2021 admin
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El Instituto Watson calcula que más de 47.000 civiles afganos murieron y más de 75.000 resultaron heridos durante las hostilidades. Foto El Periódico

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Después de dos décadas de guerra, derramamiento de sangre y ocupación estadounidense en Afganistán, el Gobierno de Biden ha sido acusado de no haber previsto la velocidad con la que colapsaría el Gobierno afgano, un gobierno que se ha sostenido con el apoyo de las fuerzas armadas de Estados Unidos y con el aporte de billones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

Zabihullah Mujahid, principal portavoz del Talibán, dijo en una conferencia de prensa realizada el martes en la ciudad de Kabul: “La enemistad entre las partes en el conflicto ha terminado. Se debe formar un Gobierno inclusivo; todas las partes y todos los afganos deben participar en él”. Mujahid hizo estas declaraciones desde el asiento que hasta hace poco pertenecía al principal portavoz del Gobierno afgano, Dawa Khan Menapal, que fue asesinado por los talibanes diez días antes, durante las oraciones del viernes.

Bilal Sarwary, un periodista afgano que reside en la ciudad de Kabul, dijo a Democracy Now!: “Al pueblo afgano le gustaría saber a dónde conduce este camino, porque la gente ansía un acuerdo político. La gente tiene sed de paz”.

Bilal se convirtió en un refugiado de la guerra civil que sufrió el país durante la década de 1990, luego de que concluyó el sangriento conflicto con la Unión Soviética. El periodista afgano aprendió inglés en la ciudad pakistaní de Peshawar y regresó a Afganistán como coordinador de un equipo noticioso de televisión en 2001, poco después de que Estados Unidos invadiera su país tras los atentados del 11 de septiembre. Durante los 20 años de guerra y de ocupación, Bilal se convirtió en un experimentado periodista en la primera línea del conflicto.

En un artículo recientemente publicado por el periódico británico The Telegraph, Bilal describió el impacto que la cobertura de la violencia ha tenido en su vida: “Me ha quebrado por completo […]. La peor sensación ha sido ver la enorme cantidad de ataúdes apilados en pequeños pueblos y valles de todo el país: eso fue como si 1.000 cuchillos afilados apuñalaran mi corazón”.

Miembros del Congreso de Estados Unidos han prometido iniciar investigaciones sobre la fallida retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Las indagaciones deberían examinar no solo las últimas dos semanas o dos meses, sino las dos décadas completas de esta desastrosa guerra y ocupación.

El Instituto Watson calcula que más de 47.000 civiles afganos murieron y más de 75.000 resultaron heridos durante las hostilidades. La Oficina del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, un organismo de supervisión estadounidense, sostiene que “ambas cifras son probablemente mucho mayores”. Mientras tanto, se estima que a lo largo del conflicto militar murieron alrededor de 70.000 soldados y policías afganos; 50.000 talibanes y combatientes opositores; más de 2.400 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos; y cerca de 4.000 contratistas estadounidenses. Incluyendo a los periodistas, trabajadores humanitarios y soldados de la OTAN, han muerto al menos 170.000 personas en total.

Esta semana, la casi frenética retirada de las tropas de Estados Unidos desató el caos. Varias personas se treparon y aferraron al exterior de las aeronaves militares estadounidenses que despegaban del aeropuerto de la ciudad de Kabul y luego cayeron al vacío desde decenas de metros de altura o murieron durante el viaje en la cavidad de las ruedas del avión. Según se informa, las fuerzas armadas estadounidenses están negociando con las fuerzas talibanes para mantener el orden en el aeropuerto de Kabul. Varios civiles han muerto a manos de ambos grupos al querer conseguir de manera desesperada un vuelo para irse del país.

Matthew Hoh fue el primer funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que renunció en señal de protesta contra la escalada de la guerra en Afganistán que tuvo lugar en 2009. En conversación con Democracy Now!, Hoh describió así la estrategia fallida de Estados Unidos en Afganistán: “[Estados Unidos] ha bombardeado poblaciones enteras y ha realizado redadas nocturnas, en las que ha llegado a enviar hasta 20 veces por noche comandos militares a los pueblos afganos para entrar en los hogares y matar gente. Y ahora vemos el resultado de todo eso. El resultado es que, año tras año, los talibanes se hicieron más fuertes y obtuvieron cada vez más apoyo de la población”.

Hoh no es optimista: “Lo único que es aún más trágico que lo que le sucedió al pueblo afgano es que en unos días Estados Unidos se habrá olvidado de Afganistán nuevamente”.

Sin embargo, las y los afganos no se olvidarán de Estados Unidos. Zahra Nader es una estudiante de posgrado que reside en Toronto, Canadá. Nació en la ciudad afgana de Bamiyán y huyó a Irán con su familia, donde creció como refugiada, sin poder asistir a la escuela. En 2004, Zahra regresó junto con su familia a Afganistán y después de unos años de estudio se convirtió en periodista y llegó a escribir para el periódico The New York Times. Zahra dejó ese trabajo soñado para mudarse a Canadá y asegurarse de que su hijo pequeño tuviera más oportunidades de las que ella tuvo cuando era niña. En una conversación telefónica, Zahra ofreció un crítico resumen del papel de Estados Unidos en Afganistán a partir de finales de la década de 1970:

“Estados Unidos apoyó a los muyahidines afganos, un grupo fundamentalista islámico, para librar una guerra indirecta contra los soviéticos. Hasta 2001, los derechos de las mujeres y los derechos humanos no le importaban a nadie, ni a Estados Unidos ni a otros países occidentales. Antes de esa fecha parecía que no existíamos. Luego nos usaron para justificar la guerra”.

Para Zahra Nader, Bilal Sarwary y decenas de millones de afganos y afganas, comienza de nuevo la difícil tarea de reconstruir Afganistán. Estados Unidos tiene el deber de apoyar estos esfuerzos, sin intentar controlarlos. Estados Unidos, el último imperio en huir de Afganistán, también debería aprender, de una vez por todas, que no se puede bombardear el camino hacia la paz.

Tomado de: Democracy Now!

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Código rojo: la emergencia climática causada por los humanos exige una acción inmediata

18 agosto, 2021 admin
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El término “megasequía” se utiliza actualmente para describir a las sequías que duran décadas, que resecan y desertifican el paisaje

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Grandes incendios forestales están incinerando bosques en el oeste de Estados Unidos y en otras partes del mundo como Turquía, Grecia y Siberia, destruyendo millones de hectáreas, quemando pueblos enteros y cubriendo vastas regiones con columnas de humo que se extienden por miles de kilómetros. El término “megasequía” se utiliza actualmente para describir a las sequías que duran décadas, que resecan y desertifican el paisaje y provocan que los niveles de agua de los embalses, que antes rebosaban, estén ahora peligrosamente bajos y amenacen con dejar ciudades enteras sin agua. En Alemania y China, una serie de tormentas torrenciales vertieron recientemente el equivalente a un año de lluvia en cuestión de días, causando inundaciones que arrastraron a cientos de personas a la muerte y desplazaron a otras miles de sus hogares. Los huracanes y tifones están ocurriendo antes de lo previsto, con mayor frecuencia y fuerza, devastando países insulares y comunidades costeras.

“La influencia de la actividad humana en el sistema climático es ahora un hecho indiscutible” afirma el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el IPCC, ganador del Premio Nobel de la Paz, en su sexto informe de evaluación sobre el cambio climático, recientemente publicado. Es su primera revisión importante de esta amenaza medioambiental desde 2013. El informe destaca además que “en 2019 las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono fueron las más altas en al menos dos millones de años”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, describió al informe como un “código rojo para la humanidad”. El documento presentado consta de 4.000 páginas y ofrece una síntesis detallada de más de 14.000 artículos científicos, minuciosamente revisados por 234 expertos de 66 países. Los expertos contaron con la ayuda de más de 500 autores colaboradores y recibieron más de 78.000 comentarios editoriales antes de la publicación. El informe incluye la advertencia de que “a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, la meta de limitar la temperatura global del planeta a cerca de 1,5 grados Celsius o incluso a 2 grados Celsius será imposible de alcanzar”.

Esas dos temperaturas definen lo que los científicos, los legisladores, los líderes mundiales y los activistas contra el cambio climático han identificado durante mucho tiempo como el estrecho margen para mantener el calentamiento global dentro de un rango seguro. Es decir, los límites de temperatura inferior y superior del calentamiento global causado por los humanos, que nosotros, como especie, podemos permitir que ocurra si queremos mantener un planeta habitable. Según este nuevo informe del IPCC, ya hemos aumentado la temperatura del planeta en aproximadamente 1,2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Si bien este nivel puede parecer pequeño, ya ha tenido impactos en el planeta.

El experto en clima Bob Kopp, uno de los autores del informe del IPCC, expresó en una entrevista con Democracy Now!: “No deberíamos pensar en esto como si hubiera una línea mágica en un grado y medio [Celsius] o en cualquier otro nivel por debajo del cual estamos a salvo y por encima del cual no lo estamos. Cualquier nivel de calentamiento […] aumenta los riesgos a los que nos enfrentamos”.

En 2015, casi todas las naciones del mundo firmaron el Acuerdo de París, el histórico tratado sobre el clima que afirmó el compromiso de cada país de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Más de cinco años después, aún no se han acordado las reglas en base a las cuales se implementará dicho acuerdo.

Estados Unidos —como el país más rico del mundo y uno de los mayores contaminantes históricos del planeta— tiene la responsabilidad de actuar, no solo para hacer su propia transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía más limpias, sino para ayudar a financiar esa transición a nivel mundial.

Durante su campaña electoral, Joe Biden prometió tomar medidas ambiciosas para abordar la crisis del cambio climático, en marcado contraste con su predecesor, Donald Trump, que es un gran negacionista del cambio climático. Después de asumir el cargo, Biden bloqueó de inmediato la construcción del oleoducto Keystone XL, pero permitió que el oleoducto Dakota Access siguiera funcionando. En otra decepción para los activistas contra el cambio climático, Biden también se negó a detener la construcción del oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge en el estado de Minesota, en donde en los últimos meses miles de personas se han unido a las protestas lideradas por las comunidades indígenas para reclamar por la detención de la construcción del oleoducto y muchas han sido violentamente arrestadas. El presidente de Estados Unidos también ha instado a los países integrantes de la OPEP a aumentar la producción de petróleo para reducir los costos del combustible.

Sin embargo, Biden ha incluido elementos de un New Deal ecológico en su programa denominado “Reconstruir mejor”, estableciendo estándares nuevos y más altos para la eficiencia energética y la energía limpia. Asimismo, ha ampliado los incentivos para la generación de electricidad mediante fuentes de energía limpia y para la fabricación de vehículos eléctricos y el uso de energías limpias en la industria; y ha creado un Cuerpo Civil del Clima, un programa gubernamental que creará nuevos empleos destinados a combatir la crisis climática. El presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, el senador Bernie Sanders, acaba de presentar una propuesta presupuestaria de 3,5 billones de dólares para financiar estas iniciativas y otras en el mismo sentido. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se ha comprometido a aprobar el proyecto de ley para mediados de septiembre utilizando el “procedimiento de reconciliación”, un proceso legislativo para la aprobación de presupuestos que solo requiere una mayoría simple y que evitaría el obstruccionismo republicano.

Mientras tanto, la ONU sigue adelante con los planes de realizar en noviembre de este año la COP26, la próxima cumbre mundial contra el cambio climático que fue cancelada en 2020 debido a la pandemia y que se llevará a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow.

“La COP26 de Glasgow será quizás la cumbre climática más importante que habremos tenido hasta el momento”, dijo el científico bangladesí experto en clima Saleemul Huq a Democracy Now! “Es hora de que los países ricos hagan lo que acordaron hacer en París: mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados Celsius y proporcionar 100 mil millones de dólares al año a los países en desarrollo para que puedan abordar el cambio climático. Prometieron hacer todo eso, pero no cumplieron con su palabra”.

Los costos de hacer la transición hacia una sociedad libre de combustibles fósiles y con energías renovables serán enormes. Pero los costos de la inacción son infinitamente más altos, no solo en términos económicos, sino en sufrimientos, desplazamientos, destrucción y muertes. Los movimientos populares que luchan por la justicia climática, muchos liderados por jóvenes, están creciendo en todo el mundo. Esa es, en última instancia, la mayor esperanza de cambio que tenemos durante esta ventana crucial y cada vez más estrecha para salvar el planeta.

Tomado de: Democracy Now!

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En Texas, los multimillonarios se elevan al espacio mientras los migrantes mueren debajo al intentar cruzar la frontera

26 julio, 2021 admin
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Hacinamiento en los Centro de detención de Texas para inmigrantes. Foto AFP

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

El pueblo de Van Horn, situado al oeste de Texas, fue noticia esta semana por ser el sitio desde donde se lanzó el vuelo espacial privado en el que viajó Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon. Bezos hizo un viaje suborbital de diez minutos en su cápsula espacial New Shepard, junto con su hermano y otras dos personas. Durante la corta odisea, que costó aproximadamente 2,5 millones de dólares por minuto, la nave lanzó a Bezos y a sus acompañantes a una gran altitud, por encima del implacable desierto de Chihuahua que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Para estos embelesados turistas espaciales que experimentaron unos minutos de ingravidez en el espacio, este fue el viaje de sus vidas. Cientos de kilómetros más abajo, una incontable cantidad de personas enfrenta un viaje mucho más arduo y peligroso a través del abrasador desierto al intentar cruzar a pie la frontera desde México hacia Estados Unidos en busca de refugio. Muchos de estos migrantes, exhaustos y deshidratados, terminan perdiendo la vida en ese árido y desolado territorio.

Armando Alejo Hernández emprendió ese viaje a principios de mayo. Durante más de una década, Armando fue uno de los más de doce millones de residentes indocumentados de Estados Unidos, una población que ha sido perseguida y hostigada de manera constante. Sin embargo, la economía de Estados Unidos colapsaría sin el aporte y trabajo de estos migrantes. Antes de ser deportado en 2016, Armando tuvo dos hijos con su esposa, ambos ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Después de pasar cinco años sin su padre —años claves para su formación y desarrollo—, el hijo mayor le pidió a Armando si podía ir a Estados Unidos a visitarlos. Su padre le prometió que encontraría la manera de hacerlo.

Todo lo que sabemos de la travesía de Armando por el desierto proviene de sus breves mensajes de voz y de una sola foto que le envió a su hijo por mensaje de texto. En el mensaje, Armando describía la ropa que llevaba puesta: una sudadera negra y pantalones azules. ¿Intuía Armando que iba a tener que ser rescatado o que quizás su cuerpo iba a tener que ser identificado?

La foto fue tomada desde la base de una colina. La pendiente que Armando tenía por delante parecía sumamente difícil. Iba a tener que ascender la ladera a través de una frondosa capa de hierba seca, con rocas afiladas, cactus y arbustos espinosos ocultos en medio de ella. Justo detrás de la alta y distante cumbre se podía ver una estructura grande, redonda y blanca, hecha por humanos. Dado que Armando estaba en el condado de Hudspeth, al sureste de la ciudad de El Paso, la estructura era casi con seguridad la torre del radar que el Gobierno de Estados Unidos tiene instalado en la cima de la montaña Pico del Águila.

El ascenso al Pico del Águila prometía ser extenuante. Armando ya le había dicho a su hijo adolescente que se había quedado sin agua, que su teléfono celular estaba casi sin batería y que no creía que iba a poder continuar. Si hubiera llegado a la torre del radar y desde allí hubiera seguido por la sinuosa carretera que conduce al norte, Armando quizás habría tenido que caminar otros 32 kilómetros, sin comida ni agua, para llegar a la carretera Interestatal 10. “No creo que pueda llegar a la cima de la montaña”, dijo Armando en uno de los mensajes de audio que le envió a su hijo. Su voz delataba cansancio y era difícil escuchar su mensaje a través del ruido del viento.

En una conversación telefónica con Democracy Now!, Fernando García, director de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, expresó: “Más de 10.000 personas han muerto al intentar cruzar la frontera en los últimos 25 años. Ese es un precio demasiado alto a pagar para migrar a Estados Unidos”. García ha dedicado varios años de su vida a ayudar a los migrantes a lo largo de la frontera.

“Ahora que la custodia de la frontera es tan estricta”, agregó Fernando García, “la gente está cruzando la frontera en lugares aún más remotos, al este de El Paso, a través de un territorio sumamente hostil. No hay nada en esa zona […], la gente se está muriendo camino a la carretera 10”.

García, quien se reunió recientemente con la vicepresidenta Kamala Harris en la frontera, critica al Gobierno de Biden por continuar con el programa denominado “Título 42” del presidente Trump. Este poco conocido artículo de la ley de salud de Estados Unidos permite deportar migrantes sin el debido proceso durante una crisis de salud pública. Desde que Trump invocó la ley el 20 de marzo de 2020, cientos de miles de migrantes han sido expulsados del país.

En el pasado, los migrantes que se encontraban en riesgo en el desierto podían entregarse a la Patrulla Fronteriza y al menos obtener una audiencia ante un juez de inmigración. García comentó a Democracy Now! que ahora, si son atrapados, los migrantes son expulsados de inmediato del país, por lo que están tomando rutas cada vez más peligrosas para atravesar el desierto.

La administradora y coordinadora de manejo de emergencias del condado de Hudspeth, Joanna MacKenzie, dijo al medio Border Report que al menos seis migrantes murieron en esa peligrosa zona solo en las últimas dos semanas, mientras aumentan las temperaturas y los equipos de rescate escasean. Muchos de los migrantes que pierden sus vidas durante el trayecto no llegan ni siquiera a formar parte de las estadísticas.

La deportación de Armando durante la presidencia de Obama inició una separación de cinco años entre él y sus hijos. Ahora, la crueldad de la política de inmigración de Estados Unidos puede también condenar a estos dos adolescentes a quedarse huérfanos de padre para siempre.

Los medios de comunicación del mundo se reunieron en el pueblo texano de Van Horn y enfocaron sus cámaras hacia la nave espacial de Jeff Bezos, proporcionándole al hombre más rico del mundo una enorme y gratuita cobertura mediática de su aventura. Debajo de su mirada, fuera de la órbita de sus cámaras, podrían yacer, lamentablemente, los restos de Armando Alejo Hernández y de muchos otros migrantes. Armando no aspiraba viajar al espacio, solo quería cerrar el espacio —ese cruel espacio impuesto por el Gobierno de Estados Unidos— entre él y sus hijos.

Tomado de: Democracy now!

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A 50 años de la divulgación de los Papeles del Pentágono

25 junio, 2021 admin
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Cartel del filme Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Hace 50 años, el famoso denunciante Dan Ellsberg filtró una serie de archivos secretos comúnmente conocidos como los “Papeles del Pentágono”. Fue un valiente acto en defensa de la verdad por el que más tarde se enfrentó a una posible condena a cadena perpetua. Desde entonces, Ellsberg no ha dejado de luchar por sus convicciones. En mayo pasado, solo unas semanas después de cumplir 90 años, el exconsultor del Pentágono reveló otro informe clasificado de seguridad nacional. Ellsberg habló recientemente en un panel moderado por Amy Goodman que se realizó en la Universidad de Massachusetts y en el que también participó el denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden. La conferencia se denominó “Truth, Dissent, & the Legacy of Daniel Ellsberg” (La verdad, el disenso y el legado de Daniel Ellsberg)”.

“Permítanme decir una verdad que he guardado durante 50 años”, dijo Ellsberg, antes de leer un informe secreto de 1958 que revela la intención de las autoridades estadounidenses de lanzar una guerra nuclear. “Copié ese informe. Lo guardé en 1969 en mi caja fuerte ultrasecreta. Y lo he tenido desde entonces”.

Ellsberg trabajó para la corporación RAND y como asesor del Gobierno de Kennedy. También formó parte del Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos y había participó en varias misiones de guerra en Vietnam.

En 1969, inspirado por el creciente movimiento contra la guerra y contra el reclutamiento militar, Ellsberg fotocopió los Papeles del Pentágono, unas 7.000 páginas de documentos secretos sobre la decisiones que tomó Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Como no pudo encontrar ningún senador estadounidense que estuviera dispuesto a recibir y hacer públicos los documentos, Ellsberg optó por filtrarlos al periódico The New York Times.

El periódico publicó su primer artículo sobre los Papeles del Pentágono el 13 de junio de 1971. Dos días después, un tribunal federal aceptó la solicitud del presidente Richard Nixon de dictar una orden judicial que obligaba al periódico a cesar la publicación. Después de que se hizo pública la identidad de la persona que había filtrado los documentos, Ellsberg y su esposa Patricia pasaron a la clandestinidad, pero Ellsberg continuó distribuyendo copias de los documentos a otros periódicos.

El asesor de Seguridad Nacional de Nixon, Henry Kissinger, calificó a Ellsberg como “el hombre más peligroso de Estados Unidos”. Por su parte, Nixon dijo durante una conversación grabada que entabló en el Despacho Oval con su fiscal general: “Tenemos que vigilar el objetivo principal. El objetivo principal es Ellsberg. Tenemos que atrapar a este hijo de puta”.

El 30 de junio, la Corte Suprema falló a favor del periódico The New York Times, prohibió la censura gubernamental de la prensa y permitió que continuara la publicación de los documentos secretos del Pentágono.

Temiendo nuevas revelaciones, Nixon intensificó su campaña contra el denunciante. En una conversación con Democracy Now!, Ellsberg dijo. “Entraron ilegalmente al consultorio de mi expsicoanalista, mandaron a 12 excombatientes cubanos que participaron de la invasión de Bahía de los Cochinos para que me dejaran incapacitado en las escalinatas del Capitolio. El 3 de mayo escucharon mis conversaciones telefónicas de manera ilegal, sin orden judicial”. Cuando la conducta irregular del Gobierno de Nixon fue puesta en evidencia, el juez desestimó el caso de espionaje contra Ellsberg.

El ejemplo de Dan Ellsberg ha animado a otros denunciantes, entre ellos Edward Snowden, quien, mientras era contratista de la Agencia de Seguridad Nacional participó en el desarrollo del programa secreto y global de vigilancia masiva del Gobierno de Estados Unidos. Snowden filtró una gran cantidad de documentos en 2013 y desde entonces ha vivido en el exilio en Rusia.

En la conferencia del 1 de mayo, Snowden habló sobre los denunciantes que lo inspiraron y dijo al respecto: “Todos ellos se enfrentaron a un gran riesgo personal para que la ciudadanía conociera la verdad que le estaban ocultando de forma intencional con fines políticos. Con el tiempo te das cuenta de que eso es más correcto que ir a la oficina todos los días, permanecer en silencio y perpetuar un sistema de injusticia”.

Snowden agregó también: “[Los denunciantes] Reality Winner, Daniel Hale, Chelsea Manning, Thomas Drake, Terry Albury y otras personas que se animaron a revelar la verdad en las últimas décadas han reivindicado la estrategia de Daniel Ellsberg, porque el abuso de poder no es algo que vaya a desaparecer”.

Reality Winner trabajaba como contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos cuando filtró información a la prensa que describía una supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Winner fue arrestada en 2017 y sentenciada a cinco años de prisión por violar disposiciones de la Ley de Espionaje. Estuvo en prisión durante más de cuatro años y el 2 de junio pasó a una vivienda de transición, donde cumplirá los seis meses restantes de su condena. Su familia está pidiendo un indulto.

Daniel Hale se declaró culpable de filtrar documentos clasificados sobre el programa secreto que disponía la utilización de aviones no tripulados para cometer asesinatos selectivos en Afganistán, Siria e Irak, en el que participó mientras se desempeñaba en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Hale será sentenciado a mediados de julio.

La revelación que Dan Ellsberg hizo el 1 de mayo fue sobre un conflicto ocurrido en 1958 entre China continental y Taiwán por la disputa de varias islas pequeñas. Ellsberg reveló que Estados Unidos elaboró planes para lanzar armas nucleares contra China con el fin de apoyar a Taiwán. El informe que divulgó Ellsberg muestra que Estados Unidos sabía que un ataque contra China podría provocar un contra-ataque nuclear por parte de la Unión Soviética, lo que significaba la muerte de millones de personas.

A los 90 años, Ellsberg sigue defendiendo incansablemente los derechos de los denunciantes y la libertad de prensa. Ha pedido al Gobierno de Biden que retire las acusaciones contra Daniel Hale y Julian Assange, el fundador del sitio web de denuncia WikiLeaks que publicó informes clasificados que documentan la existencia de crímenes de guerra.

Ellsberg concluyó su reciente entrevista en Democracy Now! diciendo: “Yo, más que nadie, he podido constatar la importancia y la necesidad de la Primera Enmienda [de la Constitución de Estados Unidos], nuestra excepcional Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Sin esas libertades, no hay democracia”.

Tomado de: Democracy Now

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