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Fotograma de No mires arriba (Estados Unidos, 2021) de Adam McKay

Por Pascual Serrano @pascual_serrano

La exitosa película de Netflix ‘No mires arriba’ (ojo, spoilers) ha abierto un debate sobre el cine crítico con nuestro modelo moderno de sociedad, sus liderazgos políticos, sus medios de comunicación, sus redes sociales… Recordemos que recientemente también tuvo gran repercusión la serie de la misma plataforma ‘El juego del calamar’, que presentaba una situación económica y social capaz de llevarnos a cometer barbaridades. Es como si, desde el mismo capitalismo, la plataforma hubiese descubierto un filón explotando comercialmente películas o series que muestren la cara más miserable de nuestras modernas sociedades.

Sin embargo, a pesar de que aparentan una contundente sátira y tratan personajes y situaciones sin piedad, observamos en ellas unas características y unas limitaciones que nos hacen sospechar de la intención de su crítica.

Veamos cuáles son, a la luz de los ejemplos anteriores, cómo debe ser una adecuada película crítica con el capitalismo para ser tan exitosa como inocua. Es verdad que todas las características que repasamos no se cumplen en todos los casos, pero creo que son patrones bastante frecuentes.

Debe ser divertida. Vivimos en la sociedad de la diversión y el entretenimiento, nada debe alejarnos de eso. Pase lo que pase es importante reírnos durante toda la película. ‘No mires arriba’ es el ejemplo más evidente. Nos parecen patéticos unos presentadores de televisión que ríen y hacen bromas y chistes mientras les cuentan que un meteorito va a destruir la Tierra, al mismo tiempo que nosotros nos estamos también riendo de las bromas y chistes de una película sobre un meteorito que destruye la Tierra. Ocurre lo mismo en ‘Idiocracia’, una distopía en clave de humor, donde la raza humana ha degenerado intelectualmente.
Los ricos y poderosos deben parecer decadentes y ridículos. Lo observamos en ‘No mires arriba’ y se aprecia todavía más en ‘Los juegos del hambre’, donde el aspecto de los poderosos se llevaba al extremo del ridículo y la ostentación. También lo comprobamos en ‘El juego del calamar’, en las escenas donde aparecen esos ricos que pagan por observar el desarrollo del juego, sebosos y depravados, uno de ellos termina humillado y doblegado por un personajes en un acto justiciero, pero sin ninguna trascendencia. De ese modo, las audiencias, que nunca se consideran decadentes y ridículas y que odian a los poderosos, estarán encantadas con el símil de la película y con la apariencia patética de ricachones y gobernantes.

En la película ‘Los Productores’, de 1968, un empresario de teatro llega a la conclusión de que si estrena una obra mala de solemnidad será más negocio que si es buena, porque no tendrá que repartir beneficios y se podrá quedar con el dinero de todos los inversores. Eligen la obra adecuada, que es un musical de apología nazi y de Hitler, en el estreno parece que el público, como era de esperar se indigna y hace amago de abandonar la sala, pero en un determinado momento aparece una escena en que Hitler sale ridiculizado, el público comienza a reír y aplaudir entusiasmado y la obra termina siendo un éxito. Ya en aquellos tiempos descubrieron que si haces a la gente reír y el malo parece tonto puedes colarles lo que quieras, aunque sea el retrato benevolente de un genocida.

Es importante que el poder se presente con una identidad ambigua e indefinida, no se concretará en multinacionales con nombre, fondos de inversión o determinados gobiernos o políticos. Por eso en ‘No mires arriba’, unos ven como la presidenta de la nación a Hillary Clinton, otros a Trump y otro, el ego patrio desmesurado, a Isabel Díaz Ayuso. De hecho han aparecido negacionistas y ultraderechistas aplaudiendo la película junto a políticos de izquierda como Pablo Iglesias o el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Una reseña de eCartelera titulaba «Comunismo, negacionismo, Trump… ¿qué critica realmente ‘No mires arriba’? Los espectadores no se aclaran».
Los pobres y miserables pueden aparecer, no se ocultan, de esa manera la audiencia reconoce una determinada realidad y la película gana credibilidad. Sin embargo, no se identifica fácilmente a los responsables de esa pobreza, ni siquiera parece que sea un problema por el que preocuparse. Es el caso de ‘Nomadland’, indigentes alegres que viven en una caravana y mueren entre sonrisas por no tener una medicación para el riñón, sin amago de crítica para la sociedad que provoca ese problema. Ninguna identificación hacia el modelo sanitario privado del país, los gobiernos que no les dan cobertura, las farmacéuticas que cobran un precio disparatado por los medicamentos.

En ‘El juego del calamar’ no se explica qué modelo financiero es el que lleva a esas personas a participar en el juego para saldar unas deudas tremendas y que les arruinan la vida. Ni se profundiza en la paradoja de la joven que huyó de la Corea del Norte comunista para acabar en esa situación.

No debe haber ninguna opción alternativa al sistema que se denuncia. El ejemplo más elocuente es ‘Joker’, el levantamiento de una ciudadanía indignada se hace en torno a un psicópata. No hay propuesta ni alternativa, solo una revuelta violenta y absurda. Algo que también está ocurriendo en demasiadas ocasiones en la vida real, donde sociedades explotan furiosamente sin saber ni qué proponen ni a dónde quieren ir. En otra antigua película que describe el poder de la televisión, ‘Network, un mundo implacable’, de 1976, un presentador fracasado inicia una fase de demencia cuando va a ser despedido y en sus últimos programas comienza a hacer un llamamiento para que la gente salga a gritar a las ventanas diciendo que están hartos. Él mismo deja claro que no sabe cómo arreglar nada ni cuál es la alternativa, pero que salgan a la ventana a gritar su enfado. El resultado es espectacular, la gente comienza a hacerlo y él se convierte en un referente de la rebeldía.
No hay líderes subversivos con un plan de lucha ni objetivos de liberación, por muy desesperada que sea la situación nunca hay un Espartaco. Y mucho menos un partido organizado que lidere una movilización como en los clásicos italianos de ‘Novecento’ o ‘Los Camaradas’.

El final de ‘No mires arriba’ es de lo más reaccionario por su resignación. En ella los científicos sensatos optan, ante el desprecio al que les someten y la llegada del fin del mundo, a juntarse a cenar con sus familias y rezar. Muy subversivo no parece.

En otras ocasiones, el pobre, por muy héroe que se presente, simplemente se busca la vida de forma individual o familiar, nunca de forma colectiva. Es el caso de ‘Parásitos’, sencillamente una familia que se busca la vida y cuya única aspiración es tener dinero y confort. Incluso la lucha de la supervivencia en ‘Los juegos del hambre’, por mucho que admiren la cooperación, es inviable porque debes matar al resto de desgraciados para sobrevivir.
Siempre tienes que parecer más listo que todos los que salen en la película. Hasta ahora los malos eran muy malos, ahora deben ser también muy tontos, muy simplones (‘No mires arriba’ es el ejemplo perfecto). Es el mismo modelo que se repite en las redes sociales, donde todos nos reímos y nos burlamos de los que mandan, cualquiera de nosotros está convencido de ser más inteligente que todos esos que nos gobiernan. Mientras, esos supuestos tontos que mandan, Rajoy, Ayuso, Trump o Biden, nos van jodiendo la vida. Pero… y lo tontos que son, y lo que nos reímos de ellos.

No se trata de hacer una enmienda a la totalidad de esas películas que triunfan en el mercado y que se presentan como críticas contra el capitalismo. Sin duda, son mejores que la media y aportan elementos valiosos de reflexión. Pero es importante que seamos capaces de observar las grietas en su discurso revolucionario que no lo es tanto, que nos fijemos en las trampas para hacernos creen que son más subversivas de lo que son, que no perdamos de vista los agujeros por los que cuelan patrones mentales reaccionarios o desmovilizadores sin que nos demos cuenta, y que no olvidemos que una película siempre termina siendo inocua para el sistema.

Tomado de: El Diario

Cuba, el país del que se informa de unas protestas que nunca existieron

19 noviembre, 2021 admin

Con Cuba

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Foto El artemiseño

Por Pascual Serrano @pascual_serrano

Desde más de un mes antes, desde Estados Unidos anunciaban para el lunes 15 de noviembre protestas en Cuba para promover «el cambio político» en la isla. Los medios extranjeros informaron con fruición de la jornada de movilizaciones para acabar reconociendo que, sin necesidad de violencia policial alguna, no se produjo ni una sola manifestación.

Con la pandemia de COVID, en muchos países la gente se manifestó contra el Gobierno porque les limitaba las libertades o porque consideraban que los contagios se estaban disparando sin que el Gobierno tomara las medidas necesarias.

En Cuba se convocó una jornada de protestas precisamente el 15 de noviembre, el día en que se terminan muchas restricciones, se inician las clases en los colegios y se abren sus fronteras porque las cifras de contagios habían mejorado. Gracias a la vacunación masiva la situación sanitaria está controlada.

Cobertura antes de la noticia

En cuanto a la cobertura periodística, mientras lo habitual es que los medios informen al día siguiente de las movilizaciones, de la respuesta del Gobierno, hagan las valoraciones desde los diferentes sectores, etc. En cambio, en el caso de Cuba la noticia de que iba a tener lugar una protesta empezó en los medios los días anteriores.

«Sacudir una isla: las claves de la marcha por el cambio en Cuba», titulaba el diario El País el día anterior. «‘Tenemos que sacudir las cosas’: los jóvenes en Cuba podrían desencadenar una jornada de protestas.

Una nueva generación de disidentes, que emplea internet para difundir sus ideas, convocó a una manifestación para el 15 de noviembre, un movimiento audaz con pocos precedentes en la isla», titulaba y subtitulaba en The New York Times también el día anterior.

«ABC de las protestas del 15 de noviembre en Cuba» afirmaba el día 14 la CNN, incluso una semana antes, el 7 de noviembre, ya calentaban motores: «Estas son las razones por las que cubanos protestarán este 15 de noviembre». «Los jóvenes, una generación asfixiada que busca el cambio en la Cuba comunista», titulaban el día 11.

Convocar en lugar de informar

Cuando en algunos momentos de mi profesión he tenido que ayudar en los servicios de comunicación de algún movimiento social, sabíamos que lograr que los medios difundieran el resultado de una movilización era algo muy bueno porque significaba que la gente podía conocer lo que se reclamaba, pero todavía era mejor si lo difundían antes porque, además, estaban ayudando a convocar a la gente a unirse.

Sin duda era este el objetivo de los medios ante la convocatoria de protesta cubana, lo curioso es que estuvieron informando de unas protestas que nunca se produjeron.

Resulta impactante el caso de CNN que llevaba días con el siguiente titular y enlace en su portal: «Minuto a minuto: protestas en Cuba contra el Gobierno», y cuando pasó el día 15, en ese mismo enlace llevaba a un texto de apenas seis párrafos uno de los cuales decía «El equipo de CNN en La Habana condujo por la ciudad el 15 de noviembre, informando una fuerte presencia policial y reportando que no hubo protestas durante el día».

Pero veamos cuál era la convocatoria para el día 15. Se denominaba Marcha cívica por el cambio y la convocaba una plataforma recién creada que se hace llamar Archipiélago y que, según uno de sus fundadores, Leonardo Fernández Otaño, quieren «caminar hacia una transición democrática en Cuba», pero cuyo único dato para valorar su apoyo son los 33.000 miembros que tiene su páginas de Facebook en todo el mundo.

La idea, parece evidente, era resucitar las movilizaciones del 11 de julio cuando algunos cubanos salieron a la calle en protesta por las dificultades económicas consecuencia de las restricciones económicas de la pandemia. La convocatoria primero fue anunciada para el día 20 de noviembre y después cambiaron al 15. Consistiría en una manifestación a las tres de la tarde. Después, uno de sus líderes dijo que se manifestaría él solo el día 14 «en representación de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse».

Finalmente, el plan quedó en que saldrían a la calle sin desfilar por ninguna ruta concreta pero vistiendo de blanco y llevando flores para depositarlas ante las estatuas y próceres de la patria.

Como hemos comenzado señalando, al final ni salieron a manifestarse, ni los cubanos se vistieron de blanco como símbolo de protesta ni pasó nada, ni el 14, ni el 15 ni el 16 de noviembre. La principal manifestación fue en Miami, donde parece que quieren decidir el futuro de Cuba.

Una de las razones con la que se intenta justificar la falta de apoyo del pueblo de Cuba a las protestas contra la revolución, es que había mucha presencia policial y se detuvo a los líderes o se les asedió en sus casas sin permitirles salir.

La CNN fue el único medio que dio datos de detenciones recurriendo a una «organización independiente de derechos humanos», con sede en La Habana. Señalaron que se «arrestó a 11 personas, mientras que agentes y simpatizantes del Gobierno ‘sitiaron’ a otras 50 dentro de sus casas para evitar que las protestas de la oposición planificadas se llevaran a cabo el lunes». O sea, que desactivando a sesenta personas se desinflan todas las manifestaciones, homenajes florales y hasta dejaron de vestirse de blanco como se invitaba desde la oposición.

El periodista cubano Iroel Sánchez ironizó incluso con el liderazgo de algunos de los promotores:

La periodista Rosa Miriam Elizalde, premio nacional de Periodismo José Martí en 2021, ha detallado en el periódico mexicano La Jornada cómo se ha ido gestando esta movilización.

El 20 de septiembre comenzaron a llegar cartas a ocho Gobiernos municipales o provinciales de Cuba, en las que se anunciaba la celebración de marchas pacíficas, no se trataba de petición de autorización como se hace en cualquier país, sino la notificación de que lo harían y el reclamo de protección de las autoridades.

Los firmantes eran un pequeño grupo de personas sin representación de ningún colectivo y su reivindicación era un cambio de sistema, sin más detalles. Es por ello que no fueron autorizadas. Sin embargo, desde Florida, Estados Unidos, anunciaban que habría manifestaciones en un centenar de ciudades.

El papel de Estados Unidos detrás de las convocatorias se muestra en el dato de que desde aquel 20 de septiembre hasta el miércoles 10 de noviembre «se habían producido 29 intervenciones públicas desde Washington o Florida con todo tipo de demandas y amenazas a las autoridades de la isla. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, ha explicado con pelos y señales las supuestas causas, objetivos, contenidos y demandas que tendría la marcha.

El senador Marco Rubio celebró la operación en menos de 24 horas de circular la noticia, mientras un par de asesores principales de Biden han amenazado con más sanciones al Gobierno de La Habana».

Y, como sucede siempre, el dinero que no falte. En septiembre de 2021, el Gobierno Demócrata entregó casi siete millones de dólares a 12 organizaciones que publicitan a diario la marcha cívica por el cambio en Cuba, lo que recuerda el habitual modus operandi de las revoluciones de colores exportadas por occidente en la Europa del Este.

Elizalde también recuerda que «el grupo privado de Facebook que aparece como organizador de la marcha es cualquier cosa menos moderado». «De cada 10 publicaciones, ocho recurren a la violencia simbólica y a la descalificación política de quienes defienden el proyecto socialista o celebran algún éxito social en Cuba.

El debate en estos espacios no es para modificar opiniones, sino para agitar prejuicios, instalar el odio entre los cubanos como fuente excluyente de legitimidad de un Gobierno que ha conducido al país en condiciones muy difíciles», señala la periodista.

Nadie duda de las dificultades que han tenido que enfrentar los cubanos en los últimos meses, donde han confluido el cierre de fronteras por la pandemia, con la grave afectación al turismo y pérdida de ingresos para muchos de ellos, junto con las más de 243 medidas adicionales de bloqueo impuestas por Trump que no han sido modificadas por Biden.

El propio Gobierno cubano reconoce los problemas de desabastecimiento e inflación, pero precisamente el 15 de noviembre era una fecha de alegría y optimismo para los cubanos. Ese día se abrían las fronteras, llegaban los vuelos y con ellos los encuentros familiares y los turistas; los niños y jóvenes se incorporaban a las aulas y las perspectivas de mejora de la economía eran evidentes.

En cuanto al control de la pandemia, los datos son los mejores de todo el continente y de gran parte del mundo. Según las cifras manejadas por la Universidad Johns Hopkins, la incidencia a fecha del 15 de noviembre es de 56,77 contagios por cada 10.000 habitantes. España, con una de las mejores cifras de Europa se encuentra en 82. Y en cuanto a la mortalidad, los datos del Ministerio de Salud Pública de Cuba son de 0,86% frente al 2,01% en el mundo y 2,44% en el continente americano.

Estos datos han sido posibles gracias, entre otras razones, al éxito de su campaña de vacunación con vacunas propias. Cuba ha sido el primer país del mundo en comenzar a vacunar a los niños mayores de dos años. A fecha 10 de noviembre, 7,9 millones de cubanos han sido totalmente vacunados, lo que representa el 71,2% de la población, mientras que un 88,7% cuenta con al menos una dosis.

No deja de resultar paradójico que se informe más de unas protestas que nunca existieron en Cuba que de los cientos de muertos en motines carcelarios en Ecuador y su presidente esté implicado en los papeles de Pandora junto con el de Chile, de los cientos de líderes sociales asesinados en 2021 en Colombia o del millón y medio de familias que sufren apagones de luz tras la privatización de su servicio en Puerto Rico.

Tomado de: Razones de Cuba

“Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream”

20 septiembre, 2021 admin

Textos prestados

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Por Pascual Serrano @pascual_serrano

Es tanta la presencia de Estados Unidos en nuestros medios de comunicación, que todos tenemos la sensación de viajar allí constantemente. Nos resultan familiares las calles de Nueva York, la fachada del Capitolio, los rascacielos de Manhattan, las casas de Nueva Orleans, el desierto de Arizona o las mansiones de Los Ángeles. Vemos la cara del presidente de Estados Unidos más veces que la de nuestros familiares del pueblo de al lado. Todos tenemos la sensación de haber estado en el interior de la casa de un estadounidense: su fachada con césped, su soportal con porche de madera y endeble puerta, su escalera hacia las habitaciones, su amplia cocina. Conocemos el uniforme de sus policías y de sus camareras de bares de carretera, y hasta los gestos de sus adolescentes y afroamericanos sin haber hablado nunca con ninguno de ellos.

Es verdad que no todo lo que nos cuentan es bueno, hay noticias de tiroteos, imágenes de indigentes y alguna vez hasta disturbios, pero toda esa gente no tiene cara, son impersonales. En cambio, los protagonistas de películas y series y los famosos sí que son humanos, sonrientes, amables y felices. Hasta han conseguido que nos caiga bien un gañán, egoísta y reaccionario como Homer Simpson, que en España votaría a Vox.

Pues ahora olviden todo eso y vengan a conocer la realidad de Estados Unidos a través de este nuevo libro de la colección A Fondo, Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream. Su autora, la periodista Helena Villar, tiene las dos condiciones necesarias para contarnos cómo es ese país: primero, lo conoce bien porque vive allí y todos los días explica lo que sucede como corresponsal de la televisión Russia Today en Español, y, segundo, es española, lo que le permite interpretar los contrastes y desmontar nuestros estereotipos.

El estilo de Villar aúna el rigor del periodista que maneja datos y fuentes con otra característica más específica de los periodistas de televisión: los testimonios de los protagonistas. Esos estadounidenses que nunca aparecen en sus series de televisión ni en sus películas los escucharemos en este libro.

Ir avanzando por sus páginas es ir superando en cada capítulo el impacto y la convulsión que produjo el anterior. Después de descubrir que cuatro millones de niños no tienen cobertura sanitaria, encontrará que en ese país se debe pagar 140 dólares por un vial de insulina que cuesta cinco dólares fabricar, que la gente se medica con antibióticos para peces porque son los únicos que pueden pagar y que muchas personas sobreviven gracias al dinero que les pagan por vender su sangre. De ahí que las empresas que la compran se instalen en los barrios pobres o cerca de la frontera donde se nutren de inmigrantes.

En el capítulo sobre educación encontrará un país donde los maestros deben completar su sueldo trabajando de conductores de Uber para poder sobrevivir. Que, como los colegios se financian con dinero municipal, cuanto más pobre es el barrio menos dinero hay para su funcionamiento. Que 45 millones de universitarios deben 1,6 billones por los préstamos que pidieron para poder estudiar y que algunos llegan a la jubilación todavía pagando esos préstamos: la deuda estudiantil de estadounidenses que tienen entre sesenta y sesenta y nueve años es de 85.000 millones de dólares.

Y, por supuesto, veremos pobreza y hambre. El 43% de los hogares estadounidenses no pueden pagar lo básico para vivir, incluso con algún adulto trabajando. La ONU contabiliza 40 millones de personas pobres, con la tasa de pobreza juvenil más alta de la OCDE.

Eso mientras el 41% de los trabajadores no disfrutan de vacaciones ni de días festivos en todo el año, porque la ley no obliga a las empresas. De hecho, Estados Unidos es uno de los tres únicos países del mundo que no ofrece baja maternal remunerada.

La autora nos trae informes que muestran que la desigualdad en Estados Unidos ha llegado a tal punto que, en los últimos años, el 1% de los estadounidenses más ricos ha arrebatado 50 billones al 90% más pobre. Un estudio histórico ha revelado que, en ese faro del mundo libre y democrático que es Estados Unidos, la sociedad es más desigual que en el antiguo Imperio romano. Sí, sí, como lo oyen, en la Antigua Roma el coeficiente de desigualdad de Gini establecía que el 1% de la gente acumulaba el 16% de la riqueza, mientras que en Estados Unidos se lleva el 40%. Se calcula que los tres individuos más ricos tienen el mismo patrimonio que la mitad más humilde del país, es decir, que 160 millones de personas.

Otro valor que tiene este libro para los europeos es que podemos apreciar tendencias que nos vienen. La más espectacular, la de las empresas colaborativas que surgieron en California; la autora nos explica cómo allí lograron doblegar al poder político para poder imponer su modelo laboral, que no es otro que el de trabajadores sin ningún derecho. Ya están también en Europa y su intención es dejar de ceñirse a sectores concretos (reparto o transporte de pasajeros) para ir fagocitando otros ámbitos y arrasar los derechos laborales.

Helena Villar también nos cuenta de qué se mueren los norteamericanos: 38 mil estadounidenses fallecen por violencia armada al año, 100 al día. En el caso de sus mujeres, cada mes 52 son asesinadas a tiros por su marido o novio (aparte están las agresiones sexuales, una cada 73 segundos). Puedes tener suerte y no llegar a morirte, sólo a enfermar por las malas condiciones del agua de los sistemas públicos de distribución, como a 19,5 millones de estadounidenses cada año. Los militares tienen su sistema propio de muerte, que, por cierto, no tiene que ver directamente con la guerra. Seis mil exmilitares o militares se suicidan cada año (más de los que caen en combate). El enemigo que mata a los soldados estadounidenses son ellos mismos, o, mejor dicho, el Gobierno que te hace militar, te lleva a la guerra, te abandona y te proporciona la pistola para que te pegues un tiro. Eso cuando no los expulsa del país después de volver del frente si son emigrantes.

Pero eso debe ser así para mantener la industria de la guerra del país con casi 800 mil trabajadores haciendo ricos a los directivos de las grandes empresas de armamento. Como dice Villar, «hay más señores de la guerra en Washington DC y en las mansiones de Maryland y Virginia que en Afganistán». El choriceo de dinero público de la industria de la guerra es tal que los auditores contratados por 400 millones para aclarar las cuentas abandonaron su objetivo un año después. El Pentágono no pudo explicar el destino de 21 billones de dólares gastados entre 1998 y 2015. Y ahí siguen, gastándose el 61% del presupuesto federal frente al 5% para sanidad o educación.

Los métodos por los que grandes empresas drenan el dinero público son numerosos y cada cual más miserable. Algunos datos que nos ofrece Helena Villar: desde siete mil millones para las que encarcelan a emigrantes sin papeles, pasando por un sueldo de 816 mil dólares anuales para el directivo de un albergue privado contratado para acoger indigentes en condiciones infrahumanas, hasta empresas que contratan presos a 23 centavos la hora.

Una de las cosas que menos se cuentan es que Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de ciudadanos encarcelados, niños incluidos, porque en 29 estados es legal procesar a niños a partir de cinco años. El 20% de presos del planeta están en ese país, aunque sólo viva el 5% de los habitantes mundiales. Una de las razones del bajo nivel de desempleo de Estados Unidos es que los pobres allí no están parados, están en la cárcel porque no pudieron pagar una fianza tras cometer un delito menor como sentarse en una acera o acampar por no tener vivienda.

Pero, eso sí, los políticos son todos muy religiosos, sólo un miembro del Congreso se declaró aconfesional en enero de 2021.

Helena también nos desmonta el mito de un país económicamente poderoso. En 2021 tenía una deuda de 27 billones de dólares, es decir, 84 mil euros por cada ciudadano. Con esa deuda ya hubiera sido intervenido con los criterios económicos de la Comisión Europea como sucedió con Grecia.

Y con ese panorama, el «modelo americano» ha conseguido que el 100% de los estadounidenses pobres se consideren muy o bastante orgullosos de su nación. Y eso que, a la deuda nacional anteriormente señalada, hay que añadir la que tiene cada norteamericano con las financieras, concretamente 90.460 dólares.

Después de leer este libro llegaremos a la conclusión de que el balance del ciudadano medio estadounidense es este: con trabajo, uno o varios; sin derecho a vacaciones, pero sin poder llegar a fin de mes; sin una cobertura sanitaria, lo que le obliga, por ejemplo, como hemos dicho, a pagar 140 dólares por un vial de insulina y recurrir a antibióticos para peces; siempre esquivando la muerte para no ser una de las 100 víctimas diarias por arma de fuego, y con una deuda de 90.460 dólares con los bancos (más otros 84 mil en tu nombre que debe el Gobierno estadounidense a otros países o financieras). Pero siempre orgulloso de su nación.

Pero tenga en cuenta que los datos e información que le acabo de ofrecer son una parte nimia de todo lo que conocerá y aprenderá leyendo Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream, porque no siempre se tiene a nuestra disposición a una periodista ajena a Estados Unidos recogiendo los números y los testimonios de lo que nunca nos cuentan de ese país.

Tomado de: No cierres los ojos

Vox inicia la creación de un frente ultraderechista latinoamericano meses después de viajar a EEUU

10 septiembre, 2021 admin

Textos prestados

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Santiago Abascal, líder de Vox, partido de la ultraderecha española. Foto: El Diario

Por Pascual Serrano @pascual_serrano

A Vox le han hecho un encargo los halcones republicanos estadounidenses más reaccionarios y belicosos. Deben crear un frente ultraderechista para conspirar y derrocar a todo gobierno de izquierda que aparezca en América Latina. Todo empezó cuando los de Vox viajan a EEUU, después crean la Fundación Disenso, la Carta de Madrid y el Foro de Madrid.

Para la mayoría de los españoles y latinoamericanos, Vox es tan solo el partido de la ultraderecha española, sin embargo, parece que es algo más, ya que han encargado a sus dirigentes que organicen a la extrema derecha de América Latina en un frente coordinado y común.

El último capítulo de esta estrategia se acaba de producir en México, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, presentó el 3 de septiembre en el Senado su propuesta de alianza, el Foro de Madrid.

Abascal presenta en México el Foro Madrid, la alianza internacional para hacer frente al avance del comunismo en la Iberosfera, tituló Vox en su web oficial. Allí califican este Foro como «un esfuerzo coordinado entre diferentes actores de ámbitos ideológicos diversos que comparten su determinación para hacer frente a la amenaza que supone el crecimiento del comunismo a ambos lados del Atlántico amparado por el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla».

Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla

Pero veamos brevemente qué son estas dos últimas organizaciones que quieren confrontar Vox y el Foro de Madrid.

El Foro de Sao Paulo es un foro latinoamericano de partidos y grupos políticos de izquierda, que abarca desde reformistas hasta colectivos políticos de izquierda revolucionaria de América Latina. Tiene su origen en la convocatoria que hicieron Lula y Fidel Castro a partidos, movimientos y organizaciones de izquierda, en julio de 1990, para reflexionar sobre los acontecimientos poscaída del Muro de Berlín y los caminos alternativos y autónomos posibles para la izquierda de América Latina y el Caribe, más allá de las respuestas tradicionales. Ese primer encuentro se dio en la ciudad de São Paulo y reunió a 48 partidos y organizaciones, que representaban diversas experiencias y matrices político-ideológicas de toda la región latinoamericana y caribeña.

En cambio, el Grupo de Puebla se crea en 2019 y no lo integran partidos políticos, sino representantes de la izquierda política latinoamericana. Según declaran es «un espacio de concertación y articulación política, de lideresas y líderes progresistas de diversos países ibero-latinoamericanos, que comparten una mirada común y trabajan para la construcción de caminos y espacios de reflexión, acción, integración y solidaridad e incidencia política en cada una de las instancias donde participan políticamente. Tiene como objetivo analizar los desafíos comunes y trazar iniciativas conjuntas, en pos del desarrollo integral de nuestros pueblos». Entre sus miembros están los presidentes actuales Luis Arce (Bolivia) y Alberto Fernández (Argentina); los expresidentes Rafael Correa (Ecuador), Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

Los amigos del PAN

Pero volvamos a México. Allí el anfitrión de Vox fue el senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Senado, que fue acompañado por diferentes senadores y congresistas tanto del PAN como del PRI, los dos partidos principales de la oposición.

Antes de México, las reuniones para ir conformando el frente ultraderechista se habían producido en otros países latinoamericanos como Perú, Ecuador o Colombia. Pero eso lo veremos más adelante.

Carta de Madrid

La operación de Vox comienza en octubre del 2020 con la preparación de la denominada Carta de Madrid, un manifiesto en el que se afirma que «una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países». Por supuesto «bajo el paraguas del régimen cubano» y nadie está a salvo de la amenaza: «La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho».

Fundación Disenso

Para este proyecto crearon en julio del 2020 el think tank Fundación Disenso, con sede en la calle Antonio Maura de Madrid, una de las zonas más privilegiadas de la capital, entre el parque del Retiro y el hotel Ritz. La Fundación tiene entre sus patronos al presidente de Vox, Santiago Abascal; a la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y al eurodiputado Hermann Tertsch. Disenso vendría a ser para Vox y Santiago Abascal algo similar a la Fundación Faes para José María Aznar.

Se da la coincidencia que en España, en los años 80 y 90 hubo un colectivo con el nombre de Disenso, que se integraba en la organización neonazi Bases Autónomas, ya disuelta. Una de sus últimas acciones fue en 1994, cuando desplegaron una inmensa bandera de España con el águila del escudo del régimen de Franco a 50 metros de la puerta de entrada del edificio de Filosofía B de la Universidad Complutense.

Pero, ¿cómo empezó todo? Sigamos el orden cronológico.

Lo primero que llama la atención en la secuencia entre los viajes de los líderes de Vox a reunirse con los republicanos estadounidenses y la creación de la Fundación Disenso, la preparación de la Carta de Madrid, la recogida de firmas, la formación del Foro de Madrid y las giras por América Latina.

En la Convención de la derecha estadounidense

En 2019, el portavoz parlamentario y responsable de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, viaja a Estados Unidos, a la Convención de la derecha estadounidense, la Conservative Political Action Conference (CPAC). Allí escucha a Donald Trump, al vicepresidente Mike Pence, a la Asociación Nacional del Rifle y demás representantes de la derecha estadounidense. Espinosa de los Monteros, que ha trabajado en Miami, se reunió con las secretarias de Transportes y de Educación de Estados Unidos, Elaine Chao y Betsy De Vos. Así volvió el portavoz de Vox:

«Estuvimos ahí cinco días y volvimos diciendo: ‘Bueno, nosotros somos unos tibios socialdemócratas en comparación’. Cuando oyes lo que es la derecha americana estamos muy por detrás de ellos».

El presidente de Vox, Santiago Abascal, viaja en febrero del siguiente año, 2020, junto Espinosa de los Monteros para visitar diversos think tanks relacionados con el Partido Republicano estadounidense, entre los que figuraron la Heritage Foundation y el International Republican Institute. También aprovechó para asistir a la Convención de la derecha estadounidense, la CPAC de ese año, donde, además de escuchar a Trump, se reunió con el vicepresidente de la asociación y el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro. En aquella ocasión también le acompañó el eurodiputado de Vox, Herman Terstch.

Abascal y el mitin fallido en Nueva York

Abascal se entusiasma tanto en esas reuniones que llega a anunciar un acto público en el Centro Español de Queens (Nueva York) donde esperaba un baño de masas de derechistas estadounidenses.

Finalmente el acto fue cancelado. Aunque la versión de Vox era que se anuló «ante las graves amenazas recibidas por grupos de la izquierda radical y para proteger la integridad de los afiliados y simpatizantes», la realidad es que diversos miembros del centro cultural habían protestado por acoger «un acto de un partido político fascista».

El amigo Steve Bannon

Entre los diferentes encuentros de Vox y los republicanos de Donald Trump se encuentra la entrevista de Rafael Bardají, exasesor de Aznar y exdirector de política internacional de FAES, con el que fue jefe asesor de estrategia de Donald Trump, Steve Bannon, quien estaba interesado por Vox desde 2018 y vino a España a reunirse con ellos en 2019. Bannon fue el jefe de campaña de Trump en las elecciones de 2016, y su principal ideólogo y estratega para llevarle a la presidencia mediante un discurso populista, racista y plagado de fake news que caracterizó siempre al presidente estadounidense. Un modelo que fue copiado por Bolsonaro en Brasil y por Vox en España. Si Trump adoptó en su campaña el famoso «America first», Vox diría «primero España». Si Trump mostraba su xenofobia contra los emigrantes mexicanos y llamaba a construir un muro con México, Vox lo hacía con los emigrantes africanos y proponía un muro en Ceuta y Melilla. Bannon terminó detenido por haberse quedado con un millón de dólares de donaciones destinadas al muro con México, Vox todavía no ha tenido oportunidad.

El amigo Elliott Abrams

Rafael Bardají es miembro del comité ejecutivo de Vox desde 2018 y ejerce de enlace de la formación de extrema derecha española con el Gobierno de Trump gracias a sus contactos con veteranos dirigentes neoconservadores recuperados en la legislatura pasada por el presidente estadounidense. En enero de 2019 se reunió con Elliott Abrams, el hombre nombrado por Trump como enviado especial para la crisis de Venezuela y que tenía el encargo de derrocar a Nicolás Maduro.

Abrams ya tiene experiencia en atacar a Venezuela por todas las vías posibles, formó parte del Gobierno de George Bush como director del Consejo de Seguridad Nacional para democracia, derechos humanos y operaciones internacionales cuando se produjo el golpe de Estado que intentó derrocar a Hugo Chávez el 11 de abril de 2002.

Sus anteriores acciones fueron del mismo estilo. Abrams fue condenado en 1991 a dos años de cárcel por el escándalo Irán-Contra, mediante el cual EEUU vendió armas a Irán y utilizó ilegalmente los ingresos para financiar el terrorismo de la contra nicaragüense contra el gobierno electo sandinista. Estados Unidos fue condenado por ello por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.

Unos años antes, en diciembre de 1981, el batallón de élite del Ejército de El Salvador Atlacatl, apoyado y financiado por EEUU, cometió una masacre en la población de El Mozote y asesinó «deliberada y sistemáticamente» a centenares de civiles, hombres, mujeres y niños, en supuestas labores de contrainsurgencia. El informe de La Comisión de la Verdad de El Salvador de 1993 señaló que en El Mozote se identificaron 500 víctimas, pero «muchas otras no han sido identificadas». En declaraciones ante el Senado poco después de los hechos, Abrams declaró que las informaciones de centenares de muertos no eran «creíbles» y las calificó de propaganda comunista.

Pues bien, esas dos personas, Steve Bannon y Elliott Abrams, son los enlaces de Vox con la política estadounidense, y con los que se han coordinado para su estrategia de crear el frente ultraderechista latinoamericano. Vayamos ahora a esas giras por América Latina de las últimas semanas.

Ecuador, Perú, Colombia, México

En junio de 2021, una delegación de Vox encabezada por el vicepresidente económico, Víctor González, y el eurodiputado Hermann Tertsch, visitó Ecuador para asistir a la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso. Allí mantuvieron varias reuniones con miembros del gobierno. También durante un fin de semana de junio, González viajó a Perú para seguir de cerca las elecciones del país. En todos sus encuentros presentaron el Foro de Madrid y recogieron adhesiones al manifiesto.

En agosto, el director de la Fundación, Jorge Martín Frías, y Hermann Tertsch, viajaron a Colombia a presentar el Foro de Madrid, donde se reunieron con Álvaro Uribe, quien fuera presidente entre los años 2002 y 2010, y llevase al país a los peores años de represión y violencia paramilitar. Los representantes de Vox le transmitieron su preocupación por la situación política de Colombia y de España por el avance, como no, del comunismo. Lo curioso es que precisamente la situación política de Colombia es bajo un Gobierno de derechas. Tertsch dijo a la prensa de ultraderecha española que su Fundación busca «estrechar alianzas con los demócratas que están combatiendo al narcocomunismo que gobierna en países como Perú, Bolivia o Ecuador». «Colombia es la joya de la corona y si logran hacerse con ella, la situación será muy alarmante», advierte. Para el eurodiputado de Vox «Cuba es la cabeza de la serpiente» que se está extendiendo por Iberoamérica. O sea, el imperialismo cubano.

El eurodiputado de Vox también ha sembrado la duda sobre la legitimidad de la victoria de Pedro Castillo en Perú, no puede ser que no ganase su candidata de derechas Keiko Fujimori y tenga que acabar en prisión por corrupción, y ha denunciado que el Gobierno español se apresurara a reconocerlo como presidente.

Por último, ahora en México, Abascal ha anunciado que «el Foro Madrid contará con una estructura permanente y un plan de acción anual». O dicho de otro modo, que hay dinero para rato.

El amigo Bolsonaro y el bueno de Pinochet

Otro de los que con más entusiasmo ha abrazado el Foro de Madrid es Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente brasileño, quien se ha ofrecido para organizar encuentros con la derecha argentina.

Y es que los Bolsonaro no son muy de aceptar la voluntad popular cuando ven que pierden apoyos y ahí está el padre llamando a una insurrección golpista para mantenerse en el poder.

Mientras en Chile, Abascal consiguió el apoyo de José Antonio Kast, fundador del ultraderechista Partido Republicano de Chile. Kast es un férreo defensor de la dictadura de Pinochet, ha visitado en prisión y defendido a los exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad. Declaró que si Pinochet estuviera vivo votaría por él. Otro «defensor de la libertad» que se une al Foro de Madrid.

Ledezma, Corina Machado y Zoé Valdés

Otros políticos que apoyan el plan ultraderechista adoptado por Vox tras las reuniones de sus dirigentes con altos cargos del Partido Republicano de Estados Unidos son algunos golpistas venezolanos como Antonio Ledezma. En 2015 la Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra él por rebelión civil y alzamiento militar en un intento de golpe de Estado llamado «La Salida», que dejó 43 venezolanos muertos. Ledezma aprovechó un beneficio de arresto domiciliario por intervención quirúrgica para fugarse del país. También está María Corina Machado, coordinadora del partido Vente Venezuela, que tiene como propuesta para Venezuela una intervención militar internacional que invada el país y derroque al Gobierno. Y la escritora cubana Zoé Valdés, que publicó en 2020 un libro blanqueando la figura del dictador Fulgencio Batista, su apoyo popular y sus políticas educativas y sanitarias.

En conclusión, los más belicosos e intervencionistas de los gobiernos republicanos estadounidenses le han encargado a los de Vox que se vayan a buscar a los más facinerosos de cada país latinoamericano para montar una banda de camorristas contra los pueblos. A cambio los aceptarán en sus convenciones, les darán algunos cursos de venta de fake news y los citarán en alguna entrevista.

Si les vieran Hernán Cortes y Pizarro

Lo que resulta más curioso a quienes escuchamos todos los días en España el discurso patriotero de Vox es comprobar cómo pueden acabar haciendo de recaderos del trumpismo para combatir a gobiernos de izquierda latinoamericana con el discurso espantaviejas de que viene el comunismo, y algún golpe de Estado si lo anterior no funciona. Si los vieran ahora sus queridos Hernán Cortés, Pizarro o Magallanes. De ensalzar a los colonizadores españoles a terminar como recaderos del imperio norteamericano.

Tomado de: Sputnik

España: los que ganaron mucho dinero con la pandemia

16 agosto, 2021 admin

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Su volumen de primas el año pasado ascendió a 2.732 millones de euros, con un 29,5% de cuota de mercado. Foto: El Español

Por Pascual Serrano @pascual_serrano

Casi año y medio después de que la OMS declarase la pandemia de COVID, es indiscutible que la economía ha sufrido una crisis que ha afectado a la población mundial. En el caso de España los datos son elocuentes, el porcentaje de población española en riesgo de pobreza o exclusión social subió 1,1 puntos en 2020, año marcado por el coronavirus, y se situó en el 26,4%, el dato más elevado desde 2017, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La pandemia ha empujado al paro a 2,14 millones de trabajadores, según el Servicio Público de Empleo Estatal español (SEPE), el 59,4% de los 3,4 millones de desempleados registrados. De ellos, se pueden considerar ya parados de larga duración, por llevar más de seis meses sin trabajo, 1,21 millones, más de la mitad. No hubo un aumento tan brusco desde 2009, cuando según los registros del SEPE experimentó un alza del 58,96%.

La consecuencia es que debido a la pandemia un cuarto de millón de familias españolas han acabado en las llamadas colas del hambre, ya son un millón y medio las que necesitan ayuda para poder llenar su nevera, lo que supone una de cada doce en un país con poco más de 18 millones de hogares. Eso en cuanto al Programa de Ayuda Alimentaria del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), un organismo del Ministerio de Agricultura, y sin tener en cuenta la distribución de alimentos de otras ONGs y de las redes de apoyo de los barrios.

Esta es la situación más o menos conocida por todos y ampliamente difundida por los medios. Sin embargo, hay otra circunstancia que merece nuestra atención, se trata del otro lado de la balanza, los sectores, colectivos o empresas que, mientras se nos complicaba la economía a la mayoría, ellos han disparado sus beneficios, bien durante los momentos más duros de la pandemia o bien más tarde, como consecuencia de la pandemia.

Como ya contaba Noemi Klein en su libro La doctrina del shock, determinadas tragedias son aprovechadas por algunos sectores para tomar decisiones impopulares y hacer negocios. Veamos quiénes son.

Empecemos por la banca. El Ibex 35 es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española y está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en las cuatro bolsas españolas. Pues bien, los cinco grandes bancos del Ibex35 (Bankínter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander) cerraron el primer semestre del 2021 con unos beneficios netos en el mercado doméstico de 3.773 millones de euros, según los resultados semestrales remitidos a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Si se incluye el negocio internacional, los beneficios de los cinco grandes bancos suman 8.224 millones. Esto supuso multiplicar por cuatro sus beneficios frente a los obtenidos en el mismo periodo de 2020.

El panorama quedaba así en el primer semestre del año actual: Santander ganaba 3.675 millones hasta junio, el mayor beneficio en un primer semestre desde 2010; BBVA, 1.911 millones; CaixaBank tuvo unos beneficios de 1.278 millones sin contar los extraordinarios de la fusión con Bankia; el Sabadell gana un 51% más (220 millones) y Bankinter hasta 1.140 millones.

Lo más insultante es que el beneficio de los bancos se debe a la desgracia de los demás. La pandemia ha disparado la demanda de crédito por parte de las empresas y los autónomos, a quienes el parón de la actividad económica generó problemas de liquidez que les hizo recurrir a la banca, ya fuera directamente o mediante operaciones públicas como los avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial), es decir gracias al Estado. Los bancos subieron los intereses y a hacer caja.

Otra fuente de aumento de ingresos de la banca a costa de las familias en plena crisis por la pandemia es el incremento de las comisiones que cobran por mantener una cuenta. Según se recoge en el barómetro sobre comisiones bancarias elaborado por la organización de consumidores Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), disponer de una cuenta corriente y de una tarjeta para operar le cuesta en España una media de 140,16 euros al año a los clientes de las principales entidades financieras.

En algunos casos, como Bankinter y Santander, alcanza los 180 y los 240. Y todo en unos tiempos en los que, reduciendo cada vez más sus trabajadores en plantilla y ahorrándose esos sueldos, todos los servicios están automatizados y las gestiones las hacemos por internet o en el cajero.

Para redondear sus beneficios, la banca ha utilizado la pandemia para formalizar más de 15.000 despidos de trabajadores.

El resultado de todo ello será el reparto, según los analistas, de unos de 7.000 millones de euros entre sus accionistas.

Vayamos ahora a otro sector que se ha forrado durante esta pandemia. Agárrense, las eléctricas ganan en España un millón más cada día con el recibo de la luz que ha disparado su precio.

Las tres principales compañías eléctricas españolas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, que controlan el 85% del mercado eléctrico español, han aumentado sus ganancias más de un 6% en la primera mitad de este año, cuyos dos últimos meses han registrado un desconocido encarecimiento del coste de la electricidad que soportan los hogares y empresas.

Los datos proceden de los resultados que esas mismas compañías han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde reflejan unos beneficios conjuntos de 3.233 millones de euros del 1 de enero al 30 de junio de este año, 195 millones más que en el mismo periodo del anterior.

Han ganado cada día un millón más que el año pasado y han elevado hasta casi 750.000 euros por hora el ritmo de los beneficios. Destaca el caso de Naturgy que alcanzó un beneficio neto ordinario fue de 557 millones de euros.

Como estos beneficios no les parecen suficientes también acuden a la ventanilla del Estado a hacer caja. Iberdrola se embolsó el pasado mes un préstamo del ICO por valor de 6 millones de euros para generar hidrógeno verde en Barcelona.

Al importe del préstamo se suma una subvención de 3,7 millones de euros, procedente de la iniciativa Connecting Europe Facility (CEF) de la Unión Europea.

El negocio eléctrico ya lo están oliendo algunos. El hombre más rico de España, Amancio Ortega, el fundador de Inditex, a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, ha entrado en el capital del grupo Red Eléctrica (REE) con una participación del 5% del capital, valorada en unos 456 millones de euros, el máximo que le permite la ley. Además también adquirió el 12% de la empresa homóloga portuguesa, Redes Energéticas Nacionais (REN), valorado en unos 190 millones de euros.

Hay que reconocer que la pandemia ha tenido sus consecuencias negativas en Amancio Ortega, su empresa inversora recortó su beneficio neto en 2020 y «solo ganó» 666 millones. Toda nuestra solidaridad, los ricos también lloran. Pero no nos preocupemos demasiado, se espera que en 2021 Ortega reciba cerca de 1.300 millones en dividendos de Inditex. Nos quedamos más tranquilos.

Pero volvamos a la energía. Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.235 millones de euros en el primer semestre del año. Aunque para eso fue necesaria la solidaridad (involuntaria) de los españoles, que pagaron y siguen pagando un 21% más caro los carburantes que el año anterior. En julio la gasolina iba por su octava subida consecutiva.

Si una gran mayoría de los ciudadanos se ha quedado con su economía temblando tras la pandemia, no parece que haya sucedido lo mismo con las grandes empresas. No olvidemos que las grandes corporaciones en España pagan un tipo medio del Impuesto de Sociedades del 5,11% frente al 12,24% de las pymes.

Seguimos. Durante el primer semestre de este año Telefónica multiplicó por diez su beneficio neto respecto al año anterior, llegando al récord de 7.743 millones de euros.

Otra de las grandes, la tecnológica Indra, ha obtenido en el primer semestre del año un beneficio neto de 55 millones de euros, no solo supone dejar atrás las pérdidas del 2020 sino elevar un 63% el beneficio respecto a 2019.

No solo es que algunas empresas ya estén superando sus beneficios de antes de la pandemia, es que otras ganaron en plena crisis. Es el caso de la cárnica Campofrío, que ganó 11,4 millones de euros en 2020, un 58% más, y facturó 2.169 millones. Si bien durante la pandemia sufrió fuertes caídas en su negocio destinado a hostelería debido al cierre de bares y restaurantes, lo compensó con las ventas en el supermercado.

Hasta una tragedia como una pandemia sanitaria tiene beneficiarios. Los seguros de salud privados, durante 2020, batieron sus récords en España, tanto en número de asegurados (más de 11 millones) como en el porcentaje que este representa sobre el total de la población (23,4%) y en su facturación. El negocio superó por primera vez la barrera de los 9.000 millones de euros en 2020, según datos de la patronal aseguradora Unespa.

Si vemos la evolución durante el primer semestre de 2021, observamos que estos seguros de atención sanitaria han incrementado sus ingresos en un 4,8% frente a 2020 y un 10% si la comparación se efectúa con 2019.

El ranking lo lidera el SegurCaixa Adeslas, que integra a Caixabank y a Mutua Madrileña. Su volumen de primas el año pasado ascendió a 2.732 millones de euros, con un 29,5% de cuota de mercado.

Su éxito empresarial no fue consecuencia de la asistencia que prestaron a los enfermos de COVID, sino de la preocupación de la ciudadanía por la afectación de la asistencia pública en otras patologías ante la alta demanda de recursos sanitarios que supuso el COVID.

Y si de beneficios y sanidad se trata, los del gran pelotazo han sido las farmacéuticas de la vacuna contra el Covid. Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson (J&J), matriz de Janssen, consiguieron un beneficio neto de 24.522 millones en el primer semestre de 2021, lo que supone un aumento del 66% respecto a 2020. (Pfizer, 8.845 millones; Moderna, 3.377; AstraZeneca, 1.782 y J&J, 10.500). Esos beneficios también se han reflejado en sus colaboradoras españolas: Rovi, 51 millones; Reig Jofre, 3,56; PharmaMar, 43,2.

Y ya se han dado cuenta que el negocio no ha hecho más que empezar. No solo están planteando la necesidad de una tercera dosis, sino que, según el diario británico Financial Times, el precio de la dosis de Pfizer pasará de 15 a 19,50 euros, y el de Moderna subirá de 19 a 21.

Y como de lo que se trata es de ganar dinero y pagar pocos impuestos, uno de los principales grupos de sanidad privada en España, los dueños de HM Hospitales, crearon nada más decretarse el estado de alarma una sociedad instrumental en Luxemburgo. Este mes de julio ya habían llevado allí 25 millones de euros.

No podemos olvidar uno de los grandes beneficiados con la pandemia, Amazon. El gigante de comercio electrónico cerró su año fiscal 2020 con unas ganancias netas de 17.700 millones de euros, casi el doble que en 2019, gracias al gran impulso de las compras por internet a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Pero es que en el primer trimestre de 2021 registró un beneficio neto de 6.706 millones de euros, lo que supone triplicar la cantidad obtenida en el mismo periodo de tiempo del pasado año.

En general todo el sector informático ha salido beneficiado con el COVID. De acuerdo con los datos más recientes de la consultora International Data Corporation (IDC), la venta de portátiles, sobremesas y tabletas ha crecido cerca del 50% mundialmente en la última década. Si acotamos la tendencia únicamente a España, durante 2020, en plena crisis del coronavirus, la venta de portátiles creció un 300%, según los datos anunciados por la empresa PcComponentes.

En España, durante la pandemia, hasta ha hecho caja la familia del dictador Francisco Franco. Gracias al aval del Estado han logrado vender un hotel de lujo en Madrid y así embolsarse 114 millones de euros.

Y si alguien piensa que los beneficios de las grandes empresas favorecieron por igual a trabajadores y directivos se equivoca.

La pandemia provoca una caída sin precedentes del salario bruto medio en España. Según informó El País, la remuneración anual por trabajador se situó en 2020 supuso un retroceso del 2,6%, el mayor desde que empezó a elaborarse la Encuesta anual de coste laboral en 2008.

El dato contrasta con la evolución de los sueldos de los directivos. Los consejos de administración de las compañías del Ibex 35 ganaron 123,5 millones de euros en el primer semestre de 2021, cantidad que supone una mínima caída del 0,45% respecto a la masa salarial del mismo periodo del año anterior. En el caso de los miembros de la alta dirección de las compañías del Ibex 35, la masa salarial sumó 182,2 millones de euros, con un retroceso del 1,78%.

Ahora los beneficios agregados de las empresas del mercado continuo entre enero y junio de 2021 sumaron 30.304 millones de euros (en el Ibex el beneficio conjunto fue de 28.835 millones), poco de ese dinero irá para sus trabajadores.

Veamos algún dato al respecto. Según un informe de la plataforma InfoJobs, el 19% de la población activa señala que hace entre 1 y 2 horas extra a la semana no controladas o remuneradas; otro 19% indica que realiza entre 3-5 horas de más; y un 13% afirma incluso que cubre más de 5 horas extra a la semana sin recibir compensación económica alguna.

En conclusión, la mitad de los trabajadores españoles realiza horas extra que no están controladas o pagadas.

Por otro lado, según el Servicio Público de Empleo (SEPE), el 22% de los contratos firmados en la hostelería dura menos de una semana.

Una vez más se confirma que los tiempos de crisis son tragedia para muchos, pero de oportunidad para algunos. Hemos repasado el caso español, pero nos tememos que no será muy diferente en otros países. Lo triste es que tanto la tragedia como la oportunidad parece que siempre se repiten para los mismos.

Tomado de: Sputnik Mundo

Juan Carlos I de Borbón, más prófugo que emérito

28 junio, 2021 admin

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Vilma Vargas (Ecuador)

Por Pascual Serrano @pascual_serrano

El 15 de junio se supo que la fiscalía suiza había encontrado en Andorra una cuenta vinculada a Juan Carlos I donde escondía 10 millones de euros. El depósito, abierto en el banco Andbank, estaba controlado supuestamente a través de la sociedad instrumental Stream S.A., dirigida por testaferros. Los investigadores llegaron hasta la cuenta del Principado, activa hasta 2016, por una transferencia de la Fundación Zagatka, la entidad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón —primo de Juan Carlos— que pagó viajes del monarca por valor de ocho millones de euros desde ella.

Esta cuenta en Andorra la cancelaron en 2016, precisamente cuando el Principado anunció la aplicación de la norma por la que compartiría con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran productos activos en su territorio, según El Confidencial. Muchas personas cerraron sus cuentas en aquel entonces para evitar que se transmitiese esa información.

Este mismo mes también se ha sabido que la Finma, organismo regulador y supervisor del mercado financiero de Suiza, ha abierto un expediente contra el banco Mirabaud & Cie, entidad en la que se depositaron los 100 millones de dólares que recibió Juan Carlos I en agosto de 2008 por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, tal como adelantó El País. Lo ha hecho para investigar si se cumplieron los protocolos y la debida diligencia para evitar el blanqueo de capitales.

Felipe VI como segundo beneficiario

La cuenta bancaria de Mirabaud & Cie se abrió a nombre de la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation, en cuyos estatutos internos aparece el emérito como primer beneficiario y Felipe VI como segundo. Las actas incluían una cláusula para tratar de evitar disputas en el seno de Zarzuela por el control de los activos de la sociedad instrumental.

De esa cuenta, Juan Carlos de Borbón habría sacado durante cuatro años un promedio de 100.000 euros al mes para gastarlos en España sin dejar rastro. Las operaciones se produjeron al menos entre 2008 y 2012. El monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Ninguna de esas disposiciones de efectivo fue declarada a la Hacienda española. Además del ingreso inicial de Arabia Saudí, en la cuenta de Lucum aparece otra transferencia recibida del rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, por importe de 1,9 millones de dólares.

El resto de operaciones reflejadas en el balance del depósito son retiradas de dinero en ventanilla. Una vez llegaba a sus manos, los billetes eran usados por el conjunto de los miembros de Zarzuela para pagar regalos, viajes, consumiciones y otros lujos. Solo en 2010, el rey emérito dispuso de 1,5 millones de euros opacos. O lo que es igual, 125.000 euros en metálico cada mes, una cantidad similar a los 140.000 euros de dotación que tuvo asignados en los presupuestos de 2010 para todo ese año.

60 millones para Corinna

En julio y septiembre de 2011, Juan Carlos de Borbón efectuó de nuevo retiradas de la misma cuenta, y así continuó hasta junio de 2012, dos meses después de que se disculpara públicamente en unas declaraciones históricas por su accidente en Botsuana. Tras ese escándalo del rey cazando elefantes en Botsuana en plena crisis económica, el banco trasladó al monarca su incomodidad por la existencia de la cuenta. Juan Carlos I optó entonces por transferirle los aproximadamente 60 millones de euros que quedaban en la entidad a su entonces amante, Corinna Larsen, en concepto de donación.

La investigación de la fiscalía suiza sobre las cuentas en ese país del rey emérito elevan a más de 82 millones de euros los negocios en común de ambos en sociedades, cuentas y fundaciones. Según el fiscal suizo, Juan Carlos I y su compañera compartieron esos ingresos procedentes de Kuwait, Bahrein, Arabia Saudí, México y Marruecos (en este último caso en forma de unos terrenos), quien confirmó estos datos a la justicia española a través de una comisión rogatoria enviada hace algo más de un año.

Ya en verano de 2018, el fiscal del cantón de Ginebra abrió una investigación ante la sospecha de que el rey había utilizado el sistema financiero helvético para blanquear dinero. Supuestamente, las comisiones por la adjudicación del proyecto saudí del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas, aunque en los últimos meses ha ganado fuerza la tesis de que los 64,8 millones de Arabia Saudí fueron en realidad una contraprestación por su labor de lobby para lavar su imagen internacional.

Tres investigaciones de la Fiscalía

Todo lo anterior es solo una de las tres vías de investigación contra Juan Carlos de Borbón que tiene abierta la Fiscalía del Tribunal Supremo en España. Otra más se inició después de que el Ministerio Público recibiese un informe del Servicio de Inteligencia Financiera de España (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Sepblac), según informaron la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un encuentro con periodistas el pasado mes de noviembre.

La tercera investigación abierta se refiere a los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos: entre otros, algunos de sus nietos. Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirmaron a Eldiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.

Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018, fechas posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos, por lo que habría perdido parte de la impunidad que le otorgaba su cargo de jefe del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción no solo está analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían. Se sabe que se trata de un dinero procedente del extranjero, por lo que la justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.

Mientras tanto, ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. También se ha identificado a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la familia real: un ciudadano mexicano y un mando del Ejército del Aire.

Regularizaciones fiscales como cortafuegos

La reacción de Juan Carlos de Borbón es intentar aplicar cortafuegos a las investigaciones de la justicia española mediante regularizaciones fiscales. A principios de diciembre del año pasado ya pagó 678.393,72 euros para evitar una investigación por delito fiscal, el objetivo de ese pago era regularizar las cantidades no declaradas que gastó entre 2016 y 2018 con tarjetas de crédito opacas anteriormente citadas y que investigaba la Fiscalía.

En febrero de este año hizo un segundo pago a Hacienda de 4,4 millones de euros, que correspondería con deudas tributarias derivadas de los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió para vuelos realizados en una compañía de jet privados y que pagó hasta 2018 la fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans. Se trata del dinero de la cuenta de Andorra con la que empezamos esta información. Esta regularización no ha frenado la investigación de la justicia española.

Testaferros desde Liechstenstein

La Fundación Zagatka se creó en 2003 en Liechtenstein y la fiscalía suiza sospecha que su objetivo era ocultar las cuentas de Juan Carlos de Borbón recurriendo a su primo como testaferro. Hasta el pasado junio, cuando cambió su reglamento, la fundación tenía como tercer beneficiario de sus fondos a Juan Carlos I y a Felipe VI y sus dos hermanas como cuarta y quintas, respectivamente. Una de las cuentas de la fundación, abierta en el banco Credit Suisse, habría llegado a acumular alrededor de 14 millones de euros.

Según el diario británico The Telegraph, sólo entre 2016 y 2019, cinco millones de euros procedentes de esa cuenta se habrían destinado a pagar vuelos en jets privados del monarca y su amante Corinna Larsen. «El banco es el primo. Él es el que paga los aviones», dijo Corina Larsen en una conversación con el comisario Villarejo en referencia a Orleans.

Una vez mostrada la evidencia de que el rey emérito manejaba una cantidad desorbitada de dinero muy por encima del presupuesto público que ingresaba por su cargo, y que ese dinero no estaba sometido al control de Hacienda, la siguiente incógnita era saber de dónde procedía. Eldiario.es elaboró un listado de empresarios multimillonarios y gobernantes de dictaduras, principalmente petromonarquías, que habrían sido los financiadores del monarca según las investigaciones periodísticas y judiciales. Ahí estarían personajes como el fallecido rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz, el sultán de Bahréin Hamad bin Isa al Jalifa o el expresidente kazajo Nursultan Nazarbayev junto a grandes magnates como el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause.

Y como nadie da dinero por nada, ni siquiera a un rey, la siguiente pregunta era a cambio de qué eran esas millonarias donaciones, y todo parece indicar que se trataría de comisiones por negocios hechos con el Estado español o empresas españolas. Quedaría por saber cuánto de toda esa trama quiere y es capaz de esclarecer la justicia española.

El Estado español le sigue pagando en Abu Dabi

Mientras tanto, el emérito, desde que salió de España en agosto de 2020 ante los escándalos financieros, sigue viviendo a su estilo, es decir, como un rey, en Abu Dabi. Mientras aparecía todo ese dinero negro, esas cuentas en paraísos fiscales y esos gastos desorbitados, durante 2020 todavía el presupuesto público español le destinaba 42.033,23 euros y otros 114.231,24 a su esposa.

Pero ese dinero no significa mucho porque el truco siempre ha estado en endosarle a otras instituciones del Estado los gastos de la Familia Real. Así, el coste del personal que asiste al rey emérito en Emiratos Árabes desde que salió de España corre a cargo de Patrimonio Nacional. La Casa Real endosa a este organismo público —que gestiona y conserva el patrimonio artístico e histórico del país— el pago de las nóminas del personal desplazado a Abu Dabi, así como los viajes de esos empleados de confianza del rey emérito desde que se instaló en el golfo pérsico y que se van rotando aproximadamente cada mes.

Juan Carlos de Borbón cuenta con tres ayudantes de cámara durante su estancia en el país asiático. Se trata de personal de libre designación contratado por Patrimonio Nacional que ejerce labores de asistencia al exjefe del Estado, solo en viajes de sus asistentes fueron 9.600 euros en 2020.

Además de esos tres salarios, Patrimonio Nacional asume también los gastos derivados de su estancia en Emiratos Árabes Unidos y el personal de seguridad que, por supuesto, también es cargado a los presupuestos públicos del Estado español. Pero el Gobierno español se niega a facilitar el coste ni de los hoteles del rey, ni de su corte ni de sus dietas ni tampoco el gasto en seguridad o las nóminas del personal, por considerarlo “información clasificada” que afecta a “la seguridad pública”.

Saltarse la cola para vacunarse

El comportamiento de privilegio lo sigue ostentando con total impunidad tanto el emérito como su familia. En febrero, tanto Juan Carlos de Borbón como sus hijas Elena y Cristina aprovecharon su estancia en Emiratos Árabes Unidos para vacunarse del COVID sin tener que esperar su correspondiente turno según los criterios de edad y sanitarios establecidos por las autoridades españolas.

Para justificar que se saltaran el orden lo razonaron así: “se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos”. En realidad, nada diferente a lo que ha supuesto la monarquía en la historia de España: privilegios e impunidad que se les ofrece y a los que ellos acceden.

Lo que es evidente es que seguir llamando emérito (persona que ha cumplido su tiempo de servicio y disfruta la recompensa debida a sus méritos) a Juan Carlos de Borbón es todo un insulto a la inteligencia de los españoles.

Vinculación de Felipe VI

Por si acaso, como señala la periodista Eider Hurtado, coautora del libro La armadura del rey, la estrategia de la Casa Real hoy es desvincular a Felipe VI de todas las tropelías de su padre. Sin embargo, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias señaló en declaraciones a TV3 que, si se demuestra que Juan Carlos I controlaba la cuenta descubierta en Andorra, la fiscalía ya debería imputarle automáticamente por delito fiscal y afectaría a toda la Familia Real, Felipe VI incluido.

Piensan que si se logra que los latrocinios y crímenes de un rey solo salgan a la luz cuando haya abdicado en favor de su heredero, la rueda podrá seguir funcionando. El objetivo es que cada nuevo joven monarca herede los privilegios de la sangre azul pero nunca la responsabilidad de los desmanes paternos y el contador del saqueo monárquico se ponga de nuevo a cero. Cuando los suyos se hagan públicos, se le da al reset con un nuevo heredero y a seguir con el pillaje.

Sin embargo, no resulta creíble la no relación del actual rey Felipe VI con las tropelías económicas del padre: el monarca actual es el segundo beneficiario de la cuenta suiza abierta por Lucum Foundation, de los cien mil euros mensuales que sacaba el emérito vivían de lujo toda la familia, así como de las tarjetas de dinero negro. Por otro lado, Felipe VI también aparece como cuarto beneficiario de los fondos de la Fundación Zagatka de Liechtenstein que pagaba los viajes en jets privados.

Por eso decía Julio Anguita que la memoria es lo que convierte a la masa en pueblo. Esa memoria que debemos tener los españoles para recordar ante cada flamante Borbón toda la trayectoria de rapiña familiar que le precede.

Tomado de: Sputnik

Los amos de la información, de ayer a hoy

25 junio, 2021 admin

Textos prestados

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Por Enrique Bustamante*

La lectura del manuscrito titulado Traficantes de información, realizada como consecuencia de la petición para realizar este Prólogo, me trae sentimientos diversos y encontrados. Quizá, como cita el autor en la introducción, porque hace justamente treinta años de la publicación, también gracias al apoyo de Ramón Akal, de mi primer libro Los amos de la información en España (1981), que a su vez sucedía porque nadie comienza caminos radicalmente nuevos sin guías previos, gracias a la intuición pionera de Manuel Vázquez Montalbán con su Informe sobre la información. Mi otra fuente de inspiración, junto con el añorado autor citado, fue la de otro amigo audaz e insigne, Juan Muñoz, también desgraciadamente desaparecido, que años antes se había atrevido a desnudar El poder de la banca en España.

Pero hay más coincidencias: como el libro de Pascual Serrano, aquel texto —a pesar de componer parte de mi tesis doctoral en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense— nacía más de las frustraciones profesionales de diez años como periodista, especialmente de la constatación de los terribles corsés que aherrojaban la libertad de expresión periodística en los últimos años del franquismo y principios de la transición, que del afán de ascender un peldaño académico. Y sin embargo, ambas obras, políticamente incorrectas en sus respectivos momentos, tienen un valor importante para el mundo universitario, que entonces, como ahora, tiende demasiado a menudo a seleccionar como objeto de investigación campos y problemas académicamente «respetables», aceptables y aceptados por autoridades públicas y privadas.

La perspectiva y estructura de este libro último es ciertamente distinta a la aproximación sectorial que yo decidí entonces (prensa, radio, televisión, publicidad, agencias,…), pero el objetivo de este análisis histórico por grupos de comunicación guarda un punto en común: clarificar ante los usuarios el universo de intereses que median y mediatizan su información, su agenda pública, prestando las bases imprescindibles para la participación democrática de los ciudadanos. Una transparencia vital para la democracia que si hace treinta años era un sueño, todavía está lejos de haberse conseguido.

Ciertamente, el escenario de la comunicación social masiva se ha transformado profundamente en estas tres décadas en muchos sentidos. A un estrecho abanico de medios bien caracterizados por su especificidad mediática le ha sucedido una explosión de soportes, redes y terminales de información, cada vez más imbricados en una convergencia digital que desdibuja sus fronteras y sus lenguajes y los articula crecientemente en ofertas y usos sociales. Pero la combinación de medios analógicos y digitales, en versiones de coexistencia no siempre pacífica, no ha garantizado ni mucho menos ni el pluralismo ideológico ni la diversidad cultural. La actual impresión de abundancia, celebrada por múltiples gurús y predicadores integrados, oculta así que se trata muchas veces de voces ventrílocuas, diferentes por el medio de transporte y por el formato, pero idénticos en su base ideológica. Y que la interactividad no es muchas veces más que un simulacro de elección entre esas ofertas homogéneas. Basta recordar la reacción mediática en España ante la actual crisis económica, y sus recetas neoliberales comunes, para comprender los estragos que esta situación trae consigo sobre la libertad de expresión y los destinos de nuestra comunidad.

En primer lugar, como demuestra este libro, el universo mediático se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la cultura en España: los nueve que analiza el autor, más esos satélites que caracteriza como «otros», concentran la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios; y la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado, como muestran los últimos acontecimientos televisivos. En segundo lugar, la vía del crecimiento a toda costa, de la talla máxima posible, mediante la búsqueda ansiosa de capitales, homogeneiza sus estrategias y sus comportamientos, multiplicando sus intereses. Ambos procesos, que en diversos países hemos caracterizado como procesos de financiarización (endeudamiento masivo, apelación a los mercados de capitales), suponen que —más allá de cualquier visión conspirativa, aunque sin excluirla en ocasiones— los grandes grupos se parecen cada vez más en sus estrategias y en su visión ideológica del mundo, por fuerza de su integración en el gran capital. En la etapa última, todavía inacabada pero cada vez más visible, la internacionalización financiera consumada, por medio de grandes grupos mediáticos internacionales pero también, y cada vez más, de fondos de inversión y sociedades de capital riesgo, sin patria ni credo, completan la red tupida de alianzas y complicidades que ejercen hoy una amplia hegemonía sobre la comunicación social masiva.

Todos esos fenómenos se han caracterizado por su «espontaneidad» de mercado, al margen de una legislación que se ha ido acomodando a ellos en lugar de controlarlos u orientarlos. Y todos también se han ido desarrollando sin que los usuarios —lectores o espectadores— pudieran controlar ni sus caminos ni su realidad presente. Es decir, se han hecho doblemente en perjuicio de la calidad de la democracia de nuestra sociedad.

El presente libro acierta pues cuando obvia el análisis ideológico para dejar que éste se desprenda de las telarañas complejas de intereses económicos puestos en juego. Lo cual no elimina los matices ideológicos, muchas veces fruto del marketing y de la diferenciación competitiva en una sociedad en la que las ideologías siguen felizmente contando. Pero explica la frecuencia y naturalidad con que se producen en ese mundo oligárquico las alianzas aparentemente contra natura.

Al contrario que la mayoría de los textos periodísticos al uso en los últimos años, cocinados generalmente a la contra de algún grupo o directivo periodístico y al servicio de otros, hay que resaltar la «neutralidad» y distancia equitativa del autor a la hora de describir la historia y el presente de cada uno de los grupos contemplados; también su sobriedad al relatar los conflictos periodísticos de cada grupo en los últimos años, que adquieren un valor de metáfora elocuente: los profesionales de la información, ya notablemente sometidos desde el final de la transición democrática, han visto en los últimos años cómo la precariedad laboral les iba despojando progresivamente de todas sus armas de autonomía e independencia, en tanto defensores del pluralismo de la sociedad española, para conformarles como obreros de «cuello blanco» al servicio exclusivo de la verdad particular de sus grupos empresariales.

Aunque explícitamente este libro no se ocupa de los medios públicos, habría que señalar que también ahí se encuentran «traficantes de información», aunque sean minoritarios y en retirada: Los poderes públicos como reguladores de los «mercados informativos», que sistemáticamente, bajo todos los gobiernos, han favorecido la concentración a cambio de dádivas políticas, especialmente en la concesión clientelar de licencias de radio y televisión (de TDT en los tiempos más recientes); también lo han sido con los medios públicos que durante años han sido manipulados por los sucesivos partidos en el poder, tergiversando su papel diferenciador de servicio público y su papel genuino de contrapeso de las peores desviaciones del gran mercado. Aunque la reforma de RTVE ha conseguido desde 2006 un salto cualitativo de la independencia y pluralismo de sus programas informativos y su programación, no puede dejar de señalarse que las reformas legales de 2009 y 2010 buscan claramente su debilitamiento, en beneficio del polo privado. Y aún quedan muchos gobiernos regionales que siguen manipulando sistemáticamente a sus radiotelevisiones autonómicas, con los picos extremos y brutales de Valencia, Madrid o Murcia, mientras despilfarran importantes cantidades del erario público en «ayudas» discrecionales o en publicidad institucional incontrolable.

A cambio de tal ausencia, Pascual Serrano evidencia claramente los resultados de este proceso de pérdida de peso específico de los medios públicos en la otra cara de la moneda: cómo, aprovechando la decadencia pública que ellos mismos tienden a acelerar, los grandes grupos privados han ido arropándose de una ideología de «campeones nacionales» de nuestro pluralismo y de nuestra cultura, asumiendo ostentosamente un liderazgo de su función comunicativa sobre la sociedad española entera que tan mal casa con sus propias aventuras empresariales y profesionales. De ahí a la pretensión de que el Estado, o sea todos nosotros, les reconozcan y mimen, subvencionen, y desregulen en su función sublime, no hay más que un pequeño paso que muchas asociaciones empresariales no han dudado en sobrepasar so pretexto de la crisis económica.

Una vez más se constata, en un campo vital, que la llamada Era de la Información se traduce en la práctica social en una inmensa desinformación masiva. Esperemos que, como expresa el autor en sus conclusiones, este libro sirva para colmarla en parte, que contribuya a generar unos ciudadanos más activos y exigentes.

*Enrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Universidad Complutense de Madrid

Prólogo del libro Traficantes de información de Pascual Serrano

Tomado de: No cierres los ojos

“El lawfare”

22 mayo, 2021 admin

Tras los apuntes

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Por Pascual Serrano @pascual_serrano

En los inicios, los golpes de Estado fueron básicamente militares –la lista es interminable–; pasado el tiempo –con Venezuela– se inauguraron los golpes mediáticos. Cuando los medios perdieron su credibilidad, dejaron de ser suficiente para consolidar los derrocamientos de presidentes legítimos y, entonces, se hizo necesario darles una pátina de objetividad, para eso se recurrió́ al retorcimiento de las leyes y a una judicatura corrompida. Para cubrir esas necesidades, nació́ el lawfare.

El lawfare es un término que, como señala el abogado Enrique Santiago en las siguientes páginas, consiste en generar una «guerra jurídica» que se despliega esencialmente a través del uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional.

El mecanismo se basa en detectar delitos o comportamientos sobre los que haya unanimidad de repudio, y que además hayan despertado la indignación generalizada entre la ciudadanía (corrupción, robo, fraude). Si se quiere desactivar a un líder político, bastará con imputarle ese delito y su prestigio terminará hundido. En un sistema judicial saneado, el mecanismo para que la acusación sea creíble requeriría una sentencia firme de los tribunales. Sin embargo, las coyunturas y contextos por lo general son más complejos, y los mecanismos con los que se bombardea la imagen de un político son múltiples y complementarios. De modo que el inicio del proceso legal, la campaña de culpabilización en medios afines, el despliegue de testimonios acusatorios ad hoc, la preparación ante la opinión pública de supuestas pruebas, todo ello puede generar ya una sentencia popular –sea o no cierto el delito cometido– y, por tanto, una desactivación del oponente político. Y cuando eso no es suficiente, siempre se puede recurrir a los vericuetos de un sistema judicial corrupto o, al menos, permeable a un cierto nivel de corrupción: una elección del juez adecuado o apartar al juez que moleste, una prisión preventiva sin necesidad de sentencia, una adecuada elección de pruebas, la eliminación de otras, etcétera.

De todo esto trata este nuevo libro de la colección A Fondo, El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley, escrito por la politóloga y doctora en Relaciones Internacionales, y en Estudios Latinoamericanos, Arantxa Tirado, quien nos aportará todas las claves. Por ejemplo, quién es el principal actor que recurre al lawfare como estrategia de guerra y contra quién.

Tirado nos explica que el lawfare se enmarca en lo que se ha venido a llamar la guerra híbrida: el uso combinado de fuerzas bélicas regulares junto con otras irregulares. Es decir, el uso añadido de actividades informativas, ciberinformáticas, diplomáticas y financieras que complementan las acciones de la guerra tradicional. De este modo, el lawfare se camufla como legalidad cuando es sólo un arma de guerra más. Es verdad que históricamente los medios irregulares eran más recurridos por los bandos más débiles, sabedores de que en el choque militar abierto y frontal tenían más posibilidades de perder. Sin embargo, vivimos tiempos en los que el poder de la opinión pública mundial ya no permite que los poderosos puedan actuar con la impunidad y licencia que históricamente utilizaron. Hace falta convencer de tu autoridad moral y de la legitimidad de tus acciones. Ya en 1928, el aristócrata pacifista Arthur Ponsonby desarrolló su «Decálogo de la propaganda de guerra», es decir, los diez principios (o mandamientos) con los que se interviene la opinión pública para justificar una guerra. De este modo, la aplicación de estos principios ha requerido que las potencias dominantes recurran a estrategias diferentes, más allá de la aplastante acción militar habitual en el siglo pasado.

El lawfare forma parte de esa estrategia, pero en un entorno de paz. Y ha podido resultar eficaz no sólo para neutralizar líderes políticos, sino incluso para tumbar Gobiernos y asegurarse de que esos mismos gobernantes no puedan optar a nuevos mandatos, incluso si tuvieran el apoyo ciudadano. La autora de El lawfare se centra en la región que más ha sufrido este tipo de guerra, América Latina y el Caribe, y nos muestra quién está detrás de su planificación y ejecución: Estados Unidos con su tremendo aparato de injerencia judicial y mediática.

El golpe de Estado contra Hugo Chávez de 2002 nos mostró una operación de derrocamiento de un Gobierno legítimo mediante el poder de los medios de comunicación. En aquella ocasión vimos cómo un cártel de televisiones privadas orquestaba una secuencia de falsedades y una acción desestabilizadora. Con el paso de los años, hemos visto cómo los medios se han ido desprestigiando hasta el punto de que ellos solos ya no son suficientes para ejecutar el golpe. Así, a las campañas de acoso y derribo de los medios hay que añadir una pátina de neutralidad y apoliticismo. Para conseguir ese maquillaje de rigurosidad se recurre al sistema jurídico y judicial, que parece que en el Estado de derecho mantiene esa imagen de rectitud buscada. Sin embargo, a pesar de esa imagen de honestidad y pulcritud, la realidad es que se pueden manejar todos los resortes del sistema judicial, retorcer las leyes, decidir arbitrariamente nombramientos judiciales para premiar a los débiles y castigar a los íntegros.

En este libro, Arantxa Tirado lo que nos explica con todo detalle es cómo de lo que se trata es de poner la maquinaria «legal» a trabajar para derribar a esos líderes latinoamericanos cuyo único «delito» era gobernar para los más desfavorecidos y que, por eso mismo, eran elegidos y vueltos a elegir por sus pueblos.

Si Marx nos decía que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante y si después hemos visto que los medios de comunicación dominantes son los medios de la clase dominante, Tirado nos muestra cómo el poder judicial puede ser también el poder judicial de la clase dominante. Se recurre a leyes injustas y jueces corruptos para derrocar a Lula da Silva en Brasil, a Nicolás Maduro en Venezuela, a López Obrador en México, a Cristina Fernández en Argentina, a Rafael Correa en Ecuador. Leyes injustas o mal aplicadas y jueces corruptos para combatir la voluntad popular y la democracia, igual que un día lo hicieran los tanques y los sables.

Por ejemplo, se nos muestra que lawfare fue el proceso para inhabilitar al ahora presidente de México, López Obrador, por intentar abrir una calle de Ciudad de México para dar acceso a un hospital y se nos alerta de que otro proceso de lawfare podría activarse contra él. Quizá para procesarlo por homicidio, porque, al parecer, un niño no recibió la quimioterapia necesaria en otro hospital. También fue lawfare lo que se hizo contra Lula da Silva, porque se le acusó de recibir un apartamento de 600.000 dólares en el que nunca había estado ni se encontraba a su nombre. Lawfare fue intentar destruir el Partido de los Trabajadores de Brasil difundiendo el juez los nombres de los miembros de este que se encontraron en un listado de un directivo empresarial, pero ocultando los otros 300 de otros partidos políticos. O presentar como prueba para procesar a Rafael Correa un cuaderno contable de pagos indebidos escrito varios años después de los supuestos pagos. O la Fiscalía acusando a Cristina Fernández de encubrir a iraníes por una masacre en Buenos Aires, cuando lo que hizo fue mediar con las autoridades de Irán para realizar una investigación conjunta, una decisión ratificada por el Congreso.

Si durante décadas hemos agradecido poder escuchar las voces que señalan y denuncian a los militares golpistas y nos explican sus modos de intervención, ha llegado el momento de agradecer a quienes ahora señalan y denuncian las nuevas formas de golpismo. Este libro, El lawfare, y su autora, Arantxa Tirado, forman parte de esas voces.

Tomado de: No cierres los ojos

Palestina, una historia de ‘apartheid’ israelí y complicidad occidental

15 mayo, 2021 admin

Textos prestados

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MISILES ISRAELIES IMPACTAN EN PALESTINA

Por Pascual Serrano @pascual_serrano

El eterno conflicto palestino-israelí ha implosionado por enésima vez con su habitual escalada de manifestaciones, disparos, cohetes, bombas y muertos. Por supuesto, con el habitual desequilibrio de tragedia y víctimas a uno y otro lado.

En esta ocasión el detonante ha sido la decisión judicial israelí que ordena desalojar a varias familias palestinas del barrio de Sheij Jarrah, un pequeño distrito de Jerusalén Este. Estas familias han vivido en esa localidad desde hace décadas, antes bajo control de Jordania. Ni las protestas de Jordania ni de la ONU, pidiendo detener esa expulsión y cumplir con el derecho internacional humanitario, han detenido al Gobierno de Israel, quien no detiene sus planes de judialización del este de Jerusalén, ocupado en la guerra de 1967.

Para continuar su atropello, el lunes 10 de mayo se celebró la Marcha de la Bandera, un evento nacionalista israelí que conmemora esa ocupación. Para más inri, las autoridades israelíes han ido poniendo obstáculos a las celebraciones del mes de Ramadán, cerrando la Puerta de Damasco, acceso principal al barrio musulmán de la Ciudad Vieja, bajo el argumento de evitar concentraciones a causa de la pandemia. Esta decisión provocó el enfado entre la comunidad palestina residente en Jerusalén y las protestas se extendieron hasta la Explanada de las Mezquitas.

La escalada de violencia continúa a día de hoy y las milicias palestinas de Hamas acuden desde Gaza en solidaridad con sus hermanos de Cisjordania con el ya habitual cruce entre sus artesanales y bastante ineficaces cohetes, que yo mismo pude comprobar en Gaza, contra las destructivas bombas israelíes. Basta observar los números a fecha 12 de mayo: 1.050 cohetes de Hamás más otros 200 fallidos contra 500 bombardeos iraelíes. Balance: 48 palestinos muertos, 14 de ellos niños y seis israelíes muertos (estas cifras de muertos palestinos ya estarán superadas cuando usted esté leyendo esto). Es el álgebra de la injusticia, como diría Arundhati Roy.

Esta es la información periodística que se encontrará en todos los medios, pero que necesita del suficiente contexto y antecedentes para comprenderse. Hace años que el conflicto palestino-israelí se presenta como una secuencia de partes de guerra en el que no se sabe cuándo empezó todo, por qué ni qué mueve a la confrontación de las dos partes. Son preguntas básicas y lógicas que surgen a quienes desean comprender mínimamente el conflicto palestino-israelí y a las que no se encontrará respuesta en los medios de comunicación a pesar de que todos los días hay noticias sobre la región. Intentémoslo nosotros.

Primera Guerra Mundial

La Palestina histórica (27.009 km2) estuvo dominada por el Imperio otomano desde 1516 hasta 1917. Tras la Primera Guerra Mundial fue sometida a la autoridad británica, que promovió el llamado Mandato Británico como figura colonial de 1922 a 1947. Con la creación del Estado de Israel en 1948, el peculiar nacionalismo exclusivista judío, el sionismo, puso en marcha un largo proceso de transformación de un territorio árabe palestino en un espacio dominado por los judíos.

Aparentemente, el conflicto palestino-israelí podría parecer otro conflicto étnico sin más, en el que dos pueblos se disputan un mismo territorio. Sin embargo, aunque los palestinos sí mantienen una homogeneidad étnica, al ser todos árabes, entre los israelíes podemos encontrar hebreos, árabes (los llamados orientales), europeos (askenazis), sefardíes (descendientes de los judíos expulsados de España en 1492), etíopes, bereberes, tailandeses, indostanos, uzbekos, kurdos e incluso otras etnias diferentes. Muchas de éstas afirman descender de las famosas diez tribus perdidas de Israel por efecto de la conquista asiria en el siglo VIII antes de la era cristiana.

Por otro lado, mientras los sionistas defienden la existencia un territorio exclusivo para judíos, los israelíes no sionistas y la gran mayoría de los palestinos hablan de convivencia en común. Esta combinación hace que sea difícil considerar simplemente el conflicto palestino-israelí como un conflicto territorial de carácter étnico.

También podría parecer un conflicto religioso, en el que los seguidores de dos religiones contrapuestas luchan por controlar los lugares sagrados que ambas tienen en común. Tanto hebreos como árabes afirman proceder del mítico Abraham, a cuyos descendientes tanto el Yahvé de la religión judía como el Alá de la musulmana (el mismo Dios bíblico en realidad) les prometió la antigua tierra de Canaán (Palestina, parte de Jordania y el sur de Líbano y de Siria) en los tiempos en los que como tribus beduinas abandonaron el nomadismo. El sionismo trata de legitimarse considerando que Dios otorgó la Tierra Prometida al pueblo judío, argumento que impide cualquier posibilidad de debate al respecto, pues se considera un dogma religioso. En cambio, los palestinos no fundamentan su derecho a permanecer en Palestina en base a criterios religiosos, sino históricos y jurídicos, ya que esa tierra les pertenece en propiedad y la legalidad internacional lo ha confirmado.

El conflicto palestino-israelí también podría parecer un típico conflicto colonial, en el que se trata de controlar una zona periférica rica en recursos naturales, como es Oriente Medio, implementando para ello políticas de terror contra la población autóctona para obligarla a someterse. Esto estaría en consonancia con la tendencia de la propia definición que la izquierda no sionista israelí hace del conflicto, al autodenominarse muchas veces, movimiento anticolonialista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el valor de Palestina no es tanto económico como simbólico y debe su importancia estratégica más bien a los recursos naturales, en especial el petróleo, de los países vecinos.

Geopolítica

El origen de la versión geopolítica del conflicto hay que buscarlo en la política colonialista del Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial, cuando Palestina quedó bajo el Mandato Británico, así como del de Estados Unidos, después como potencia hegemónica tras la Segunda Guerra Mundial, ante la importancia de Oriente Medio en cuanto a proveedor de petróleo y consumidor de armamento. De hecho, actualmente, la ayuda militar anual de Estados Unidos a Israel se establece desde un acuerdo con el Gobierno Obama en 2016 para 10 años a razón de 3.800 millones de dólares cada año. Si a esto le añadimos todas las donaciones de carácter privado que los judíos sionistas norteamericanos entregan a Israel, obtenemos la clave para entender el poderío económico y militar israelí en la zona.

Pero lo que es un conflicto con un contexto geopolítico mundial con dimensiones étnicas y religiosas ha terminado por convertirse en algo más crudo y pragmático: un sistema de apartheid, en el que una comunidad originaria de Europa u occidentalizada, con mayores recursos económicos, técnicos y militares, mantiene políticas de segregación sobre otra comunidad étnicamente distinguible que es además la población autóctona del territorio en cuestión.

La legitimación para llevar a cabo las políticas segregacionistas israelíes se fundamenta en la propia persecución secular del pueblo judío, que necesita un «hogar nacional» para escapar a la misma, sin tener en cuenta que para solucionar el llamado «problema judío» se ha creado otro problema que está afectando a las relaciones del mundo árabe con Occidente. Este supuesto rechazo secular ha generado un complejo paranoico en los judíos, reafirmado por el terrible Holocausto perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Desde ese punto de vista muy propio del sionismo, el judío se contempla a sí mismo como una eterna víctima sin un lugar en un mundo antisemita por definición, de forma que la única posibilidad de supervivencia del pueblo judío radica en la conquista de un territorio seguro, y qué mejor para ello que la legendaria Tierra Prometida que su dios tribal les regaló en sus relatos míticos. Así, la ocupación de Palestina se define como una guerra de supervivencia del tipo «o ellos o nosotros» que justifica la limpieza étnica que está perpetrando Israel. Este razonamiento se convierte en fundamentalista desde el momento en que se tacha de antisemita todo lo que sea antisionista, y se elimina así cualquier posibilidad de debate sobre el papel de Israel en el conflicto. Esto le permite, sin complejos, calificar a los palestinos de terroristas y de esta forma legitimar todas las violaciones de los derechos humanos.

Limpieza étnica

Se puede decir que la discriminación institucional israelí comenzó poco antes de la propia fundación del Estado de Israel en 1948, concretamente en noviembre de 1947, cuando la ONU aprobó la repartición. Desde ese mismo año los palestinos están padeciendo una auténtica limpieza étnica. La expulsión ha sido sistemática, planificada y ejecutada, vulnerando los más mínimos derechos de las personas. Será a partir de 1967 cuando la segregación mostrará su cara más dura, convirtiéndose realmente en un sistema de apartheid en el que la sociedad palestina bajo la ocupación vive una erosión de las libertades, una fuerte represión, toques de queda indiscriminados, castigos colectivos y expropiación de tierras. Se añade con la ocupación una tercera dimensión del conflicto, la del apartheid sobre los habitantes de los Territorios Ocupados, sumada a los dos problemas previos generados por la creación del Estado de Israel: los millones de refugiados palestinos que todavía esperan retornar a sus casas y la discriminación antidemocrática de los árabes-israelíes.

La llamada «única democracia de Oriente Medio» niega desde 1967 el derecho a una nacionalidad a más de 4,8 millones de personas que viven en los Territorios Ocupados (casi la mitad en lugares cerrados), y con ello pierden todo derecho a exigir derechos, a la vez que otros casi 6 millones de personas han sido condenadas al exilio y viven en su mayoría en campos de refugiados en Jordania, el Líbano y Siria. En los Territorios Ocupados las normas que rigen son más de 2.000 ordenanzas militares que regulan todos los aspectos y subordinan por completo la vida de millones de árabes-palestinos a los miles de colonos judíos que se han instalado allí. Las colonias sionistas actuales están directa e indirectamente subvencionadas por el Gobierno israelí por medio de ventajas fiscales, subvenciones a la industria y al consumo y construcción de infraestructuras. En los años noventa se construyeron 400 kilómetros de carreteras de circunvalación exclusivas para los colonos, que además de ser motivo para la expropiación de tierras, actúan como enormes barreras entre las diversas poblaciones palestinas, dejándolas aisladas entre sí y creando una geografía fragmentada en pequeños cantones.

De este modo, la sociedad palestina se ha fragmentado en palestinos refugiados (5,4 millones dispersos por varios países). Asimismo, se olvida el hecho básico de que la política de seguridad israelí, mediante la cual se justifican todas las violaciones de los derechos humanos, se trata, en realidad, de una política ofensiva que está encaminada a la limpieza étnica y que tiene como consecuencia precisamente la pérdida de la seguridad de los ciudadanos israelíes.

Grandes potencias occidentales

No podemos terminar esta exposición sin destacar la complicidad de las grandes potencias occidentales en la tragedia palestina.

El apoyo internacional directo o indirecto al proceso colonial de los asentamientos sionistas en Palestina sigue tan presente hoy como lo fue ayer según el relato anteriormente señalado. Si el imperialismo británico alumbró la injusta promesa de la partición de Palestina para construir el Estado de Israel en este territorio, hoy en día, los atropellos siguen siendo constantes: desprecio a las resoluciones de la ONU respecto a las fronteras entre las dos naciones, impunidad de Israel ante los crímenes investigados por la Corte Penal Internacional, incumplimiento de diferentes acuerdos o compromisos de paz, indiferencia ante las políticas de nuevas ocupaciones y expulsiones de poblaciones palestinas por parte de Israel y, siempre, el apoyo financiero, comercial y militar a Israel por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

La reacción de los gobernantes europeos, como la ministra de Asuntos Exteriores española, ante cada crisis militar de bombas israelíes y cientos de muertos palestinos contra cohetes inútiles y algún israelí herido es insultante.

Y si hasta hoy la criminal equidistancia de los medios de comunicación occidentales entre víctimas y verdugos era la tónica, ahora se adapta a los nuevos tiempos y también se tiene en las empresas que dominan las redes sociales.

Redes sociales

Un grupo de diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos y digitales ha denunciado que, tras las protestas palestinas por el desalojo de las familias de Jerusalén «la escala de eliminaciones de contenido y suspensiones de cuentas informadas por los usuarios y documentadas por las organizaciones de derechos digitales es atroz y pronunciada».

Cientos de mensajes críticos con la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad de Israel desaparecieron, lo que levantó las sospechas de los activistas. «El contenido eliminado y las cuentas suspendidas está documentando y denunciando las políticas israelíes de limpieza étnica, apartheid y persecución», aseguran en un comunicado. «Estas violaciones no se limitan a los usuarios palestinos, sino que también afectan a activistas de todo el mundo que utilizan las redes sociales para crear conciencia sobre la grave situación en Sheikh Jarrah». La denuncia está documentada y firmada por 7amleh, Access Now, ARTICLE 19, Mnemonic, SMEX, INSMnetwork-Iraq, Pen Iraq, Electronic Frontier Foundation y el Instituto Tahrir de Políticas de Oriente Medio. Estas organizaciones han recopilado cientos de ejemplos de esa censura.

Access Now, una organización internacional, dedicada a los derechos humanos y la defensa del Internet abierto y libre, señala que esta «última serie de eliminaciones de contenido es parte de un patrón más amplio de censura constante de las voces palestinas y aliadas y los esfuerzos sistemáticos para silenciarlos, que las organizaciones de la sociedad civil han documentado durante años».

La complicidad entre Israel y las empresas de redes sociales para regular y censurar el contenido y las cuentas palestinas está bien documentada. Tras una visita de una delegación de Facebook en 2016, el ministro de justicia de Israel en ese momento declaró que Facebook, Google y YouTube estaban «cumpliendo con hasta el 95% de las solicitudes israelíes para eliminar contenido», casi todos palestinos.

Ya el pasado 2020, el Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales (7amleh) desveló que Facebook ha cumplido con el 81% de las solicitudes de Israel para eliminar contenido.

Y así es como se observa la línea cronológica del colonialismo y el apartheid contra los palestinos que va desde la Primera Guerra Mundial a los tiempos de las redes sociales.

Tomado de: Sputnik

Bancos, militares y políticos, los tres pilares del negocio de las armas en España

13 mayo, 2021 admin

Textos prestados

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Por Pascual Serrano @pascual_serrano

La banca española financió con 8.686 millones de dólares a las empresas de armas que suministran a la guerra en Yemen. Esa impunidad para vender armas con la autorización del Gobierno solo se explica por el fichaje de una treintena de altos cargos del Ejército y del Ministerio de Defensa como directivos de las principales empresas armamentísticas.

Según datos de ACNUR, en Yemen el 80% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir, hay cerca de 4 millones de desplazados internos y más de 7 millones de personas necesitan asistencia nutricional, incluidos 2,1 millones de niños y 1,2 millones de mujeres embarazadas o lactantes que sufren desnutrición moderada o severa. Es por ello que algunas organizaciones como el Centre Delàs de Estudios por la Paz, con sede en Barcelona, ha documentado quién financia las empresas de armamento cuyo material militar es exportado a los principales países de la coalición que lidera esa guerra: Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y ahí es donde aparece la banca española, con 8.686 millones de dólares destinados a 9 compañías que han fabricado armamento exportado a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos: Airbus, Boeing, General Dynamics, Leonardo, Navantia, Raytheon Technologies, Rolls-Royce, Thales y Rheinmetall AG.

BBVA y Banco Santander son los bancos españoles que más financiación han destinado a las empresas de armas suministradoras de los principales ejércitos involucrados en la guerra en Yemen, con 5.231 millones de dólares durante el período 2015-2019.

El informe, hecho público el pasado 12 de abril con el título «Financiación de las armas de la guerra de Yemen», desvela mucha más información. Por ejemplo, que «durante el período 2015-2019, un total de 25 países de todo el mundo han realizado exportaciones de material militar a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos es el país que encabeza la lista acaparando el 72,2% del total de las transacciones. Le siguen el conjunto de países de la Unión Europea, que representan el 21,9%».

Banca Armada

El Centro Delàs realiza desde hace años análisis sobre la relación entre los bancos y las empresas de armamento. Utilizan el concepto Banca Armada para referirse «a las entidades bancarias que están financiando y en consecuencia fortaleciendo la industria armamentística, una relación controvertida que puede darse de distintas formas, como es la participación accionarial, la financiación de las exportaciones, la emisión de bonos y pagarés, los fondos de inversión y la concesión de créditos y préstamos». Año tras año, amplían y actualizan su la Base de Datos Internacional de la Banca Armada con nueva información sobre la financiación de las principales empresas de armamento del mundo.

Este último informe ha permitido profundizar en el caso del conflicto armado en Yemen a través del análisis de qué bancos financian el armamento que se exporta a países vinculados con este conflicto. Para ello han realizado un análisis exhaustivo y amplio de todas las exportaciones mundiales realizadas desde 2015, año que se considera como el inicio del conflicto armado y 2019, año del que se dispone de los datos más recientes.

Según el Centre Delàs, 80 empresas de armas han exportado sus productos a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, de 15 las cuáles han podido disponer de datos sobre su financiación: Airbus, BAE Systems, Boeing, China Aerospace Science and Technology Corporation, General Dynamics, Leonardo, LIG Nex1, Lockheed Martin, Navantia, Norinco, Raytheon Technologies, Rheinmetall AG, Rolls-Royce, Textron y Thales Group.

El resultado es que las principales empresas suministradoras de armamento a los Ejércitos de Arabia Saudí y EAU han recibido entre 2015 y 2019, un total de 607.000 millones de dólares de cientos de entidades financieras, cuando han realizado acciones bélicas contra la población civil yemení.

Entre las 50 entidades que lideran el ránking de quienes han financiado a las empresas de armas de armamento, las que este centro para la paz denomina «la Banca Armada internacional», encontramos algunos de los principales bancos estadounidenses, como Black Rock, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup, y bancos europeos como Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, la aseguradora AXA, Unicredit, empresas públicas como la SEPI española o el Norwegian Government Pension Fund-Global y los dos grandes bancos españoles BBVA y Banco Santander.

El top cinco de este ránking de la financiación de la guerra lo conforman Capital Group, Vanguard, Black-Rock, State Street y Verishigt. Con 226 mil millones de dólares de financiación destinada a 12 de las 15 empresas estudiadas.

85.000 niños muertos

De modo que ese bloque político que se autodenomina «mundo libre», que sanciona países en nombre de la democracia y los derechos humanos, es el que acoge y rescata a los bancos que financian las armas que han llevado al hambre a siete millones de yemeníes y donde, según Save the Children, entre abril de 2015 y octubre de 2018 habrían fallecido 85.000 niños a causa de hambre y enfermedades.

Se da la circunstancia que la segunda y tercera entidad financiera que han financiado empresas de armas suministradoras de los principales ejércitos involucrados en la guerra en Yemen 2015-2019 han sido Vanguard (52.228.706.297,34 dólares) y BlackRock (47.994.161.101,63 dólares), los dos fondos de inversión que hace días señalábamos como principales accionistas y beneficiarios del negocio de las vacunas adquiridas por la Unión Europea y Estados Unidos.

En el caso español y en lo referente a exportaciones a Arabia Saudí, 2015 fue el año en que más ha exportado España, con un total de 545,8 millones de euros, a pesar de haberse iniciado ya el conflicto armado en Yemen. Aunque se produce un importante descenso en 2016 (sumando un total de 116,2 millones de euros), las exportaciones volvieron a repuntar en los años posteriores, alcanzando en el año 2017 un total de 270,1 millones de euros, disminuyendo tímidamente en 2018, siendo su valor de 235,2 millones y, finalmente, en 2019 con un total de 35,3 millones de euros. La venta de mayor importe fueron dos aviones de transporte militar y munición, por 190,5 millones, en 2018; pero la industria española también exportó a Arabia Saudí más tipos de armamento, como elementos para aviones, munición de artillería y bombas guiadas láser de aviación, entre otros.

En relación a Emiratos Árabes Unidos las exportaciones se muestran en cantidades sustancialmente menores si se compara con Arabia Saudí sumando un total de 276 millones de euros en todo el periodo. En lo que respecta a categorías militares, lo que más exportó España a Emiratos Árabes Unidos son aeronaves, vehículos aéreos no tripulados o drones. Durante ese periodo esta categoría alcanzó un total de 207 millones de euros en material exportado. La segunda categoría más exportada a Emiratos Árabes Unidos es la de municiones que asciende a 44 millones de euros.

En el año 2015 la cantidad de ventas a EAU asciende a 3,9 millones de euros, aumentando a 26,7 millones el año 2016. En cambio, en 2017 se duplica el total del valor del armamento, sumando un total de 52,9 millones de euros.

Precisamente, este incremento se debe a la adquisición por parte de EAU de bombas, torpedos y misiles con un valor de 15 millones. El año 2018 la cantidad total disminuyó dos tercios, representando un total de 13,8 millones de euros. Finalmente, en el año 2019, se produce el pico de ventas a Emiratos Árabes Unidos en comparación con los otros años, llegando a un total de 179,1 millones de euros con la venta de España de material perteneciente a las categorías de equipos electrónicos, tecnología y vehículos blindados.

El resultado es que, según Oxfam Intermon, desde 2015 a 2018 España ha facturado 1.672 millones (con otros 500 millones de 2019 ahora ya serían más de dos mil) en armas para la guerra de Yemen, mil veces más de lo que ha donado en ayuda humanitaria. España es el cuarto exportador mundial de armas a Arabia Saudí.

Una financiación española de 8.686 millones

El informe de Delàs señala que la financiación española a las empresas de armas no se limita al BBVA y Santander, también encontramos a otros actores de la banca española que les acompañan: Bankia, Banco Sabadell y Banco Mediolanum, con cuantías mucho más reducidas pero nada desdeñables, que además las relacionan con empresas líderes en la fabricación de todo tipo de armas y que son actores protagonistas del comercio de armamento mundial. En total, el conjunto de la Banca Armada Española ha canalizado hacia las empresas de armas de países exportadores a Arabia Saudí y EAU durante el conflicto en Yemen, 8.686 millones de dólares.

Todo este protagonismo de España en el mercado de venta de armas a países implicados en violaciones de derechos humanos y en sangrientos conflictos armados y, al mismo tiempo, el apoyo financiero de la banca española, requiere de la complicidad de altos políticos y militares. Y aquí viene el segundo descubrimiento. Una treintena de ex altos cargos de las Fuerzas Armadas españolas y del ministerio de Defensa pasaron a formar parte de los órganos de dirección de las principales empresas armamentísticas, cuyas operaciones en el exterior deben ser autorizadas previamente por parte del Estado. Es la conclusión a la que ha llegado el veterano investigador sobre los negocios del lobby militar español Pere Ortega, quien lleva ya varios años acumulando datos sobre esas puertas que conducen de la administración pública –principalmente en el área del ministerio de Defensa– a los consejos de administración de las empresas que desarrollan sus negocios en el sector militar.

Según sus investigaciones, al menos 23 militares que desempeñaron altos cargos en el área de Defensa dieron posteriormente el salto a la industria armamentística. En ese listado aparecen también los nombres de una quincena de políticos que también incluyen en sus respectivos currículums las dos funciones: desempeño de responsabilidades públicas en gobiernos y, antes o después, actividad en compañías del sector militar.

Militares y altos cargos en nómina de empresas de armamento

Ortega da alguno de esos nombres en el diario Público:

Fernando Alejandre Martínez, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) hasta enero de 2020. Un año después, el Gobierno autorizó que fuese contratado por la empresa Sener Aeroespacial en calidad de «asesor». Esta compañía se encuentra entre las contratistas del ministerio de Defensa.

Salvador María Delgado Moreno, exjefe de Apoyo Logístico de la Armada, recibió unos meses antes la autorización pertinente para prestar funciones en la empresa Proyectos de Interés para la Defensa Argos, una compañía que trabaja en el sector de la innovación tecnológica de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

El presidente del Consejo Asesor de Argos es Julián García Vargas, exministro de Defensa en el Gobierno de Felipe González. «García Vargas también estuvo al frente de TEDAE, la patronal de las empresas de armamento, entre 2009 y 2013, y formó parte de la asociación de la asociación USDAN, encargada de mediar en favor de los intereses de las industrias militares en exportaciones de armas frente a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU)», explica Ortega. Esa Junta Interministerial es la encargada de conceder las licencias de exportación de armamento que solicitan las empresas.

Pedro Morenés ocupó distintos cargos públicos bajo los gobiernos del PP, y ha estado en los consejos de dirección de varias empresas armamentísticas. «Es conocida y está acreditada su vinculación con MBDA, un complejo empresarial dedicado a la fabricación de misiles». Morenés también ha estado vinculado a Expal, fabricante de misiles, o Instalaza, otra compañía de armamento.

Expal tiene como presidente a José Luis Urcelay, quien entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 llegó a desempeñarse como Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada. En abril de 2020, el Gobierno autorizó oficialmente su incorporación en la multinacional Maxam, a la que pertenece Expal, para las tareas de «consultoría y asesoría». Un mes después se anunció su nombramiento como presidente de Expal en sustitución de otro militar, el almirante Francisco Torrente.

Eduardo Serra fue ministro de Defensa del PP. Hoy está al frente de Everis, una consultora que cuenta con una empresa dedicada al ámbito de la Defensa. De acuerdo a los datos suministrados por el Gobierno a través del Portal de Transparencia, Urcelay, ahora presidente de Expal, también fue autorizado a prestar servicios de «consultoría y asesoramiento» en Everis. Esta empresa cuenta con el 50% del capital de la compañía armamentística NTGS. En 2018, NTGS tuvo como principal cliente al ministerio del Interior de Arabia Saudí.

Con todos esos vínculos entre poder político y poder empresarial armamentístico se puede comprender la respuesta del gobierno a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu al Gobierno pidiendo explicaciones sobre las razones del aumento de licencias concedidas para la exportación de armamento a Arabia Saudí en 2019, cuando se autorizaron 22 operaciones frente a las 4 permitidas en 2018. Según la respuesta del Gobierno español, Arabia Saudí y Emiratos Árabes no están sometidos a ningún embargo para la exportación de armas y las exportaciones españolas cumplen estrictamente la legislación y siguen las recomendaciones de la ONU.

Tomado de: Spunitk

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